El Valle del Cauca: narcotráfico, crimen y corrupción

La política como corrupción

En el Valle del Cauca -como en el resto del país- la mayoría de los jefes políticos gestionan sus propias microempresas electorales.

Las etiquetas partidistas sirven de paraguas para las aspiraciones de dirigentes que actúan por su propia cuenta, hacen alianzas, se financian y manejan sus campañas con total independencia. Las reglas de juego electoral han favorecido el personalismo, tanto durante el período 1991-2002 -cuando rigió el sistema de múltiples listas, sin umbral, con doble militancia y sin controles en la financiación-, como tras las reformas políticas a partir de 2003 -con voto preferente, umbral electoral, prohibición de la doble militancia y algunos controles formales sobre la financiación-.

La actuación tardía e ineficiente de las agencias de control estatal (Procuraduría y Contraloría) y de la justicia ayuda a la corrupción y a la persistencia de nexos entre políticos y criminales. Aunque haya muchos políticos sancionados, condenados o encarcelados, subsiste un margen de impunidad que estimula la comisión de delitos. Falta además el esfuerzo preventivo por parte de aquellos entes de control sobre las elecciones y las actuaciones de los gobernantes.

Esa falta de control por parte de los directorios nacionales y de los organismos especializados ha permitido que muchos dirigentes locales asuman la política como una forma de enriquecimiento y de ascenso personal. Para esto se han asociado con funcionarios, con redes de contratistas, e incluso con las mafias para enturbiar los procesos electorales y apropiarse de recursos públicos.

Por eso han sido tan numerosos los casos de ilegalidad, que van desde el proceso 8.000 hasta decenas de alcaldes involucrados en casos de corrupción, pasando por la Yidispolítica y la corrupción electoral. Así lo muestra la Tabla siguiente:

Panorama de políticos del Valle del Cauca involucrados en delitos y corrupción

Situación	Políticos		Situación
	Nombre	Partido y cargo
Proceso 8000	-Gustavo Espinosa -Carlos Herney Abadía -Armando Holguín Sarria -José Félix Turbay -Hugo Castro Borja -Mauricio Guzmán -Armando Mosquera	Exsenador Exsenador Exsenador Exsenador Exsenador Exalcalde, excongresista Exconcejal, exgobernador (e)	-Condenado en 1999 -Condenado en 1997 -Condenado en 1998 -Condenado en 1997 -Condenado en 1997 -Condenado en 1998 -Condenado en 1996
Yidispolítica	-Teodolindo Avendaño	Conservador (exrepresentante a la Cámara)	-Condenado en 2009
Corrupción electoral	-Juan Carlos Martínez -Carlos Fernando Motoa -Funcionarios Registraduría	Exsenador Senador Funcionarios	-Condenado en 2013 y 2016 -Sin procesos -Destituidos en 1998-2013
Gobernadores destituidos, condenados o investigados	-Gustavo Álvarez Gardeazabal -Juan Carlos Abadía -Héctor Fabio Useche -Dilian Francisca Toro	-Exalcalde y exgobernador -Exgobernador -Exgobernador -Gobernadora	-Condenado en 2000 -Destituido en 2010, 2013, 2015 -Destituido en 2011 y 2013 -Investigada actualmente
Corrupción en Alcaldías	-Héctor Aníbal López Fandiño -John Maro Rodríguez -Apolinar Salcedo Caicedo -Saulo Quiñonez García -José Félix Ocoró -Bartolo Valencia -Argemiro Roldán Flórez -Luís Alberto Castro Ocampo -Germán Gonzáles Osorio -Raúl Arboleda Márquez -Fernando Escobar Arroyave -Milton Fabián Sánchez -Felipe Adolfo Restrepo -Fernando David Murgueitio -Jorge Eliécer Aragón -Manuel Santos Carrillo -Fabio Humberto Piedrahita -Gustavo Adolfo Llorente -Hugo Venancio Córdoba -Marta Vélez -Humberto Cardona Hincapié -Mauricio Mejía López -Luis Mario Villafañe	-Exalcalde de Yumbo -Exalcalde de Cali -Exconcejal y exalcalde de Cali -Exalcalde de Buenaventura -Exalcalde de Buenaventura -Exalcalde de Buenaventura -Exalcalde de Ginebra -Exalcalde de Cartago -Exalcalde de Cartago -Exalcalde de Palmira -Exalcalde Anserma Nuevo -Exconcejal de Anserma Nuevo -Exalcalde de Yumbo -Exalcalde Yumbo -Exalcalde de Jamundí -Alcalde de Jamundí -Exalcalde de Guacarí -Exalcalde Calima-Darién -Exalcalde de Florida -Diputada departamental -Concejal de Restrepo -Exconcejal de Cali -Exconcejal de Cali	-Procesado 1991 -Condenado en 2013 -Destituido en 2007 -Destituido y condenado 2015 -Detenido en 2015 -Suspendido Procuraduría 2012 -Condenado en 2014 -Condenado 2015 -Destituido en 2016 -Procesado 2015-2017 -Procesado 2011 -Procesado 2011 -Procesado 205-2017 -Destituido 2016 -Suspendido 2016 -Destituido 2011 -Suspendido 2011 -Procesado 2017 -Detenido en 2017 -Detenida en 2017 -Detenido en 2016 -Condenado en 2011 -Condenado 2011
Fuente: elaboración propia sobre la de las decisiones judiciales citadas en el texto.

