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Explicación del conflicto minero en Remedios y Segovia

Del paternalismo a la imposición gubernamental

Fuentes: Prensa Rural

Quiero hacer público lo que los municipios de la región y toda Colombia quieren conocer respecto a la problemática de los mineros del Nordeste Antioqueño y concretamente de los municipios de Segovia y Remedios. Para entender la situación, es necesario conocer un compendio histórico de la minería en estos municipios, citando tres temas: 1- Origen […]

Quiero hacer público lo que los municipios de la región y toda Colombia quieren conocer respecto a la problemática de los mineros del Nordeste Antioqueño y concretamente de los municipios de Segovia y Remedios.

Para entender la situación, es necesario conocer un compendio histórico de la minería en estos municipios, citando tres temas:

1- Origen de la minería ancestral. 2- Dueños de un territorio. 3- Retroceder la negociación es la solución.

El origen minero ancestral

Antes que llegaran los colonos españoles, estas tierras que pertenecían al municipio de Remedios y que se conocieron como Tierradentro, estaban habitadas por indígenas Tahamíes y Yamesíes, de los cuales descienden nuestros conocidos Emberá’ Chamy.

Por la fiebre del oro, llegaron al territorio franceses y posteriormente ingleses y nuestros indígenas por culpa de la colonización fueron desapareciendo, ya por enfrentamiento con los colonos o con otras tribus, por enfermedades y por el mal trato y trabajo forzado en los socavones; además de que su talla no era muy adecuada para la labor minera en las profundidades de la tierra. Los indígenas le enseñaron a los españoles a conocer y trabajar el oro con sus rudimentarias herramientas hechas básicamente en madera.

Diezmada la población indígena, fueron reemplazados por los negros; y con la llegada de nativos nacionales del interior del país se fueron conformando las mezclas raciales y surgieron mestizos, zambos y mulatos. Los pocos indígenas que quedaron fueron ocupados en labores de labranza, ganadería y oficios domésticos. Hoy nos encontramos con indígenas en nuestra región de ascendencia Tatami y otras que llegaron de diferentes partes del país y habitan en la Lo, Corea alta; las marraneras por Campo Alegre adentro, etc. La cultura y raza de remedianos y segovianos está bastante ligada y mezclada gracias a la sed de oro de quienes llegan a la región queriendo enriquecerse rápidamente.

Nuestro territorio antioqueño ha sufrido muchos males por su riqueza, por política y por el asentamiento de grupos al margen de la ley; entre los que podríamos mencionar las masacres a nuestros campesinos e indígenas de Manila; la masacre de 1988 en el casco urbano y la realizada por los chulavitas o Policía Nacional a causa de disturbios en el interior de la empresa Frontino. Los asesinatos de trabajadores desde la llegada de la multinacional Medoro o Gran Colombia y sus operadores.

En el 2010, los extrabajadores y pensionados de Frontino tuvieron un gran enfrentamiento por la llegada de la nueva multinacional Medoro, con el grupo ESMAD enviado por el Gobierno presentándose una gran cantidad de heridos de parte y parte; pero no se logró el objetivo de no permitir el asentamiento de la transnacional hoy en cuestión, por diferencias con la pequeña minería.

Concluyo: el Gobierno no defiende su pueblo, defiende sus intereses, es un Gobierno fuera de Ley (2003 al 2017).

Reversar negociación es la solución

El Gobierno Nacional, sin atribuciones para vender una empresa particular, la intervino y decidió negociarla. En el año 2003, se inició la intervención autorizada por el presidente Álvaro Uribe Vélez., quien delegó en la Superintendencia de Sociedades.

El superintendente Rodolfo Daniels Lacouture inició y planteó alternativas para salvar la empresa. Como un socio inversionista la entregó en dación en pago a jubilados y trabajadores tal como fue la voluntad de los ingleses propietarios, según el documento de New York.

Luego, el mismo Superintendente, en representación del Presidente, cambió las reglas de juego y manifestó que la empresa Frontino no era viable, que había que venderla. La contadora Aura Marleny Arcila atemorizó a los acreedores diciéndoles que en el estado de la empresa, su venta no daba siquiera para liquidarlos, que les tocaba recibir «cualquier cosa».

