Hace unas semanas, cuando pensaba escribir un artículo posterior al 2 de octubre sobre los alcances de los acuerdos, no tuve presente que en el plebiscito el NO se impondría. Tal vez, seducido por la euforia de círculos políticos y académicos cercanos o producto de la misma desconexión que sufre el país político del país […]
Hace unas semanas, cuando pensaba escribir un artículo posterior al 2 de octubre sobre los alcances de los acuerdos, no tuve presente que en el plebiscito el NO se impondría. Tal vez, seducido por la euforia de círculos políticos y académicos cercanos o producto de la misma desconexión que sufre el país político del país social, no avizoré que dicha posibilidad era tal vez una realidad que impondría nuevos ritmos y condicionantes a la coyuntura actual.
En efecto, el subirse al tren de la certidumbre y de la posibilidad de la refrendación de los Acuerdos de Paz de manera casi axiomática por parte de los partidarios del SÍ, generó un clima inmejorable para la especulación y el triunfalismo. Un clima que no sólo impidió ver la fuerza arrasante de la campaña de los impulsores del NO, sedimentada en la exacerbación de la irracionalidad y el sentimentalismo del sentido común, sino que limitó la capacidad prospectiva de los accionantes del SÍ de dilucidar los escenarios probables y las soluciones posibles que se pudieran generar.
La carencia de planificación ante escenarios no esperados, factor que ciertamente compartimos con nuestra clase dirigente, ha puesto a la izquierda próxima a los Acuerdos de Paz en una compleja encrucijada de la que sólo saldrá avante y completa si toma las decisiones correctas. Las medidas que viabilicen, al día de hoy y más que nunca, estarán atadas y subordinadas a las posturas de sus adversarios políticos generales y a las alianzas que desarrollen con diferentes sectores y movimientos sociales que han estado distantes del proceso.
Las posiciones y el panorama tras los resultados.
Lo claro tras el triunfo del NO es que el Centro Democrático y los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales salieron robustecidos y con cierto halo de triunfalismo. Sin embargo, y a pesar que todo a primera vista pareciese ganancia para la reacción, la realidad de su momento político es más compleja. Estas elecciones fueron para este sector una lucha a muerte donde se jugaron todas sus cartas, reactivando a fuerza de un sagaz tacticisismo político el acumulado decrépito de un sentido común basado en el miedo y el odio cultivado durante los últimos 30 años.
El desgaste político que realizaron los promotores del NO durante el último mes, rindió frutos considerables y les dio una bocanada de oxígeno que les permite reposicionar su discurso y mostrar que su apuesta estratégica no estaba tan derrotada como se pensaba. No obstante y en contra de sus intereses, este ‘triunfo’ dejó abierta la posibilidad para los promotores del acuerdo de disputar, en el plano de la argumentación racional y ante un posible nuevo espacio electoral, el conjunto de posiciones moderadas y desprevenidas que fueron captadas mediante la campaña reduccionista y frenética del NO, así como el grueso de las gentes que por desinterés, confianza o distancia ideológica hicieron parte de ese abultado 63% de abstencionismo.
En este contexto, es evidente que el uribismo tiene comprado el boleto de entrada a unos largos cuidados intensivos donde puede dinamizar y reconstruir su proyecto estratégico en detrimento de una paz completa. Empero, si juega mal sus cartas y no logra articular de forma rápida algo más allá de las arengas tendenciosas mostradas en los días pasados (tarea difícil por la nula sintonía de sus planteamientos con lo acordado en la Habana), su boleto tendrá inscrito en mayúscula el nombre del cementerio central, donde descansan los lacónicos y megalómanos exdirigentes del país en sus tristes y solitarios mausoleos.
El gobierno, por su parte, se encuentra en una encrucijada donde puede ganar o perder su tan anhelado papel en la historia. La derrota de este 2 de octubre, poco abultada pero con un alto contenido político y simbólico, le fuerza a reorganizar sus planes y plantear un espacio de negociación que no divisaba y que, en cierta manera, le disgusta. Realizar este espacio con el uribismo, implica retroceder varias jugadas en el jaque mate que Santos preparaba a la oligarquía terrateniente y a las élites vulnerables para obtener la hegemonía económica y política a manos de la aristocracia financiera. Efectivamente, el Acuerdo de Paz hasta ahora construido no representa para el gobierno más que un vehículo para materializar su apuesta, que pasa por la refrendación de un pacto interclasista con someras concesiones, que no pone en riesgo directo sus intereses y que ataca sustancialmente la base económica y judicial de sus contendientes retrógrados.
