El 11 de septiembre quedó marcado a fuego en la historia de Chile, con el recuerdo de La Moneda ardiendo en llamas y la fuerza de los militares irrumpiendo con el gobierno democrático de Allende. Sin embargo, en 1980, durante el mismo día, se forjó un escandaloso fraude electoral que impuso la constitución de Pinochet […]
Inmediatamente después de realizado el Golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende, a tan sólo 11 días de ser concretado, la Junta Militar afinó sus planes y designó a dedo una comisión encargada de redactar una nueva Carta Magna para Chile. La iniciativa quedó en manos de Enríque Ortúzar, ex ministro de Jorge Alessandri y miembro activo de la campaña donde éste fue derrotado por Allende.
Durante casi siete años, apunta el historiador Sergio Grez, la comisión sesionó en secreto, sin que ninguna de sus discusiones y propuestas trascendieran al espacio público, en un ambiente sin libertad de prensa y con diversas prohibiciones de organización. Bajo la atenta asesoría de Jaime Guzmán y la ministra de Justicia y prima de Pinochet, Mónica Madariaga, finalmente se convoca a un plebiscito que fue anunciado con sólo un mes de anticipación. A través de las votaciones, el dictador procuraba otorgar legitimidad a su proyecto constitucional.
El plebiscito realizado el jueves 11 de septiembre de 1980 se realizó en las condiciones de la época y, tal como recuerda Grez, «ni siquiera reunió los estándares mínimos más básicos, puesto que no existían registros electorales, que fueron quemados por los militares golpistas. No existía un clima de libertades públicas, los partidos políticos se encontraban «en receso», los de izquierda eran salvajemente perseguidos y había miles de personas torturadas, muertas o desaparecidas, además de los exonerados y exiliados. Los opositores a la dictadura sólo pudieron concretar un acto político organizado, que fue encabezado por el ex presidente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán».
El acto de supuesta consulta ciudadana se desarrolló en medio de una población confundida y desconcertada por la violencia política de la época y las amenazas. Pero eso no fue lo peor: una serie de fraudes planificados por los militares terminaron por manchar para siempre la historia de aquel proceso.
EL FRAUDE DEL PLESBICITO
Según las cifras dadas a conocer por la dictadura, el resultado oficial del sufragio fue de 4.202.879 votos para la opción «Sí» (67,04%) versus un total de 1.893.420 (30,19%) votos en contra de la propuesta constitucional, un 2,77% de votos nulos y un 1,33% de votos blancos. Con los años, sin embargo, la mentira de los militares quedaría al descubierto, confirmándose fraude sobre el que se sostiene la Constitución que nos rige hasta hoy.
Para votar, el único documento válido fue la cédula de identidad, a la que se pegaba un sello adhesivo tras realizar el sufragio. El historiador y académico de la Universidad de Chile describe que «el acto plebiscitario estuvo plagado de irregularidades: hubo todo tipo de fraudes. Los más ostentosos tenían relación con la no existencia de registros electorales. Hubo circunscripciones en las cuales votaron más personas que habitantes, según el último Censo. Se trató de punta a cabo de un acto ilegítimo, espurio».
El periodista Javier Rebolledo evidenció lo irregular del plebiscito en su libro «La danza de los cuervos» (2012), donde el «mocito» de Manuel Contreras, Jorgelino Vergara, reveló que más de 3 mil agentes de la CNI votaron en reiteradas ocasiones para generar la aprobación de la nueva carta constitucional.
En contacto con eldesconcierto.cl, Rebolledo recordó que el ayudante de Contreras señaló que su unidad recibió órdenes de «salir para votar dos veces en todas las circunscripciones de Santiago donde habían lugares habilitados, con la idea de aprobar la Constitución de 1980. Por cada unidad eran 30 personas, que votaban todo el día, en todas las municipalidades. Y más encima se encontraron con gente de otras brigadas de la CNI en ese trabajo».