Como representantes de la liquidadora Fiduagraria, participaron: Pedro Manuel Hernández y otros (José David Castellanos Segura e Iván Correa Calderón) y hasta Luis Eduardo Otoya Rojas, representante legal, hoy en la cárcel.

Hernández publicó por diferentes medios alternativas para salvar la empresa; Castellanos vendió bienes e hizo algunas inversiones para recuperar la producción.

Correa hizo contratos (considerados dádivas) con operadores en las minas y tuvo una remesa en el limbo, que le fue reclamada por la mesa asesora.

0toya actuó igual que Correa, haciendo contratos con terceros con el pretexto de aumentar la productividad.

Los trabajadores y jubilados, que ya habían descubierto el documento que los acreditaba como propietarios, iniciaron un proceso jurídico para reclamar los bienes a su nombre.

El juez laboral del juzgado 5to. En Medellín, Javier Echeverri Correa falló a favor de pensionados y jubilados y les entregó la empresa en noviembre del 2006, teniéndola en posesión por 15 días, cuando un capitán Madrid de la Policía los desalojó.

El Gobierno de Uribe, por intermedio del Superintendente, como juez de concurso, maniobró conjuntamente con el Liquidador, Mesa Asesora, Asopen y el representante legal Otoya, mediante acciones de tutela y consiguieron que todo lo actuado volviera a su normalidad.

Despidieron al juez quinto (QEPD); pero el 6 de febrero de 2007, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de jubilados y trabajadores aceptándolos como propietarios.

Nombraron provisionalmente una juez de Santafé de Antioquia, Miriam del Socorro Marín Echeverry, para hacer las patrañas que necesitaba el Gobierno y devolvió la empresa a la Superintendencia de Sociedades.

El nuevo Superintendente, Hernando Ruíz López, nombró al liquidador: Luis Fernando Alvarado Ortiz, quien se había desempeñado como superintendente de sociedades y conocía la Frontino de vieja data; incluso, que se encontraba en concordato por aproximadamente 30 años. Este nombró gerente a Martín Estrada y se dedicó de lleno a la liquidación, hasta el año 2010, logrando que la Mesa Asesora y Asopen lo respaldaran en el cometido del Presidente de la República, el Superintendente, y en su interés personal, que le reportaría una jugosa comisión por la venta de la empresa.

Mediante una fórmula inventada por el presidente Uribe, pasando por encima de toda normatividad; fio, entregó el fondo de pensionados y encimó el RPP (Reconocimiento de Propiedad Privada, que no le corresponde sino a su dueño original o a sus herederos).

El Gobierno, no tuvo en cuenta que los acreedores (propietarios) consiguieron un inversionista que ofrecía capital suficiente para recuperación de la empresa.

En debate convocado por el congresista Ignacio Mesa, éste le echó la bendición a la negociación diciendo que ya no había nada que hacer. En esta encerrona, también participó el superintendente entrante Luis Guillermo Vélez Cabrera, quien ni siquiera había tenido tiempo de conocer el proceso.

La negociación se cerró después del 7 de agosto de 2010, cuando asumió la Presidencia Juan Manuel Santos.

El presidente Juan Manuel Santos tiene la potestad de ordenar que se reabra y se revise el expediente, para que se entere que la negociación de la Frontino fue ilegal y que la empresa debe entregársele a sus verdaderos dueños (jubilados y trabajadores) para cumplir con la voluntad de los ingleses, sentada notarialmente en New York y en Santa Fe de Bogotá y posteriormente protocolizada a escritura por Francisco Jaramillo Hincapié, en la ciudad de Medellín.

Salve usted, señor Presidente, de la opresión esta región minera ancestral y tradicional del Nordeste antioqueño, reversando e investigando a los involucrados en la negociación de la Frontino y logrando la paz para los municipios de Segovia y Remedios que también son Colombia.

Propietarios de un territorio

De acuerdo a negociación que abrió el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a través de la Superintendencia de Sociedades y con respaldo de un puñado de trabajadores de la empresa FGM., integrantes de la mesa asesora sin cumplir los requisitos de Ley: subasta pública, subasta privada; nuestro gobernante se inventó la fórmula de negociación especial y desconoció la dación en pago y escrituras de la propiedad de New York y Bogotá, por medio de las que traspasaron sus bienes en Colombia a jubilados y trabajadores de la empresa. Hicieron todos los malabares posibles y le regalaron la empresa a Medoro Resources (Gran Colombia Gold) Y Zandor Capital.

