El fin de semana pasado se desplazó una comisión de verificación conformada por organismos de cooperación internacional, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios públicos a la vereda El Tandil, quienes fueron recibidos con bombas de aturdimiento y tiros al aire por parte de miembros de la policía antinarcóticos. Campesinos de la zona […]
El fin de semana pasado se desplazó una comisión de verificación conformada por organismos de cooperación internacional, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios públicos a la vereda El Tandil, quienes fueron recibidos con bombas de aturdimiento y tiros al aire por parte de miembros de la policía antinarcóticos.
Campesinos de la zona manifestaron que hay más heridos y muertos, pero que no han hecho las denuncias porque temen por posibles represalias. Desde el día de los acontecimientos estos han dicho que los responsables de la muerte de sus compañeros fueron los agentes de la Policía Nacional, quienes abrieron fuego contra la movilización pacífica que pretendía lograr la sustitución concertada y progresiva de cultivos de uso ilícito.
Una de las versiones de los habitantes de la zona dice que hay nueve muertos y alrededor de 50 heridos. Mientras que la versión oficial habla de seis muertos por impacto de proyectil a alta velocidad y larga distancia y, alrededor de 20 heridos. (Ver: «Hoy pudieron dispararnos y matar a todos», campesino de Tumaco)
La presión social y la información trasmitida lograron romper el silencio estatal, aunque éste aún no asuma su responsabilidad en la muerte de los cultivadores. Tanto en redes sociales, como en diferentes medios de comunicación han circulado fotografías y videos que muestran cómo campesinos fueron atacados por la fuerza pública.
Tampoco se han encontrado pruebas fehacientes de presencia de grupos armados diferentes a los estatales en ese momento en la zona, contrariando de esta manera la versión oficial, que habla de un ataque con cilindros bomba por parte de una «disidencia de las FARC».
El vicedefensor del pueblo Jorge Calero, manifestó que en la verificación de la zona por los funcionarios de su institución no se evidenció el uso de estos artefactos en el terreno, además de ello aseveró que «circularon versiones contradictorias por los medios» y que fueron utilizadas sin verificar su autenticidad.
Calero también dijo que el ejército no estuvo involucrado en los ataques y que estos habían prestado ayuda humanitaria a los heridos.
Los habitantes de la zona y líderes campesinos manifestaron además, que antes de la llegada del CTI, Medicina Legal y Defensoría del Pueblo agentes de la Policía Nacional manipularon el lugar donde ocurrieron los hechos, tratando de alterar las evidencias.
Se espera que el Gobierno Nacional se pronuncie con contundencia frente al asesinato de los líderes sociales y campesinos que buscaban una salida gradual y concertada al tema de cultivos de uso ilícito, que está contemplado en el acuerdo final de paz.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22159