Aunque hace mucho daño y aunque muchos lo critiquen, tanto el gobierno como la guerrilla tienen razones serias para no concluir con tanta prisa una negociación que ha estado tan marcada por la falta de confianza entre las partes. ¿A quién conviene? No hay que engañarse: los principales ganadores con el aplazamiento de la firma […]
Aunque hace mucho daño y aunque muchos lo critiquen, tanto el gobierno como la guerrilla tienen razones serias para no concluir con tanta prisa una negociación que ha estado tan marcada por la falta de confianza entre las partes.
¿A quién conviene?
No hay que engañarse: los principales ganadores con el aplazamiento de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC – que estaba programado para el próximo 23 de marzo- son los opositores al proceso. Cuanto más larga sea la negociación, más razones habrá para el escepticismo, más oportunidades para los errores de las partes y más argumentos para desgastar al gobierno.
El presidente Santos tiene la razón: es mejor retrasar la firma que sellar un mal acuerdo, especialmente si este debe ser refrendado en las urnas. Posponer la culminación del proceso es sin duda la actitud más responsable; pero esta decisión alimentará el escepticismo de muchos ciudadanos sobre la voluntad de paz de la guerrilla y sobre la bondad de las negociaciones.
Ambas partes intentan obtener en la mesa lo que creen que ganaron en el campo de batalla.
Un 66 por ciento de la opinión pública ve con pesimismo la posibilidad de que los diálogos con las FARC lleven a un acuerdo y a que la guerrilla se desmovilice. En este escenario es muy fácil difundir la idea de que aplazar la firma es una prueba elocuente sobre la falta de voluntad de la guerrilla y sobre la gran debilidad del gobierno.
Pero debe aclararse que ese 66 por ciento no se refiere a los opositores decididos del proceso, porque aquí se incluyen tanto quienes no quieren que la negociación se lleve a cabo como aquellos que expresan dudas o temores sobre sus alcances o sus resultados. Catalogar a estos dos grupos como «enemigos de la paz» contribuye a la causa de los sectores más radicales e interesados en el fracaso del proceso de La Habana.
¿Por qué, entonces, no se ha podido culminar la negociación? ¿Qué implica este nuevo aplazamiento? Para entender mejor la coyuntura y sus implicaciones, en lo que sigue esbozaré algunas hipótesis.
Negociar en tablas
Poner punto final a 50 años de guerra no es tarea fácil. Las guerras dejan demasiadas cicatrices en el alma de los pueblos, demasiadas fracturas en el tejido social, demasiadas verdades sumergidas y demasiados intereses en conflicto.
Además, en el caso colombiano, la negociación no fue la vía preferida por las partes, sino el resultado de una valoración tanto del gobierno como de las FARC sobre la inutilidad de continuar las acciones armadas para lograr la derrota «final» del adversario.
Pese a que las FARC nunca han tenido una opción clara de toma del poder, sí han aspirado a conseguir la mejor correlación de fuerzas posible para obtener ventajas en la mesa de negociaciones (como intentaron hacer en el proceso del Caguán con su agenda de «refundación del Estado»). Pero la guerrilla vio debilitarse su poder militar y su influencia política como consecuencia de la arremetida de la «seguridad democrática». Por eso, sentarse a la mesa gracias a la oferta del presidente Santos no solo representaba una salida digna para quienes carecían de futuro militar, sino que ofrecía la oportunidad de recuperar la legitimidad política minada por los propios errores, por el adecuado despliegue de la propaganda del Estado y por el cambio en el panorama político internacional.
Por su parte el Estado y las élites más pragmáticas reconocieron que continuar la guerra era un esfuerzo tan inútil como desgastante. No solo las ganancias de la confrontación militar resultan cada vez más costosas (es decir, se requiere hacer cada vez más esfuerzos para obtener avances marginales), sino que el desgaste institucional y la baja capacidad de convocatoria a los colombianos para una guerra inútil hacen mucho más rentable una negociación para terminar el enfrentamiento.
Pero esta falta de claridad en la correlación de fuerzas ha hecho que los avances de los diálogos en La Habana se hagan entre ambigüedades e incertidumbres, pues ambas partes intentan obtener en la mesa lo que creen que ganaron en el campo de batalla. El gobierno lo hace por el supuesto arrinconamiento de la guerrilla, y las FARC por su teoría del fracaso militar del Estado.