Se compraron todas las conciencias necesarias y realizaron la negociación ajustándose al valor del ofertante y para ello manipularon el cálculo que tomaron como base para establecer el valor de la venta; además, entregaron el fondo de pensionados por cuarenta y cinco mil millones de pesos 45.000’000.000 y como si fuera poco le encimaron el reconocimiento de propiedad privada del subsuelo, conocido como RPP (este reconocimiento puede ser sólo de su dueño original y/o de sus herederos, no había argumento legal para adjudicarlo). En total la empresa se negoció en cuatrocientos veinte mil millones de pesos ($ 420.000.000.000) porque la empresa no era viable y no tenía valores en oro calculados (hasta desconocieron los avalúos practicados por Ingeominas y auditados por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional) y de ese tiempo a la fecha han pasado 7 años de explotación de una empresa inviable.

Hoy gran Colombia Gold, reclama su adquisición que le fue entregada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Superintendencia y políticos como Ignacio Mesa; además, presiona al gobernante actual Juan Manuel Santos, que también se hizo sordo, ciego y mudo ante la reclamación de sus verdaderos propietarios: jubilados y trabajadores desde 1976, hasta que se inició la liquidación.

Aún hay personas que son trabajadores de Frontino porque no han sido liquidados, pero se dice que la liquidación ya se terminó. Respaldada por el Gobierno, la multinacional comete todo tipo de atropellos en su interior y con la gente del pueblo y hacen lo que les viene en gana auspiciados por las autoridades; tal el caso de los depósitos de lodos en diferentes partes que deterioran el medio ambiente.

La Frontino GOLD Mines permitió a los mineros independientes laborar en anteriores minas cerradas: Cogote, Cristales, Vera, Marmajito, Ñeme Ñeme, Cecilia, San Nicolás, etc., con la única condición de que este tipo de mineros no accedieran a sus frentes de trabajo o minas de explotación por su parte; de manera que «aquí todos tenemos cabida» como lo expresara en un principio el superintendente Rodolfo Daniels Lacouture.

Lo único que falta es que la multinacional inicie su explotación a cielo abierto y el Gobierno lo permita, como se está pretendiendo en Buriticá por la Continental Gold.

¿Dónde está la inversión social prometida por la multinacional? La carretera inaugurada hace poco por la Patera la hicieron por conveniencia de la multinacional para transporte de mineral en sus volquetas de gran tonelaje. Aquí lo que existe es alcahuetería por parte de las autoridades.

Mesa minera: que el sacrificio del pueblo no sea en vano, se rumora que no los volverá a acompañar si fracasan en su propósito de llegar a un acuerdo. Mesura e inteligencia, para que ustedes no sean los chivos expiatorios.

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Nuestros mineros independientes estaban acostumbrados al manejo paternalista de la también multinacional F.G.M., que les había permitido mediante comodatos laborar en las minas que tenía cerradas, pero por las cuales continuaba pagando impuestos al estar en sus títulos y dentro de su área de exploración y explotación, asignada mediante un reconocimiento de propiedad privada (RPP) en una extensión de aproximadamente 18.000 hectáreas; hoy reducidas por diferentes motivos a 2.800 hectáreas aproximadamente.

Ya expliqué todas las patrañas accionadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y cómo se hizo la negociación que aún tiene reclamos por sus verdaderos dueños: jubilados y trabajadores, mediante trámites judiciales; así políticos, periodistas, autoridades locales, departamentales y nacionales digan que ya no hay reversa; pero todo robo deja evidencias. Ha sido una lucha ardua por parte de los reclamantes, con falta de unidad. El Gobierno, se empeñó en dividir para apropiarse de este reino.

Llegaron a ocupar la extinta Frontino, dos empresas que salieron de la nada Medoro Resources Y Zandor Capital que aparecieron conformadas en Panamá y después en la bolsa de Toronto, Canadá, y aquí empezó la de Troya entre los despojados jubilados y trabajadores, contra el Gobierno nacional que envió sus fuerzas en defensa de la multinacional y se olvidó del pueblo.

Se presentó un enfrentamiento de padre y madre que atemorizó a los pobladores de Segovia, porque se presumía la ocurrencia de hechos funestos. Los ex trabajadores (jubilados y trabajadores) fuimos muy conservadores, porque nos limitamos a protestar y a defendernos del Esmad que inició la ofensiva para hacernos despejar las vías. La consigna fue no producirle daños a la empresa, porque si la recuperábamos, tendríamos que iniciar por reparar lo que dañamos.