Las órdenes también se extendieron a los funcionarios públicos. La particularidad de los agentes de la CNI que votaron, en tanto, es que podían saltar las filas de votación, haciendo difícil imaginar la cantidad de personas que participaron del fraude en todo el país. Además, recalcó, un dentista que otorgó un testimonio judicial contando que a él también le entregaron un carnet falso y su jefatura le ordenó ir a votar a favor.
LA TRANSICIÓN: EL VERDADERO PACTO DE SILENCIO
Aunque parece difícil de creer, una Constitución forjada en esas circunstancias gozaría de salud por 35 años en nuestro país. Esto porque, pese a que ha sufrido cerca de 190 reformas hasta hoy, mantiene su carácter y esencia tal como fue pensada por Pinochet, Guzmán y los simpatizantes de la dictadura.
El proyecto más ambicioso de los militares logró su cometido de reinventar el país bajo un nuevo orden. Así lo describe Sergio Grez: «Es un traje a la medida del modelo de economía y sociedad neoliberal. Es una Constitución que no garantiza derechos sociales, sólo garantiza la libertad de empresa, la propiedad privada y el libre mercado. Es una Constitución que no garantiza, por parte del Estado, ni el derecho a la salud, a la educación, ni a la previsión social, ni los derechos de género, ni medioambientales, ni de los pueblos originarios y menos, los derechos de los trabajadores».
Además, la Constitución de 1980 posee un carácter fuertemente antidemocrático, que no permite la posibilidad de que un plebiscito sea por iniciativa ciudadana o popular y que establece la autonomía de organismos como el Tribunal Constitucional o las Fuerzas Armadas respecto de la soberanía popular, además de otras numerosas disposiciones que limitan el derecho a la participación y a la organización política.
«Es una institucionalidad que, tal como decía Guzmán, es una especie de rayado de cancha que obligue incluso a los adversarios, si llegan al gobierno, a hacer lo mismo que harían ellos, puesto que no tendrán otra alternativa. Es un artefacto de poder tramposo en el cual la sociedad chilena se encuentra atrapada», recalca Grez.
Lo inexplicable vino después, cuando los acuerdos entre Ricardo Lagos y Pablo Longueira dan origen a las reformas constitucionales de 2005, que en teoría buscaron eliminar los enclaves antidemocráticos de la Constitución militar, pero cubriéndola de legitimidad por segunda vez.
El primer acto de legitimidad de la Carta Magna de Pinochet se selló el 30 de julio de 1989, luego del triunfo del «No» a la continuidad de Pinochet. Con el dictador aún en el poder, la Concertación de Partidos por la Democracia acepta un proyecto definitivo de 54 reformas a la Constitución, que fueron llevadas a un extraño plebiscito donde el Partido Socialista llamó a rechazar, mientras que el MIR y el PC aconsejaron anular el voto.
Para el historiador «fue un pasando y pasando que culminó en los acuerdos de la transición pactada para legitimar la Constitución pinochetista», comprometiendo con la derecha quórums más altos para reformas constitucionales, lo que amarró las manos de la coalición durante dos décadas. Hoy, con mayoría en el Parlamento, las cosas no son muy diferentes.
«No es el pacto de silencio de los militares, el pacto de silencio en Chile se llama transición a la democracia y la establecieron los partidos de la Concertación, con los tecnócratas y los militares», reflexiona Javier Rebolledo, asegurando que es sólo la ciudadanía la encargada de presionar hoy en la promesa del proceso constituyente de Bachelet. Desde La Moneda, sin embargo, se han encargado de ir apagando las ilusiones de quienes buscan que el pueblo incida en la construcción de una nueva Constitución y salde sus cuentas con la democracia. Sin dictadura de por medio, la próxima Carta Magna también podría fabricarse entre cuatro paredes, mostrando el éxito del legado dejado por Pinochet, Guzmán y compañía a nuestro país.