La paz, fin del sufrimiento y esperanza para muchos, no es comprendida por el presidente y sus oferentes como un lugar de reconciliación y de encuentro, o, como la materialización del Estado Social de Derecho donde este último es reconocido de manera igualitaria para sus ciudadanos ¡NO! La paz, para los grupos de presión que constituyen el santismo, connota la posibilidad de constituirse como la única clase rectora, es el anhelo de la oligarquía liberal y modernista del siglo pasado, de la Burguesía dependiente, de convertirse en Burguesía, o a lo menos en su único remedo.
Por este motivo es que a Santos no le tembló la mano para poner en riesgo el proceso decretando una fecha límite al cese bilateral. Su estrategia como buen tercerviista siempre ha radicado en presionar lo más posible para poder negociar sin ceder, al no tener 100% de victoria en terreno. Y sin lugar a dudas necesita tensar a toda costa la situación para reducir al mínimo el margen de maniobra del uribismo, y su capacidad de presión ante la apertura de un probable espacio de concertación.
Sin importar el desenlace que tenga esta coyuntura, lo concreto es que el santismo apuesta a debilitar y a reducir lo más posible al uribismo, sea por su desarticulación y fenecimiento vía refrendación del acuerdo actual; mediante la inclusión de unos mínimos en una renegociación que le de respiro a la ultra derecha pero que la reduzcan a una oposición innocua, o; sacrificando su preciada hegemonía inmediata al retomar el combate y dejar caer la culpa de la continuidad de la guerra en los hombros de su contendiente.
Ahora, en el complejo rifirrafe entre oligarquías en el que ha estado situado el proceso y del cual este ha sido pieza clave, aparecen unas FARC con las mayores afectaciones por la creación de este limbo. Aparte de su claridad estratégica donde ubican la reinserción a la política legal como su centralidad, esta organización está rodeada de incertidumbres en todos sus niveles. La guerrillerada, pasando por los miliacianos y simpatizantes, hasta la plana central, se encuentra en un momento complejo donde no dilucidan alternativas diferentes a la refrendación inmediata y donde la posibilidad de un retorno a la guerra se plantea como inimaginable. En efecto, el fin del cese bilateral y la vuelta de la guerra implicarían un regreso de las bombas y los asesinatos, acompañados por una dinámica más certera de persecución estatal. La exposición que han sufrido las bases sociales de las FARC y sus simpatizantes, a partir de la agitación constante y el posicionamiento de la paz como alternativa, ha generado un proceso de visibilización que difícilmente obviarían los agentes del Estado si vuelven a sonar los fusiles.
A persa de todo, la posición que han adoptado las FARC de apostar sus últimos cartuchos a la paz, ha generado un interesante eco dentro del el país y a nivel internacional en las últimas semanas. La movilización como reacción, nacida en una respuesta tradicional y espontanea de la izquierda a los momentos de coyuntura, ha puesto de presente que la paz como concepto tiene bastantes aliados que están dispuestos a defenderle. Es por esto que las FARC le apuestan a mantener sus bases movilizadas y apelan a esa media Colombia que votó por el SÍ, para que con su apoyo se pueda transformar la mínima correlación negativa de fuerzas que existe y se pueda refrendar lo ya acordado vía ejecutivo o a través de un nuevo espacio electoral.
Los escenarios posibles.
Se podría decir que el actual momento es un momento abierto del que se pueden decantar nuevas y variadas posibilidades que dependerán del inicio o no de un nuevo escenario de negociación de los actuales acuerdos. Si bien, las FARC han expresado que su voluntad de paz no pasa por un proceso de renegociación de lo hasta ahora acordado, es importante resaltar que los mismos resultados del plebiscito y lo acontecido en estas últimas semanas, abren la posibilidad de una nueva negociación como una probabilidad real, más cuando se tiene el cronometro del fin del cese bilateral en contra.
a) Si no se negocia.
Un primer escenario que debe contemplarse, el más desastroso de todos, es la radicalización del discurso del uribismo y una negativa constate de las FARC para reabrir el proceso de negociación. En este contexto es probable que se genere una implosión de los procesos de paz y del tambaleante emergimiento de la derecha, gestándose una fuerte ola de violencia de la cual ninguna de las partes ni el sufrido pueblo, saldría beneficiado.