El cartel y los políticos

La trama del proceso 8.000 se gestó y se concretó en Cali, y el mayor número de condenados por nexos entre políticos y narcotráfico provenía del Valle del Cauca.

Fueron sentenciados cuatro senadores (Gustavo Espinosa, Carlos Herney Abadía, Armando Holguín y José Félix Turbay), un exgobernador, exalcalde y exrepresentante a la Cámara (Mauricio Guzmán) y un exconcejal (Armando Mosquera) del Partido Liberal. Igualmente fueron condenados un exsenador conservador (Hugo Castro Borja) y el exgobernador y exalcalde Gustavo Álvarez Gardeazabal.

La relación entre políticos y narcotráfico en el Valle se dio de un modo casi natural. El cartel de Cali convivió con la sociedad y con las autoridades nacionales y locales que se hicieron los de la vista gorda mientras se daba el enfrentamiento entre el Estado y el cartel de Medellín en la década de 1980. Los dineros de los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios financiaron desde el equipo de futbol América, hasta la Policía y las autoridades locales, pasando por periodistas y emisoras, cadenas de droguerías y otras empresas.

Los políticos no fueron la excepción, y por un conocido hotel de la ciudad desfilaban congresistas y aspirantes a serlo que buscaban financiar sus campañas- encarecidas por la circunscripción nacional para el Senado y por la intensificación de la competencia en el departamento-. Como actuaban de manera individual, resultaba «normal» que cada candidato se acercara a los principales ricos de la ciudad, también interesados en tener amigos en el Congreso y en el poder local.

Entre finales de la década de 1980 y 1994, gran parte de las campañas en el Valle del Cauca fueron financiadas por el cartel. El clientelismo tradicional seguía vigente, solo que ahora había más candidatos y menos recursos por las restricciones que introdujo la Constitución del 91. Los electorados tradicionales no eran suficientes para garantizar la elección, y por eso se le sumó el clientelismo mafioso. A los recursos del Estado se añadieron los del narcotráfico con el fin de ganar las elecciones.

Con el proceso 8.000 acabaron en la cárcel decenas de políticos, pero otros muchos se quedaron en la sombra. Solo quienes recibieron cheques o quedaron registrados en los documentos del cartel pasaron unos años detenidos bajo condiciones privilegiadas.

Teodolindo Avendaño y la Yidispolítica

Como quedó reseñado en un artículo anterior de Razón publica, durante los ocho años del gobierno Uribe el conservatismo fue uno de los grandes beneficiados con la burocracia y con los contratos.

Una vez aprobado en el Senado, el proyecto de reelección del presidente debía contar con el visto bueno de la Comisión Primera de la Cámara. La comisión lo aprobó por 18 a favor y 16 en contra, con un voto ausente. Después se reveló que dos representantes conservadores definieron la suerte del proyecto a cambio de prebendas y acabaron en la cárcel: Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, este último del Valle del Cauca, quien desapareció del Congreso en la fecha de la votación a cambio de una notaría que vendió por 450 millones de pesos.

Teodolindo Avendaño había hecho su carrera política en Caicedonia, había sido diputado y había tenido dos «palomas» en el Congreso como suplente del también conservador Rodrigo Arcila, en la práctica habitual del «carrusel» entre socios políticos que suman votos para obtener una curul. Este nuevo período le sirvió para ajustar su pensión, aunque fue condenado a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y cohecho. Después, en 2013, el Consejo de Estado consideró ilegal su pensión como congresista y la redujo a menos de la mitad ^[1].

Corrupción electoral

En el Valle del Cauca se han presentado casos sucesivos de «urnas contaminadas» por parte de políticos importantes:

• En 1992 el Consejo de Estado anuló la elección de todos los concejales de Cali y ordenó un nuevo conteo de los votos en las elecciones de 1990. El Consejo determinó que se habían dado muchas irregularidades, que las cifras anotadas en los formularios no coincidían, y que 2.821 votos inexistentes habían sido consignados en favor de uno de los concejales ^[2].
• En 1998 dos candidatos a la Cámara denunciaron irregularidades en seis registradurías auxiliares de Cali y describieron en detalle la forma como se habría formado una red de corrupción electoral. La Registraduría reconoció el fraude e informó de varias destituciones en esa entidad y en firmas de contratistas, y se iniciaron procesos en la Fiscalía y en la Procuraduría ^[3].
• En las elecciones para el Senado en 2010 hubo muchas denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero este se limitó a revisar el 10,5 por ciento de las cerca de 76.000 mesas que funcionaron ese día. La revisión produjo 38.871 modificaciones a los resultados iniciales en 23 de los 32 departamentos y en 267 municipios.

Uno de los casos en duda involucró al senador del Valle Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. El candidato del mismo partido Rodrigo Lara -que perdió por 13 votos frente a Motoa- impugnó los resultados ante el Consejo de Estado. En el reporte inicial de la Registraduría Lara llevaba 400 votos de ventaja, pero luego apareció perdiendo por 30 votos y la diferencia final fue de 13 votos. La indagación reveló que la diferencia se concretó en la mesa 7 del puesto 1 de la zona 2, del municipio de Carmen de Bolívar, que fue la única mesa de ese municipio donde le aparecieron votos a Motoa. Lara argumentó que Motoa no había visitado Carmen de Bolívar, y este se defendió señalando que su jefe de prensa era de la región y que él le había conseguido los votos. Rodrigo Lara ha denunciado este caso como un fraude en su propio partido con complicidad de la Registraduría local. La revisión final nunca se llevó a cabo ^[4].

