El punto cuatro de ambas versiones del Acuerdo Final de Paz trata el tema de las drogas, y los cultivos ilícitos. El tema no ha recibido tanta atención ni discusión como los otros puntos. Pero vale la pena mirarlo, pues si Colombia cambia como resultado de este proceso, uno de los aspectos donde se puede […]
El punto cuatro de ambas versiones del Acuerdo Final de Paz trata el tema de las drogas, y los cultivos ilícitos. El tema no ha recibido tanta atención ni discusión como los otros puntos. Pero vale la pena mirarlo, pues si Colombia cambia como resultado de este proceso, uno de los aspectos donde se puede medir fácilmente el progreso sería en este punto.
El acuerdo sobre cultivos ilícitos enuncia varios propósitos loables para la sociedad colombiana y el mundo entero.
Aspiramos a un país sin narcotráfico, que debe ser un propósito mancomunado de todos y todas e implica transformaciones en el ámbito político, institucional y de la sociedad en general con el fin de consolidar una cultura basada en valores contra el narcotráfico y el lavado de activos…
Aquí se nota una de las primeras confusiones ¿quieren un país sin narcotráfico o sin consumo de drogas ilícitas? Pues son lo mismo. Cómo Antonio Escohotado demuestra en su obra maestra Historia General de las Drogas, el consumo de las drogas viene de antes de los tiempos paganos y se consideran todavía un don divino. [1] Todos los pueblos, según Escohotado tienen sus drogas sagradas que luego de un tiempo pasan a ser de consumo cotidiano y por fuera de las ceremonias religiosas o sociales donde iniciaron su camino entre nosotros. Dos de las drogas más famosas que comenzaron su carrera como sagradas son el alcohol (particularmente el vino) y el tabaco. El narcotráfico es el resultado de otro fenómeno, que algunas drogas que eran legales, hoy son perseguidas, tal como el opio y sus derivados y la hoja de coca y sus derivados. Su ilegalización, nada tiene que ver con cuestiones de salud pública sino con los intereses geo-estratégicos de los países del norte, particularmente, aunque no exclusivamente los EE.UU. (tal es el caso de opio) y cuestiones de competencia entre empresas o industrias grandes como es el caso de la cocaína, y la marihuana. [2] Así si lo que les interesa erradicar es el narcotráfico, pues legalizando las drogas se erradica el tráfico ilegal de drogas.
Siguen apuntando a una perspectiva prohibicionista, aunque con un enfoque de responsabilidad compartida, la vieja consigna de Francisco Santos cuando era el vice-presidente de Uribe. En el punto 4.3.5 piden una conferencia internacional sobre las drogas donde » El Gobierno Nacional promoverá en ese espacio una discusión sobre los compromisos y responsabilidades y en general la responsabilidad compartida entre países productores y consumidores a la hora de enfrentar el problema.» (énfasis fuera del original). No hay ningún punto donde se plantea siquiera una discusión sobre la legalización, aunque sí se habla de evaluación objetiva de la lucha contra las drogas, que se podría interpretar como algo que incluye un replanteamiento del problema y el marco penal. Pero no es explícito y por lo tanto no formará parte de la política oficial del Estado después de la desmovilización de las FARC.
Este punto contiene mucha hipérbole y además ignora por completo el régimen jurídico real que rige en materia de drogas a nivel internacional.
El primer punto es que no habla de cultivos ilícitos sino de cultivos de uso ilícito y esa confusión se debe a la influencia de las ONG quienes nunca querían reconocer el papel de la ONU en la fumigación y la persecución de la hoja de coca. El tratado internacional que rige en la materia es la Convención Única de 1961. Dicha convención habla de cultivos ilícitos y exige, en su artículo 22 No1, la erradicación total de la hoja, incluyendo las matas silvestres. Lo que prohíbe es la hoja de coca y sus derivados. Para la ONU (los mismos señores que las ONG y las FARC nos prometen velarán por la paz y bienestar en Colombia), el cultivo como tal es ilícito.
Las FARC y el gobierno también acordaron:
Que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan. (énfasis fuera del original).
Dicho reconocimiento de los usos ancestrales, no obstante el fallo del Consejo de Estado, no existe. En 2015, el Consejo de Estado falló con sentido común sobre los usos tradicionales y la venta de productos que contienen la hoja de coca (pero no cocaína) fuera de los resguardos, [3] pero va en contravía de los tratados internacionales firmados por Colombia. La Convención Única en el artículo 49 afirma categóricamente que «La masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención». Claro, no lograron poner fin a los costumbres indígenas y hoy en día no lo han descartado, pues los gobiernos se han opuesto a las reformas de la Convención Única. Simplemente existe una suspensión tácita de ese artículo, dejando esa pelea para un futuro cuando el narcotráfico se haya eliminado o reducido significativamente.
El otro punto es que hablan de usos » para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan.» Está bien, no sólo nadie debe oponerse a eso, sino ya está reglamentado por la misma Convención Única y la Jefatura Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la entidad de la ONU encargada del tema. Cada año la JIFE autoriza la producción de opio y hoja de coca para usos medicinales y regula su suministro y transporte a nivel mundial. Es decir, eso ya está autorizado, pero Colombia no es uno de los países donde se puede cultivar coca con esos fines, pero Bolivia y Perú sí lo son. Tendría más sentido, simplemente pedir que Colombia sea uno de los países autorizados para la producción lícita. Claro eso no quiere decir que el que quiera puede sembrar, sino la JIFE autoriza el país, y luego se determina en que regiones y además las cantidades de coca y de cocaína que se pueden producir. Por fuera de este debate quedan los usos tradicionales medicinales, pues los términos medicinales y científicos no están definidos y hay cierta margen de maniobra en este punto, aunque a la hora de exportar dichos productos, necesitarían la autorización de la JIFE, algo que no ocurría. El uso medicinal tradicional estaría limitado al país. Es por eso, que la legalización de la marihuana medicinal en algunas partes de los EE.UU. no ha significado mayor problema para el gobierno gringo, pues se legalizó el uso medicinal y no existe tráfico legal de los productos más allá de las fronteras internas de cada estado y por supuesto no existe ni está permitido por la legislación el tráfico internacional.
