El gobierno presentó nuevas indicaciones al proyecto de reforma laboral, modificando lo aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de junio. El Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (Cius) organizó su segundo encuentro ampliado de dirigentes sindicales, ratificando su rechazo a esta reforma laboral que califican como «un retroceso para los trabajadores», criticando […]
El gobierno presentó nuevas indicaciones al proyecto de reforma laboral, modificando lo aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de junio. El Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (Cius) organizó su segundo encuentro ampliado de dirigentes sindicales, ratificando su rechazo a esta reforma laboral que califican como «un retroceso para los trabajadores», criticando la postura de la CUT «que se ha supeditado completamente a la política de la Nueva Mayoría, que no es otra que la colaboración con la clase patronal».
Sindicatos, federaciones y confederaciones agrupados en el Cius levantan la consigna: «Rebélate contra el sistema», y advierten que la reforma se negocia bajo presión empresarial.
Según Ramón López, presidente del Sindicato Nacional CIMM TyS, dirigente de la Unión Clasista de Trabajadores (UCT) -que es parte del Cius-, es necesario entender la reforma laboral desde el punto de vista de los principios en los que fue originada: «Plantea que el sindicalismo ya no es contraparte de los empresarios, sino que debe ayudar a la productividad. El proyecto de reforma no termina con nada de lo que impulsó el gobierno de Piñera. Los sindicatos perdieron la capacidad de buenas negociaciones, eso fue acompañado por una serie de normas que imposibilitan una negociación real. A través de estas nuevas reformas quieren consolidar el que el sindicalismo sea parte de la gerencia de recursos humanos de las empresas». Señala que se discute el reemplazo en la huelga y los servicios mínimos: «Algunos piensan que van a generar una ‘huelga real’, y eso es mentira, independientemente de que no haya ninguna reforma, hoy día las negociaciones colectivas son en general pésimas para los trabajadores. Hay factores que influyen, como la despolitización o el que existe más de un sindicato por empresa, por lo tanto, con reemplazo o sin él las empresas siguen funcionando. Ninguna huelga les hace mella a los patrones. Y lo de los ‘servicios mínimos’ es muy ambiguo, no se precisa. Se dice que ‘se termina el reemplazo… pero que la huelga no puede paralizar la empresa’. Eso dice la letra chica», agrega López.
TRABAJADORES EN CIFRAS
Según el Cius, la fuerza de trabajo supera los ocho millones de trabajadores, pero la organización sindical no supera el 14 por ciento. «La fragmentación en la organización es el principal rasgo negativo. Actualmente hay 10.634 sindicatos activos con 940.222 trabajadores afiliados, lo que da cuenta de un promedio de 88 trabajadores por organización. De estos sindicatos 6.739 son de empresa o de establecimientos con una población afiliada de 665.582 trabajadores. Son los que pueden negociar colectivamente», señala un documento del Comité. Según cifras de 2013, en materia de negociación colectiva se suscribieron 1.845 contratos colectivos, que involucraron a 209.485 trabajadores, y 472 convenios colectivos, con 73.891 trabajadores. Además, se suscribieron 586 instrumentos colectivos entre grupos de trabajadores y empresas. Ese año «las huelgas fueron 201 y estuvieron involucrados 30.638 trabajadores. Si esto no refleja una crisis, no sabemos qué podría reflejarla. Es para terminar con esto que damos pasos en procura de la unidad. Este sistema en el que vivimos es una mierda, y sin embargo se las han ingeniado para tenernos divididos y evitar que el repudio se generalice», agrega el documento del Cius.
Rafael Torres, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Supermercados Jumbo, agrega: «Dista mucho de ser una reforma real. Hoy se está legalizando la letra chica. Las empresas siempre han cometido arbitrariedades. Una cosa es que las multen, pero las empresas siempre han explotado y abusado a ultranza en este sistema neoliberal. Tienen chipe libre para hacer y deshacer con los trabajadores y con las leyes. El Código Laboral está muy lejos de las conquistas de antes del golpe de Estado. Con la reforma, treinta días antes de que se inicie el proceso de negociación colectiva no podrán contratar, pero pueden hacerlo antes de ese plazo. Se les pone un piso, no se les prohíbe. Lo otro que se dice es que no van a poder trasladar trabajadores de un local a otro, como hoy lo hacen, que solamente reemplazarán dentro del mismo local. Si nos hablan de adaptabilidad, flexibilidad y multiplicidad es que están precarizando al menor costo para ellos, que los trabajadores ejerzan la mayor cantidad de funciones al menor costo, y con el mismo dinero contratar más trabajadores. Otro punto es la ‘titularidad sindical’. Se dice que los sindicatos son los únicos entes negociadores en una empresa, siempre y cuando haya sindicato. Si no lo hay, pueden formarse grupos negociadores o hacerlo cada trabajador en forma personal. Pero hoy la empresa se reserva el derecho de reajustar los salarios. Jumbo tuvo nueve días de huelga, en abril, y no terminó porque consiguiéramos algún punto importante o le dobláramos la mano a la empresa, tuvimos que aceptar lo que nos ofrecían desde un principio. Lo único que se mejoró fueron los sueldos base. Nos ofrecían un 2,7% y se logró un 5,4% promedio. Después negoció el Sindicato Nº2, que es pro-empresa, y Jumbo duplicó los bonos de término y sus beneficios fueron mayores que los nuestros. ¿Qué señal está dando la empresa? Destruir nuestro sindicato nacional, el único díscolo en el holding «.