Por otra parte, si se mantiene estas dos posiciones y el gobierno decide continuar con el proceso, se abren dos alternativas posibles: en primer lugar, que se ejerza a fuerza del ejecutivo una implementación inmediata de los acuerdos o que se asuma un próximo espacio electoral sin negociar. En cualquiera de los dos escenarios, es probable que se realice una refrendación de lo acuerdos sin una legitimidad suficientemente, fenómeno que en últimas fortalecería y revitalizaría al uribismo como oposición con vocación de poder y dificultará la aplicación de lo pactado.
b) Si se negocia con los que están.
Ahora bien, si se abre un nuevo espacio de negociación de los acuerdos, el desarrollo del mismo dependerá de los actores que sean convocados a la mesa. De esta manera, si se mantiene el binomio negociador Gobiernos-FARC, y el uribismo se pliega voluntariamente en el concepto de ciudadanía y desarrolla su presión exclusivamente en el plano de mediatización de sus arengas, lo más posible es que lo acordado retroceda significativamente a favor de los intereses de la reacción porque, más allá de los intereses del binomio, la presión política e ideológica que se ejerza a nivel público vendrá exclusivamente de las huestes de las élites vulnerables y la oligarquía terrateniente.
c) Si se negocia incluyendo sólo al uribismo.
Si por el contrario, el uribismo acepta la invitación de las partes de entablar un diálogo, se podrían desarrollar tres espacios diferenciados. En primer lugar, que se concrete el lugar de concertación política planteado por el binomio negociador que no tiene efectos vinculantes en lo jurídico, sin embargo esta posibilidad es improbable porque el uribismo ha sido tajante en mostrar que prefiere estar al margen de la negociación, botándole la responsabilidad total al gobierno, que hacer parte de un espacio que no es definitorio.
Un segundo escenario se desarrollaría si la ultra derecha logra cooptar la mesa a partir de la movilización de sus bases sociales por medio de la edificación de una propuesta sagaz que logre seducir un mayor número de colombianos (cosa que aún no se ha visto). En este escenario es probable que emerja el tradicional acuerdo inter-oligárquico, históricamente implementado para la resolución de las acciones bélicas entre los partidos tradicionales con el objeto de distribuir el poder entre las élites. Sin embargo, para que este terrible escenario se materialice es necesaria cierta complicidad y ceguera política por parte de las izquierdas que circundan el proceso y de las FARC [1], las cuales tendrían que malgastar, mediante la aplicación y el sostenimiento de una política sectaria, fragmentaria y vanguardista, el acumulado político que se ha gestado antes y después plebiscito con la movilización social.
Por último, un escenario donde el gobierno y las FARC mantengan consensos y mínimos innegociables para el desarrollo de la negociación con el uribismo y que este último se sume a la negociación. El problema de este espacio es que los mínimos en sí mismos ya se encuentran consignados en los acuerdos actuales y el decantamiento de estos en unos nuevos tardaría un tiempo considerable y un gran desgaste entre las partes, terminando por beneficiar únicamente a la derecha por la dilatación de la negociación y el aumento de tensiones entre sus contendientes.
d) Si se negocia con la actuación del movimiento social y de la sociedad civil.
Es importante resaltar que la apertura de la fase pública de los diálogos con el ELN ha dado un nuevo respiro a los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las FARC. Situamos esta oxigenación en un plano de la negociación, ya que esta sólo pude surtir efecto si se abren las puertas para la inclusión de nuevos mecanismos de construcción y de participación, que van más allá de la mera refrendación de lo acordado. Si la negociación o concertación con nuevos y más variados actores no fuera el caso, la acción del movimiento social y de la sociedad civil quedará relegada a un acompañamiento de solidaridad dentro de la movilización y a su inclusión indirecta dentro de la democracia participativa para refrendar lo acordado actual o futuramente, limitando la posibilidad de ampliar el espectro de incidencia política que tiene implícita esta nueva variable de la coyuntura.
La inclusión de la sociedad civil en uno u ambos procesos de paz podría cambiar de manera sustancial la orientación y la vocación de los mismos. Que la ciudadanía haga parte de una mesa, ya no como agente consultivo o victima sino actor proponente, transforma de tajo los alcances y las posibilidades de concertación que surjan. Ya no estaríamos hablando de una negociación entre dos partes en conflicto que intentan allanar una solución negociada, sino, de un espacio polifónico donde convergerían los partidos, los sectores económicos, la insurgencias, el gobierno y la sociedad civil como actor central, para acordar la hoja de ruta y las bases de un nuevo contrato social que refundarían la estructura de nuestro Estado Nación.
