En horas de la tarde, vía telefónica, prisioneros políticos recluidos en diferentes patios del EPAMSCAS Palmira, Valle del Cauca, informan a la Corporación Colectivo de Abogados Suyana que desde la madrugada del 21 de marzo de 2017 se presentaba un motín en los patios 1 y 2 de dicho establecimiento, dejando al parecer más de […]
En horas de la tarde, vía telefónica, prisioneros políticos recluidos en diferentes patios del EPAMSCAS Palmira, Valle del Cauca, informan a la Corporación Colectivo de Abogados Suyana que desde la madrugada del 21 de marzo de 2017 se presentaba un motín en los patios 1 y 2 de dicho establecimiento, dejando al parecer más de 40 heridos y 2 reclusos muertos.
Desde ese momento la Corporación Suyana intentó comunicarse con la dirección y con diferentes dependencias del EPAMSCAS Palmira, sin éxito alguno.
En horas de la tarde, vía telefónica, prisioneros políticos informan que entre los heridos se encuentran los prisioneros políticos José Ramiro Vivas Tovar y Rolando Antonio Peláez Pérez. Informan además que la dirección del penal ha inhabilitado los teléfonos del patio 2, impidiendo que los reclusos se comuniquen con sus familiares.
Según la información suministrada, el enfrentamiento se presentó por disputas entre los reclusos por el control del patio, en un contexto de hacinamiento extremo, en un patio que alberga actualmente cerca de 800 personas aunque su capacidad es para 400.
Como reacción ante el motín, al establecimiento ingresó el Escuadrón Móvil Antidisturbios, miembros del Ejército Nacional y el cuerpo de Bomberos de Palmira, utilizando medidas de fuerza desproporcionadas con el pretexto de controlar la situación.
Miércoles 22 de marzo de 2017. Siendo las 8:00 am, integrantes de la Corporación Suyana hicieron presencia en el EPAMSCAS Palmira con el objetivo de obtener la información oficial sobre la situación ocurrida el día anterior y conocer el estado de salud de los prisioneros políticos que resultaron gravemente afectados por el motín.
El ingreso de las dos integrantes fue impedido por el Establecimiento Penitenciario, argumentando que en el momento se desarrollaba un «operativo en todos los patios». Del mismo modo, se negaron a suministrar información sobre el estado de salud de los prisioneros políticos que acompaña la Corporación Suyana.
Ante la imposibilidad de obtener la información oficial por parte del EPAMSCAS Palmira, la Corporación se comunicó con el INPEC regional solicitando esta información. Los funcionarios se negaron a proporcionarla aduciendo que dicha información solo podría ser suministrada por el EPAMSCAS Palmira.
En el momento de emisión de esta denuncia pública no ha sido posible obtener información oficial sobre los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo de 2017, ya que el INPEC no da razón de las personas que se encuentran bajo su custodia. La información emitida por un funcionario es que «las personas heridas ya fueron dadas de alta», sin embargo aún no se conocen los nombres de los reclusos afectados ni se permite el ingreso de familiares, abogados ni organizaciones defensoras de derechos humanos al Establecimiento Penitenciario.
Señalando que:
1. Esta situación de vulneración a los derechos humanos, que presuntamente deja víctimas mortales y un saldo considerable de heridos, entre los cuales hay al menos dos prisioneros políticos, es resultado directo de la reiterada negación de la dirección del EPAMSCAS Palmira de agrupar a todos los prisioneros políticos ahí recluidos.
Esta negación, que se ha presentado en todas las cárceles del Valle del Cauca y en diferentes cárceles de todo el país, va en contravía del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y representa un incumplimiento absoluto del compromiso adquirido por el gobierno en comunicado presidencial emitido el 22 de noviembre de 2015. En dicho comunicado, el presidente Juan Manuel Santos, en el marco del Proceso de Paz con las FARC-EP, se comprometía, entre otras cosas, a disponer patios especiales para agrupar a las y los prisioneros políticos que podrían ser beneficiados con la Ley de Amnistía e Indulto para facilitar las acciones necesarias para la real aplicación de dicha Ley.
Hasta la fecha este compromiso no se ha cumplido, lo que aumenta la vulnerabilidad de las y los prisioneros políticos, obligados a compartir espacios con paramilitares, narcotraficantes y delincuentes.
2. Desde diferentes cárceles del país, se ha denunciado en reiteradas ocasiones la corrupción de los funcionarios del INPEC, quienes facilitan y participan de redes de tráfico de armas y de drogas. En lo referido al EPAMSCAS Palmira, los reclusos han denunciado públicamente la lucha por el poder que se presenta en torno al microtráfico al interior de los patios, con la connivencia de la dirección carcelaria, que no ha tomado las acciones necesarias para solucionar la problemática.
Además de lo anterior, atendiendo a la Ley 1820 del 31 de diciembre de 2016, los prisioneros políticos ya deberían estar en libertad bajo las figuras de amnistía de iure y libertad condicionada, o haber sido trasladados a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. La dilatación de estas medidas por parte de los jueces es una tara evidente al proceso de reincorporación y además una violación flagrante a sus deberes constitucionales.
Responsabilizamos
Al gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón; al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en cabeza del señor Jorge Luis Ramírez Aragón; a la dirección del EPAMSCAS Palmira, en cabeza de la señora Claudia Liliana Duarte Ibarra; por cualquier hecho que ponga en riesgo la vida e integridad física de los prisioneros políticos recluidos en este Establecimiento.
Exigimos
1. Al INPEC nacional, regional y a la dirección del EPAMSCAS Palmira, que se permita el ingreso inmediato al Establecimiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos que brindan acompañamiento a población reclusa. Exigimos igualmente que se proporcione en el menor tiempo posible información verídica sobre los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo de 2017 en el EPAMSCAS Palmira y concretamente los nombres de las personas afectadas e información sobre el estado de salud de los prisioneros políticos heridos.
2. A la Defensoría del Pueblo regional Valle del Cauca y Personería Municipal de Palmira, que realicen una visita de emergencia al EPAMSCAS Palmira con el fin de conocer la situación por medio de los directamente afectados y tomar las medidas correspondientes.
3. A la Procuraduría General de la Nación, que inicie en el menor tiempo posible la investigación sobre los hechos ocurridos el 21 de marzo del presente año en el EPAMSCAS Palmira con el fin de sancionar a los funcionarios públicos implicados.
4. Al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón y al director del INPEC Nacional, Jorge Luis Ramirez Aragón, la habilitación inmediata de patios donde puedan agruparse las y los prisioneros políticos mientras se hace efectiva su salida de los establecimientos penitenciarios bajo las medidas contempladas en la Ley 1820 de 2016.
5. Al presidente de la república, garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley 1820 de 2016 y al Decreto 277 del 17 de febrero de 2017, en coherencia con lo consignado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
6. A la señora Claudia Liliana Duarte Ibarra, que emita un pronunciamiento público sobre los hechos ocurridos en el establecimiento que dirige y que se ocupe de forma inmediata del problema de narcotráfico y corrupción existente al interior del EPAMSCAS Palmira.
Solicitamos
A las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y a los medios de comunicación difundir la presente denuncia y hacer seguimiento de la situación.
