Con el apagón eléctrico, estamos en el corazón de la crisis politica, económica, social y fiscal del regimen oligárquico colombiano. Es lo que explica el afán santista por firmar una paz express, sin resolver cruciales asuntos de la Agenda pactada y por imponer un plebiscito saturado de mermelada y politiqueria bipartidista. El pueblo no es […]
Con el apagón eléctrico, estamos en el corazón de la crisis politica, económica, social y fiscal del regimen oligárquico colombiano. Es lo que explica el afán santista por firmar una paz express, sin resolver cruciales asuntos de la Agenda pactada y por imponer un plebiscito saturado de mermelada y politiqueria bipartidista.
El pueblo no es un convidado de piedra en esta coyuntura, prepara su presencia con grandes acciones colectivas como el paro cívico del jueves 17 de marzo para exigir una salida democrática y progresista de la enorme crisis que sacude el establecimiento neoliberal para exigir la negociación de su pliego directamente con Santos y su gabinete ministerial.
Estamos en el vórtice de la crisis orgánica de la sociedad, la nación, el Estado y las formas de vida.
El apagón santista que se disfraza, se esconde, se encubre y disimula con artificios propagandísticos, ya es una realidad que impacta a millones de seres humanos.
Se desploma la base energética de la sociedad como consecuencia de la destrucción ambiental (el Niño y la Niña) que propicia el modelo neoliberal y como fruto de la rampante corrupción en el aparato institucional que gestiona la infraestructura eléctrica de la nación. Lo de Electricaribe, afectada por el desfalco de la mafia de los Char de Cambio Radical y de los clanes santistas costeños, ya anunciaba hace algunos meses el colapso en curso.
La crisis fiscal no para y los recortes en el gasto social ya están en curso, acompañados de una onerosa reforma tributaria que castigara con nuevo IVA a los más pobres.
La devaluación y la inflación destruyen la capacidad adquisitiva de los salarios de quienes tienen el privilegio de ingresos mínimos.
Para el capitalismo de la oligarquía colombiana ha sido demoledor el estallido de la burbuja petrolera y minera.
La crisis bancaria y financiera se conocerá pronto, pues las acciones de los bancos caen en picada como reflejo de la tormenta global (http://bit.ly/24QC2IP).
El instituto Colombiano de Bienestar Familiar/ICBF, sucumbe ante la arremetida del desfalco costeño de la familia de los Char, dueños absolutos de la Región Caribe, donde a diario mueren niños indígenas por hambre y desnutrición.
Caen generales policiales, Ministros y altos burócratas comprometidos en el robo a la salud.
Las disputas entre las facciones de la casta dominante se expresan en acciones judiciales como la captura, bien merecida e imprescindible, de Santiago Uribe, hermano del caballista del Ubérrimo, pendiente éste de otros procesos judiciales vinculados con masacres y homicidios, al igual que sus hijos, dueños de una asombrosa fortuna adquirida mediante el fraude al Estado y su presupuesto, e igualmente Oscar Ivan Zuluaga, el candidato de bolsillo de la ultraderecha que se dio licencias criminales para bloquear la campaña de Santos, mediante acciones terroristas en las redes con el auxilio de una Hacker que hoy paga una larga condena en La Picota. Están pendientes las investigaciones a Francisco Santos por su responsabilidad en la creación de grupos paramilitares en Bogotá, La Sabana y Cundinamarca.
En este contexto es que se da la escalada de presiones del gobierno y su delegación en la Mesa de diálogos de La Habana para firmar precipitadamente un acuerdo final de terminación del conflicto que omite asuntos centrales pendientes de consensos bilaterales.
Bien sopesa la delegación de la resistencia campesina revolucionaria sus pasos para impedir las trampas y maniobras del establecimiento oligárquico. Un acuerdo definitivo debe ser el fruto de un tratamiento adecuado de todos los temas y asuntos pendientes, como la erradicación del paramilitarismo, la refrendación de los consensos, la implementación de lo acordado, las garantías efectivas para la acción política de las Farc, las reformas estatales correspondientes y la aplicación efectiva de la nueva y revolucionaria Justicia Especial para la paz, que tanto molesta al ex presidente Andrés Pastrana y a los empresarios financiadores de los grupos de autodefensa.
Por supuesto, el pueblo no está expectante, las masas (centrales obreras, movimientos populares, etc) organizan y promueven la acción colectiva, con pliegos petitorios muy puntuales, para exigir paz con justicia social, trabajo, tierra, techo, salud, educación y el derecho a la vida.
El paro cívico del próximo 17 de marzo nos indica que la potencia popular está dispuesta para encontrar una salida democrática a la generalizada crisis que sacude a la nación.
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