Durante las últimas semanas se han llevado a cabo múltiples debates acerca de los caminos que ofrece el ordenamiento jurídico vigente para la implementación de los acuerdos alcanzados entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional. Asimismo han resurgido las discusiones sobre la refrendación de un eventual acuerdo final y persisten aquellas que […]
Durante las últimas semanas se han llevado a cabo múltiples debates acerca de los caminos que ofrece el ordenamiento jurídico vigente para la implementación de los acuerdos alcanzados entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional. Asimismo han resurgido las discusiones sobre la refrendación de un eventual acuerdo final y persisten aquellas que hacen referencia a la solución sobre la justicia que ha de pactarse en La Habana.
El abordaje simultáneo (y desordenado) de tal variedad de asuntos en discusión pareciera indicar que se está frente a un irreversible proceso de paz y ante la inminente y muy cercana firma de un acuerdo final. Una visión del estado actual del proceso de La Habana en esos términos sugiere que no hay plena comprensión de las complejidades de la agenda, especialmente respecto de asuntos pendientes tan decisivos como los del punto tres, el «Fin del conflicto», que al tenor de la agenda se define como un «proceso integral y simultáneo»; y los del punto seis, la «Implementación, verificación y refrendación». Y ello, sin considerar las salvedades de las partes frente a lo acordado hasta ahora.
Tal abordaje por parte del Gobierno y de sectores importantes de la opinión pública expresa las muy variadas urgencias: unas, surgidas de los anhelos sinceros por consolidar prontamente la perspectiva de una solución política al conflicto social y armado; otras, muestra de la creciente comprensión de sectores de la sociedad acerca del significado de contribuir con visiones más juiciosas y ponderadas al desenvolvimiento del proceso de paz y sus necesidades de aprehensión social; y unas terceras, que se originan en la histórica tendencia a la instrumentalización de la paz (y de la guerra) con propósitos electorales.
Frente a la proximidad de las elecciones de octubre, es evidente que avances efectivos en el proceso de paz constituirán un factor con fuerte capacidad de incidencia sobre los resultados electorales, en el contexto de un sistema político que preserva incólumes sus rasgos clientelistas, corruptos, criminales y mafiosos.
Agenda desconocida
Por otra parte, el mencionado abordaje da cuenta del desconocimiento de la agenda de diálogos y, sobre todo, de su complejidad. En sectores mayoritarios de los medios masivos de comunicación e incluso en un número importante de «productores de opinión», tal desconocimiento es mayúsculo y conduce a reproducir la idea de que el acuerdo final está a la vuelta de la esquina.
Si la agenda se examina en sus reales dimensiones debe decirse que no hay lugar para semejante interpretación. Y la verdad es que la discusión pública, siempre bienvenida en asuntos de semejante valor como el de la paz, en ocasiones, en lugar de aportar a la construcción de salidas creativas, más bien enrarece el clima de las negociaciones y puede incluso interferir el curso de las mismas. Muestra de ello es el más reciente debate sobre la conformación de un órgano legislativo especial para darle fuerza normativa a los acuerdos de las partes y posibilitar su implementación, así como la presentación de un proyecto de acto legislativo para concretar tal iniciativa, el cual incorpora además el otorgamiento de facultades especiales al Presidente de la República con el mismo objetivo.
Sin desatender la facultad que le asiste al Gobierno para tramitar los proyectos que estime convenientes y a la bancada de los partidos de la coalición gobernante para acompañarlo en ese propósito, la realidad es que una iniciativa de esas características solo tendría posibilidades de impactar favorablemente el curso del proceso, si fuera el resultado de un acuerdo previo entre la guerrilla y el Gobierno, pues se trata de un asunto que compromete de manera directa puntos de la agenda. No obstante, si persistiera esa iniciativa unilateral, desde ahora puede anticiparse que tendrá el mismo destino de otra acción unilateral: la promulgación del llamado marco jurídico para la paz. Su corta vida quedó demostrada, pues la pretensión gubernamental de prefigurar los contornos de la solución de justicia no solo no prosperó, sino que el Gobierno se vio obligado a aplazar la expedición de la Ley Estatutaria, a la espera de lo que se pacte en La Habana. Y todo indica que lo que probablemente se acordará trasciende el actual orden constitucional.