• También en las elecciones de 2010 el presidente del CNE denunció que en Cali se detectaron irregularidades en más de 1.500 mesas y que los votos emitidos habían sido superiores en un 36 por ciento a los depositados en el 2006. Los escrutinios para la Cámara debieron aplazarse porque en Buenaventura, Cali y Yotoco estaba pendiente la anulación de mesas por irregularidades y se detectó que la votación aumentó en 350.000 sufragios respecto de 2006, lo cual significaba que todas las cédulas expedidas en los cuatro años efectivamente fueron usadas para votar, algo inusual.

El Partido de Integración Nacional (PIN) – varios de cuyos dirigentes tenían relaciones con el paramilitarismo- obtuvo el mayor número de curules en este departamento (tres representantes a la Cámara y tres senadores), un hecho que despertó muchas dudas porque se trataba de políticos con poca trayectoria.^[5]

• El candidato a la Alcaldía de Cali, Rodrigo Guerrero -exalcalde, exconcejal y parte de los altos círculos sociales del departamento- se presentó a través de firmas y denunció que en la Registraduría le estaban pidiendo dinero para avalárselas. Guerrero informó a la Presidencia de la República, quien hizo pública la denuncia y ayudó a que la Registraduría revisara el proceso y validara las firmas. Guerrero pudo ser candidato y ganó las elecciones. Así quedó la imagen de un candidato que hacía parte de la elite caleña que acudía al Presidente para que hiciera viable su candidatura, es decir, lo que empezó como una denuncia acabó en una inusual intermediación presidencial.
• En 2012 hubo elecciones atípicas por la destitución del gobernador Héctor Fabio Useche, quien se había inscrito, aunque estaba inhabilitado por el delito de detrimento patrimonial del departamento cuando fue secretario de salud. Hubo otro escándalo por fraude. Se descubrió que varios funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional habían montado una sofisticada registraduría paralela para alterar los resultados a favor del candidato del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO). ^[6]

Gobernadores con problemas legales

En el Valle del Cauca se han elegido nueve gobernadores por voto popular y hubo dos más designados como encargados para terminar periodos de los destituidos. Entre estos, tres fueron vinculados a procesos legales.

La elección de gobernadores en el departamento se puede dividir en dos momentos:

• En el primero, que llegó hasta 2007, fueron elegidos gobernadores que tenían una proyección nacional, prestigio en sus respectivos partidos y una carrera política previa: (1) Carlos Holguín Sardi, 1992-1994 (exrepresentante a la Cámara y exsenador, exalcalde de Cali, exministro de Educación y figura nacional del Partido Conservador), (2) Germán Villegas, dos veces gobernador, 1995-1997 y 2001-2003, excongresista y exalcalde de Cali; (3) Gustavo Álvarez Gardeazabal, escritor reconocido, exconcejal de Cali, exdiputado y dos veces alcalde de Tuluá, y (4) Angelino Garzón, dirigente de izquierda, sindicalista, exconstituyente y exministro de Trabajo.
• Luego viene un período de inestabilidad, con dirigentes de nueva generación, sin mucha trayectoria y aliados con políticos cuestionados: (1) Juan Carlos Abadía, exdiputado e hijo del excongresista Herney Abadía (condenado en el Proceso 8000); (2) Héctor Fabio Useche, exalcalde de Bugalagrande y exsecretario departamental de salud (ambos fueron destituidos); (3) Ubeimar Delgado, exconcejal de Cali, exrepresentante a la Cámara y exsenador del Partido Conservador, elegido para completar el período del gobernador destituido; y (4) Dilian Francisca Toro, exalcaldesa y exsenadora. Hubo también dos gobernadores designados como encargados para terminar los respectivos períodos inconclusos: Juan Fernando Bonilla Otoya y Francisco Lourido, ambos personajes reconocidos en el mundo empresarial.

Son varios los gobernadores que han tenido problemas legales:

• Gustavo Álvarez Gardeazabal fue vinculado formalmente al proceso 8.000 por recibir seis cheques provenientes de empresas fachadas del cartel de Cali. Un cheque por 6 millones de pesos fue la prueba clave y otros títulos valores que en total sumaban 12 millones de pesos que el gobernador trató de justificar como producto de ventas de obras de arte. En noviembre del 2000 la Corte lo condenó a pagar seis años y medio de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.

Después de haber sido condenado, la Procuraduría General lo sancionó en 2003 por incumplimiento de requisitos legales en la licitación de un contrato para impulsar la expresión artística y la cultura sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal. Hubo también varias investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios. La Procuraduría profirió pliego de cargos por posibles irregularidades en la celebración de varios contratos durante su gestión y fue nuevamente destituido. ^[7]

• En las elecciones de 2007 accedió a la gobernación un político sin grandes antecedentes: Juan Carlos Abadía, quien se presentó a través de firmas pero con un fuerte respaldo electoral del Movimiento Popular Unido, la organización creada y dirigida por su padre Carlos Herney Abadía. El nuevo gobernador fue muy controvertido por supuestos vínculos con el narcotráfico de sus principales socios políticos, especialmente el senador Juan Carlos Martínez Sinisterra.