Esta nueva dinámica permitiría amplificar el diálogo y el conocimiento del interés general, en el plano de las necesidades concretas y no simplemente del espectro de la ideología. En efecto, consultar y plantear el desarrollo de propuestas con el ciudadano de a pie sobre su propia existencia y no simplemente sobre la refrendación de los acuerdos, permitirá que se visibilicen inconformidades sobre factores estructurales como salud, educación y salario, que usualmente no logran vehicularse en lo político y que son invisibilizadas por factores sentimentales o por la descreencia común en la posibilidad de cambio.
No obstante, lo complejo de este escenario radica en la manera como se gestione la recolección y producción de las propuestas desde la sociedad civil. Como es de esperarse, las maquinarias de los partidos tradicionales aparejadas con los grupos económicos, intentaran cooptar los espacios de producción de propuesta a partir de dinámicas clientelares, con el propósito de ejercer mayor influencia en un espacio nacional de concertación. La única salida para que no se genere este debacle, es que el Movimiento Social en su diversidad, respaldado por las insurgencias, exija condiciones para el desarrollo de espacios territoriales financiados por el Estado, donde se realicen procesos pedagógicos sobre las diferentes posturas y ofertas de las partes, y se abran espacios consultivos y de construcción de propuesta desde la gente.
Otro elemento que es trascendental en este escenario, es la forma como se construyan los mecanismos de representación de este amplísimo actor ante un espacio de negociación o mesa de diálogo. Como ha sido evidente, desde que Santos realizara el llamado a los promotores del NO para que le hicieran saber sus demandas, ha surgido un vario pinto grupo de actores que se auto aclaman los portadores de la mitad más uno de la voz de los colombianos. Antes, Ordoñez, Pastranas y Zuluagas, eran meros burócratas grises, delfines expresidentes y marionetas, no estandartes carismáticos de grandes corrientes políticas como hoy se nos presentan.
Esto mismo, pero en pequeña escala, puede suceder ante la apertura de espacios de representación construidos con base en el consejismo popular o desde la democracia directa. Esta vez no serán Palomas Valencias ni doctores tan profundos como Carlos Holmes Trujillo, serán sujetos como Luís Eduardo Gómez, aspirante fallido a la alcaldía de la Calera por el Centro Democrático en el año 2014, que no perdió ocasión en el paro agrario del 2013 de salir con Cesar Pachón en cuanta foto pudiera para posicionarse, así no movilizara un alma.
Este tipo de sujeto es el que la sociedad civil como actor político tendrá que deglutir en su corpus, y este es el tipo de sujeto que las bases de los movimientos sociales tendrán que vencer en los miles de debates que surjan desde los espacios de encuentros sociales y populares de las ciudades y los campos. Los movimientos, principalmente sus bases organizadas, tendrán la responsabilidad de disputar la posición sentada del ciudadano y, en último término, la voz que mayor peso tiene en un diálogo nacional. Esta responsabilidad histórica, no sólo constará en introducir propuestas que logren profundizar lo acordado, sino en convertirse en sí mismos en la representación real y coherente de todo el pueblo colombiano.
Como diría Pablo Catatumbo el día de ayer, luego del anuncio de los diálogos del ELN y de la alocución del Congreso de los pueblos sobre la necesidad de un Gran Diálogo Nacional:
¡Es la hora del Movimiento Social!
La opción y el reto que surge.
A pesar que la movilización se ha hecho presente en todos los rincones del país y ha tenido un fuerte impacto a nivel externo e interno, es prioritario que esta se multiplique y se mantenga cada vez más pujante y con un perfil más popular para poder torcer la balanza a favor de la creación de un mejor escenario de negociación. Las marchas del 5 y del 12 de Octubre convocadas por los estudiantes son ejemplo de la fuerza y del alcance que tiene implícito este tipo de llamado, pero también es muestra de que tales ejercicios, al momento actual, siguen desarrollándose en el espectro binomial de un SÍ y un NO que no convoca nuevos adeptos y que no profundiza en contenidos.
La tarea que surge de esta coyuntura , por una parte, exige un fuerte compromiso por parte de las y los militantes de las organizaciones de izquierda para construir y desarrollar verdaderas pedagogías de paz, que permitan aumentar las fronteras de la discusión a los grupos poblacionales de las ciudades que aún se encuentra ajenos a los contenidos y a la construcción de propuestas; por otra parte, el desarrollo de un diálogo social ampliado que vincule el grueso de organizaciones y movimientos que tradicionalmente no hacen parte de la discusión del conflicto social y armado contemporáneo, es decir, aquellas agremiaciones y gentes que pertenecen al agro minifundista y tradicional, que no son parte de la frontera agrícola y que han sido afectadas sustancialmente por la aplicación de los Tratados de Libre Comercio.