Para resolver esta situación los negociadores idearon un modelo donde el gobierno aceptaba hacer concesiones en temas que, de todas maneras, eran tareas postergadas del Estado y las ofrecía como oferta política para una salida digna a quienes no consiguieron nada con su guerra de cinco décadas. A cambio de ello, la guerrilla pactaría abandonar la guerra y someterse a un sistema de justicia que sirva tanto para darle la cara a la sociedad como para brindarle seguridad jurídica en el futuro.
Pero como la guerra no produjo una victoria clara para ninguna de las partes, la guerrilla no tiene confianza en que las promesas se cumplan y exige como mínimo que el mecanismo de justicia transicional no se convierta en otra forma del sometimiento que el Estado no consiguió en el campo de batalla.
De allí que los puntos que tienen que ver con la renuncia efectiva de la guerrilla al ejercicio de las armas sean los más complicados pues, desde su punto de vista, sin armas no hay garantía de que el Estado cumpla su palabra e implemente los acuerdos. La experiencia internacional y las experiencias nacionales previas también sirven para alimentar este escepticismo de las FARC.
Los difíciles temas pendientes
Si se analizan los temores de las FARC se entienden mejor la complejidad y la magnitud de los temas pendientes en La Habana. A diferencia de los puntos de la agenda que ya han sido negociados (desarrollo rural, participación política y lucha contra el narcotráfico) -que involucran políticas públicas y cuyo cumplimiento o resultados son difíciles de controlar- los puntos pendientes afectan la vida y el futuro personal y colectivo de los alzados en armas.
Y no son pocas las preocupaciones de la guerrilla, que es la que tiene que dejar las armas:
- ¿Se respetarán los acuerdos?
- ¿En manos de quién estarán las decisiones una vez que ella se haya desmovilizado?
- ¿Qué garantías concretas de seguridad existirían para los exguerrilleros?
- ¿Cómo se resolverán las futuras controversias?
-El diseño del sistema de justicia transicional fue tan demorado y engorroso porque entre menos detalles se dejaran para un desarrollo posterior había menos opciones de trastocar los acuerdos.
-Del mismo modo, el desarme, la desmovilización y la reintegración son temas complejos porque, si bien en el pasado se adoptaron procesos basados en los individuos, ahora se busca un modelo colectivo donde los miembros de la organización se reintegren a las sociedades periféricas en lugar de migrar a la vida laboral en las capitales.
-Finalmente, y sobre todo, está la pregunta por el mecanismo que ofrece el Estado para garantizar la seriedad de su oferta, así como su cumplimiento.
Si a estas incertidumbres se suma la zozobra que despierta un ambiente político exacerbado por las tensiones que la misma negociación ha producido en la sociedad, se entiende mejor la insistencia de las FARC en buscar un mecanismo de cierre que ofrezca la seguridad jurídica real de que los acuerdos serán respetados.
Con el reloj en contra
Lamentablemente, la fase final de los acuerdos ha coincidido con la reducción del margen de maniobra del gobierno por el deterioro de la situación económica y por la misma falta de resultados de la negociación de paz.
El gobierno sabe que el tiempo juega en su contra, pero las FARC no se resignan a no conseguir el galardón máximo del cierre del conflicto: la asamblea constituyente.
Para el país es fundamental cerrar la negociación pronto para evitar que la campaña de 2018 empiece a intoxicarse con los diálogos de paz. Esto, sin embargo, parece inevitable, pues las próximas elecciones presidenciales se debatirán entre quienes se comprometan con el cumplimiento de los acuerdos y quienes ofrezcan desconocerlos en distintos grados. En cualquier caso, no será sano que las FARC sean de nuevo las protagonistas del proceso electoral, como ha sucedido en nuestra historia reciente.
La paz, aunque postergada, parece cada vez más cercana e inexorable, pero su cercanía hace más evidentes las tensiones que existen sobre las garantías que tendrán las partes una vez el acuerdo esté firmado. Pero no es igual la incertidumbre de quienes conservarían las armas en ejercicio del monopolio legal de estas que la preocupación de quienes las dejarán y se enfrentarán a un mundo, no solo desconocido sino amenazante.
Juan Fernando Londoño, Comunicador social de la Universidad de la Sabana, máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y en Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins, ex viceministro del interior, director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos.