Pienso que cuando no hay verdad se produce olvido y se crean condiciones para que se repitan violaciones atroces de derechos humanos, como la ocurrida en Mapiripán, departamento del Meta, entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Allí fueron masacrados 77 campesinos y pescadores humildes que habían cometido el «pecado» de crear […]
Pienso que cuando no hay verdad se produce olvido y se crean condiciones para que se repitan violaciones atroces de derechos humanos, como la ocurrida en Mapiripán, departamento del Meta, entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Allí fueron masacrados 77 campesinos y pescadores humildes que habían cometido el «pecado» de crear una organización comunitaria.
Pasadas dos décadas, las miles de víctimas corren el peligro de ser revictimizadas e invisibilizadas por cuenta de las maquinarias mediáticas y judiciales, que ahora presentan como víctima a uno de los responsables de esta masacre: el general comandante de la Brigada séptima del Ejército estatal, a quien en 1999 la Fiscalía le impartió orden de captura.
Los noticieros de la época presentaron al general Uscátegui llorando mientras declaraba que era inocente; y al ser preguntado sobre los responsables de la atroz masacre, él respondió que no podía decir lo que sabía, porque ponía en peligro de muerte a su propia familia. ¿Ley del silencio?
Veinte años después de esas lágrimas, vale la pena decir cuáles debemos derramar las colombianas y colombianos, como catarsis, para no dejar en el olvido esta horrenda tragedia.
Lágrima 1: Transporte aéreo oficial para los matarifes
Los 100 paramilitares que perpetraron esta masacre salieron del aeropuerto de Apartadó, la principal ciudad de Urabá, en la frontera con Panamá, y llegaron al aeropuerto de San José de Guaviare, la capital del departamento de Guaviare, donde comienza la Amazonía, luego de recorrer 750 kilómetros. Ambos aeropuertos estaban custodiados por batallones del Ejército estatal.
Los paramilitares al mando de alias Otoniel bajaron en lanchas por el río Guaviare, desde San José hasta Mapiripán, pasando por varios puntos de control fluvial establecidos por los militares, el principal de ellos, localizado en la Base de Barrancón. Allí funcionaba una sede de la Escuela de reentrenamiento militar dirigida por los Boinas Verdes, las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, en cumplimiento del plan de asesoría militar pactado entre los gobiernos de Bogotá y Washington.
Lágrima 2: Miles de víctimas ignoradas
El 15 de julio los paramilitares encerraron y torturaron a todos los pobladores en el matadero municipal, antes de proceder a asesinarlos, descuartizarlos y echarlos al río. Comenzaron matando a «Catumare», Jesús María Barrera, el fundador de Mapiripán.
El último informe de la Fiscalía reporta 77 víctimas entre desaparecidos, asesinados y descuartizados que fueron arrojados al río Guaviare, tanto en la Cooperativa como en Mapiripán, sector donde el río alcanza una profundidad hasta de 20 metros, lo que dificultó recuperar los restos de las víctimas.
La Unidad de Atención de Víctimas de Villavicencio contabiliza entre 5000 y 6000 desplazados, a causa de las amenazas de los paramilitares contra las comunidades de Mapiripán y la Cooperativa.
Lágrima 3: Los militares supieron a tiempo, pero no acudieron
El Teniente Coronel Orozco Castro, comandante del Batallón Joaquín París, informó a Uscátegui por teléfono, el mismo 15 de julio, que habían llegado 70 paramilitares con acento de la costa norte de Colombia, los que habían secuestrado y encerrado a los pobladores de Mapiripán en el matadero municipal; información que también le reportó por escrito el 16 de julio.
La Corte Suprema de Justicia condenó a Uscátegui porque, como comandante de la Brigada séptima, debía responder por la jurisdicción de Mapiripán y era el responsable del Batallón París, de cuyo comandante recibió el reporte de la masacre. Uscátegui alegó que no era responsable de esa área ni de ese Batallón, pero la Corte sentenció que sí lo era, y que no actuó para defender a la población; además dijo que, en el supuesto caso que él no hubiera sido el encargado de Mapiripán, al recibir el reporte de la masacre debía haber actuado, cosa que no hizo. Por eso lo condenó a 37 años de prisión.
