En 1992, Chile registraba 100,000 inmigrantes; en el 2013, sobrepasaban los 400,000; y hoy, poco menos del medio millón. Se han asentado principalmente en la Región Metropolitana, Valparaíso y el norte grande, y laboran mayoritariamente en servicios, minería, industria, agricultura, construcción, educación y salud. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2009), el 54% […]
En 1992, Chile registraba 100,000 inmigrantes; en el 2013, sobrepasaban los 400,000; y hoy, poco menos del medio millón. Se han asentado principalmente en la Región Metropolitana, Valparaíso y el norte grande, y laboran mayoritariamente en servicios, minería, industria, agricultura, construcción, educación y salud.
Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2009), el 54% de los inmigrantes son mujeres. Para el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), el total de inmigrantes representan el 2.08% de la población nacional de 18 millones de habitantes. Un 73% corresponde a inmigración sudamericana proveniente de: Perú (31.7%), Argentina (16.3%), Bolivia (8.8%), Colombia (6.1%), Ecuador (4.7%), Brasil (3%), y Venezuela (1.9%), según cifras del 2016.
En el 2005, Chile ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por las Naciones Unidas en 1990, pero la legislación interna aún no se ha adecuado a la normativa internacional. La legislación chilena no garantiza el principio de reunificación familiar establecido en el artículo 44 de la Convención. Otra situación anómala es la de niñas y niños cuyos padres se encuentran en situación irregular; son calificados como «hijos de extranjeros transeúntes», lo que atropella la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pues da lugar a la existencia de niños apátridas, negándoles, además, acceso a las políticas públicas de protección de la infancia.
En los últimos años han aumentado los flujos de migrantes provenientes de Colombia y Haití. Prejuicios sociales y culturales, clasismo y racismo -que operan igualmente con la población chilena de bajos ingresos, mapuches u otros pueblos indígenas- afectan particularmente a afrodescendientes colombianos, dominicanos y haitianos. Sin embargo, el nivel educacional promedio de los migrantes es de 12.6 años, mayor que el de los chilenos en edad laboral, que llega a 10.3 años.
La población migrante representan el 5% de la fuerza de trabajo (CASEN 2013), y el 65% labora como empleado u obrero; 62% en el sector privado, y 8.4% en el servicio doméstico -de las mujeres migrantes, un 34% trabaja en esta categoría, bajo condiciones salariales y laborales mínimas, informalidad e incumplimientos de la ley. Según el DEM, en el 2011, mientras el 70% de varones trabajaba como asalariado, sólo el 48% de las mujeres tenía contrato.
Según Manuel Hidalgo, economista peruano y dirigente de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe (APILA), las barreras administrativas están dadas por la complejidad que tiene Chile en el proceso de reconocimiento de títulos y grados académicos obtenidos en el exterior.
«Caso complejo es el que se presenta con Haití, país con el que Chile no tiene convenio alguno al respecto», afirma a Noticias Aliadas. «Sólo lo tiene con 12 países. Otra barrera opera para acceder a empleos como profesional en el sector público, ya que en muchos de ellos hay que estar nacionalizado. Barreras socioculturales son las de la desconfianza, prejuicios sociales y culturales de los empleadores, vinculadas con un cierto nacionalismo mezclado con racismo, que pone dificultades para que se valore adecuadamente las competencias, habilidades, niveles de educación, calificación y experiencia de los inmigrantes».
Centros de detención Rodolfo Noriega, abogado y presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, indica a Noticias Aliadas que «el proyecto de Ley de Migración posee un Registro Secreto de Inmigrantes dependiente del Ministerio del Interior. ¿Por qué tener un registro especial? Si se lo encomiendan a las policías para que sean los únicos que tengan acceso a él, evidentemente que están ligando la presencia de los migrantes con un tema de seguridad».
Lo más preocupante -agrega- es que existen centros de detención especiales: «Identificamos uno en calle Seminario 11, en Santiago. La policía tuvo que reconocerlo ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El jefe nacional de Policía Internacional debió reconocer que era un centro de retención de extranjeros».
Hidalgo precisa que «el proyecto sobre migración que la presidenta [Michelle] Bachelet se comprometió en su programa de gobierno a enviar, como indicación sustitutiva del que envió [el ex presidente Sebastián] Piñera a tramitación durante su gobierno [2010-2014], no llegó hasta ahora a enviarse. Piñera lo envió en el 2013 y recibió el rechazo unánime de la academia, organizaciones religiosas que trabajan con migrantes -Servicio Jesuita a Migrantes y Red Scalabriniana-, así como de las organizaciones de todas las comunidades migrantes, razón por la que su tramitación se estancó indefinidamente».