Existen unos aspectos positivos como el reconocimiento del consumo de drogas como un problema de salud pública y dentro de eso, abogan por la reducción de daños. El tema de reducción de daños, es algo muy discutido en muchos países, pero no en Colombia. No sabemos hasta qué punto las FARC lo entienden, pero podemos estar seguros que Santos y De la Calle, no tienen la menor idea. Pues, la reducción de daños, incluiría cosas como el intercambio de jeringas usadas por limpias con el fin de reducir el contagio de VIH, hepatitis C y otras enfermedades transmitidas por el intercambio de líquidos corporales., incluiría la disponibilidad de jeringas limpias y nuevas en las cárceles, pipas, educación frente a las drogas, lugares seguros donde los toxicómanos pueden tomar sus drogas, tratamientos y diagnósticos oportunos de VIH y Hepatitis C y reparto gratuito de condones entre los trabajadores sexuales. Teniendo en cuenta el país que tenemos, donde la salud es un lujo, donde el alcalde nuevo de Bogotá cierra todos los programas sociales y de medicina para las poblaciones marginadas, ¿alguien toma en serio estas loables declaraciones? Lo más seguro es que como eso forma parte del debate internacional a alguno de los asesores le parecería buena idea meterlo, sabiendo que jamás iban a cumplirlo, pero de pronto serviría como referente en el debate respecto a la producción y el creciente consumo de drogas en Colombia. Las políticas de reducción de daños, generalmente marcan un cambio hacia regímenes menos prohibicionistas.
Sin embargo, este punto del Acuerdo Final sigue siendo prohibicionista, no sólo por las declaraciones generales que se hace frente al narcotráfico sino por las propuestas concretas que contiene para los campesinos. Primero proponen alternativas a la coca dentro del marco de las propuestas rurales en el punto 1, propuestas que nada de bueno tienen para el campesinado y como se analizó en otro artículo, representan el triunfo del agro-negocio, es decir los capitalistas e inversionistas agrarios sobre los campesinos. [4] Esos proyectos no quitarán la necesidad económica de los campesinos y lo más probable es que vuelvan a sembrar coca y amapola y podemos estar 100% seguro que la suspensión de la acción penal en su contra de dos años propuesta en el artículo 4.1.3.4 no les basta. Pero el problema no es tiempo, sino que esa visión prohibicionista sigue vigente. Tanto que el uribismo aprovechó esa visión de las FARC y el gobierno (valga recordar que el Acuerdo es de los dos, y no sólo de una de las partes) e insertó las siguiente perlas en la nueva versión.
Primero redujeron el tiempo de dos años a uno, algo que puede molestar a los hinchas del proceso pero si aceptamos la visión prohibicionista y la persecución de los campesinos, pues la diferencia entre un año y dos es una cuestión técnica y no de fondo como debe ser. Pero el más grave es lo siguiente que aparece en la página 101 de la nueva versión.
Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Todo ello debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición (énfasis fuera de lo original).
Es decir, los campesinos cultivadores de coca y los raspachines tendrán que comparecer ante la JEP para contar todo. Se criminaliza a todos los que hayan tenido relación con cualquier eslabón, y eso va desde las mujeres que cocinan comida para los raspachines hasta los generales hoy día detenidos. Escucharemos al liberal izquierdoso decir que no nos preocupemos que eso está pensado para los contadores etc. Valga recordar que esa perla la escribieron Uribe y sus secuaces, personas rodeadas de contadores, generales y abogados corruptos. Entre sus filas hay más de un criminal de esta naturaleza ya condenado. ¿Realmente quieren que nos traguemos ese sapo crudo? Aquí tenemos otro mecanismo de perseguir al campesinado y de pronto quitar la tierra a los que no comparecen ante la JEP.
Una visión prohibicionista que golpea al campesino y no cambiará para nada las reglas del narcotráfico. Ausente del Acuerdo Final es cualquier propuesta de revisar la Convención Única y demás tratados internacionales, como han propuesto muchos académicos y organizaciones sociales, aunque alude a ellas sin tener el coraje de decirlo claramente. Pudieron proponer la despenalización del consumo de drogas (que no es lo mismo que la legalización ni la dosis mínima). Serían propuestas mínimas, pero no. La única incógnita de este episodio es exactamente cual droga estaban fumando las FARC cuando acordaron eso.
[1] Escohotado, A. (2004) Historia General de las Drogas, Madrid: Espasa Forum.
[2] Para mayor información véase Bewley-Taylor, D.R, (1999). The United States and International Drug Control 1909-1997, London: Pinter.
Bertram et al (1996). Drug War Politics: The Price of Denial , London: University of California Press.
Boville Luca de Tena, B. (2000). La Guerra de la Cocaína, Madrid: Editorial Debate.
[3] El Tiempo (22/06/2015) Avalan consumo y comercialización de productos con hoja de coca www.eltiempo.com
[4] Véase http://www.elsalmon.co/2016/11/renegociando-el-acuerdo-el-silencio-de.html
(*) Para réplicas y contra réplicas: [email protected]
(**) Artículo publicado en el Desove N° 27 de la Revista El Salmón. Disponible: https://issuu.com/elsalmonurbano/docs/el_salmon_n.27_versi__n_final_dic_2
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