Las distintas leyes de reforma del sistema de Seguridad Social en lo relativo a pensiones, han supuesto una progresiva merma de ingresos en la caja común, la llamada «hucha», en lugar de garantizar la consolidación de nuestro sistema público, universal y solidario; como nos aseguraban era su objetivo. El Gabinete de Estudios de la Confederación […]
Las distintas leyes de reforma del sistema de Seguridad Social en lo relativo a pensiones, han supuesto una progresiva merma de ingresos en la caja común, la llamada «hucha», en lugar de garantizar la consolidación de nuestro sistema público, universal y solidario; como nos aseguraban era su objetivo.
El Gabinete de Estudios de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha elaborado un informe sobre la situación actual del sistema público de pensiones, con el fin de conocer cuál es su situación, qué medidas han provocado su cacareada inviabilidad y cómo pueden mantenerse y mejorarse dichas pensiones públicas.
Según el mencionado estudio: «La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada con todas las fuerzas políticas y los sindicatos CC.OO y UGT, junto a la Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del sistema de Pensiones de la Seguridad Social, han supuesto: la primera, una rebaja media en torno al 20%, mientras que la reforma del 2013 sumará una pérdida adicional del 15% por la reducción de la pensión media nominal tras la jubilación. A pesar de estas rebajas significativas y, en consecuencia, de un menor gasto, las cuentas de la Seguridad Social (que tienen presupuesto propio) vienen reflejando déficit contable (ingresos / gastos) a partir del 2011, situándose a finales del 2015 en 16.707 millones de euros.»
En cuanto a la paulatina descapitalización de la Seguridad Social, el estudio de CGT señala: «El que se haya tenido que tirar del Fondo de Reserva (la llamada «hucha» de las pensiones), no obedece sino a la grave caída de los ingresos vía cotizaciones (empresariales y de los trabajadores), a los mayores gastos del Estado al tener que abonar las cotizaciones en situaciones de desempleo (el cual se incrementó de manera espectacular a partir del 2011 y hasta el 2013), a los menores ingresos por cotizaciones dada la devaluación masiva de los salarios que se pagan a los nuevos contratos a partir de la reforma laboral del 2012 y al mayor gasto de los pensionistas que acceden a la situación de jubilación en estos años, donde se han producido numerosas prejubilaciones y jubilaciones anticipadas mediante EREs pactados».
Para la CGT, los factores que explican el camino hacia el desmantelamiento del sistema público de pensiones son:
1.- En primer lugar nos encontramos que la gran destrucción de puestos de trabajo, las horas extraordinarias no pagadas (y en consecuencia no declaradas ni cotizadas) y los contratos precarios, suponen una minoración de ingresos de 32.966 millones de euros.
2.- El mercado de trabajo: el empleo nuevo que se genera, sus salarios por debajo de los 750 € y las cotizaciones de éstos, ha entrado en una dinámica que sitúa en tasas negativas los ingresos respecto a los gastos. Es decir, La Seguridad Social ingresa casi 2 puntos menos de lo que se gasta en prestaciones, mensualmente. Las tarifas planas y las exenciones de cotización empresarial hasta los 500 euros, además de las bonificaciones a la creación de empleo, provocan que se deje de ingresar otros 1.500 millones de euros.
3.- La otra gran sangría es el mantenimiento de los topes máximos de cotización y las rentas salariales que se exoneran de cotizar, lo que representa la friolera de 26.775 millones no ingresados por el sistema público.
4.- Y, en el mismo sentido conservador de todos los gobiernos, tenemos la no equiparación de las bases medias de cotización entre el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y el Régimen General, que sustrae otros 7.000 millones.
5.- Las subvenciones por bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social han supuesto 21.106 millones de ahorro a las empresas, a cambio de crear empleos precarios, inestables y baratos.
6.- El recorte en la Ley de Dependencia ha supuesto, en cuatro años, desde que el PSOE «despidió» a cientos de miles de cuidadoras/es, la pérdida de 4.109 millones de euros en cotizaciones.
Ante este terrible panorama social, la CGT llama a toda la clase trabajadora; a las personas actualmente pensionistas y los millones que accederán a una pensión antes o después, a asumir la obligación moral y material de impedir que nos sigan robando y desposeyendo de este derecho esencial para una vida plena: la pensión pública suficiente. Según la CGT uno de los derechos fundamentales es la pensión pública, con una cuantía digna y a una edad que permita a los jóvenes incorporarse al trabajo sin tener que emigrar. Creemos que con más empleo de calidad y con salarios dignos, entrarán más cotizaciones en esa «hucha» que las políticas neoliberales están vaciando para obligarnos a suscribir un plan de pensiones privado que, la mayoría, no podemos pagar con los sueldos-basura actuales.