Contrariamente a otros casos, la acusación fiscal de 375 años de cárcel más diversas penas adicionales de inhabilitaciones e indemnizaciones para cinco jóvenes de de algo más de 20 años, basadas sobre unos hechos que consisten fácticamente en un altercado en un bar de Alsasua a altas horas de la madrugada, ha despertado una ola […]
Contrariamente a otros casos, la acusación fiscal de 375 años de cárcel más diversas penas adicionales de inhabilitaciones e indemnizaciones para cinco jóvenes de de algo más de 20 años, basadas sobre unos hechos que consisten fácticamente en un altercado en un bar de Alsasua a altas horas de la madrugada, ha despertado una ola de indignación y de petición de responsabilidades por numerosas personas, colectivos e instituciones a lo largo de Euskal Herria.
Juristas de muy diversa procedencia habían venido explicando en las Jornadas organizadas por la fundación Sabino Arana sobre «El derecho ante el fin de ETA» el despropósito de las actuaciones y resoluciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional al respecto: transformación del derecho en un derecho penal del enemigo, jueces y fiscales convertidos en historiadores, monopolio prácticamente exclusivo en la instrucción de la inteligencia policial, responsabilidad penal no de los individuos, sino de las personas jurídicas….
Es sabido que la fuente teórica de muchos de estos procesos había sido la doctrina del desdoblamiento de ETA, que convertía a su supuesto «entorno» formado por diversas organizaciones y partidos políticos en ETA misma, debiendo ser pues castigados como organizaciones terroristas. Mucha gente, yo incluido, había denunciado la incoherencia jurídica y socio-política de una teoría que daba lugar a graves condenas, en una fase, la posterior a 2011, en la que ETA había renunciado a toda acción violenta.
Pero en el caso de Alsasua se riza el rizo. Pues lo que da lugar a condenas astronómicas no es la pertenencia organizativa, sino la atribución a personas concretas, y muy jóvenes, de la responsabilidad en estados de ánimo cuya historia se describe como lago organizado por ETA desde 1976, cuando es evidente que no pueden tener relación alguna en esta historia. ¿Existen por otra parte, como escribe el fiscal, «circunstancias que influyen de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social», y » segundas intencionalidades, que son las de crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente»?
Si ello ocurriera en sectores de nuestra sociedad, sería algo muy lamentable, pero fruto de una historia cuya responsabilidad no puede cargarse en los hombros de esos cinco jóvenes. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que la actuación del Tribunal Supremo desviando el caso de su tribunal natural, que es la Audiencia Provincial de Navarra, a la Audiencia Nacional, y las aberrantes penas que solicita el fiscal, pueden ayudar a mejorar la situación descrita por el fiscal? Esto sí ha ocurrido, y está ocurriendo, en otras latitudes, en África del Sur, en Irlanda del Norte, en Colombia, para satisfacción de casi todos. Pero naturalmente se ha debido a la actuación de gobiernos que han comprendido la necesidad de impulsar procesos de paz y de reconciliación; y no, como en el caso del Estado español, sustituirlos por actitudes de venganza y crueldad incompatibles, no ya con la equidad, sino con el más elemental sentido común.
Por otra parte, no todo el mundo piensa como el Tribunal Supremo, la instructora de la Audiencia Nacional, y el fiscal del caso 10/2016: ha habido declaraciones muy sensatas de los responsables locales de la Guardia Civil, y parece -aunque no se haya podido confirmar -que las víctimas del altercado hubieran preferido declarar en el juzgado natural.
¿Tienen estos hechos hilo directo con la campaña Alde Hemendik que según el relato fiscal habría sido dirigida en exclusiva por ETA desde 1976, lo que les convertiría en una actividad terrorista?: Yo estoy bien situado para responder a parte de esa pregunta. Pues en efecto, cuando siendo diputado del Congreso presenté en 1978 una enmienda para que fuera la policía vasca, la futura Ertzaintza, la única fuerza policial del país en vez de las FSE, utilicé en el debate una frase que se oía en el aquel tiempo en todas las manifestaciones y calles del país: «Que se vayan». Pues bien: era metafísicamente imposible que tal consigna viniera de ETA, pues si no no se hubiera escuchado nunca en el Congreso. Y es que yo fui diputado del Congreso español ignorando la prohibición expresa de ETA de que se participara en él.
