Entre los años 2004-2005 escribí una serie de artículos sobre el sistema previsional chileno catalogándolo como la mayor estafa social registrada en Chile y un seguro camino al desastre. Obviamente fueron catalogados como extremistas. A través de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el sector empresarial nacional y transnacional «manu militari» se apoderó […]
Entre los años 2004-2005 escribí una serie de artículos sobre el sistema previsional chileno catalogándolo como la mayor estafa social registrada en Chile y un seguro camino al desastre. Obviamente fueron catalogados como extremistas.
A través de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el sector empresarial nacional y transnacional «manu militari» se apoderó de un fondo financiero de enorme envergadura, 2.160 millones de dólares anuales en cotizaciones y prácticamente a costo cero. Los fondos acumulados por los trabajadora(e)s de Chile a través del mecanismo de capitalización individua fueron usados y abusados por la burguesía nacional. Diecisiete ex ministros de Pinochet, todos hoy militantes de la UDI han sido directores de empresas de AFP y se han enriquecido allí.
La labor de los economistas neoliberales, como José Piñera, una vez más fue fructuosa para el gran capital: convirtieron los ahorros de los trabajadores en el sostén del mercado de capitales y la industria financiera. Unos 170 mil millones de pesos, dos tercios del Productos Interno Bruto (PIB), al servicio de una clase dominante subsidiaria del gran capital transnacional. Esto generó en la sombra un poder político y económico impresionante. Hoy casi la totalidad de las AFP son controladas por financieras transnacionales, y son tan poderosas que una de ellas, Planvital, se ha negado a informar a la autoridad reguladora quiénes son sus reales controladores y el Estado de Chile no ha podido exigírselo.
Este poder económico concentrado acciona y presiona y determina a todas las instituciones del Estado a través de sus gestores sentados en directorios, partidos políticos y políticos en ejercicio.
Los fondos de los chilenos han sido el motor de una concentración económica brutal. Los expropiadores ya iniciado el siglo XXI siguen expropiando como en plena revolución industrial. Siguen lucrando con la educación, la salud y el territorio nacional, (El accionar en Chile de las inmobiliarias y sus conexiones es otro gran tema que está por verse y donde el pillaje y el abuso también tiene características épicas.) sus recursos naturales y sus trabajadora(e)s.
El sistema de pensiones chilenos no resiste más. Indudablemente en el tiempo transcurrido se le han ido anexando «mejoras» como el pilar solidario que emergió en el 2008, siempre claro, en la más estricta lógica neoliberal de políticas públicas. Hoy la presión popular ha iniciado un camino para implementar cambios estructurales. Esto se vislumbra largo y complejo. La salida al estado de cosas, para el gobierno y las principales fuerzas políticas que lo conforman, parece concentrarse en descomprimir el movimiento popular de «No más AFP» a través de mejoras al sistema en lo inmediato.
En este escenario se bosqueja una AFP estatal arista que implica el montaje de una estructura paralela destinada a que aumente la competencia, y que cesen los cobros inútiles e innecesarios pero en el viejo truco de de hacer no haciendo no se sabe si va en serio o es un bueno ya, ahí está para que se entretengan un rato. Lo que queda claro es que en el gobierno nadie ha tocado ni se piensa tocar el «principio de capitalización individual» pilar central del modelo de pensiones y que es la base del gran negocio del mercado financiero en Chile. En la mantención de esto se jugarán y se están ya jugando a fondo todos los medios del empresariado chileno el loby, los personeros políticos en los directorios, la publicación de estudios, su poder incontrastable en los medios de comunicación.
Para el poder popular el camino a seguir y su resolución es complejo. Así lo muestran ya los diversos estudios que han aflorado sobre el tema. Algunos acuciosos como el de Cenda o la Fundación Sol y otros con los inveterados cuestionamientos a medias de los economistas del sistema que se centran en lo principal en la competencia o ausencia de competencia en el respectivo mercado lo que a estas alturas resulta patético, pues es más que evidente que el sistema no ha cumplido con las expectativas que crearon sus diseñadores.
Tampoco en las condiciones actuales es posible nacionalizar el sistema, no porque no se pueda, sino que es una tarea que exige un nuevo programa de gobierno y otro gobierno; debe recordarse que todos los acuerdos económicos firmados por Chile impiden cualquier movimiento que toque los intereses de las grandes corporaciones financieras transnacionales.
Sin un cambio del modelo económico, que está lejos de darse, los cambios propuestos se mantienen dentro de la lógica neoliberal y en la ilusoria competencia de mercado y en la no menos ilusoria capacidad de elegir. Si se logra desarticular la presión popular la discusión parlamentaria definirá el tema en los tiempos y los detalles de que sean capaces. Esto implica que hay un gran riesgo de que las demandas populares al respecto se pierdan en el pantanoso suelo de los detalles y la inconsecuencia política.
Entonces, ¿cual es la hoja de ruta? Cómo avanzará la Nueva Mayoría en esta discusión, dadas los profundos desacuerdos que existen al respecto. ¿Qué incidencia tendrán en los cambios las propuestos de la llamada «Comisión Bravo». A este gobierno le queda poco tiempo para implementar una reforma real y sustantiva.
En definitiva las perspectivas en este ámbito no son buenas. Sin embargo creo que el movimiento de «Fin a las AFP» debiera tomar como bandera el de que todos los afiliados a las distintas AFP debieran emigrar al actual sistema de Previsión de las Fuerzas Armadas, sistema financiado en más del 90 % por el Estado, es decir por todos los trabajadores chilenos. Y a los que no quieran o no les guste puedan seguir en el actual Sistema de Pensiones y Salud.
Es la igualdad ante la Ley consagrado en la Constitución. No hay que crear nuevas estructuras sólo adecuar el orden de magnitud y adicionarle los elementos que permitan su financiamiento: por ejemplo, traspasar el 10 por ciento de las ventas de Codelco que se entrega para financiar armas y la corrupción, el 5 % de aumento de cotizaciones a cargo del empresariado ya mencionado y lo que las demandas populares vayan determinando. Santiago- agosto -2016
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.