PAN Y CIRCO
La Nueva Mayoría presenta una reforma laboral con énfasis en la negociación colectiva, que Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, ha calificado como un gran paso para la organización sindical, pues «hemos comenzado a desmantelar el Plan Laboral de José Piñera». Ramón López, dice: «Nos oponemos a la adaptabilidad laboral que se quiere legalizar. Hoy ya existe, y la CUT ha sido responsable. Principalmente en faenas que tenían jornadas excepcionales, de 7 por 7 o de 20 por 20, porque se trata de trabajadores que van a los cerros a trabajar y no pueden ir y volver diariamente. Pero hoy estas jornadas ya están operando en la ciudad, por ejemplo, el 4 por 4. Son los sindicatos los que tienen que dar la autorización a esas jornadas, y tienen un tiempo determinado. Al aplicar la adaptabilidad, eso queda en la negociación colectiva: la mayoría de los sindicatos lo aceptarán. Los empresarios van a poner más lucas y se acabó. Las reformas, a pesar de lo que digan la CUT o el Partido Comunista son más de lo mismo y no beneficiarán al grueso de los trabajadores», dice.
Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) a diciembre de 2014 había 988.743 empresas con 8.659.897 trabajadores. Rafael Torres, señala: «En esta reforma ni siquiera se ha tocado el tema del subcontrato. A los empresarios les entregan más poder si quieren negociar con los subcontratados. Lo del multi-RUT fue un chiste. Cencosud S.A. acató eliminar el multi-RUT en su empresa Jumbo, donde existían cuatro razones sociales. Eso significó que si antes solo podíamos abarcar a trabajadores de la Región Metropolitana hoy somos una organización nacional. Eso nos ayudó como sindicato, pero no es que nos hayan abierto la puerta para que hiciéramos nuestro trabajo. En la última negociación colectiva teníamos a trabajadores de Talca, Curicó, Rancagua, Viña del Mar y Santiago movilizados y aún así no conseguimos doblar la mano a la empresa, incluso paralizando locales completos por varios días y a pesar de que tuvieron pérdidas millonarias. A Cencosud-Jumbo le dio lo mismo. Esas grandes empresas tienen un colchón enorme, y se benefician contratando rompehuelgas o haciendo contratos a plazo. Eso no va a terminar con esta reforma».
Rafael Torres agrega que la mayoría de los trabajadores no se percatan de la necesidad de reivindicaciones de clase: «No se dan cuenta que no solamente hay que luchar por un sueldo, sino buscar los beneficios a futuro de los que vienen tras nosotros. Todos ven por el bolsillo, y es el sistema el que ha hecho que los trabajadores piensen así. Se van donde obtienen más beneficios, más lucas, pan y circo como se dice. Para ellos, ese es el mejor sindicato, no el que lucha por sus derechos. Lamentablemente, esa es hoy la radiografía de los sindicatos. Pensamos que impulsando el Cius podemos conseguir la unidad de los trabajadores en el mediano y largo plazo».