«No por ir más rápido se llega más lejos», dice el viejo adagio popular, el cual aplica para los debates sobre implementación y refrendación de acuerdos. Gústenos o no, será necesario esperar lo que acuerden las partes en esa materia. Con frecuencia se olvida que estamos en un proceso de negociación y no de sometimiento, con una organización a la que se le ha reconocido formalmente el estatus político de su alzamiento armado y rebeldía.
Lo más sano y recomendable para la Mesa de diálogos, si en verdad se quiere «desescalar en Colombia y acelerar en La Habana», es ceñirse a lo pactado y avanzar en la construcción del «Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición», y continuar con las aproximaciones anunciadas sobre el punto 3 de la agenda. Al cierre (y si es antes, mejor) del compás de cuatro meses que abrieron las partes, se esperaría que se hubiese llegado a un acuerdo sobre el mencionado sistema integral. Situados en ese punto, la posibilidad de concretar el cese bilateral de fuegos y hostilidades sería mayúscula, y a partir de ahí, resultaría acertado hablar de un balance a favor de la irreversibilidad del proceso, que nunca será absoluta. Además, no se debe olvidar el papel de la contingencia.
El momento constituyente
Más allá de asuntos de pertinencia o de trámite y procedimiento, a mi juicio, el proceso de La Habana ha llegado a un punto en el que la imaginación y la creatividad son imprescindibles. Todos los puntos pendientes imponen una visión más subversiva. Sorprenden (aunque son explicables) las variadas caras del conservadurismo a la hora de pensar alternativas para contribuir a consolidar la opción de la solución política, más aún cuando estas provienen de medios académicos e intelectuales. Muchas de ellas son idénticas a las de Ulises, atado al mástil de su barco, dando órdenes a sus hombres para que se tapasen con cera los oídos con el fin de no sucumbir ante el seductor canto de las sirenas.
En relación con la muy problemática cuestión de la justicia, me ha llamado la atención, por ejemplo, el tono pedante (¿colonial?) del académico alemán Kai Ambos, quien para rebatir interpretaciones del derecho internacional, que no coinciden con las suyas, las (des)califica como de «supuestos expertos nacionales e internacionales», por intentar la exploración de vías herejes distintas a las de los enfoques hasta ahora predominantes en nuestro país.
Pues bien, frente a un proceso de diálogos y negociaciones genuino y no comparable con otras experiencias, explicado en buena medida por la historicidad misma del conflicto, si en verdad se pretende contribuir a la construcción de un acuerdo final entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, llegó el momento subversivo. Se requiere desatar a Ulises, especialmente de aquellas ataduras que le impone el ordenamiento vigente. El momento subversivo es el predominio de la política, es el momento constituyente, con independencia de la forma jurídica que asuma, incluida la perspectiva de una Asamblea nacional constituyente.
Lo que resta por negociar en la agenda irá mostrando los límites del orden constitucional vigente para posibilitar la solución jurídico-política del largo conflicto social y armado y la necesidad de subvertirlo. Y me refiero específicamente a los acuerdos que serán objeto de implementación, pues estos deberán adquirir fuerza normativa con independencia del mecanismo de refrendación que se adopte.
La refrendación no es solo del acuerdo final, es también del conjunto de normas (constitucionales y legales) requeridas para que se pueda implementar. Si se piensa en verdad en su eficacia material, deberá acompañarse de un esfuerzo fiscal extraordinario durante por lo menos una década. Así como hubo una decisión política de un inmenso esfuerzo fiscal, con el fin de terminar la guerra por la vía militar, y esta fracasó, se requiere ahora la estatura histórica de una decisión similar, pero para consolidar la paz estable y duradera y producir verdaderas garantías de no repetición.
Adenda: Ojalá se hagan realidad los rumores de un inminente inicio de las negociaciones con el ELN.
Jairo Estrada Álvarez. Profesor del Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional de Colombia
Publicado en UN Periódico, No. 192, Bogotá, septiembre 12 de 2015
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