Desde su primer discurso en el palacio bogotano de Nariño, hasta su despedida en el realismo mágico de Cartagena de Indias, el papa Francisco hizo de la paz, la esperanza, la reconciliación y el perdón los ejes centrales de un discurso, difícil de ser digerido por una derecha colombiana, alimentada y soportada por la jerarquía […]
Desde su primer discurso en el palacio bogotano de Nariño, hasta su despedida en el realismo mágico de Cartagena de Indias, el papa Francisco hizo de la paz, la esperanza, la reconciliación y el perdón los ejes centrales de un discurso, difícil de ser digerido por una derecha colombiana, alimentada y soportada por la jerarquía católica desde los tiempos de la Conquista, contraria a la paz y la reconciliación, consciente de que la guerra le ha dado poder, riqueza e impunidad.
Quizá no esperaban los poderosos sectores ultraconservadores -defensores de la guerra- escuchar un mensaje de inclusión política democrática del Papa, quien señaló que «todos somos necesarios para crear y formar la sociedad, esta no se hace sólo con algunos de pura sangre, sino con todos, y aquí radica la grandeza de un país en el que todos tienen cabida y todos son importantes»,
El Papa llamó a desoír «la cizaña» que les impide llegar a la paz, y dentro de esa categorización incluía la del ex presidente Uribe, quien en su misiva le señalaba que «nunca nos hemos opuesto a la paz, sin embargo, la impunidad total a los responsables de delitos atroces, su elegibilidad política, la autorización legal que han recibido para gastar dineros ilícitos en sus actividades políticas, y otros puntos, se constituyen en estímulos al delito».
En Villavicencio, donde se reunió con víctimas de la guerra, alertó sobre el terrorismo mediático: «no se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así».
Renovarse y salir del confort
Ante más de un millón de fieles en Medellín, ciudad de profundas raíces católicas y otrora capital mundial del narcotráfico, el papa Francisco lanzó un fuerte llamado a la Iglesia católica a renovarse -con un discurso más progresista, por la lucha contra la desigualdad social y la pobreza, que llegue a las nuevas generaciones de campesinos, trabajadores, estudiantes- , dejar el confort e involucrarse en la reconciliación en países como Colombia, castigados por la violencia.
Francisco es consciente de que es importantísima la renovación en un escenario en el que las iglesias evangélicas vienen ganando en la captación de feligreses, y erigiéndose como administradoras de la fe religiosa, con mensajes y prácticas afines a los planteamientos de extrema derecha en toda la región.
Los mensajes de Francisco parecen sumar a las políticas del presidente Santos. Pero el debate en Colombia, donde el poder fáctico que maneja el país desde hace más de dos siglos y del que forma parte la jerarquía católica, seguirá en el marco de la campaña electoral.
Francisco, que desde 2013 ha promovido un clero más cercano a los pobres, frecordó que hace casi medio siglo, en esta ciudad la jerarquía católica de América Latina se comprometió en 1968 con la llamada «opción preferencial por los pobres». Y también que fue una de las que se opiso al acuerdo de paz con la guerrilla, alentada por el expresidente Álvaro Uribe, quien enfrenta acusaciones de paramilitarismo y genocidio.
Señaló que los sacerdotes y jerarcas eclesiásticos son «interpelados» por un «clamor de hambre y justicia», y que en Colombia además se espera que se comprometan en la reconciliación de una nación lacerada por medio siglo de enfrentamiento armado con millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
Desde la ciudad con más templos en Colombia, el Papa pidió a la Iglesia a que se involucre más con los más desfavorecidos aunque para «algunos eso parezca ensuciarse, mancharse (…) son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios, hambre de dignidad, porque han sido despojados», expresó. Antes les había recordado a los obispos que no eran «políticos» sino pastores, en una alusión a las voces que desde la jerarquía de la Iglesia han criticado el pacto con la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Francisco ha respaldado sin ambages los esfuerzos de paz del lpresidente Juan Manuel Santos, quien fuera ministro de Defensa de Uribe, pero también ha exigido «verdad y justicia» para las víctimas del conflicto, con cuyos representantes se reunió en Villavicencio.
La opción por los ricos
El documento presentado ante la Comisión de la Verdad se deja en claro que en el desarrollo de la violencia en Colombia algunos sectores y miembros de la iglesia católica la han promovido y justificado. La activa participación en ciclos de violencia de la Iglesia proviene desde la conquista y la colonización legitimando, bendiciendo o santificando la violencia.
Desde mediados del 19 los clérigos hicieron política en contra del partido liberal. El asunto religioso pareció definir las diferencias entre los liberales y conservadores. Desde 1930, luego de la pérdida de la hegemonía conservadora, la Iglesia se opuso a las reformas generando un clima de polarización política y social, aportando a la generación de un ambiente que desencadenó en un conflicto interpartidista que dio origen a la violencia, que se prolongó hasta finales de los 50, arrojó un saldo de más de 200.000 víctimas de muerte violenta.