El desarrollo de un proceso de concienciación y de ampliación del espectro de incidencia que se estructure en el marco de un articulación política propositiva pone de presente la necesidad, en primer lugar, de acompasar las asintonías que generaron el surgimiento de las dos plataformas agrarias en el paro de 2013 [2] y, en segundo lugar, de desenraizar el movimiento de su sombra rural y de frontera, llevando la acción de agitación social hacia las ciudades y los barrios más populares. Esa tarea titánica, implicaría sincronizar demandas que hacen parte de momentos económicos y vitales diferenciados, y plantearía la necesidad de estructurar un nuevo espacio de encuentro en el cual la sociedad civil y los movimientos sociales puedan articularse para poder amplificar los acuerdos y gestar la creación de un espacio más general de construcción de paz a nivel nacional.
Aunque muchos conocemos la dificultad de realizar este tipo de diálogos por las distancias existentes entre las izquierdas de nuestro país, sería equívoco atribuirle la culpa total de la lejanía de las organizaciones campesinas que no son de frontera y del desconocimiento citadino, a ciertos sectores de la izquierda electoral que son bastante reacios a aceptar las causas históricas del conflicto. A decir verdad existe una culpabilidad compartida sobre esta problemática, cada una de las partes se ha encargado de viciar y desestimar la acción política del otro con el objetivo de vanguardizar la lucha popular y la transformación social.
Para superar esta condición y mostrarle al pueblo colombiano que la izquierda es más que el conjunto de intencionalidades fragmentadas, es necesario que los egos y diferencias de las organizaciones marxistas autoproclamadas se pongan de lado, para que se pueda construir una agenda conjunta que pueda profundizar las demandas y las posiciones de cada una de las organizaciones. Sería muy sugestivo que el MOIR dejara de hablar sólo de la reforma fiscal y las FARC únicamente de la refrendación de los acuerdos, y que un Robledo y un Timochenko construyeran de manera conjunta y pública una propuesta de reforma fiscal e impositiva para el posconflicto.
La tarea en las ciudades es mucho más grande y complicada. Parte de lo que se evidenció en los resultados del plebiscito, es que las ciudades intermedias y algunas de las grandes, como Medellín, están fuertemente absorbidas por el imaginario del enemigo internoconstruido por la seguridad democrática. Otro factor que dificulta aún más el trabajo en las ciudades, es que el fenómeno del neo-paramilitarismo representado por las bacrims se está insertando, cada vez con más fuerza, en las periferias y los barrios populares por el control del microtráfico. A pesar que la situación es bastante compleja, es esencial que se desarrollen espacios de participación y de construcción de propuestas ciudadanas en las urbes, replicando ejercicios como el que se ha desarrollando en el Park Way de Bogotá, pero con una impronta más popular, es decir, desde los barrios y con la gente, donde las lecturas y propuestas en torno a la paz se den no sólo desde el apoyo sino desde las mismas contradicciones vitales que viven los habitantes urbanos más golpeados por el capitalismo.
El momento actual amerita un proceso de diálogo social ampliado y la construcción de un frente popular, que permita revitalizar y disputar el conjunto de sentires indecisos y desinteresados por medio de la razón y a partir de la apertura de escenarios de democracia directa. La cohesión del país social vía acción política (dividido entre un centro y una periferia imaginada e impuesta por los de arriba) se plantea como el vehículo perfecto para este propósito.
Ahora pues, contemplar la posibilidad de desarrollar un Frente Único Popular que afronte la realización de un Gran Diálogo Nacional y que jalone la estructuración de la participación de la sociedad civil, pasa innegablemente, por la conformación de un diálogo interinsurgente donde se coordinen activamente los mínimos para la negociación conjunta con el Estado y las oligarquías, con el objetivo que los sentires de dicho espacio sean tenidos en cuenta y encuentren eco importante en la composición de este nuevo espacio de negociación nacional.
Este llamamiento al diálogo social y popular, encaja de manera perfecta con la apertura de la fase pública de conversaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional que fue anunciado el martes de esta semana en las horas de la tarde y que se oficiará a partir del 27 de octubre del presente mes. Es claro que uno de los puntos sustanciales dentro de este nuevo diálogo es la necesidad de la participación de la sociedad civil y del conjunto de movimiento sociales y populares que se encuentra desperdigados por todo el país.
Notas
[1] Que no parecieran tenerla.
[2] Cumbre Popular Agraria y Dignidades Campesinas.
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