Con el argumento de ponerle «orden» a las consultas populares y a las revocatorias de mandatos el gobierno de Santos ha entregado a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (Cesivi) un borrador de Proyecto de Ley Estatutaria por medio del cual se dictan normas de garantías y promoción de la […]
Con el argumento de ponerle «orden» a las consultas populares y a las revocatorias de mandatos el gobierno de Santos ha entregado a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (Cesivi) un borrador de Proyecto de Ley Estatutaria por medio del cual se dictan normas de garantías y promoción de la participación ciudadana. Dicho proyecto constituye un verdadero golpe a la participación ciudadana tal como ella hoy está protegida por la CP de 1991, la ley 134 de 1994 y la Ley Estatutaria 1757 del 2015.
El proyecto de ley del gobierno establece como requisitos para aprobar las consultas populares y las revocatorias los siguientes: realizar, previo a la aprobación de las revocatorias y consultas populares, cabildos abiertos especiales sin ninguna garantía efectiva para la participación ciudadana en los mismos; restringir la revocatoria a la insatisfacción ciudadana con el incumplimiento del plan de desarrollo aprobado -no con el programa de gobierno prometido en las elecciones- y excluir como causal de revocatoria la insatisfacción general de la ciudadanía con la gestión de gobierno, como lo contempla la Ley estatutaria 1757 del 2015 y la Ley 134 de 1994; condicionar la veracidad de la exposición de motivos a una prueba técnica de evaluación por parte del Departamento Nacional de Planeación en términos del grado de cumplimiento del plan de desarrollo; redefinir el tiempo para comenzar una revocatoria no al primer año de gobierno sino al primer año de aprobación del plan de desarrollo; y otorgar facultades al Consejo Nacional Electoral para decidir sobre las revocatorias y consultas populares con base en los anteriores requisitos. Con lo anterior, el gobierno está dando un golpe a la participación ciudadana en Colombia pues coloca trabas que hacen imposible tales mecanismos de democracia participativa, o los convierte en una burla que desincentiva su uso.
Realmente no se trata de otorgar las garantías que reivindican las organizaciones y movimientos sociales para la participación ciudadana y para la movilización y la protesta social en desarrollo del punto 2.2.1 de los acuerdos de paz. Por el contrario, en vez de fortalecer la autonomía, capacidad y efectividad de la incidencia que reclaman tales organizaciones y movimientos para profundizar la democracia participativa, se busca limitarla para proteger los intereses de las transnacionales minero-energéticas que pretenden seguir saqueando los recursos del subsuelo y depredando la naturaleza, y salvaguardar los de poderosos grupos económicos y políticos que medran detrás de gobiernos que el pueblo rechaza porque adoptan programas o desarrollan una gestión gobierno regresiva con respecto a sus derechos y perspectivas de buen vivir.
Se repite la historia, no habrá nueva apertura democrática ni por vía de la participación política ni de la participación ciudadana. Por el contrario, como siempre ha ocurrido luego de un acuerdo de paz, las fuerzas más conservadoras y retrógradas imponen, ya sea por vía de las reformas a través de un Congreso de la República comprometido con el status quo, o por vía de la violencia más descarada, una contra-reforma institucional antidemocrática que busca impedir el protagonismo de los trabajadores y de los sectores populares en la conquista de sus derechos. Santos, tu premio nobel de paz debería ser llamado más bien premio nobel de antidemocracia.
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