He hablado antes de la doctrina del «todo es ETA», esto es, de que su entorno es también ETA, de la que fue su padre intelectual el entonces juez Baltasar GarzónPero los hechos de Alsasua ni tan siquiera entrarían ahora según su teoría en el llamado «entorno», no pudiendo ser calificados en modo alguno de terroristas. Significativamente, ha sido el mismo Baltasar Garzón quien lo ha afirmado en un artículo publicado este 13 de julio en el periódico «El País» con el título de «La nada terrorista de Alsasua». No oculto mi satisfacción en poder reproducir párrafos literales de este artículo:
«Calificar esto (lo ocurrido en Alsasua) como conducta terrorista es una inconsistencia jurídica de gran envergadura, y demuestra la debilidad de los argumentos de la magistrada. Primero habla ambiguamente del «ambiente», no de la acción en sí misma; después, de estructuras a las que, al parecer, con el pretexto del AH (Alde Hemendik) eleva a categoría de «organizaciones terroristas», olvidando que esa campaña, creada por ETA, se creó, exclusivamente, para desarrollarla a través de sus estructuras con fines terroristas, que en todo caso quedaron vacías a partir del 20 de octubre de 2011″
«Pero lo más grave de todo es que el Tribunal Supremo, al resolver la competencia entre los jueces de Pamplona y la Audiencia Nacional, haya generado este disparate jurídico, alimentado, ahora, por una calificación fiscal fuera de toda mesura».
«Por tanto, sólo existe la nada terrorista en el caso, A eso se suma la decisión de la fiscalía de iniciarlo, bajo la anterior jefatura, con el regocijo del ministro Fernández Díaz (el cual) no se enmarca en el contexto de la actividad terrorista de ETA, sino en el de la desnaturalización del concepto de terrorismo de los titiriteros, twiteros, anarquistas, antisistema, okupas, personas que silbaban al himno nacional, que quemaban alguna bandera o algunas fotos del rey. En esa línea, el escorzo del fiscal puede tener imprevisibles consecuencias».
La aberrante petición fiscal está teniendo ya dos consecuencias: una mayor proximidad de las posturas anti-represivas en el País Vasco, y la profundización de las contradicciones ya existentes en uno de los centralismos más letales que han existido en el Estado.
Naturalmente, como en toda política rastrera, todo tiene un sentido; o más bien, varios sentidos. Esta resurrección de la imagen de ETA como si siguiera viva y activa (lo decía hace apenas unos días Mayor Oreja en Televisión Española: todo sigue siendo ETA) responde a varias necesidades. Una de ellas es la de contentar a los sectores más ultras, llenos de ansia de venganza, ciertamente no irrelevantes, a los que así el partido gobernante les inhibe de la tentación de formar, como ocurre en casi todos los estados europeos, un partido propio de «extremísima» derecha. Otra tiene que ver con los sucesos de Cataluña. Nada indica (lamentablemente, en mi opinión, aunque respeto las opiniones divergentes) de que en el País Vasco se vaya a seguir a corto-medio plazo la vía catalana. Aunque haya que tocar madera, nada parece indicar que el gobierno español vaya a responder en Catalunya violentamente si ésta mantiene su actual coherencia. Pero ¿y en Euskal Herria? Al partido del gobierno le viene muy bien seguir hablando contra toda evidencia de un terrorismo activo, porque si algo parecido ocurriera aquí, éste sería el argumento perfecto para intervenir con todos los medios, incluyendo la fuerza.
Si con algo me quedo, es con el admirable, y entrañable, estado de ánimo de los Altsasu Gurasoak, los padres y familiares de los jóvenes presos, quienes inmediatamente después de tener conocimiento de la acusación fiscal dieron a conocer su «rabia, miedo, desprotección, impotencia que nos ahoga… Pero no nos rendimos, gracias por vuestro apoyo, ánimos y estrecha fuerza. La solidaridad que estamos recibiendo es impagable, incalculable y plural. Lo ocurrido en esa noche debe ser aclarado y juzgado en Navarra».
¡Aurrera, Altsasu gurasoak, estamos con vosotros!
Francisco Letamendia, Profesor Emérito de la UPV-EHU
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