La justica para la paz impedirá que los crímenes de los poderosos oligarcas financiadores del paramilitarismo y sus masacres queden en la impunidad. Esperamos pronta justicia en el caso de Santiago Uribe Vélez, creador del grupo paramilitar de los 12 apóstoles en Antioquia, también en la situación de 13 mil investigaciones paralizadas en la Fiscalía. […]
La justica para la paz impedirá que los crímenes de los poderosos oligarcas financiadores del paramilitarismo y sus masacres queden en la impunidad. Esperamos pronta justicia en el caso de Santiago Uribe Vélez, creador del grupo paramilitar de los 12 apóstoles en Antioquia, también en la situación de 13 mil investigaciones paralizadas en la Fiscalía.
El Presidente Juan Manuel Santos, en reciente intervención ha señalado que la justicia para la paz acordada con las Farc el 15 de diciembre del 2015, en el marco de los diálogos de la Mesa de La Habana, incluye un conjunto de criterios y principios para el juzgamiento y sanción de las personas articuladas a la violencia contra la población civil mediante la financiación de los grupos paramilitares.
Se trata de poderosos empresarios, terratenientes, comerciantes, multinacionales, banqueros, políticos, gobernadores, alcaldes, senadores, los cuales canalizaron multimillonarias cifras monetarias para apalancar y financiar las feroces bandas criminales responsables de masacres, homicidios, desapariciones y torturas.
En la actualidad hay más de 13 mil investigaciones por tales hechos en la fiscalía y su gestión se caracteriza por la lentitud y corrupción de los funcionarios encargados de la investigación e instrucción correspondiente.
La parte de justicia del acuerdo sobre los derechos de las victimas establece en su numeral 40 que: «el componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado.
«Serán de competencia de la jurisdicción especial para la paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de ésta jurisdicción, según lo establecido en el numeral 40 (que detalla los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, etc. ), salvo que previamente hubieren sido condenadas por la justicia por esas mismas conductas. Los órganos de la JEP decidirán, según el caso, el procedimiento apropiado. De conformidad con el numeral 48 (t) y el 58 (e) serán llamados a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, por parte de la Sección de Revisión del Tribunal, aquellas personas que hubieran tenido una participación determinante en una de las conductas de que trata el numeral 40 y no hubieren comparecido previamente ante la Sala de Verdad y Reconocimiento.
«En el espíritu del acuerdo, la Justicia Especial de Paz/JEP se concentrará en aquellos civiles con participación determinante en crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad».
Tal vez el caso más importante, entre muchos, de estos financiadores del paramilitarismo que deben responder ante la Justicia de Paz, es el del hermano del señor Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, el creador y financiador del grupo paraco los «12 apóstoles», en los municipios de Yarumal y Santa Rosa de osos, departamento de Antioquia, en los años de 1993 y 1994.
El proceso judicial contra este individuo ha estado estancado por años en la Fiscalía con riesgos bastante grandes de que termine en la impunidad debido a las presiones, sobornos y amenazas de su influyente pariente.
Solo la acción de unos magistrados independientes como los del Tribunal de Justicia para la paz que se creara con la finalización de la guerra, garantiza que se llegue a una sanción ejemplar para resarcir los derechos de miles de campesinos víctimas de las tropelías del paramilitarismo uribista.
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