Posteriormente fue destituido e inhabilitado en tres ocasiones por la Procuraduría. La primera destitución se dio por su participación indebida en política en 2010. El gobernador hizo una reunión con 21 alcaldes a la cual asistió el precandidato presidencial por el Partido Conservador Andrés Felipe Arias.^[8] La segunda destitución se dio a comienzos de 2013 junto con su secretario de Salud, Héctor Fabio Useche de la Cruz, por suscribir un contrato sin cumplir la licitación obligatoria para favorecer a un particular.^[9] La tercera destitución se dio a comienzos del 2015 nuevamente por el contrato de las cirugías bariátricas, pero por otras irregularidades.

Además de estas tres destituciones, el exgobernador Abadía fue objeto de un fallo de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General, junto con el entonces secretario de salud, Héctor Fabio Useche y trece integrantes de la junta directiva de la Licorera del Valle, pues se fijó una política de promociones donde el licor destinado a las degustaciones quedaba exento del pago de impuestos a favor del departamento. Los bienes de los implicados fueron embargados y el pago por el detrimento patrimonial fue de 60.000 millones de pesos. ^[10]

• Del gobierno del destituido Juan Carlos Abadía salió el nuevo candidato a gobernador, Héctor Fabio Useche. En las elecciones de 2011 recibió el aval del partido efímero Movimiento de Inclusión y Oportunidades, una etiqueta bajo la cual se estaba intentando redefinir el antiguo Movimiento Popular Unido. Este gobernador tuvo dificultades desde el comienzo. Cuando llevaba dos meses en el cargo la Contraloría emitió el fallo por el escándalo de la Licorera del Valle y el juicio de responsabilidad fiscal que condujo a que sus bienes fueran embargados. Después sobrevino la segunda destitución en junio del mismo año 2013 por el caso de las operaciones bariátricas.
• Luego fue elegido gobernador Ubeimar Delgado, del Partido Conservador, quien hizo algo inusual en Colombia: advirtió que había redes en la Gobernación que venían manipulando la liquidación de cuatro impuestos departamentales (registro, vehículos, valorización y estampillas) y que el detrimento por las irregularidades superaba los 100.000 millones de pesos. Según el mandatario, estos hechos provenían de administraciones anteriores. Se supone que desde entonces se adelantan las investigaciones pertinentes. ^[11]
• En el 2015 fue elegida Dilian Francisca Toro. La expresidenta del Senado fue avalada por el Partido Social de Unidad Nacional en coalición con otros sectores, incluyendo el de su antiguo contradictor Roy Barreras y el de exvicepresidente Angelino Garzón, quien se postuló en la misma fórmula para la Alcaldía de Cali. A pesar de las investigaciones y las denuncias, Toro ganó con una amplia ventaja.

Cuando era senadora, reelegida para el periodo 2006-2010, la Corte Suprema le inició una investigación por supuestas negociaciones ilegales por parte de una sociedad de la cual ella era parte (Agropecuaria Ceiba Verde Ltda.), que habrían tenido lugar entre 2005 y 2007. Esta sociedad compró las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca), que según la Corte habían pertenecido a exintegrantes del cartel del Norte del Valle, entre ellos Phánor Arizabaleta, Víctor Patiño Fómeque, Iván Urdinola Grajales, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias «Chupeta» y Wílber Varela, alias Jabón. La exsenadora estuvo en prisión por estas investigaciones y decidió renunciar a su curul. ^[12]

Cali

Entre los casos de corrupción más sonados de la ciudad capital se cuentan los que involucraron a tres exalcaldes:

• Mauricio Guzmán (fundador del Nuevo liberalismo en el Valle del Cauca), exconcejal de Cali, exrepresentante a la Cámara (1986-1990) y exgobernador encargado, fue condenado en 1998 por enriquecimiento ilícito al comprobarse que recibió nueve cheques de empresas de fachada del cartel de Cali. Ante las múltiples evidencias se acogió a los beneficios de la sentencia anticipada.
• John Maro Rodríguez fue elegido para el periodo 2001-2003. Diez años después de concluir su gobierno la Corte Suprema lo condenó a cuatro años de prisión por interés indebido en la celebración de contratos: sin efectuar el concurso previo, Rodríguez contrató como directora de Atención y Prevención de Desastres a una periodista que no cumplía los requisitos ni tenía la experiencia para el puesto^[13].
• Apolinar Salcedo Caicedo (2004-2007) fue destituido por la Procuraduría por el contrato con único oferente para el recaudo de los impuestos municipales, pese a que los estudios previos eran insuficientes y la experiencia del contratista, los costos de los bienes y servicios requeridos y el pago que debía reconocerse eran inadecuados. Igualmente, los investigadores confirmaron que el contrato comprometía dineros que serían recaudados durante 15 años sin la autorización del cabildo municipal^[14].

Por otra parte, en 2007 se destapó el gran escándalo del robo multimillonario de los recursos de la educación mediante una empresa criminal entre concejales, funcionarios y particulares. El diario El País reconstruyó el caso. Con el pretexto de ampliar la cobertura se hicieron pagos a fundaciones y ONG que manejaban colegios de mala calidad. Los colegios recibirían 500.000 pesos por cada estudiante matriculado, pero se les entregaba la mitad de esta suma, pues el resto se lo quedaban los funcionarios que asignaban los cupos. La operación fue coordinada por el concejal Mauricio Mejía López junto con un asesor de la secretaría de educación. Los colegios por su parte incurrieron en falsedad de documentos, suplantación de alumnos y relación fraudulenta de gastos, incluyendo muchos niños que aparecían matriculados en dos colegios o con nombres diferentes.

