El 24 de diciembre de 2016 en el casco urbano del municipio de Pelaya – Cesar, fueron capturados los campesinos JOSÉ ÁNGEL LINDARTE de 49 años de edad, desplazado y tesorero de la Junta de Acción comunal de la Vereda Singararé del municipio de Pelaya y REINEL PAYARES de 40 años de edad, también desplazado […]
El 24 de diciembre de 2016 en el casco urbano del municipio de Pelaya – Cesar, fueron capturados los campesinos JOSÉ ÁNGEL LINDARTE de 49 años de edad, desplazado y tesorero de la Junta de Acción comunal de la Vereda Singararé del municipio de Pelaya y REINEL PAYARES de 40 años de edad, también desplazado y padre de tres hijos menores de edad. Ambos pertenecen al Movimiento de Trabajodorxs, Campesinxs y Comunidades del Cesar -MTCC-, adscritos al Coordinador Nacional Agrario -CNA-.
Fueron privados de libertad en horas de la tarde por hombres armados de civil en el momento en que se dirigían hacia sus lugares de residencia para celebrar la navidad en familia. JOSÉ ÁNGEL fue abordado por miembros de la Dijín que se movilizaban en una camioneta Blanca 4×4 de platón, quienes le apuntaron con armas de fuego y amenazaron a un familiar que lo acompañaba.
Simultáneamente, mientras REINEL PAYARES, se encontraba en un almacén de Pelaya comprando vestuario para su hija, fue capturado. No se le permitió llamar a su compañera para informarle el hecho y hacerle entrega de la menor, quien permaneció extraviada por 45 minutos cuando fue entregada en la Estación de policía, a la madre, en un evidente estado de alteración sicológica por lo ocurrido con su padre.
A los campesinos les imputaron los delitos de Rebelión, Terrorismo y Concierto para Delinquir, tras señalamientos de pertenecer al Ejercito de Liberación Nacional – ELN y de haber supuestamente participado en la quema de una maquinaria de propiedad de la empresa Gecolsa, contratista de la concesionaria Ruta del Sol, ocurrida el 2 de diciembre de 2016.
La investigación es adelantada por la Fiscalía 47 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo con sede en Valledupar, en cabeza de Cesar Augusto Tibamoso Flechas, responsable también de la detención de varios campesinos de la región, entre ellos, 8 ciudadanos del Corregimiento de los Estados Unidos del Municipio de Becerril, bajo similares cargos. Funcionario que además orgullosamente exhibe las condecoraciones que le han sido entregadas por la X Brigada del Ejército, haciendo gala de una escasa imparcialidad que en teoría debe caracterizar a quien se le confieren facultades para solicitar la detención preventiva de lxs ciudadanxs en Colombia.
Después del encarcelamiento de JOSÉ ANGEL y REINEL, los militares han difundido la versión de que existe una lista de cuarenta personas con orden de captura, entre esos, mencionan al dirigente campesino TRINO RAVELO y otros líderes comunitarios.
Las comunidades campesinas que habitan en las veredas de la parte alta y baja del municipio de Pelaya, organizadas en el MTCC, se han opuesto a la explotación petrolera y al diseño de la carretera de doble calzada denominada como la Ruta del Sol, por cuanto origina graves daños ambientales. En el 2016 realizaron varias jornadas de protesta como única alternativa para que sus exigencias fueran escuchadas.
En respuesta, miembros del Batallón Energético y Vial No. 3 vienen realizando permanentes empadronamientos en las vías que conducen del casco urbano de Pelaya a la parte alta de la cordillera. Quien transita por las mismas es registrado en libros de control militar, e indagado por el número de integrantes de la familia, trabajadores de su finca, además de ser fotografiados. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y zozobra en el campesinado de la región.
Durante la visita de verificación realizada por el Equipo Jurídico Pueblos el 4 de enero de 2016 a la zona rural de Pelaya, las comunidades denunciaron que el Ejército Nacional viene realizando retenes en los que revisan la cantidad de mercado que transportan y filman en sus celulares a los campesinos.
El 3 de enero de 2017 en la vereda Santa Ana de Pelaya, un dirigente que ha estado liderando procesos de recuperación de tierras, fue fotografiado junto con su hija mientras que miembros del Ejercito Nacional registraban sus datos personales. Los campesinos denunciaron que el comandante del Ejercito apostado en esta vereda posee los nombre de todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la región, igual situación sucede en la región del Catatumbo en Norte de Santander.
Esta región del departamento del Cesar ha sido históricamente reprimida por el Estado colombiano. Las comunidades manifiestan profunda preocupación, porque identifican que el empadronamiento militar siempre ha precedido a las detenciones masivas (como viene ocurriendo) o el asesinato de sus habitantes. Entre 1995 y 2005, el paramilitarismo, con la anuencia del Ejército Nacional, cobró una cifra alta de víctimas de tortura, desaparición forzada y homicidios, generando desplazamiento masivo de todos sus pobladores; las cuales -dicen los labriegos- ocurrieron en medio de un ambiente similar al que hoy perciben.
Desde pocos años, las comunidades campesinas, -sin respaldo estatal alguno- gradualmente han regresado a sus predios con la pretensión de reconstruir sus procesos organizativos; encontrando la hostilidad y violencia de macro-proyectos económicos y de infraestructura, en beneficio de grandes empresas, entre ellos, la Ruta de Sol; fuertemente protegidos por el aparato militar y policial; pretensión a la que al parecer, se suma la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Nacional contra el Terrorismo.
Desde el 5 de diciembre de 2016 aumentó la militarización en la región, mediante el retén del Ejército Nacional ubicado en la finca Los Cocos, desde donde se intimida a las campesinos que obligatoriamente deben transitar por esa vía. «Si uno pasa diez veces por ahí, esta misma cantidad de veces lo anotan en libretas, nos toman fotos, nos revisan el mercado, esto lo llevan haciendo los últimos seis meses», denunció un campesino.
Las últimas detenciones de campesinos de la Región, acusados de pertenecer a la insurgencia, guardan tales semejanzas, que no hemos dudado en hablar de patrones de sistematicidad en esta acción arbitraria del Estado; pues no sólo están precedidas como ya indicamos de prácticas vetadas al ejército nacional (el empadronamiento y la intimidación), sino que las acusaciones se basan exclusivamente en los dichos abstractos de desertores de la guerrilla que reciben beneficios del Gobierno y los procesos se caracterizan por la dilación de los términos, de tal forma que la privación de la libertad se prolonga al máximo.
En nada difieren estos procesos, del modelo de juzgamiento diseñado durante el gobierno Uribe Vélez en los que igual que hoy, Fiscalía y fuerzas militares, sumaron esfuerzos contra comunidades campesinas, bajo el supuesto de combatir a la insurgencia. Esta situación, fue advertida en el informe sombra, presentado por el Equipo Jurídico Pueblos, el Congreso de los Pueblos y la Red internacional de derechos humanos – RIDH, con el apoyo de otras organizaciones y juristas del mundo, ante el comité del Pacto de las Naciones Unidas.
Hoy nos vemos compelidos a lanzar una nueva alerta, por el alto riesgo en que se encuentran las comunidades del Cesar, pues parece incrementar el nivel de violencia contra quienes resisten a la implementación de macro-proyectos económicos, que ocasionan un impacto de incalculables dimensiones sociales y ambientales.
Fuente original: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2017/01/empadronamientos-y-capturas-de.html