Llevábamos tres días plantados en las vías y en el punto de concentración, sitio conocido como la electrificadora. Sabíamos que teníamos en jaque al Esmad después de repeler sus constantes asedios en cabeza del coronel Narciso Martínez y del Sargento Guevara, quien fue reemplazado por el Sargento León (como nuevo Comandante de la Policía en Segovia); porque estaban sin comida. Pero al tercer día después de una homilía, nuestro compañero Alfredo Tobón tomó la decisión y se dirigió a todos los protestantes manifestando el levantamiento del paro por haber cumplido el tiempo estipulado. Nuestros compañeros quedaron más aturdidos por esta decisión que de los golpes propinados por el Esmad. Hoy todavía nos preguntamos ¿qué ocurrió?

La lucha continúa en los estrados judiciales. Lo que se dice es que este pleito se ha prorrogado porque hay dinero de por medio, por nuestros compañeros, entes jurídicos y la corrupción de nuestros gobernantes.

Posicionada la empresa Medoro (Gran Colombia) y Zandor, empezaron por vincular personal a través de cooperativas (sistema conocido como tercerización), ex trabajadores de Frontino, aquellos recomendados que no estaban en lista negra.

Ofrecieron contratos a los mineros independientes, vendiéndoles la idea de formalización de sus minas y entregaron en operación las minas que la misma empresa exploraría.

Las ofertas y condiciones de la empresa no llenaban las expectativas de los pequeños mineros, en cuanto al porcentaje de participación en la producción; obligatoriedad de llevar el material aurífero a la planta de procesamiento de la empresa y esperar la liquidación de oro y pago en dinero.

A la par, el Gobierno inició la legislación de formalización y legalización de los pequeños mineros y les fue estrechando su accionar de mineros independientes hasta el punto de sentirse estigmatizados por considerarlos auxiliadores de grupos al margen de la ley.

Surge entonces la idea de conformación de una directiva que agrupa los mineros de Segovia y Remedios que se conoce como «Mesa minera» y su eslogan «mineros sí, ilegales no».

Se gestan movilizaciones de mineros para protestar que han desembocado en paros durante los últimos años, apoyadas por la población ante el llamado de los directivos de la mesa.

Nuestros pueblos, a través de su historia, han sufrido hasta el derramamiento de sangre por su oposición a las medidas gubernamentales, de políticos y de quienes han pretendido el dominio en la zona como en este caso la multinacional Gran Colombia Gold.

El día de la celebración de independencia de Colombia, 20 de julio, en este año 2017, se inicia por parte de los mineros la denominada protesta pacífica y la convocatoria al Gobierno central para que atendiera sus peticiones formalmente presentadas, que en una mesa de diálogo se iniciarían a debatir y negociar con la multinacional.

Días después, sin obtener respuesta, inesperadamente se conoció que en horas de la noche del sábado 29, fue dinamitado un tubo de conducción de aguas industriales hacia el área de beneficio minero de la empresa conocida como «Mariadama». Este mismo día habían llegado al centro del municipio a eso de las 2:00 PM, los indígenas Emberá Chamy de ascendencia Tahamy.

El vicepresidente de la multinacional, señor Noguera, aprovechó para difundir por la W Radio la noticia de que la voladura del tubo que se perpetró, no sólo le acarreaba perjuicios a Mariadama, sino también a la población de la Cruzada, municipio de Remedios. El coronel delegado para el Nordeste manifestó que se estaba haciendo investigación de los hechos, pero que constataron que el tubo no conducía agua al corregimiento de la Cruzada.

El vicepresidente Noguera no se hizo presente el domingo 30 de julio a una reunión concertada con la Mesa Minera, en el batallón del Ejército en la Salada, Segovia.

Unos días después de iniciado el plantón en Segovia, el Esmad se acantonó en Santa Isabel, municipio de Remedios, en espera de órdenes para desplazarse a Segovia; lo cual alertó a los pobladores de los dos municipios quienes se enteraron de la presencia de esta fuerza élite en el corregimiento, conociéndose fotografías publicadas por las redes.