Los recursos perdidos por este fraude ascendieron a 36.500 millones y en el 2011 fueron condenados con penas de entre 5 y 7 años de cárcel los exconcejales Mejía López y Luís Mario Villafañe, junto con otras 10 personas, entre funcionarios, docentes, directivos de los colegios, un asesor de la secretaría, y un ex director del Dagma^[15].

Estos y otros escándalos explican la declaración del alcalde elegido en 2015, Maurice Armitage: «La corrupción campea en casi todas las dependencias […] Mientras algunos funcionarios reciben dádivas para favorecer a particulares con decisiones estatales o roban los recursos públicos, otros simplemente trabajan mal, lo que para él es otra forma de corrupción».

En un estudio reciente^[16] que consultó a altos funcionarios se detectó una gama muy amplia de actos ilegales como decir: contratos muy frecuentes sin llenar los requisitos y omitiendo los procesos de selección objetiva; el robo de al menos 90 vehículos de propiedad de la empresa pública Emcali que fueron a parar a manos de particulares; peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por irregularidades en la adjudicación de becas por varios miles de millones de pesos; becas que se entregaron más de una vez a un mismo beneficiario; existencia de carteles, como el de la compra de insumos para potabilizar el agua, el del robo de cobre que se hace en connivencia con funcionarios de la Gerencia de Energía, el del suministro de contadores, la vigilancia y el de la gasolina; la existencia de un cartel para exonerar de cumplir con el Pico y Placa a un número elevado de carros particulares y el hecho de que muchos agentes tengan grúas que prestan servicios para Tránsito; nóminas paralelas por prestación de servicios que ocupan personas recomendadas por concejales, asesores de la Alcaldía y demás políticos; a los funcionarios se les exigen aportes para el sostenimiento del grupo político que los avaló y el cobro se hace de distintas maneras, por ejemplo, un porcentaje del salario mensual, de las primas o vacaciones, o regalos que el empelado debe hacer en las festividades que promueven los padrinos políticos; algunos contratistas no se presentan a trabajar e incluso el personal doméstico en fincas y viviendas de algunos políticos es pagado con recursos estatales.

Buenaventura

También en esta ciudad los alcaldes se han visto involucrados en reiterados procesos, líos legales, sanciones y destituciones. Los problemas empezaron a mediados de la década de 1990. La cronología nos indica que el primer mandatario local en problemas fue José Félix Ocoró, alcalde entre 1995 y 1997, quien estuvo preso durante cuatro meses y fue investigado por suscripción de nóminas paralelas, pero fue exonerado; el siguiente mandatario fue Fredy Salas (1998- 2000) asesinado poco después de terminar período, y su sucesor Jaime Mosquera (2001-2003) debió exiliarse en Estados Unidos ante las múltiples amenazas por los poderes fácticos imperantes en la ciudad.

Luego vinieron grandes escándalos, especialmente por el manejo de la educación y de los millonarios recursos transferidos de la nación al municipio bajo el esquema de ampliación de cobertura mediante colegios privados.

• Saulo Quiñonez García (2004-2007) no terminó su período pues fue destituido por el manejo de 190 contratos por valor de 11.600 millones de pesos para construcción, reparación y adecuación de sedes escolares. Fue procesado junto con varios contratistas e interventores^[17].
• El siguiente alcalde (reelegido) fue José Félix Ocoró, (2008-2011) destituido junto con su secretaria de educación e inhabilitado por 14 años. En el marco del programa de ampliación de cobertura para la vigencia de 2011 suscribió contratos con 6 instituciones que no contaban con la estructura física. Todo un negocio de apropiación ilegal donde se reconocían 75.000 pesos mensuales por cada alumno, los contratistas subcontrataban y pagaban a los colegios 45.000 pesos por estudiante y la diferencia se repartía entre el alcalde, concejales e intermediarios^[18]. Este exalcalde fue condenado a 18 años y seis meses de prisión por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de las normas establecidas al canjear un terreno que valía 3.200 millones por otro de 500 millones de pesos en detrimento del municipio.^[19]
• Bartolo Valencia (2012-2015) también fue destituido. El puerto estaba pasando por un momento de terror por la guerra entre bandas y la presencia de paramilitares y se esperaba una ruptura con el pasado inmediato de corrupción bajo los alcaldes pertenecientes a la facción del exsenador Juan Carlos Martínez. No obstante, el nuevo alcalde se vio involucrado en presuntos delitos en el manejo de la educación y está actualmente detenido junto a tres funcionarios y un contratista.^[20]

Según la Fiscalía este «negocio» funcionó así: la Alcaldía hacía un «estudio» de ampliación de cobertura para determinar el número de estudiantes que debían destinarse a colegios privados y el Ministerio de Educación Nacional autorizaba el pago. El alcalde, asociado con concejales, asesores e intermediarios, acordaba contratar a los colegios, algunos de los cuales eran de los concejales o de sus familiares. Se elevaba el número real de alumnos (los denominados estudiantes fantasma) y se hacía el pago de la mitad o menos del monto determinado a los dueños de los colegios (muchos de los cuales funcionaban en casas en malas condiciones, sin baños y en condiciones de hacinamiento), mientras el resto se lo repartían los socios del fraude. La ampliación de la cobertura era una estafa, sin ahondar en la calidad de la educación que recibían los estudiantes y sin considerar los negocios con los alimentos y los colegios inexistentes. Se calcula que entre el 35 y el 40 por ciento de los estudiantes nunca existieron^[21].

