En Colombia el modelo de sociedad vigente es inaceptable; las piezas fundamentales de su funcionamiento son repudiables, y se relacionan con la guerra que encabezan las clases dominantes, y que no están interesadas en terminar; argumentando una falsa paz, y la ilegalidad de la rebelión popular o de sus formas para defenderse, boicotear, desgastar o […]
En Colombia el modelo de sociedad vigente es inaceptable; las piezas fundamentales de su funcionamiento son repudiables, y se relacionan con la guerra que encabezan las clases dominantes, y que no están interesadas en terminar; argumentando una falsa paz, y la ilegalidad de la rebelión popular o de sus formas para defenderse, boicotear, desgastar o desmontar el decadente e institucional aparato de poder.
La economía de sufrimiento, y el derecho en la guerra formulados en las convenciones internacionales, y en el derecho internacional humanitario han sido respetados por l@s rebeldes en el ámbito de la confrontación, y con la determinación de arribar a la culminación del conflicto por la vía política y del dialogo.
Esta valoración ética para terminar la guerra ha sido históricamente protagonizada por el pueblo colombiano y sus insurgencias sociales y populares, sin embargo, de nuevo; el Estado y sus instituciones continúan violando sus propios principios y compromisos desde lo que ellos consideran como Estado de derecho, intensificando con el discurso de «terminación del conflicto» toda una gama de mecanismos ilegítimos, militares, y para-militares de represión, incluyendo los jurídico-legales que utiliza para perseguir, judicializar, encarcelar, asesinar o desaparecer a los dirigentes sociales.
Esa paz, la que el Estado reclama, agota de nuevo los medios de dialogo pacíficos de lo múltiples rutas sociales y políticas, quienes se sienten de nuevo engañados y vilipendiados por el poder, por lo cual continúan preparándose para defender su justo derecho a la justicia, la libertad y a una verdadera paz.
Así entonces el modelo de dialogo tiene que ser eficaz para una paz justa, pues no hay otra alternativa para la reconstrucción de una nación, y de un proyecto de mayorías protagonistas para producir la transformación de las estructuras injustas que en Colombia son origen en los últimos 60 años, del exterminio de los movimientos sociales que surgen o se solidarizan con las capas oprimidas y explotadas, sometidas a infinidad de mordazas que el terrorismo de estado ha sembrado también con los medios de comunicación oligárquicos, falsificando la realidad, buscando ganar la guerra con la voluntad alienada de las mayorías.
Son la vida y la dignidad de las grandes mayorías del país las que están en cuestión, pues no habrá una verdadera paz si continúan bloqueados los caminos para erradicar las injusticias del poder, que ya no pueden ocultar o negar ante la humanidad, pues ha producido una guerra social, y el exterminio de muy importantes movimientos campesinos, indígenas, sindicales, estudiantiles o humanitarios, y de otras fuerzas políticas de oposición mediante la eliminación física, o el desmonte disimulado de la militancia sobreviviente.
Todo esto demuestra que la práctica más persistente del Estado y del establecimiento en los últimos sesenta años ha sido impedir, mediante las formas de violencia más contundentes, que los movimientos sociales que propenden por la transformación estructural del modelo social, no solo accedan al poder, sino que incluso vivan, existan o se expresen.
Los métodos utilizados por el Estado y el establecimiento solo han tenido un gran momento de rediseño: Hasta finales de los 80 las fuerzas armadas oligárquicas ejecutaban ellas mismas en forma predominante la represión; a partir de entonces ceden sus «tareas» a su brazo clandestino paramilitar, hoy, y en tiempos de búsqueda de la paz, poco ha cambiado, el imperio y el sistema hace una nueva reingeniería para legitimar sus hordas insertadas en un Estado débil, ausente, terrorista y corrupto, con una profunda degradación cultural, y ausencia objetiva de proyectos colectivos de nación.
El sistema pretende que las mayorías populares acepten la paz del Estado, y continuar con una de las tasas de inequidad social más altas del mundo, de concentración de la riqueza, desaparición forzada e impunidad, circunstancias que no acercan el fin de la guerra, pues no resuelven las condiciones objetivas que subyacen en el conflicto, y que de persistir no abonaran a una paz verdadera.
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