Este inicio de desplazamiento enardeció a grupos de mineros quienes empezaron a colocar barricadas en puntos estratégicos para impedir la movilización del Esmad y sus vehículos, entre estos, tanquetas.

30 de julio de 2017 el Esmad arribó a Remedios y empezó el desmonte de barreras y a disparar gases lacrimógenos contra los manifestantes que trataron de impedir su paso hacia Segovia. Los mineros se enardecieron y se entrabaron en enfrentamiento cuerpo a cuerpo con unidades de los antimotines.

Una tanqueta fue inmovilizada y parcialmente quemada. El Esmad continuó hacia Segovia, quedando entre ellos y los protestantes varios contusos y heridos leves.

A la Cruzada también entraron disparando gases y despejando la vía, en medio de la población civil que corría despavorida; momento en que niños estudiantes salían de sus planteles a las 12:30, del medio día.

Todo lo acontecido en la Cruzada en este día fue filmado por aficionados. Parcialmente, se conocen filmaciones, audios y fotografías de lo ocurrido en Remedios en este primer día de incursión del Esmad.

El grupo élite de la Policía se acantonó en el paraje conocido como La Salada, donde se encontró con mineros que se hallaban en el sector, abriéndose paso hasta tomar posición en la parte externa del único hospital del municipio de Segovia, San Juan de Dios y el Club La Salada, propiedad de la multinacional; seguidos por la turba de mineros que no acataron la voz de sus líderes de mantener la cordura para preservar el paro pacífico.

Molestos por la actitud del Esmad, respondieron con piedras y obligaron a este grupo de policías a instalarse dentro del hospital en medio de enfermos, cuerpo médico y paramédico, creando pánico, a la vez que caían piedras sobre el techo de la edificación y ellos accionaban sus armas e intimidaban a los presentes que corrieron para la segunda planta a protegerse, a la vez que solicitaban auxilio por distintos medios.

Mientras la situación en el hospital; por la parte externa del Club La Salada, otro grupo de campesinos y mineros, asediaba al reducido grupo de hombres del Esmad que no encontraban el ingreso a la sede social, se dispusieron y dispararon desde la parte alta gases lacrimógenos contra la multitud.

El pánico se extendió a toda la población cuando empezaron a sentirse explosiones de petardos y se supo que fueron lanzados a la parte del gimnasio del club, causando destrozos. Cerca al hospital, se incendió una casa que fue alcanzada por impactos de las armas del Esmad, empezando la noche según comentarios de quienes filmaron este suceso.

Durante toda la noche y hasta aproximadamente las 2:30 A.M. entre lunes y martes se vivió el horror por la imposibilidad de no conciliar el sueño y por las fuertes y esporádicas detonaciones.

Lunes 31 de julio de 2017: disminuyó el accionar de armas y petardos pero se sentían esporádicamente a la distancia. El Esmad continuaba ocupando las instalaciones del hospital y atacaron una ambulancia de la Misión de Paz, imposibilitando a sus ocupantes con gas pimienta.

Martes 1 de agosto de 2017: el Esmad llegó a la población de Remedios y fueron esperados por campesinos y mineros que los enfrentaron en el sitio conocido como San Nicolás, sin poderlos retener. Ese día iniciaba el toque de queda en los dos municipios, pero los pobladores no lo acataron (en 30 años no se había decretado esta medida, por lo que muchos pobladores no sabían en qué consistía, ni tampoco hubo socialización de la misma, por estar cerrados los establecimientos y disminuida la circulación de vehículos y personas).

El Esmad subió hasta el parque de Remedios en horas de la noche, haciendo uso de su armamento y les ocasionó heridas con bala a varias personas que fueron llevadas al hospital de dicho municipio.

Tuve la oportunidad de escuchar un audio grabado por el gerente de dicha institución, Pedro Mendivil, que decía: «el Esmad está atacado a los mineros a bala, yo me encuentro laborando. Entre los traídos al hospital, hay algunos que se hace necesario remitirlos vía aérea a Medellín por su gravedad y estoy enterado de que en Segovia también hay heridos; considero que unas nueves personas en total. Se debe pedir un helicóptero Black Hauk para remitirlos».

A los hospitales de los municipios han llegado más de 50 heridos leves, en su mayoría contusos y más de 200 personas afectadas por los gases lacrimógenos. Se reporta por los medios, la muerte de una menor afectada por los gases.