Cartago: cinco casos de corrupción

Con Cali y Buenaventura, Cartago ha sido uno de los focos de corrupción del departamento. Los políticos locales se han visto involucrados con redes de contratistas y funcionarios asociados para delinquir y robarse los recursos públicos. Aquí se describen brevemente cinco casos representativos:

• Luis Alberto Castro Ocampo, alcalde en el período 2004-2007 fue destituido antes de terminar su mandato y se fugó de la justicia cuando era investigado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público y enriquecimiento ilícito. En febrero de 2015 fue detenido junto a quienes habían sido sus secretarios de Hacienda, la extesorera, el exjefe de Presupuesto y el excoordinador de recursos de la Alcaldía.

La estrategia del fraude consistió en facturar órdenes de compra y servicios profesionales ficticios a nombre de personas que no estaban enteradas del fraude y que, además, ni siquiera cumplían con el perfil para presentar la factura fraudulenta. Se calcula que de esta manera se apropiaron de más de 2.000 millones de pesos. Finalmente, los funcionarios aceptaron los cargos ante la Fiscalía.

• El exalcalde Germán González Osorio (2008-2011) también era prófugo de la justicia desde comienzos de 2012. En 2014 se entregó y fue condenado a 39 meses gracias a un acuerdo con la Fiscalía. Lo enviaron de nuevo a casa por cárcel por los delitos de fuga de presos, daño informático, prevaricato por acción y celebración de contrato sin los requisitos legales.^[22]
• En 2016 se reveló nuevamente el manejo corrupto de los recursos del municipio. Se informó que varios funcionarios públicos fueron acusados de manejo ilegal de los recursos del impuesto predial: falsificaban documentos para dar un paz y salvo a cambio de pagos que los particulares hacían por sumas muy inferiores al valor de la deuda real. Por este motivo el municipio dejó de recibir varios centenares de millones de pesos. La Fiscalía les formuló cargos por los delitos de cohecho, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal^[23].
• Ese mismo año fueron capturados otros funcionarios por el delito de peculado por apropiación. Ellos desviaron 234 millones de pesos -que supuestamente estaban destinados al abono de una deuda que tenía la Alcaldía con la empresa de energía de Cartago- a cuentas de particulares. Fueron detenidos cuatro funcionarios, entre ellos el secretario de Hacienda y contador del municipio.
• En 2017 un nuevo caso de corrupción fue divulgado por la prensa. La Fiscalía ordenó la captura de 30 personas -entre ellas Marta Vélez, diputada del Partido de la U, y (nuevamente) el exalcalde Germán González Osorio- por apropiarse de 10.000 millones de pesos que debían invertirse en el Plan Municipal de Aguas. Tanto la diputada como el exalcalde hacen parte de la facción del departamento dirigida por la actual gobernadora Dilian Francisca Toro. Este caso está en desarrollo.

Más alcaldes en líos

Y muchos otros municipios del departamento han sido víctimas de la corrupción:

• El primer alcalde popular de Yumbo, Héctor Aníbal López Fandiño (1988-1990), el secretario de Obras Públicas, el jefe de Planeación, el almacenista y siete contratistas fueron procesados por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y sobrefacturación en contratos de prestación de servicios y de adquisición de bienes.
• El exalcalde de Yumbo Felipe Adolfo Restrepo Gómez (2008-2011), de Cambio Radical, y el perito avaluador Jorge Enrique Posada fueron capturados por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. De acuerdo con la Fiscalía, esa administración municipal pagó 2.930 millones de pesos por un lote de 22 mil metros cuadrados cuando el avalúo real era de unos 1.500 millones de pesos. El Juzgado 29 Penal de Cali, con funciones de control de garantías, envió a los procesados a la cárcel Villahermosa de esta ciudad^[24].
• El también exalcalde de Yumbo Fernando David Murgueitio (2012-2015), avalado por la Alianza Verde, le pidió al representante legal de una empresa de seguridad con la que suscribió varios contratos 150 millones de pesos como soborno. Según un reporte periodístico, la Fiscalía allanó una sede del alcalde y encontró 178 millones de pesos en efectivo que, según uno de los testigos, eran producto de las comisiones de contratación en Yumbo. Además se encontraron listados de votantes y de concejales que habían comprometido su voto al grupo político del alcalde y comprobantes de contratación para transporte y refrigerios que habían sido usados en las elecciones al Congreso.
• En 2007 la Procuraduría suspendió por seis meses al alcalde de Candelaria, Óscar Fernando López Valencia (2004-2007), por nombrar funcionarios que no cumplían los requisitos para desempeñar cargos públicos. Antes de esto había sido sancionado por el mismo motivo: nombró como asesor jurídico a alguien que no era abogado.
• El exalcalde de Guacarí, Fabio Humberto Piedrahita, fue destituido e inhabilitado por 10 años porque mediante decreto se autofacultó para modificar el presupuesto de 2007, pasando por alto las restricciones del Concejo municipal sobre sus facultades para reducir y trasladar partidas dentro de la misma vigencia.^[25]
• El exalcalde de Ginebra Argemiro Jordán Sánchez (2008-2010) fue suspendido por irregularidades en un contrato de suministro de material didáctico. De acuerdo con la investigación, Jordán usó dineros del Sistema General de Participaciones (SGP) que debían destinarse a la educación.
• El exalcalde de Ansermanuevo Fernando Escobar Arroyave (2008-2010) fue acusado de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Los hechos investigados se relacionan con la compra directa de repuestos de automotores por valor de 8.337.500 pesos entre marzo y abril de 2010. Esta compra parece haberse realizado sin el trámite de invitación pública y sin el plan de compras respectivo, entre otras irregularidades. Según la Fiscalía el exmandatario no pagó ese dinero en su administración, lo que hizo que fuera ejecutado a través de proceso judicial en donde concilió lo que no podía conciliar: se allanó a las pretensiones para dar vía libre al detrimento patrimonial y no designó apoderado que defendiera al municipio de la acción ejecutiva.
• En 2011 la Procuraduría confirmó la suspensión por 12 meses del exalcalde de Calima-Darién, Gustavo Adolfo Llorente Triviño, por irregularidades en la incorporación de dinero del impuesto de espectáculos públicos al presupuesto municipal. En un proceso de cobro coactivo adelantado contra una Caja de Compensación Familiar se recaudaron más de 438 mil millones de impuesto, de los cuales el 25 por ciento se pagó directamente al abogado que se encargó del proceso sin que fueran incorporados al presupuesto municipal, como si se tratara de un negocio privado^[26].
• Raúl Arboleda Márquez, exalcalde de Palmira (2008-2011), fue suspendido en varias ocasiones y tiene otras investigaciones en curso. En 2011 la Procuraduría lo suspendió por dos meses por cambiar el manual de funciones para poder nombrar a un funcionario como secretario de Servicios Administrativos^[27]. En 2016 la Procuraduría lo destituyó por celebración indebida de contratos por suscribir un convenio con la Fundación Habitat Ciudad para recuperar el Parque Bolívar de Palmira sin el proceso de licitación correspondiente.
• En Buga, durante la alcaldía de Freddy Libreros (2008-2011), se denunció la existencia de un cartel de contratación en el que estaban involucrados funcionarios, concejales y contratistas. En julio de 2013 fueron detenidos el concejal Darío Cifuentes y dos contratistas de la Alcaldía. Estos hechos se relacionan con las irregularidades en 17 contratos para obra por un monto de 258 millones de pesos que fueron entregados a través del sistema de contratación directa a fundaciones sin ánimo de lucro entre noviembre y diciembre de 2008. El fiscal del caso imputó cargos por violación al régimen legal de inhabilidades, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron detención domiciliaria^[28].

