Es muy contradictoria la situación que se vive actualmente en Colombia con las políticas de paz. Vivimos en una supuesta paz con guerra. O en la guerra de la paz. Si nos comparamos con la paz de Guatemala, que ha sido un descalabro monumental, bien podemos decir que acá pasamos de Guatemala a Guatepeor, como […]
Es muy contradictoria la situación que se vive actualmente en Colombia con las políticas de paz. Vivimos en una supuesta paz con guerra. O en la guerra de la paz. Si nos comparamos con la paz de Guatemala, que ha sido un descalabro monumental, bien podemos decir que acá pasamos de Guatemala a Guatepeor, como indica un dicho popular muy común.
Señalo lo anterior por la profundización de las características de la denominada «paz imperfecta» por cuanto que se ha roto el cese al fuego bilateral que se tenía con el Ejército de Liberación Nacional/ELN como consecuencia de la falta de seriedad del gobierno del señor Santos quien incumple los compromisos adquiridos en la Mesa de diálogos de Quito, que repite la cruel historia de las devastadoras frustraciones que atacan los pactos firmados con las Farc.
Un hecho muy grave de toda esta escalada bélica del régimen neoliberal santista es la constitución de un nuevo capítulo de la guerra contrainsurgente contra las drogas en Tumaco y otros diez municipios del departamento de Nariño, en la que quedan involucradas más de medio millón de personas, la mayoría campesinos, pescadores, afrodescendientes e indígenas.
Colombia ha vivido un prolongado conflicto, por casi cuatro décadas, en el enfoque imperialista del Pentágono para la dominación de América Latina y Colombia, en el que se han puesto en práctica aspectos centrales de las denominadas guerras de baja intensidad, guerras contrainsurgentes y guerras asimétricas para supuestamente combatir las drogas pero cuya prioridad ha sido y es aplastar los grupos rebeldes anticapitalistas y antimperialistas organizados como entidades populares o como fuerzas guerrilleras.
Lo que acaba de suceder con el desplazamiento de 9500 soldados y policías a Tumaco y los municipios de esta área del Pacifico colombiano es eso.
En efecto, en un descomunal y asombroso operativo, los Gorilas del militarismo colombiano transportaron en 8 aeronaves desde la base militar de Tolemaida, en el Tolima 2.000 hombres que llegarán al departamento de Nariño, en especial a Tumaco para supuestamente combatir a los grupos de narcotráfico, disidencias de las Farc, y delincuencia organizada.
Estos militares hacen parte de la estrategia militar ‘Hércules’ que comprende un total de 9.000 hombres y que fue organizada por el gobierno del señor Santos dizque para garantizar el orden público en el departamento de Nariño, uno de los más afectados por el narcotráfico y la violencia, donde recientemente (6 de octubre del 2017) fueron asesinados en el Alto Mira, 23 campesinos cocaleros por integrantes de un piquete contraguerrillero integrado por policías antinarcóticos y soldados con la misma función. Hecho que fue negado por el alto gobierno pero que las investigaciones de las comunidades y la Defensoría del Pueblo confirmaron de manera contundente lo que obligó a la Fiscalía a ordenar la captura de los oficiales involucrados, mismos que han recibido amplio entrenamiento e instrucción de los gringos en sus escuelas de tortura y anticomunismo.
La Fuerza de tarea Hércules es uno de los brazos militares de la estrategia militar Atlas, que se creó para adelantar la guerra contrainsurgente contra las drogas ordenada por Trump en el suroccidente Colombia, afectado en especial por las rentas del narcotráfico.
Con la campaña ‘Atlas’ las Fuerzas Armadas contrainsurgentes harán un mini ‘Agamenón II’ (Agamenón I es la otra pata de esta cruel guerra en Uraba) pero en Nariño, es decir una operación táctica similar a la desplegada en el Urabá y con los resultados que se han visto en esa zona de masacres, paramilitarismo y exterminio de líderes sociales.
La Fuerza de Tarea Conjunta Contrainsurgente de Estabilización y Consolidación Hércules tendrá un total de 9.800 hombres: 6.000 del Ejército, 2.000 de la Armada, más de 1.000 de la Policía y más de 500 de la Fuerza Aérea. En los próximos días se trasladará el resto de uniformados para el despliegue a las zonas de operación, que comenzará esta semana.
Según el General Jorge Isaac Hoyos Rojas, ampliamente cuestionado por sus acciones contra los líderes sociales y de derechos humanos en el departamento de Córdoba, nombrado comandante de esa Fuerza de Tarea, las operaciones se concentrarán, además de Tumaco, en los municipios de El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán, Santa Bárbara y Barbacoas, el octavo con más cultivos de coca en el país, con 3.359 hectáreas registradas por Simci.
Durante la llegada de las tropas, el mencionado Hoyos señaló que la función principal del contingente será «defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional», discurso que pocos creen dado el reciente antecedente de la vil masacre en el Alto Mira.
Y agregó que estarán trabajando en la zona en continua comunicación con autoridades de Ecuador para supuestamente bloquear cualquier desplazamiento a ese país de los integrantes de organizaciones ilegales -entre las que se encuentran el Eln y el ‘clan del Golfo’- como consecuencia de la arremetida militar. Advertencia poco creíble dado el apoyo de Unidades de la Marina y la policía a los grandes capos exportadores de la cocaína hacia Centro América.
En la región, de acuerdo con el general Mauricio José Zabala (comandante de la Fuerza de despliegue rápido número dos y seriamente señalado por organizaciones de derechos humanos por su autoría de docenas de falsos positivos), los militares contrainsurgentes tienen la tarea de acabar con algunas de las denominadas disidencias de las Farc.
Este gigantesco operativo militar que implica enormes recursos presupuestales estatales generara a la población mayores problemas y sufrimientos de orden social, económico y político, por los «daños colaterales» que provocara entre la población civil sus cuestionados operativos.
Este desmesurado despliegue militar del señor Santos en Tumaco y en el Pacifico Sur de Colombia, se convierte en el caldo de cultivo de nuevas masacres, más corrupción, exterminio de líderes sociales, más pobreza, más analfabetismo, mayores problemas de salud y un desconocimiento rampante de los derechos democráticos de la población.
La guerra contrainsurgente de Tumaco, como señala el analista González Ortiz (ver http://bit.ly/2FooxJ6 ), es necesario abordarla desde una perspectiva histórica. Ella acumula décadas de sangre y muerte ejecutadas por los gringos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.