En Segovia, durante el día, se escucharon a la distancia petardos esporádicamente y se esperaba que en la noche la situación se repitiera como el lunes.

Inició el toque de queda entre 6:30 pm y 6:00 am, del día miércoles. En el sitio de concentración permanecía la mayor parte de la gente que fue convocada a la protesta pacífica y los representantes de los mineros utilizando una tarima alta, micrófono y parlantes los mantenían informados de los acontecimientos.

Miércoles 2 de agosto: durante el día la gente estuvo concentrada y entrada la noche, les informaron de la posibilidad de recibir a las 8:30 a.m. un informe de una reunión en horas de la tarde del jueves o en la mañana del día viernes, con asistencia de representantes de la multinacional. A las 11:30 de la noche, a la entrada del barrio Galán, cerca de la concentración, asesinaron a un joven minero de 18 años, conocido con el nombre de Hernán Tobón.

Jueves 3 de agosto de 2017: la administración municipal convocó a toda la ciudadanía a una manifestación pacífica en el parque principal de Segovia, en pro de la pequeña minería.

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En el transcurso de este tiempo de la protesta pacífica, el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez, manifestó: «El mercurio desaparece en el trabajo de la minería de Antioquia a las buenas o a las malas», pero de inmediato. Se le olvidó que la ley aplica a partir del 2018, para todo el país.

El Gobernador se lavó las manos y dice que las leyes de minería que vienen siendo promulgadas desde el 2010 son hechas por el Gobierno Nacional, por eso es al Ministerio de Minas al que le corresponde entrar a participar en la Mesa Minera.

El Viceministro de Minas dijo que las leyes ya están hechas y tienen aplicación en todo el territorio Nacional, refiriéndose al Decreto 1102 del 27 de junio de 2017.

Requisitos para la formalización minera: una burla a la minería tradicional

Titular minero en etapa de explotación. Explotador minero autorizado. Comercializador de minerales autorizado. Declaración de producción para mineros de subsistencia. Minería de subsistencia. Certificado de origen. Constancia de la alcaldía. Registro único de comercializadores de minerales RUCOM. Acreditación de la procedencia lícita del mineral. Publicación de explotadores mineros autorizados. Obligaciones de los comercializadores de minerales autorizados. Esto conlleva además, pago de impuestos, seguridad social, etc.

Decreto ley 1102 del 27 de junio de 2017

Concluyo al leer el decreto Ley 1102, en sus artículos y parágrafos, que ningún pequeño minero está en capacidad de llenar los requisitos que aquí se solicitan. Como tampoco los comercializadores de oro.

Respecto al barequero y chatarrero, manifiesto que lo que quiere el Gobierno Nacional es mantener reducida a la mínima expresión a esta clase trabajadora; porque la minería ha evolucionado, pero a este gremio que requiere su subsistencia no le será permitida explotar y comercializar más de 35 gramos mes o 420 gramos anuales.

Aquí, según la exposición del Viceministro de Minas, no hay reversa.

Nuestros funcionarios gubernamentales aplican la Ley: «Caiga quien caiga», qué importa, Segovia, Remedios (guerrilleros, paramilitares, autodefensas, bacrim, brujos, etc.); como ha sido la costumbre de estigmatizar y considerar al que protesta como terrorista.

Con relación a este Decreto Ley, ¿Quién es terrorista?

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El señor Alcalde municipal de Segovia hizo presencia con su Secretario, señor Fernando Molina en el sitio de concentración de la protesta pacífica y fue recibido con abucheos y no le permitieron hablar. Un acto bochornoso que no debió ser.

Comentan que el señor Alcalde alguna vez dijo que no le interesaba la minería, motivo por el cual, el pueblo lo está repudiando.

Surgieron personas que manifestaron que el señor Alcalde fue mal interpretado en sus palabras y que él dijo: «no tengo intereses en las minas», en otras palabras, que él no recibe nada de ninguna mina y tampoco está haciendo uso de alguna oportunidad para beneficiarse.

Se le condena al señor Alcalde por haber tenido la oportunidad de abogar por la pequeña minería y por su pueblo ya que no lo hizo. Se quedó callado.

Señor Alcalde, el que calla otorga. Dio papaya ante un pueblo dolido, que le quiere cobrar por ventanilla. Esto tiene, además, tinte político.

Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21873