Entre los temas debatidos por las comisiones de trabajo del Parlamento resaltaron la prevención de la trata de personas y la protección de los derechos de la infancia
De los desvelos del Estado cubano por proteger a su población, en especial a niñas y niños, hay muchos ejemplos a lo largo de los años de Revolución. Sin embargo, parte de esa protección también es crear la percepción de riesgo sobre fenómenos nocivos de carácter internacional que, si bien no muestran hechos significativos por estos lares, el estar conscientes y preparados para enfrentarlos y prevenirlos constituye el mejor de los escudos.
Tal es el caso del flagelo de la trata de personas y la protección de la infancia, asuntos que fueron discutidos por la comisión de Atención a la juventud, la niñez y la igualdad de derechos de la mujer.
La doctora Isabel Moya, directora de la Editorial de la Mujer, significó que en nuestro país no es común el empleo de la amenaza, la coacción u otras formas de intimidación para desarrollar este delito. «La realidad cubana difiere de otras naciones, donde la explotación sexual de adultos, niñas y niños está asociada a redes criminales organizadas», añadió.
No obstante, se ha identificado a un grupo de cubanos que viajan o radican en el exterior vinculados con extranjeros que en el proceso de captación de las víctimas, principalmente jóvenes, promueven falsas ofertas laborales con mejoras económicas, para lo cual se encargan de gestionar cartas de invitación u otros documentos migratorios.
Ante esta realidad, la Federación de Mujeres Cubanas, de conjunto con organismos e instituciones de la sociedad civil, entre otros, desarrollará un plan de acción a lo largo del próximo año para enfrentar el delito y proteger a niños, niñas y adolescentes contra la venta, prostitución, utilización en la pornografía, trata y otras formas de abuso sexual, dijo Isabel Moya.
Para Yusimí González, diputada por Cienfuegos, aunque el flagelo no es visible y hay mucha confusión sobre las consecuencias, debemos unir estrategias para que las familias reconozcan qué está ocurriendo, y que son los jóvenes los más vulnerables.
En esta misma cuerda, Juan Antonio Quintanilla Roma, jefe del departamento de Asuntos Socio-humanitarios y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, comentó que en los últimos años hemos fortalecido el respeto de las opiniones de los niños en los procesos administrativos y judiciales, y sus intereses superiores están debidamente integrados en la legislación nacional.
Sin embargo, no podemos decir que todo está logrado, resaltó Reinier Bernal, diputado de la provincia Granma.
«Debemos potenciar en nuestras comunidades la labor de prevención e identificación de los principales problemas de los menores a los que se les vulnera su protección», añadió.
«Tenemos que seguir perfeccionando lo logrado y continuar promoviendo el conocimiento jurídico de nuestra sociedad.
Tenemos la estructura, capacitación y mecanismos de divulgación necesarios para hacerlo», enfatizó la ministra de Justicia, María Esther Reus.
Quizá como otra arista de esa protección, pudiera verse el debate de los diputados de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente sobre las quejas y denuncias recepcionadas por el sistema de atención a la población del Ministerio de Educación (Mined).
Entre las principales dificultades -según informó la ministra del sector Ena Elsa Velázquez Cobiella- resaltan malos métodos de dirección, maltrato y desatención pedagógica, problemas en la organización escolar, constructivos, en la continuidad de estudios y solicitud de reapertura de centros escolares en poblaciones rurales, explicó.
Las provincias con mayor cantidad de planteamientos son La Habana, Holguín y Granma, agregó Velázquez Cobiella, e hizo énfasis en los que se reciben a través de las rendiciones de cuenta del delegado a sus electores, que en este año reveló deficiencias en la reparación de escuelas, solicitud de ingreso a círculos infantiles, estimulación a docentes, reordenamiento de la red escolar de primaria, transporte, solicitud de teléfonos para las escuelas y la cobertura docente.
Miguel Limia, diputado por Campechuela, en Granma, sostuvo que resulta imprescindible la capacidad de los gobiernos locales para focalizar e intencionar una atención particular más cuidadosa a los colectivos de maestros, lo cual puede traducirse en acciones de reconocimiento y estímulo. Algo en lo que coincidió Regla García, representante del municipio de Plaza de la Revolución, quien propuso que en la próxima legislatura se haga una valoración de la propuesta para enaltecer la figura del maestro, que incluya la participación de todos los organismos.
La apuesta creciente por la gestión y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la producción de alimentos, como un imperativo para el desarrollo del país, también fue analizada en la comisión.
Fuente: http://www.granma.cu/cuba/2017-12-21/desvelos-que-protegen-derechos-21-12-2017-00-12-12