Posteriormente un testigo acusó al alcalde Julián Latorre -elegido para el período 2016-2019- de presionarlo para que dejara de implicar a Freddy Libreros en esta investigación. Libreros volvió a ser candidato a la Alcaldía en 2015 por el partido Opción Ciudadana (antiguo Partido de Integración Nacional) y quedó en tercer lugar.

• En 2016, el CTI capturó a Carlos Humberto Cardona Hincapié, concejal del municipio de Restrepo, y a su esposa, María Fernanda Valencia, por su responsabilidad en la apropiación de 200 millones de pesos. Según la investigación, usaron documentos adulterados para suplantar a las víctimas que adelantaban procesos de reparación directa contra el Estado y cobrar así el dinero^[29]. Al parecer, la esposa del concejal se hizo pasar por abogada para ofrecer asesorías a víctimas en los trámites contra el Estado y después apoderarse del dinero. Por esta razón son investigados por falsedad material en documento público, fraude procesal, falsedad en documento privado, uso de documento falso y estafa agravada.
• En 2016 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al alcalde de Jamundí, Jorge Eliécer Aragón Mafla, por las irregularidades derivadas de la ejecución incompleta de las obras de construcción, modificación y mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la zona rural de este municipio^[30]. Para garantizar el pago del contrato de crédito y sesión de derechos los ingresos de Jamundí provenientes del Sistema General de Participaciones destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico fueron pignorados a 19 años.
• Manuel Santos Carrillo, el alcalde de Jamundí elegido para el período 2016-2019, fue suspendido por la investigación que se realiza por presuntas irregularidades en la contratación de redes de servicios públicos en la que se habría apelado a un falso estado de emergencia para eludir la licitación.
• El exalcalde de Florida Hugo Venancio Córdoba fue detenido en 2017 y acusado del delito de peculado contra el caudal de Estado por el incumplimiento de sus deberes como alcalde. Celebró un contrato para la construcción de 95 viviendas destinadas a las familias damnificadas por una avalancha del río Fraile en 1994, usando más de 7 mil millones del Ministerio de Hacienda. En 2007 los representantes de las familias afectadas por la avalancha denunciaron las irregularidades en el manejo del proyecto que después fueron verificadas. La Fiscalía consideró que la Alcaldía incumplió con la vigilancia y control del proyecto para los damnificados y que los engañó para que firmaran los documentos para legalizar el desembolso de los subsidios^[31].

La política, los negocios y el crimen

Este panorama parcial sobre casos de corrupción y de delitos cometidos por autoridades públicas y funcionarios en el departamento ilustran la forma como la política se convierte en el vehículo para la búsqueda de posicionamiento, dinero, gabelas, bienes. La política como gestión de las necesidades y los intereses colectivos desaparece y ésta se ejerce para el beneficio individual, de grupos, de allegados y de familiares. Los políticos de negocios se han apoderado de los espacios de decisión y de gestión de lo público.

En todos los casos se citan las decisiones judiciales y disciplinarias lo cual denota que las agencias de control y la justicia actúan sancionando, por lo menos a una parte de quienes actúan de forma ilegal, pero hay otro segmento difícil de determinar y cuantificar que se queda en la impunidad. Asimismo, poco se hace en la prevención y mucho menos en la recuperación de los dineros y bienes públicos que son apropiados de forma ilegal.