Hace pocos días, el pasado 16 de julio, el general Uscátegui se excusó ante el diario El Colombiano diciendo: «el día 22 de julio llegó la Fuerza Pública a Mapiripán, allá llegó el comandante de la División, y fueron los que tenían que ir, yo no fui porque eso no era responsabilidad mía». Se refiere al general Ardila Uribe, comandante de la Cuarta División del Ejército.
Lágrima 4: Nadie responde, se echan la culpa unos a otros
En octubre de 1996, mediante la Orden de operaciones 005, enviaron a la Brigada Móvil 2 a reentrenamiento a la Base de Barrancón y devolvieron a la Brigada séptima la responsabilidad del área de Mapiripán. Para esquivar su responsabilidad, Uscátegui y Ardila Uribe destruyeron la copia de esta Orden que reposaba en Villavicencio, por lo que hubo que acudir al texto original. Eso permitió al Consejo verbal de guerra condenar a Uscátegui por ser el comandante operativo encargado de responder por el área de la masacre.
Uscátegui achacó la responsabilidad de haber permitido la masacre al comandante de la Brigada Móvil 2, el coronel Sánchez Prado, y al comandante del Batallón París, coronel Orozco Castro; respaldado en la certificación dada por Juan Manuel Santos en 2006, cuando fue Ministro de Defensa, quien lo excusó de ser el responsable operativo de Mapiripán. Pero los generales Mora Rangel y Ospina Ovalle, en cambio, testificaron en contra de Uscátegui.
El juez que absolvió a Uscátegui lo hizo porque el coronel Orozco Castro no se presentó al juicio; éste no compareció porque debió exiliarse en los Estados Unidos, enviado por el gobierno de Álvaro Uribe, con el argumento que este coronel no contaba con la protección debida en Colombia frente a sus enemigos, Uscátegui y sus aliados; a su vez, éste acusó a Orozco y a Ardila Uribe de amangualarse en su contra.
Lágrima 5: No fue solo una, fueron tres masacres
La Brigada séptima en alianza con los paramilitares llamados Buitragueños o Carranceros, en octubre de 1997, masacraron a una Comisión judicial en San Carlos de Guaroa, departamento del Meta, conformada -entre otros- por las mismas tropas de Uscátegui, adscritas al Gaula del Ejército. ¿Qué buscaban silenciar con esta matanza?
Por esta época, sobre el mismo río Guaviare, más abajo de Mapiripán, denunciaron la presencia de paramilitares en Puerto Alvira. Uscátegui, en un Consejo de Seguridad, prometió enviar tropas al sitio, cosa que nunca hizo, lo que permitió otra masacre, esta vez de 22 personas.
Entonces, este general debe responder por tres masacres, no sólo por la de Mapiripán.
Lágrima 6: Los casos de falsas víctimas
A las víctimas certificadas por la Fiscalía, en ese entonces, les entregaban tres mercados mensuales, lo que hizo que algunas personas mintieran, diciendo que tenían familiares asesinados en esta masacre. Algunas reconocieron su error y prometieron devolver las ayudas recibidas. Igualmente, los abogados de las víctimas devolvieron los honorarios que recibieron por estos casos.
Moraleja que no es una reja
Veinte años después persiste la manguala entre militares y paramilitares con el objetivo de atacar a las comunidades y líderes sociales que se oponen al régimen dominante. También persiste la costumbre oficial de «tirar la piedra y esconder la mano», de cometer crímenes contra el pueblo y no asumir responsabilidad por ellos.
Lo que es peor, desde la elite dominante se empeñan en mostrar a los victimarios como víctimas. Para el caso de Uscátegui es explicable este intento de transfiguración, dado que su esposa pertenece al clan Pastrana, quienes han colocado a dos de sus integrantes como presidentes de Colombia: uno entre 1970 y 1974, y el otro entre 1998 y 2002 (éste último, amangualado ahora con el expresidente Uribe Vélez).
«Verdad toda, verdad todos», debe servir para que cada parte asuma sus responsabilidades en esta guerra. Solo así se podrán hacer realidad los derechos de las víctimas.
Cdte. Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de diálogo del ELN.