Es indiscutible que el 2016 fue un año significativo en la historia colombiana, porque la guerrilla de las FARC firma un acuerdo de dejación de armas y pasan a convertirse en una organización política legal, y, este hecho le permite al presidente Santos obtener el premio Nobel de paz. A pesar de lo anterior, en […]
Es indiscutible que el 2016 fue un año significativo en la historia colombiana, porque la guerrilla de las FARC firma un acuerdo de dejación de armas y pasan a convertirse en una organización política legal, y, este hecho le permite al presidente Santos obtener el premio Nobel de paz.
A pesar de lo anterior, en el país se mantienen las mismas condiciones de explotación, empobrecimiento, exclusión, persecución y eliminación política; marginamiento y criminalización social; depredación ambiental y ecológica; entrega de la soberanía y de los bienes públicos a los intereses extranjeros; es decir, persisten las causas que originaron y exacerban el conflicto social y armado. El régimen se mantiene intacto y la guerra estatal sigue con toda su intensidad, ensañándose contra el pueblo.
Con el Ejército de Liberación Nacional, se ha adelantado un proceso diferenciado al de FARC y después de muchos incumplimientos y dilaciones del gobierno, finalmente el 30 de marzo de 2016, se hace el anuncio de la terminación de la fase confidencial, se dan a conocer los seis puntos del Acuerdo de Agenda y se anuncia el pronto inicio de la fase pública.
A los pocos días, el presidente Santos, plantea en los medios de comunicación la exigencia unilateral de liberar los retenidos, que no se pactó en las negociaciones formales entre las partes, congelando así la posibilidad de iniciar la fase pública.
Es claro que el gobierno trata de establecer condicionamientos, que impidan la realización de lo concertado bilateralmente, manipulando versiones ante la opinión pública e incumpliendo lo pactado. En últimas, Santos sigue optando por una táctica de dilatar, desgastar e incumplir, para renegociar lo acordado.
Para el Ejército de Liberación Nacional, el proceso que estamos adelantando no es de sometimiento o imposiciones unilaterales, sino de buscar aproximaciones, construcción mutua y concertada con la sociedad, con el propósito de acordar los cambios, que nos permitan construir un proceso de paz justo.
El 6 de octubre, se acordó la realización de liberaciones humanitarias, hechas por las dos Partes, con el fin de crear un clima, que permitiera instalar la fase pública de conversaciones.
Sabemos que consideraciones de fondo sobre la naturaleza y el alcance del delito político y sus conexos, son temas de la Fase pública de conversaciones; razón por la cual, las liberaciones y los indultos pactados, son previos y ocurrirán como gestos de voluntad política de las Partes según lo acordado.
Para concretar los indultos, nuestra delegación postuló, inicialmente, dos compañeros condenados por retenciones, los cuales fueron rechazados por el gobierno, argumentando las limitaciones que impone la Ley 418 de 1997; posición con la cual se pretende restringir el concepto amplio del delito político y sus acciones conexas. El gobierno propone indultar a prisioneros políticos que hayan sido condenados sólo por rebelión simple y ya estén próximos a cumplir la pena.
Las retenciones son acciones políticas y económicas ejecutadas por el Ejército de Liberación Nacional a personas, que aunque civiles, forman parte del conflicto, pues no sólo financian o apoyan la guerra en algunas zonas del país, sino que, en muchos casos, su patrimonio se ha consolidado mediante la explotación del personal a cargo, la extracción indebida de recursos naturales o el aprovechamiento del manejo corrupto de los bienes del Estado.
Los beneficios económicos obtenidos en el caso de una retención, no van a parar a las arcas personales o propias de quienes directamente la ordenan o ejecutan, sino que llegan como recursos centralizados al ELN y son, por consiguiente, utilizados para financiar la rebelión. Esta conducta excluye, entonces, la tipificación del delito de secuestro, que para la legislación colombiana, debe haber «provecho lucrativo con fines expresamente individuales».
Es evidente que al gobierno no le conviene abrir la Mesa Pública con el ELN, porque eso significa darle la palabra a la sociedad y permitir que sea el pueblo quien defina cuáles son los principales problemas, que se deben discutir y cuáles deben ser las soluciones para construir la paz.
El Ejército de Liberación Nacional asume que lo concerniente a los temas de Justicia, delitos políticos y conexos, serán parte de un debate que ha de involucrar a toda la sociedad y no sólo a los actores del conflicto armado. Por tanto, invita a la sociedad, a los demócratas, a los juristas, a los colectivos defensores de presos políticos, a las organizaciones no gubernamentales, a las universidades, a los organismos de Derechos Humanos, a pronunciarse y participar de estas reflexiones.
También, extendemos el llamado a todas las colombianas y todos los colombianos, para que hagan suya esta Fase Pública de conversaciones, asumiendo su propio protagonismo y abriendo un nuevo escenario de participación política, para que podamos transitar hacia otro país, donde la paz se traduzca en transformaciones palpables de vida digna, justicia, soberanía y alegría para todas y todos.
Fuente original: http://www.eln-voces.com/index