El derecho a la vivienda ha sido uno de los caballos de batalla de los últimos años de movilizaciones, y también una de las grandes esperanzas con los cambios en los gobiernos municipales. Con la impulsora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, convertida en alcaldesa de Barcelona, todas las […]
El derecho a la vivienda ha sido uno de los caballos de batalla de los últimos años de movilizaciones, y también una de las grandes esperanzas con los cambios en los gobiernos municipales. Con la impulsora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, convertida en alcaldesa de Barcelona, todas las miradas se dirigen a la capital catalana para ver hasta dónde quiere y puede llegar un gobierno municipal en su lucha por garantizar este derecho a la población a pesar de que las políticas del Gobierno central no estén de su lado.
La alcaldesa marcó cuál era una de sus prioridades al acudir, en su primer día de gobierno, a la paralización de un desahucio, y poco después comenzó a reunirse con los bancos para exigirles la puesta a disposición del Ayuntamiento de sus viviendas vacías. Casi cien días después, el 10 de septiembre, el Ayuntamiento anunciaba las primeras 12 multas a bancos por mantener viviendas vacías. Las sanciones, de 5.000 euros cada una, corresponden a 12 viviendas: siete de la Sareb, la sociedad que gestiona los activos tóxicos de la banca rescatada con dinero público, cuatro del BBVA y una del Sabadell.
Carlos Macías, portavoz de la PAH de Barcelona, considera positivo que empiece a ponerse en práctica una medida que ya venía incluida en la Ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007 y también aprobada por el Ayuntamiento hace año y medio pero nunca aplicada. Sin embargo, añade que las sanciones no pueden quedarse en lo simbólico, sino que «tienen que ir a todas aquellas viviendas que no estén cumpliendo su función social, como establece la ley». Para ello, desde la PAH instan al Ayuntamiento a que realice un censo de viviendas vacías con la mayor celeridad, «en un plazo de tres meses», además de aumentar el importe de las sanciones, que consideran insuficiente. De momento, el Consistorio, además de las 12 multas anunciadas -que se complementarán con otras de 10.000, 15.000 y hasta el valor de mercado de la vivienda en caso de que el banco no las ponga en alquiler-, ha iniciado otros 62 procedimientos sancionadores.
Primeros contactos
La primera toma de contacto entre el nuevo Ayuntamiento y la PAH fue antes del verano a través de la mesa de desahucios, ya existente pero hasta entonces vacía de contenido. La creación de tres grupos de trabajo, en los que participan y aportan propuestas distintas entidades sociales, «es un cambio positivo», indica Macías, que añade que «queremos que las propuestas que se vuelquen y los consensos a los que se llegue se materialicen en reglamentos que se pongan en práctica».
La PAH también considera muy positiva la nueva línea de ayudas al alquiler anunciada por el Consistorio para familias sin recursos, ya que un 90% de los desahucios hoy en la capital catalana se deben al impago de rentas, y sin embargo hasta ahora las personas sin ningún ingreso quedaban paradójicamente exentas de este tipo de ayudas.
En cuanto a los desahucios, «la cosa no ha parado, ha mejorado. El Ayuntamiento va a muchos desahucios y los que no conseguimos paralizar nosotros los paralizan ellos», explica Francisco Garrobo, de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana, uno de los barrios del distrito de Nou Barris, que posee el mayor índice de desahucios de Barcelona. «Necesitamos no sólo parar desahucios, sino también pisos, y éstos están llegando a cuentagotas», dice.
En los próximos cuatro años, el Ayuntamiento pretende paliar la situación con 8.000 viviendas destinadas a fines sociales, 4.000 de ellas de nueva construcción y otras 4.000 provenientes de bancos, rehabilitación, etc. Macías dice que «la construcción es una medida cara y lenta y no soluciona la emergencia que tenemos hoy», pero considera que la medida es positiva a largo plazo, siempre y cuando vaya acompañada de la movilización de la vivienda vacía. Lo mismo ocurre con la decisión del Ayuntamiento de recuperar la figura del tanteo y retracto para comprar viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias de manera preferente. «Tanteo y retracto, depende de cómo -indica Macías-. Lo que no nos vale es que compren viviendas a 80.000 euros, que es el tope que se ponen, cuando a los fondos de inversión se les están vendiendo los pisos por 7.000. No puede ser que se produzca otra vez una transferencia de recursos públicos a las entidades financieras», critica.
