Compatriotas: Frente Amplio por la Paz. Proceso de Constituyentes por la Paz. Comunidades basadas en la Fe. Red de Universidades por la Paz. Hoy se cumple el mes de cese al fuego unilateral decretado por las FARC-EP, del cual ustedes son verificadores; por esta razón, queremos darles a conocer el balance de lo ocurrido durante […]
Compatriotas:
Frente Amplio por la Paz.
Proceso de Constituyentes por la Paz.
Comunidades basadas en la Fe.
Red de Universidades por la Paz.
Hoy se cumple el mes de cese al fuego unilateral decretado por las FARC-EP, del cual ustedes son verificadores; por esta razón, queremos darles a conocer el balance de lo ocurrido durante estos 30 días de vigencia de nuestro gesto de desescalamiento.
Tal como fue denunciado por el Comandante Timoleón Jiménez, en el trascurso de este mes se presentaron 2 bombardeos contra unidades nuestras en el departamento del Putumayo, a pesar de que el Presidente Santos dio una orden pública de suspender dichos ataques; a lo que se agregan operaciones terrestres en varios departamentos, en una muestra de falta de voluntad política, contraria al espíritu del acuerdo denominado «Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia» y que compromete al Gobierno y la insurgencia por igual.
Como resultado de estas operaciones terrestres, en el departamento de Antioquía, una guerrillera fue capturada y dos más asesinadas; en el Caquetá, en un asalto aéreo a una unidad del frente 14, murió un guerrillero y 3 más están desaparecidos, al tiempo que se intensifican las operaciones y las fumigaciones aéreas en áreas de los frentes 32, 15 y 14 en ese mismo departamento; y en los municipios de Toribío, Caloto, Corinto y Belalcazar en el departamento del Cauca.
A las guerrilleras y guerrilleros caídos rendimos sentido homenaje de reconocimiento. Sus vidas cegadas son ejemplo de la generosidad característica de la juventud colombiana y de su aporte a la lucha por una Colombia en paz con justicia social, democracia y soberanía.
Son varias las preocupaciones que deseamos exponer por su intermedio al país, en el entendido que mientras no haya definiciones claras sobre estos asuntos será muy difícil avanzar de manera expedita, en la construcción de acuerdos en la Mesa.
Es consenso nacional que ya no tiene validez dialogar en medio de las detonaciones y el ruido de los fusiles. Por eso, no se entienden estas agresiones a una guerrilla en tregua; que como es lógico, las unidades guerrilleras están en el derecho de responder apelando a la legítima defensa.
Lo más sensato por parte del gobierno es no continuar tratando de sacar ventaja militar de este gesto humanitario de la insurgencia; por ese camino, podemos terminar regresando a situaciones como las que se originaron a raíz de la masacre de guerrilleros en Guapi, Cauca.
Tampoco es comprensible, seguir empeñados en una estrategia de judicialización contra las FARC-EP, mediante la fabricación de expedientes amañados. Si de verdad se aspira a una solución política del conflicto, se hace necesario cesar este tipo de hostilidades y poner freno a la ofensiva mediática que pretende desconocer el carácter político de la insurgencia.
Informes recientes señalan que en los primeros 6 meses de 2015 fueron asesinados 69 defensores de derechos humanos, líderes políticos y sociales, 25 más sufrieron atentados, 334 fueron amenazados y 4 detenidos arbitrariamente; lo que demuestra la existencia de una política sistemática dirigida a perseguir, encarcelar y silenciar a los dirigentes sociales, líderes de movimientos alternativos y defensores de los derechos de todos los colombianos.
A lo anterior se suma el negacionismo gubernamental frente al fenómeno del paramilitarismo, que sigue siendo uno de los principales obstáculos en el camino de la paz; tal como lo demuestra la parálisis del proyecto piloto de descontaminación de explosivos en la vereda El Orejón, debido a las amenazas de los paramilitares que delinquen en el municipio de Briceño, Antioquia, a la vista de todos los pobladores; sin que las autoridades civiles, militares y de policía se den por aludidas.
Es tiempo de analizar la situación jurídica, de los condenados y procesados por pertenecer o colaborar con las FARC-EP y de los más de 9.000 prisioneros políticos y de conciencia, víctimas de los denominados falsos positivos judiciales. Una Colombia en paz con democracia, presupone terminar con semejante aberración. Un buen comienzo sería aliviar el terrible hacinamiento y las condiciones de reclusión, organizando patios especiales para los prisioneros políticos y de guerra.
Conocido el informe preliminar del Censo Agrario, las cifras nos dan la razón. Es oportuno retomar la discusión de las salvedades de este punto, entre las que se encuentra el tema del latifundio. No es buen precedente negar la existencia de estos pendientes, ni incumplir los acuerdos pactados con las organizaciones participantes en el paro agrario de 2013, al tiempo que se presentan proyectos de ley que marchan en contravía de lo ya acordado, como es el caso de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre); y se lanzan iniciativas políticas dirigidas a crear falsas expectativas en la opinión pública.
Como puede verse, sin que se agoten nuestras preocupaciones, son varios y complejos los temas que faltan por abordar en la Mesa, para lo que se necesita de un ambiente político apropiado, ante lo cual ratificamos nuestra decisión de mantener el cese al fuego unilateral, a pesar de los hechos que se vienen sucediendo en distintas regiones de Colombia; pero exigimos una actitud correspondiente por parte del Gobierno para que se pueda consolidar el desescalamiento del conflicto, hasta llegar al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo que toda Colombia reclama.
En ese camino, la patriótica labor de verificación que ustedes adelantan, cobra cada día mayor importancia y se convierte en motivación para que nuevos sectores se sumen a este gran esfuerzo por derrotar la guerra y sus causas en nuestro país.
De ustedes, con sentimiento de consideración;
Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP.