Las mujeres van a buscar en la clandestinidad abortos seguros y abortos no seguros y esa es la realidad en Costa Rica. El punto es que las mujeres tengan derecho a decidir qué hacer ante un embarazo no deseado.
«¿Se puede pronunciar un cuerpo como se define un territorio?
El cuerpo no responde al orden de las convenciones
ni al de las cosas
se pronuncia en verbo
y se llama lucha»
(Documental «Clandestinas»)
Se habla poco de mujeres con embarazos inviables, a las que se deja sufrir horriblemente. De mujeres obligadas a parir el recuerdo desdichado de su violación. De las niñas embarazadas por incesto, que deben parir bebés producto de la violencia sexual. El tema del aborto en Costa Rica es un problema de injusticia social y de derechos humanos.
Según la segunda Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2015, un 49,8% de los embarazos en el país son no deseados. ¿Qué hacen las mujeres en Costa Rica ante esta realidad?En Costa Rica desde 1970 el artículo 121 del Código Penal establece una excepción para que se pueda interrumpir el embarazo cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre. Según dicho artículo: «No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios».
Sin embargo, el Gobierno aún no firma esa norma técnica que permitiría la aplicación de este artículo. Las preguntas son: ¿Qué contiene la norma técnica? ¿Qué dice y quién la redactó?
Soledad Díaz Pastén, médica obstetra e integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir, explicó:
En el 2015 se creó una comisión liderada por el Ministerio de Salud, como respuesta a los casos de Ana y Aurora y como producto del proceso amistoso entre el Estado costarricense y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa comisión redactó un borrador del documento y se le entregó al Gobierno de Luis Guillermo Solís; el cual no movió el proceso.
Ana y Aurora son dos mujeres demandantes que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 luego de que se les negara la interrupción del embarazo, pese a que se puso en riesgo su salud y vida.
Heidy Valencia, del Movimiento Aborto Legal Costa Rica, comentó: «Nos parece, desde el Movimiento, que es una barbaridad que tal norma técnica no haya sido dada a conocer a las compañeras feministas que desde hace muchos años hemos estado luchando por ella. Y hacemos una exigencia bastante clara: Que esta norma técnica debe tener los más altos estándares de derechos humanos y médicos, que necesitamos saber con precisión en qué casos es que se va a aplicar el aborto impune, y cómo van a proceder los centros de salud porque necesitamos que sea un derecho que esté realmente garantizado».
¿Qué hacen las mujeres en Costa Rica con un embarazo no deseado?
Según la segunda Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2015, un 49,8% de los embarazos en el país son no deseados.
Heidy Valencia se refirió: «Creo que todas conocemos al menos a alguien que se ha practicado un aborto y que, al no ser el aborto legal, pues es en condiciones de clandestinidad. Si hay algo que es un hecho y una realidad es que si la mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo lo va a hacer de la manera que sea. Va a ser yendo a una clínica privada, si tiene los recursos, o afuera del país. O va a ser en condiciones todavía más deplorables, más riesgosas, como ha sido -y hay que decirlo así porque es brutal-, con un gancho, con un paraguas, con cualquier tipo de objeto introducido en la vagina para tratar de evitar este embarazo no deseado. De manera que no sabemos cuáles son las redes clandestinas que puedan existir y cómo pueden también lucrar a partir de la ilegalidad y las condiciones en las que se practican, que probablemente sean condiciones en donde no hay acompañamiento. Justamente por eso el tema no es ‘aborto sí o aborto no’; el tema es ¿aborto legal o aborto clandestino?»
Soledad Díaz, por su parte, añadió: «Yo hablo de abortos inseguros y de abortos seguros porque el aborto puede ser clandestino pero puede ser seguro. Esa también es una cuestión importante a tener en cuenta. La pregunta que surge es ¿qué hacen las mujeres en Costa Rica con un embarazo no deseado? Las mujeres cuando van a abortar es que van a abortar y van a buscar en la clandestinidad abortos seguros o abortos inseguros. Y también eso está cruzado, obviamente, por la clase social y los recursos. Lo más cercano que van las mujeres que salen del país es a Colombia, que está a dos horas y media, y México, que está un poquito más allá. Esa es la realidad. Claro que pasan cosas porque hay un 50% de mujeres que no esperaban ese embarazo».
Díaz señaló: «También sabemos que aquí en Costa Rica, comparándola con el resto de países centroamericanos, hay una mayor posibilidad de que las mujeres tengan un aborto clandestino seguro. No vamos a negarlo. Hay un medicamento que se usa y muchas mujeres tienen acceso a ese medicamento. Lo que decimos desde la Colectiva es que el aborto es un problema de injusticia social, de derechos humanos y de falta de democracia porque el aborto debiera ser legal y la discusión aquí no es ‘aborto sí o aborto no’; la discusión es que las mujeres tengan derecho a decidir qué hacer ante un embarazo no deseado».
Díaz afirmó que las mujeres no reciben información en los centros de salud sobre el artículo 121 porque eso tampoco se nombra. «El personal de sald se queda en que el aborto es ilegal en Costa Rica. Eso es cierto; pero existe una figura impune. Obviamente si las mujeres no conocen de sus derechos; tampoco van a exigirlos».
Existe perdón judicial para la mujer que cause su propio aborto en casos de violación
En Costa Rica, el aborto realizado cuando el embarazo es producto de una violación es un delito. Pero al mismo tiempo, el artículo 93 del Código Penal establece la figura del perdón judicial para la mujer que cause su propio aborto en casos de violación. Además, el Código Penal y la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, consideran el embarazo como un agravante del delito de violación.
Casi nadie conoce ese artículo, declaró Díaz. «Si no se conoce; nadie lo va a exigir»
Valencia aclaró que a las mujeres violadas se les condena socialmente y no están pudiendo acabar con un embarazo producto de ese nivel brutal de violencia.
«Primero, creo que no es necesario explicar por qué una violación es sumamente violenta; es ejercer un poder, un control sobre el cuerpo de las mujeres, tal como ha sucedido históricamente. Segundo, estamos en una cultura de la violación; es totalmente permisiva y de cierta manera la sociedad da el aval para que las mujeres sean violadas, por eso mismo es que son cuestionadas cuando van a poner sus denuncias, incluso preguntándoles cuál es la ropa que vestían. Estamos hablando de una cultura sumamente violenta, machista, patriarcal», criticó Valencia.
Hay quienes muy rápidamente ofrecen la alternativa que tienen las mujeres de dar en adopción a ese ser, que es producto de una violación.
Para Valencia, esto tiene que ser una decisión de la mujer. «Si la mujer desea continuar su embarazo, tenerlo y darlo en adopción pues es su decisión; pero no podemos obligar a las mujeres a que tengan un embarazo no deseado producto de una violación. Estamos hablando de muchísimo riesgo a nivel psicológico, de trauma, de exponer a las mujeres a un proceso que les va a generar secuelas, que no sabemos cómo se van a poder resolver».
«Las condiciones legales para la adopción en Costa Rica son una burocracia enorme, independientemente de si la mujer fue violada o no. Por lo tanto, esa no es tampoco una solución para las mujeres. La violencia, el trauma que viven las mujeres altera demasiado la vida mental y emocional», subrayó Díaz.
Alrededor de 500 niñas qedan embarazadas cada año en Costa Rica
Hablemos de los casos de incesto y de menores de edad que quedan embarazadas. Legal y socialmente se considera que todo embarazo en niñas es resultado de una violación y que las niñas tienen el derecho de no ser madres. Pero el Estado no demuestra coherencia ni facilita las condiciones para evitar los embarazos en niñas.
Según el Gobierno, 14 mil adolescentes quedan embarazadas cada año. Cifras del Poder Judicial señalan que en el 2015 se reportaron 6.800 delitos sexuales, 2.600 contra personas menores de 18 años. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 500 niñas quedan embarazadas por año.
Valencia indicó que estas niñas que fueron violadas por sus padres o alguien más, generalmente cercano a la familia, no tienen ninguna posibilidad de decidir. No tienen esa opción de decir «yo no deseé este embarazo, fui agredida, fui violada y quiero interrumpir mi embarazo».
Recordemos algunos de estos casos de niñas que quedaron embarazadas y no se les dio la opción de interrumpir su embarazo. ¿Cómo terminaron?
Uno fue el caso de Rosa, niña migrante nicaragüense de 9 años, que tuvo que volver a Nicaragua para que se le practicara el aborto terapéutico allá, cuando todavía estaba contemplado en la legislación de ese país.
Nombrada como «Rosa», a fin de proteger su identidad, la menor fue violada por un campesino de 20 años en un cafetal, en Turrialba, en el 2003.
«En aquel momento la niña tuvo esa posibilidad fuera de Costa Rica; el Estado costarricense no pudo garantizarle ese derecho. Por eso es una deuda histórica con las mujeres, con todas estas niñas, que tras sufrir ese nivel brutal de violencia, no tienen la opción. En muchos casos esas niñas que aún sn infantes, deen de manera obligada asumir la maternidad. Muchas son niñas en situaciones de pobreza, de clases socialmente oprimidas donde se da todo un círculo de feminización de la pobreza, de manera que se reproduce la violencia contra las mujeres de manera estructural», fustigó Valencia.
No se está reconociendo su derecho a ser niñas, dijo Díaz. «Una niña lo que tiene que hacer es estudiar, jugar; no jugar con un bebé de verdad que le apareció en la vida. Generalmente estas niñas vienen de clases oprimidas donde les rodea la pobreza y por lo general vuelven a quedar embarazadas porque no hay otra opción de vida, porque no siguen la escuela, ni el colegio».
«Hay que mirar cómo la religión católica, pensando que es la religión del Estado, tiene un impacto absolutamente fuerte en la vida de estas niñas. Si recordamos el caso de la niña Rosa, lo que decían los medios, el PANI [Patronato Nacional de la Infancia], la Conferencia Episcopal Costarricense, era terrible. Cuando la niña tuvo su interrupción en Managua ya tenía casi 19 semanas de embarazo [más de 4 meses[«, añadió Díaz.
Las propuestas y demandas de las organizaciones de mujeres
Soledad Díaz expresó: «Nosotras en la Colectiva también soñamos con que alguna vez en la vida el aborto sea legal y libre y que las mujeres puedan tomar decisiones con relación a un embarazo no deseado, sexualidad y reproducción; pero, como dicen las compañeras psicólogas, hay un principio de realidad, que es el gobierno actual, que ha llegado a unos acuerdos en los que se vulneran los derechos de las mujeres en temática de salud sexual y reproductiva. Hoy la exigencia es conseguir la norma técnica, que es la que le va a dar certeza juríica y técnica al personal de salud; pero no es sólo eso. Después viene el diseño de protocolos».
En el 2009 la Colectiva trabajó con la Asociación Demográfica Costarricense y la Caja Costarricense del Seguro Social y diseñaron unos protocolos; las guías técnicas para la interrupción terapéutica del embarazo, que estuvieron a punto de ser aprobadas.
El Movimiento Aborto Legal Costa Rica plantea la necesidad de organizarse cada vez más para ampliar y plantar una campaña nacional, que consiste en un debate y una lucha para convencer a la sociedad desde nuestros espacios de estudio, de trabajo de que las mujeres tenemos derecho a decidir. Y por lo tanto debemos ir avanzando, no sólo en garantizar la norma técnica para que realmente se logre aplicar el aborto impune, sino también con el aborto libre, legal, seguro y gratuito, que ya es una demanda del movimiento de mujeres a nivel internacional. Es hora de romper con ese silencio y con ese tabú sobre el aborto.
El Gobierno ha evadido la solicitud de organizaciones y colectivos feministas de avanzar en el texto de la norma técnica. Las mujeres volverán a salir a las calles el próximo viernes 28 de setiembre en horas de la tarde, para exigir que se respete el derecho a decidir.