Según los dirigentes del Cius, una vez iniciada la negociación el trabajador queda afecto a ella y al contrato colectivo que se suscriba, aun cuando se desafilie antes de su firma. Y en caso que la huelga se haga efectiva se le permite «descolgarse» a partir del día 15 ó 30, según el caso. El proyecto de reforma eliminaba la posibilidad de «descuelgue individual», lo cual fue calificado por los empresarios como un «atentado a la libertad sindical individual». Frente a ello, el gobierno ingresó una indicación para favorecer el descuelgue colectivo, haciendo que los sindicatos sometan a votación nuevas ofertas que el empleador haga durante la huelga. Y se introdujo una indicación que no solo permite el descuelgue individual sino también el descuelgue antes que se haga efectiva la huelga, antes que se vote e incluso desde el primer día de iniciada la negociación, poniendo como requisito que el trabajador renuncie al sindicato. «Los sindicatos no solo se quedarán sin fuerzas para el ejercicio del derecho a huelga, también podrían quedarse sin socios», dice Rafael Torres. Ramón López, agrega: «Se termina el reemplazo en la huelga, pero… Se termina el piso, pero… Si el empresario determina que a futuro los números no son buenos -por ejemplo, ahora dicen que en dos o tres años más viene una crisis-, el piso se puede negociar. Antes, el reemplazo en una huelga lo hacían trabajadores externos contratados por los patrones, ahora lo hará el propio sindicato, y eso sí que es destruirlo, porque habrán compañeros en huelga y otros trabajando. Hay muchas ambigüedades, y como siempre, ganan los empresarios».
UNA CENTRAL CLASISTA
La reforma mantiene la facultad que se otorga a los tribunales para suspender la negociación colectiva si se interponen acciones judiciales, atribución que ha sido cuestionada por la propia Corte Suprema. Supone suspender una negociación colectiva ya iniciada, y se introducen modificaciones que impiden siquiera iniciarla. Así se consagra una especie de suspensión automática de la negociación colectiva sin necesidad de demanda ni resolución judicial. Los trabajadores no solo perderán su fecha de negociación sino que además no tendrán derecho a fuero mientras no se resuelva la solicitud del empleador o no «cedan» ante ella. El asunto es especialmente relevante para la calificación de los servicios mínimos y la conformación de los equipos de emergencia. También, se aumentará de un año a un año y medio el plazo que debe transcurrir desde el inicio de las actividades de una micro o pequeña empresa para que los trabajadores puedan presentar un proyecto de contrato colectivo. Sobre la incorporación de nuevos trabajadores después de presentado el proyecto de contrato, se reduce a cinco días el plazo de diez que el proyecto otorgaba a los sindicatos para incorporar nuevos socios al proceso. El proyecto también elimina el plazo de treinta días que el artículo 320 otorga para adherir más trabajadores a la «primera negociación de la empresa». Otro retroceso de la reforma es que se repone la norma -rechazada por la Cámara de Diputados- que prohíbe el derecho a huelga a los trabajadores de las empresas estratégicas, como las sanitarias, energía, eléctricas y otras. La norma vigente permite el reemplazo de trabajadores cumpliendo el empleador con ciertos requisitos.
Las nuevas indicaciones señalan que «la huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella, ni la ejecución de los servicios pactados en sus contratos de trabajo», y que «los trabajadores no involucrados en la huelga podrán ejecutar las funciones convenidas en sus contratos. El empleador en el ejercicio de sus facultades legales podrá efectuar las adecuaciones necesarias con este objeto, incluidos ajustes a los turnos u horarios de trabajo, sin que lo previsto en este párrafo constituya práctica desleal».
Según Ramón López, «una verdadera reforma laboral debiera terminar con las negociaciones regladas, porque impiden que los trabajadores puedan negociar juntos. Un sindicato único por empresa sería el ideal. Hoy federaciones y confederaciones no tienen capacidad de negociar. Se debiera eliminar el reemplazo en la huelga. Si hubiera la capacidad de negociar por rama habría una mayor politización del mundo sindical. Negociar por rama, por federaciones y confederaciones, y terminar con este Plan Laboral. Si hubiera un desarrollo político de los trabajadores no importaría mucho lo del subcontrato. Por ejemplo, hoy pudieron negociar con la mandante los trabajadores forestales y los contratistas del cobre. Evidente que no es lo ideal, pero finalmente es un problema político. Si existiera una central sindical combativa y confederaciones potentes, pasaría a segundo plano el subcontrato y otros temas, porque el conjunto de los trabajadores podrían negociar y mejorar sus condiciones. Por eso es necesario un sindicalismo de clase y una verdadera central, que luche por la dignidad de los trabajadores. Una central clasista, que instale el elemento político, que se levante y vaya politizando, que se coloque a la cabeza de las luchas, y eso significan movilizaciones y política clara. Reformas más, reformas menos, peleas y menudencias, con una oposición derechista, es parte del tinglado. A los empresarios, reemplacen o no, les da lo mismo, porque la mayoría de las huelgas son inofensivas», dice.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 840, 6 de noviembre, 2015