«En el 2014 [al inicio del gobierno de Bachelet], Rodrigo Sandoval, el nuevo jefe del DEM, impulsó un proceso participativo de consultas para generar un nuevo proyecto, con encuentros regionales y amplia interlocución con la academia, las organizaciones defensoras de los migrantes y las de las propias comunidades migrantes. Al término del 2014, se indicó que en el primer semestre del 2015 se enviaría a tramitación el proyecto que se había alimentado con ese proceso de consultas. Dos años después, aún no sucede», añade.
Con miras a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, la derecha ha comenzado a utilizar el discurso xenófobo como argumento electoral. La última encuesta del no gubernamental Centro de Estudios Públicos (CEP), de abril/mayo 2017, da cuenta de que la valoración del aporte cultural y económico de la migración, su laboriosidad, como de su derecho de acceso a la educación en condiciones igualitarias, «vienen ganando espacios cada vez más amplios en la sociedad chilena, diluyendo el mito de que ‘le quitan el trabajo a los chilenos’. Pero también observa que la percepción de que ‘los inmigrantes elevan los índices de criminalidad’, ha crecido al 41%. Eso muestra el impacto de la propaganda del populismo de derecha, claramente patriotero, que pretende aprovechar este tema electoralmente», sostiene Hidalgo.
Derechos humanos no se respetan En Revista Sur, la periodista Bárbara Barrera, denunció que en calle San Luis, en la comuna de Quilicura, cerca de un centenar de inmigrantes viven «en condiciones de hacinamiento, en una pieza de 5 m² que les cuesta 130,000 pesos mensuales (US$195). Comparten dos baños y una cocina. Guedelin Orzil, haitiana, tuvo que dar a luz en una silla de ruedas en el Hospital San José, en Santiago, porque el personal de salud no le prestó asistencia. Su hijo cayó al piso y el hospital no le realizó exámenes. Situaciones como éstas evidencian la necesidad de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de los inmigrantes».
Según Noriega, el informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe», publicado el 11 de mayo, da cuenta de un dato ya constatado: el 79% de los inmigrantes en Chile tiene un nivel de escolaridad de 10 o más años, aunque gran parte labora en trabajos manuales y servicio doméstico.
«Existe una serie de barreras para que los inmigrantes con calificación y especialización se empleen en sus profesiones u oficios», dice Noriega. «La primera es la de tener una residencia regular y documentos de identidad. Otro problema es el reconocimiento de estudios y títulos. Así principalmente las situaciones de sobrecalificación concurren con la irregularidad migratoria, falta de reconocimiento de estudios, situación que afecta a todos y mayoritariamente a peruanos, colombianos y bolivianos, y particularmente la del idioma en el caso de no hispanohablantes: haitianos, nepaleses, filipinos y africanos».
Noriega explica que el Decreto Ley 1.094 o Ley de Extranjería, es un modelo migratorio cuya base es la selectividad, preferir a ciertos inmigrantes por su calificación y aporte al ‘interés nacional’, como dice literalmente la norma y añade que ese modelo se recoge, con diversos matices, tanto en el proyecto de Piñera como en el de Bachelet. Ambos proyectos «tienen un enfoque al servicio del sistema de mercado, un enfoque economicista, dejando de lado el tan llamado ‘enfoque de derechos’, que mal entienden, creo, de manera deliberada».
Por su parte, Hidalgo señala que la inmensa mayoría de los inmigrantes ocupa empleos minusvalorados: «Empleos desechados por la mano de obra nacional o en los que existe un marcado déficit de oferta, como el de nanas o en el sector salud. No les resulta fácil acceder a los empleos que sus títulos, grados, experiencia en oficios, los habilitarían, ya que existen barreras administrativas y socioculturales».
Muchos envían remesas a sus países, aunque en desmedro de sus propias condiciones de vida: habitan conventillos, hacinados, con deficiencias sanitarias, entre otras. Desde hace años, las comunidades migrantes exigen la regularización de la visa migratoria, una amnistía para quienes se encuentran en situación irregular, medida que Chile ya tomó en 1997 y 2007-2008.
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