Un Valle del Cauca asolado por la corrupción.

Notas:

^[1] Véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Única instancia No 29. 29.705, junio 3 de 2009 y noticiasrcn.com, noviembre 28 de 2013, «Fallo redujo millonaria pensión a Teodolindo Avendaño».

^[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. – Sección Quinta. Bogotá, D. E, seis (6) de junio de 1991. Consejero Ponente: Dr. José Joaquín Camacho Pardo. Referencia: Expediente: No. 0523. Apelación Sentencia.

^[3] El Tiempo, marzo 3 de 1998 «Vélez y Motoa hablan de la red para fraude electoral», p.4ª.

^[4] Véase: Misión de Obervación Electoral. Informe de observación de elecciones de 2010; El Espectador, julio 18 de 2010 «Colombia tiene ya sus 102 senadores definidos»; El Espectador, marzo 16 de 2013 «El viacrucis electoral de Rodrigo Lara».

^[5] El Tiempo, abril 15 de 2010 «Fraude en 1.500 mesas de Cali, dijo el Consejo Nacional Electoral» p.1-4; El Tiempo, julio 13 de 2010 «Sigue incertidumbre en el Valle del Cauca por escrutinio de votación para Cámara y Senado».

^[6] Véase: El Espectador, julio 1 de 2012 «Entre capturados por fraude en el Valle, hay funcionarios de la Registraduría». Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Única instancia 30.097, junio 8 de 2011, caso Juan Carlos Martínez Sinisterra.

^[7] Véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, proceso 16.694, noviembre 27 del 2000; El Tiempo, mayo 5 de 1999 «Prisión preventiva para Álvarez Gardeazabal»; Procuraduría General de la Nación, sala disciplinar, radicación No 161-02143 (165-063694/01), marzo 4 de 2004 y El Tiempo, octubre 8 de 2001 «Mala contratación»; El Tiempo, octubre 12 de 2001 «Cargos contra Gustavo Álvarez Gardeazabal».

^[8] Procuraduría general de la Nación, Boletín No 330, mayo 6 de 2010.

^[9] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 117, febrero 28 de 2013.

^10] Véase: El Tiempo, febrero 17 de 2012 «Embargaron los bienes del gobernador del Valle» y Caracol.com, febrero 18 de 2011, «Corrupción en el Valle es muy graves: fiscal general».

^[11] El País, abril 7 de 2014 «Corrupción habría afectado las rentas del Valle del Cauca».

^[12] Fiscalía General de la Nación, Boletín marzo 21 de 2013 «Fiscalía acusa a Dilian Francisca Toro por lavado de activos».

^[13] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto Interlocutorio, junio 5 de 2013, caso John Maro Rodríguez.

^[14] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 156, mayo 8 de 2007, caso Apolinar Salcedo Caicedo.

^[15] Fiscalía General de la Nación, Boletín octubre 7 de 2011 «Condenas por apropiación de dineros para cupos escolares».

^[16] El País, agosto 21 de 2016 «¿Qué tan grave es el flagelo de la corrupción en la Alcaldía de Cali?».

^[17] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa No 655, junio 26 de 2015 «Procuraduría destituyó exalcalde de Buenaventura».

^[18] Fiscalía General de la Nación, Boletín 11.296, agosto 4 de 2015 «Condenado exalcalde de Buenaventura (Valle del Cauca).

^[19] Fiscalía General de la Nación, Boletín 11.657, septiembre 7 de 2015 «A la cárcel alcalde de Buenaventura por supuestas irregularidades en contratación para cobertura educativa».

^[20] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 1.188, noviembre 9 de 2012.

^[21] Véase: Fiscalía General de la Nación, Boletín 11.657, septiembre 7 de 2015 «A la cárcel alcalde de Buenaventura por supuestas irregularidades en contratación para cobertura educativa»; El Pueblo, marzo 23 de 2014 «Estudiantes fantasma y la educación en Buenaventura».

^[22] Fiscalía General de la Nación, Boletín 9.350, febrero 25 de 2015 «Aceptaron cargos exfuncionarios de la administración municipal de Cartago (Valle del Cauca)».

^[23] Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 19.784, mayo 4 de 2017 «Fiscalía apeló decisión de juez que dejó en libertad a cuatro exfuncionarios de alcaldía de Cartago.

^[24] Fiscalía General de la nación, Boletín enero 11 de 2011 «Fiscalía acusa a alcalde de Yumbo».

^[25] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa, Boletín No 1.181, noviembre 8 de 2011.

^[26] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa, Boletín 781, agosto 5 de 2011.

^[27] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa 513, mayo 18 de 2010 «Por no dar cumplimiento al manual de funciones, Procuraduría confirmó suspensión de Alcalde de Palmira (Valle del Cauca)».

^[28] Fiscalía General de la Nación, Boletín julio 4 de 2013 «Asegurados concejal y contratistas de Buga».

^[29] Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 14.648, julio 7 de 2016 «Intramuros para concejal de Restrepo y su esposa por varias falsedades».

^[30] Fiscalía General de la Nación, Boletín enero 11 de 2011 «Fiscalía acusa a alcalde de Yumbo».

^[31] Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 18037, enero 30 de 2017 «Capturado exalcalde de Florida (Valle del Cauca).

Javier Duque Daza. Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.

Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/10220-el-valle-del-cauca-narcotr%C3%A1fico-crimen-y-corrupci%C3%B3n-primera-parte.html /