Para la resolución de éste conflicto, en 1958 se firmó un pacto, el del Frente Nacional, una repartición del poder entre los dos partidos durante 16 años con la bendición de la iglesia Católica, que se benefició al consagrarse a Dios como fuente suprema de toda autoridad con reconocimiento de los dos partidos.
Toda esa verdad del pasado sobre el papel de la iglesia no ha significado una actitud de reconocimiento o de perdón explícito y claro, hasta ahora.
En desarrollo de la violencia desde 1960 hasta hoy, se ha conocido la intervención de personas, sectores, y de una interpretación de la doctrina católica que han instigado la violencia, poniéndose del lado de la doctrina conservadora, militar y paramilitar, que alentó la persecución genocida de liberales, comunistas, hasta de sectores progresistas de la misma iglesia católica y de otras iglesias. Otros, pocos sacerdotes, religiosas y religiosos, optaron, también, por la violencia, como vía para el cambio de la sociedad, haciendo parte de organizaciones rebeldes.
Llama la atención, sobre las graves consecuencias para la moral y la ética de la sociedad que agentes o documentos de la iglesia hayan sido promotores de violencia, impulsando cruzadas para exterminar a hijos e hijas de Dios por pensar distinto, por aspirar a un orden social que respete las libertades de las democracias modernas.
«La Comisión de la Verdad, al asumir un relato sobre el rol o el papel de sectores de la iglesia católica en la violencia sociopolítica, podrá, además de identificar esas responsabilidades, alentar a la imperiosa necesidad de alentar un mea culpa, un pedido de perdón, en un proceso de reconciliación y de transición democrática en Colombia, siendo un aporte a la búsqueda de la paz estable y duradera», señala el documento.
Obispos y paramilitarismo
Más de dos decenas de obispos y sacerdotes católicos están acusados de tener vínculos con el paramilitarismo y habrían apoyado o justificado sus crímenes en varias regiones del país. Pacific School of Religion en Berkeley, California, y su programa de Changemaker Fellowship, realizaron un informe como insumo para la Comisión de la verdad, agrupando más de 40 casos en los que se demuestran la participación activa de la iglesia católica en la guerra.
Las pruebas van desde testimonios acerca de acciones realizadas por obispos y sacerdotes como documentos obispales en los que se invita a «combatir la amenaza comunista» y abarcan casi todos los departamentos de Colombia, especialmente Santander y Antioquia donde los obispos y sacerdotes participaron de manera importante en el actuar de las organizaciones paramilitares.
En 1984 se destacó el caso del cardenal López Trujillo, quien nunca desmintió los escándalos mediáticos frente a las relaciones existentes entre Pablo Escobar y sacerdotes de la diócesis de Medellín. No condenó a los sacerdotes vinculados con el narco paramilitarismo y defendió ante medios de comunicación extranjera a Pablo Escobar Gaviria.
En junio de 1986, el cardenal López Trujillo allanó junto con un sacerdote, un sicario y civiles armados, la parroquia de padre Eliseo Tobón de Medellín, con el fin de encontrar una carta firmada por 80 sacerdotes que denunciaban varios conflictos que sostenía el cardenal con otros sacerdotes y laicos y sus vínculos con el narcotráfico.
Generó con ayuda del sector conservador y católico de Alemania, la persecución a cristianos liberales, sobre todo a sacerdotes que basaban sus prácticas desde una perspectiva de la teología de la liberación, hostigando a varios miembros de esta institución eclesiástica y llegando al punto de expulsarlos de sus parroquias.
En 1971 y 1992 el monseñor Darío Castrillón, Obispo de Pereira, estableció nexos financieros con el narcotraficante Carlos Ledher Rivas, parte del Cartel de Medellín dirigido por Pablo Escobar Gaviria, llegando a bendecir el dinero del narcoparamilitar Lehder y sus posesiones terrenales.
En 1989 trascendió el enfrentamiento del obispo Castrillón con las misioneras de la Madre Laura, en razón de su trabajo con los indígenas en la diócesis de Pereira. El 15 de mayo de 1985, las misioneras denunciaron el crimen atroz del que fueron víctimas tres indígenas, entre ellos un niño, oriundos La Pradera, municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. En la Conferencia Episcopal, Castrillón las acusó de distribuir propaganda marxista y las relacionó con la guerrilla del M-19.
En 1982, el paramilitar Ivan Roberto Duque, afirmó que el padre Carlos Enrique Ciro Parra, en el púlpito, en el confesionario, en las calles y en las reuniones de la comunidad, propagaba un discurso anticomunista, que señalaba a los partidarios de esta ideología como ateos y cercanos del diablo, discurso que se integró para el fortalecimiento y entrenamiento de las fuerzas paramilitares.
En 1993 y 1994 el padre Oscar Javier Palacio se vio involucrado con varios acciones del grupo paramilitar Los 12 apóstoles, que asesinó a 30 personas, supuestos insurgentes. En sus declaraciones ante la fiscalía reconoció sus actos, defendió a comerciantes y terratenientes y ocultó la identidad de quienes hacían parte de este grupo paramilitar.
