La Asociación de Ex-Presos Políticos Chilenos residentes en Francia se suma a la alarma expresada por diferentes agrupaciones de defensa de los derechos humanos, frente a una nueva escalada tendiente a erradicar todo intento de justicia respecto de los crímenes de la dictadura en Chile entre 1973 y 1990. Recientemente hemos recibido con estupor la […]
La Asociación de Ex-Presos Políticos Chilenos residentes en Francia se suma a la alarma expresada por diferentes agrupaciones de defensa de los derechos humanos, frente a una nueva escalada tendiente a erradicar todo intento de justicia respecto de los crímenes de la dictadura en Chile entre 1973 y 1990. Recientemente hemos recibido con estupor la noticia de la querella que ex-miembros de las fuerzas armadas y carabineros han interpuesto en contra del juez Alejandro Solís y otros magistrados por no aplicar la Ley de Amnistía de 1978.
Podemos imaginar que por tratarse de antiguos militares y policías sientan ellos la nostalgia de un período en el que la prepotencia del uniforme hiciera temblar al conjunto de la sociedad. Un período nefasto en el que incluso los jueces estuvieron dirigidos por individuos de triste memoria, lacayos rastreros de la dictadura que ignoraron sistemáticamente las innumerables denuncias por asesinatos, desapariciones y torturas en contra de ciudadanos y ciudadanas chilenos.
Fue solamente un puñado de jueces honestos, quienes en dicha época dictatorial demostraron que se puede ser fiel al juramento que da sentido a la vida y a la función de un magistrado o magistrada. Sin embargo su acción fue ineficaz porque se estrelló siempre contra la jerarquía del Poder Judicial que se movía entre el miedo y la complicidad ideológica ante la dictadura.
Pero nuestro estupor se vuelve indignación al constatar que, oficiales en servicio de alta graduación se suman a esta siniestra escalada en pos de la impunidad total, tales como el actual comandante en jefe de la armada Enrique Larrañaga Martin y el ex comandante en jefe Miguel Vergara. En declaraciones a medios de prensa en Chile dichos oficiales dicen considerar que habría irregularidades y hasta «injusticia» en el tratamiento que el Poder Judicial aplica a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Estiman estas autoridades militares que los procesos judiciales van demasiado lejos por haber transcurrido cuatro décadas desde la comisión de los delitos.
Pero intentan esconder estos señores una verdad evidente y es que si los procesos se han extendido en el tiempo es por la mañosa estrategia aplicada sistemáticamente por los acusados de negarse simplemente a confesar sus crímenes ante los tribunales.
Tal como se han manifestado las agrupaciones de defensa de los derechos humanos, los ex-presos políticos exigimos, por nuestra parte:
– El fin del pacto de silencio entre militares (en retiro o en servicio activo) culpables de crímenes.
– La entrega total y definitiva por parte de las FFAA y Carabineros, de la información sobre el paradero de los más de un millar de detenidos desaparecidos, así como sobre la identidad del conjunto de los culpables de violaciones a los DDHH en dictadura y la colaboración necesaria con la justicia para el enjuiciamiento y castigo de los mismos.
– El fin de la participación de los militares chilenos en la nefasta Escuela de las Américas, organismo que las Américas algún día deberán abolir.
París, Francia, 31 de enero de 2016
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