Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de 60 años de conflicto armado al fin se ve la luz de la paz. Hoy se pacta el acuerdo de justicia, y se crea el Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Para el Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos, […]
Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de 60 años de conflicto armado al fin se ve la luz de la paz. Hoy se pacta el acuerdo de justicia, y se crea el Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Para el Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos, es de gran importancia formar parte del equipo jurídico de este acuerdo de justicia a través de nuestro secretario ejecutivo Diego Martínez Castillo. Para nuestra organización, este es un reconocimiento por los más de 30 años de defensa de los territorios, la libertad y los derechos de las comunidades campesinas y la promoción y la defensa de los derechos humanos.
El reto es grande; a partir de estos acuerdos se empieza a forjar la nueva historia de nuestro país.
A pesar del acto legislativo para la paz que fue presentado por el gobierno y que promueve una visión unilateral hacia la terminación del conflicto; estamos esperando y trabajando por un acuerdo especial que sea bilateral que promueva una propuesta ética y que sea incorporado a nuestra constitución. Este acuerdo de justicia creará una jurisdicción especial para la paz, en la que se constituirá un tribunal al que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarán siempre en una sentencia.
Es de resaltar la propuesta de justicia restaurativa que se ha concretado, que busca la reconciliación de la sociedad colombiana. Este acuerdo reconoce el delito político y la juridicidad guerrillera que se apoya en una respuesta contra un orden social injusto. Este modelo de justicia reencuentra a la sociedad colombiana con la idea de la paz, con justicia social, y va de la mano de la comisión de la verdad.
Si bien no va a ocurrir una desmovilización inmediata, si se aplicará un modelo de dejación de armas y una reintegración social a través de la ley de amnistías e indultos con garantías de no repetición.
La comisión de la verdad todavía es un aspecto que genera polémica para los que detentan el poder político y económico, ya que pretende desentrañar las líneas de la historia centrales del conflicto armado, y aunque no tienen efectos judiciales, si ayudará al desmantelamiento del paramilitarismo, de la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno. La comisión de la verdad será en clave de memoria y reparación.
Existen tres principios que sientan las bases para la justicia restaurativa a nivel internacional:
1. La justicia requiere que trabajemos a fin de que se ayude a volver a su estado original a aquellos que se han visto perjudicados.
2. De desearlo, aquéllos que se han visto más directamente involucrados o afectados por el delito, deben tener la posibilidad de participar de lleno en la respuesta.
3. El rol del Gobierno consiste en preservar el justo orden público; la comunidad debe construir y mantener una justa paz.
Los programas restaurativos se caracterizan por cuatro valores clave:
• Encuentro: Se crean oportunidades con el propósito de que víctimas, insurgencia y miembros de la comunidad se reúnan a conversar acerca del delito y sus consecuencias.
• Reparación: Se espera que los insurgentes tomen medidas a fin de reparar el daño que hayan causado.
• Reintegración: Se intenta devolver a víctimas y ex combatientes a la sociedad como miembros completos de la misma, capaces de contribuir a ésta.
• Inclusión: Se ofrece la posibilidad de que las partes interesadas en un delito específico participen en su resolución.
A partir de estos acuerdos comienza el reto para las comunidades y para el movimiento social. Debemos empezar por prepararnos desde las regiones.
Los líderes de opinión y los grandes medios de comunicación, que no representan la opinión popular, no están muy interesados en desescalar el lenguaje y crear una pedagogía para el pos-acuerdo. Por ello es tarea de nosotros como constructores de tejido social; llevar a todos los rincones del país los acuerdos de la Habana y crear una metodología que pueda darse a entender a las comunidades tanto de la periferia como del centro.
Hay que construir desde el movimiento social y político una propuesta pedagógica para la verdad y para enseñar los acuerdos de paz. Esto con miras a una asamblea nacional constituyente, en donde se refrendarán los acuerdos y se legitimarán en la constitución política.
Falta discutir el proceso de fin de conflicto y la firma del acuerdo final. Pero el camino ya está abierto para construir una nueva sociedad colombiana. El dialogo con ELN ya es un hecho, y el acuerdo de La Habana ya está llegando a un consenso. El gobierno nacional debe comprometerse a apoyar las iniciativas por formalizar una cátedra y una pedagogía para la paz. Estos acuerdos se legitiman desde las bases, y el CPDH está comprometido con la formación política y jurídica y el acompañamiento técnico en todas las regiones del país.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article17783