El Capitán Meneses de la Policía de Yarumal, quien proporcionó armas a los 12 Apóstoles, afirmó que Palacios ocultó en su parroquia las municiones proporcionadas al grupo paramilitar y creó el fondo de seguridad, que tenía como fin sostener al grupo paramilitar.
Entre la fe, la política y el lucro
El resultado negativo del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc dejó en evidencia que hay un sector determinante en las elecciones: las iglesias cristianas (no católicas). Su voto fue decisivo en el triunfo del No, y aunque Colombia es un país laico, las iglesias participan de forma abierta en las decisiones políticas. Pese a eso, no tienen la obligación de pagar ni un solo peso de impuestos.
Lo sucedido con el plebiscito generó que de forma masiva ciudadanos solicitaran que estas iglesias paguen impuestos. El diario El Espectador preguntó en el Ministerio de Hacienda, la Dian y la Red de Justicia Tributaria, ¿Cuánto dinero deja de recibir el Estado en impuestos por todas las iglesias que están exentas de pagar tributos? Nadie tiene la respuesta.
En los últimos tres años, se constituyeron 1.258 iglesias no católicas, más de una en promedio diario y se calcula que alcanzan un patrimonio bruto que se aproxima a los cinco mil millones de dólares.
Es claro que el Estado no tiene ni idea de cuánto deja de recibir por concepto de impuestos que no pagan las iglesias, asunto que ya genera debate ante la inminente radicación de la reforma tributaria que busca reorganizar y unificar los impuestos, y aunque no lo plantean con claridad, aumentar el recaudo para la paz y el posconflicto. Precisamente las iglesias, fueron determinante en el triunfo del No al plebiscito para la paz ¿Es hora de que tributen?, se pregunta El Espectador.
¿Fe o negocio?
En Colombia existen 5.552 parroquias, 76 jurisdicciones eclesiásticas, que incluyen 13 arquidiócesis, 56 diócesis (incluso el Obispado Castrense) y 10 vicariatos apostólicos. Funcionan 43 seminarios mayores y 46 menores, según la Conferencia Episcopal. Trabajan allí 8.600 sacerdotes, entre diocesanos y religiosos, para atender a millones de fieles. En Bogotá, por ejemplo, hay 876 sacerdotes por diócesis para un total de 7 millones 530 mil habitantes.
A eso se suma una población de religiosas estimada en 14.860 personas, 5.552 seminaristas, entre diocesanos y religiosos y 161 prelados, entre cardenales, arzobispos, obispos, vicarios apostólicos y el ordinario castrense.
Los colombianos entregan a la Iglesia Católica, por lo menos 4 mil millones de pesos (más de millón y medio de dólares) solo en limosnas . Una investigación de Caracol Radio estableció que en Colombia hay por lo menos 3 mil 779 parroquias católicas, a través de las cuales se recauda la millonaria cifra.
Ese ha sido uno de los eternos debates que han rodeado a las iglesias y confesiones que desde la décadas de los 90 han empezado a brotar por todo el país. Iglesias, libres de impuestos, pero activas en política
Según la legislación vigente, en Colombia las organizaciones sin ánimo de lucro, como por ejemplo las Organizaciones No Gubernamentales, gozan del beneficio tributario de estar exentos de declarar el impuesto sobre la renta. Este beneficio se extiende a las iglesias y confesiones religiosas del país, que a la luz de la ley, también son consideradas entidades sin ánimo de lucro.
Sin embargo, las diferentes Iglesias y confesiones religiosas reportaron durante el año 2013 un patrimonio cercano a los 9,7 billones de pesos (unos 5,2 millones de dólares en esa época) y más de cuatro billones de pesos (2.140 millones de dólares) por concepto de ingresos, según la administración fiscal.
El Ministerio del Interior certificó que a la fecha, en el país, están registradas 5.209 iglesias y en promedio, al mes, se reciben entre 30 y 50 solicitudes para registrar nuevas iglesias. Estas congregaciones, tan pronto reciben el certificado del gobierno, pueden ejercer sus actividades confesionales e inmediatamente recibir la mencionada exención tributaria, beneficio que era exclusivo de la Iglesia Católica hasta la Constitución de 1991, que declaró a Colombia como un Estado laico.
El ministerio del Interior tiene registradas cerca de 5.000 iglesias, pero la dirección impositiva habla de 7.000. La diferencia, según explica el director de la división de impuestos, Santiago Rojas, obedece en muchos casos a que se crean fundaciones (que no pagan impuestos), vinculadas a las iglesias, para evadir impuestos y trasladar un beneficio a una persona natural o una empresa constituida.
Pero la realidad es que la ultraderecha colombiana está acostumbrada a hacer oídos sordos a todo aquello que pueda ir contra sus intereses. Como antecedente (que no precisamente deba repetirse), en la anterior visita papal (Juan Pablo II en 1986), también se bendijo la paz recién firmada entre el gobierno y las FARC, pero meses después se desató el genocidio en contra del partido izquierdista Unión Patriótica.
Camilo Rengifo Marín, Economista y docente universitario colombiano, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).