En cualquier caso, la PAH sigue vigilante, y ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento para indicarle cómo aplicar la Ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, derivada de la ILP catalana por el derecho a la vivienda. Esta ley «permite que la Administración pública se ahorre muchos recursos obligando a los grandes tenedores de vivienda, en desahucios de hipoteca y de alquiler, a parar el desahucio y hacer un alquiler social de tres años». De momento, «nosotros seguimos haciendo nuestra función de parar los desahucios», concluye Macías.
Madrid
En Madrid, la primera semana de gobierno empezó con una decepción, cuando la concejal de Asuntos Sociales, Marta Higueras, declaraba que «el Ayuntamiento no puede parar los desahucios». Poco después de su toma de posesión, la alcaldesa lanzó una ronda de reuniones con directores de entidades bancarias con el fin de paralizar desahucios y la obtención de la cesión de viviendas vacías para el alquiler social.
«La principal crítica es que vemos que el Ayuntamiento no tiene voluntad de hacer efectivo el derecho a la vivienda», dice Sara Pérez, de PAH Vallekas, la plataforma de uno de los barrios más afectados por las expulsiones. «Sí están paralizando los desahucios, pero no garantizan el derecho a la vivienda, que pasa por tener un parque público de alquiler, con viviendas de bancos», añade esta activista. De momento, los bancos han cedido unos 400 pisos para este fin. Al contrario que en Barcelona, en Madrid no está previsto sancionar a las entidades que mantengan pisos vacíos. Según Sara Pérez, lo que parecía la medida «más ambiciosa, la de aumentar el parque público de alquiler, se ha quedado sólo en mil viviendas, y creemos que harían falta decenas de miles».
Otra de las medidas más sonadas ha sido la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria, que hasta la fecha ha paralizado cinco desahucios hipotecarios y tiene abiertos 105 expedientes. Desde PAH Vallekas critican el planteamiento mismo de esta oficina, que se centra sólo en parar los desahucios de hipotecas, cuando el mayor número de desalojos hoy se debe a impagos de alquiler y a ocupación. Además, «la principal solución que se propone a los afectados es la reestructuración de la deuda, un aplazamiento, etc., pero no apuestan por la dación en pago, y esto es encadenar a la gente a la deuda», añade Pérez.
Desde el Foro ServSocial Madrid, formado por profesionales y ciudadanos en defensa de los Servicios Sociales, consideran necesario que esta oficina «se integre en una política global de vivienda, habitacional y residencial para dar respuesta a problemas residenciales que superan en mucho los generados por la relación hipotecaria: hacinamiento, ocupación como medio de supervivencia, dificultades de acceso al sistema de alquiler, desahucios por problemas de pago de arrendamientos, alojamientos en lugares no habilitados de vivienda, insalubridad, pobreza energética…».
«Lo más positivo es el cambio en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)», dice Pérez. Desde su llegada al Ayuntamiento, el Gobierno de Ahora Madrid ha anunciado la paralización de todos los desahucios de la EMVS, además de la paralización de la venta ya en marcha de más de 2.000 viviendas municipales a fondos buitre. Sin embargo, recientemente han anunciado que la reversión de las ventas realizadas por el anterior consistorio de Ana Botella será difícil de realizar.
Desde PAH Vallekas destacan, sin embargo, como uno de los puntos más positivos «el cambio de actitud, son más dialogantes y hemos tenido tres reuniones con Marta Higueras», y que en los distritos «existe una relación entre las plataformas y los concejales de distrito para temas de urgencia. Existe una relación fluida y están implicados».
El próximo paso de esta plataforma es que los partidos de cara a las elecciones del 20 de diciembre, y también los ayuntamientos a través de mociones, se comprometan con las «Exigencias PAH», una batería de medidas que incluyen la dación en pago retroactiva, garantizar un alquiler estable y asequible, vivienda accesible a través de la movilización de las viviendas vacías y el alquiler social, garantizar los suministros básicos y la creación de un observatorio de la vivienda. «Esperemos que el Ayuntamiento apruebe esta moción», concluye Pérez.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/panorama/27847-pasos-la-buena-direccion.html