Una vez más el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Salcedo, le ha informado a la opinión pública a través de una noticia-espectáculo sobre la existencia de bienes que supuestamente no fueron incluidos en el inventario entregado por las FARC-EP al Gobierno nacional el 15 de agosto de 2017, en atención estricta a […]
Una vez más el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Salcedo, le ha informado a la opinión pública a través de una noticia-espectáculo sobre la existencia de bienes que supuestamente no fueron incluidos en el inventario entregado por las FARC-EP al Gobierno nacional el 15 de agosto de 2017, en atención estricta a los términos establecidos en el Decreto-Ley 903 del mismo año.
Con dicha falsa noticia, el Fiscal General reafirma su ya reconocida trayectoria de entorpecimiento a la implementación del Acuerdo Final, tal y como se manifestó en su oposición a la creación y puesta en marcha de la Unidad de Investigación Especial de los crímenes del paramilitarismo, y en su trabajo sistemático de alteración del sentido y los contenidos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz durante su trámite en el Congreso de la República. Por cuenta de su actuación, se dio una bofetada a las víctimas del conflicto, al excluir de la JEP a los altos mandos militares y a los llamados civiles terceros y los funcionarios civiles del Estado.
A las declaraciones del año pasado sobre fabulosas cifras de bienes no declarados, desde hace unos días, en una clara maniobra mediática dirigida a crear un clima de expectativa, se le sumó el anuncio de que el país se estremecería con un nuevo listado de bienes no incluidos por las FARC-EP en su inventario. De manera irresponsable la entidad a su cargo ha señalado a los propietarios de una reconocida cadena de supermercados y otras propiedades, como supuestos testaferros de las FARC-EP, provocando además saqueos y disturbios en varios municipios.
Mal hace el señor Fiscal General el salir a condenar sin fórmula de juicio y violando las más elementales garantías procesales a los presuntos involucrados, con la clara intención de enlodar de paso la imagen de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político legal nacido de los acuerdos de La Habana. Todas las imaginerías y arbitrariedades sobre las fabulosas cifras presuntamente no declaradas por las FARC-EP tendrán que demostrarse. No puede hacer carrera el juzgamiento y la condena a través de los medios de comunicación, por cuenta de un sistema de justicia que evidencia la existencia de un cartel de testigos, como ha quedado demostrado una vez más en providencia reciente de la Corte Suprema de Justicia que compromete a un senador de la República.
Al señor Fiscal General se le debe recordar que existe regulación constitucional expresa sobre los bienes que hicieron parte de la «economía de guerra» de las FARC-EP. Conforme al artículo transitorio 5º del Acto Legislativo No. 1 de 2017, corresponde a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos de que trata el libro segundo, capítulo quinto, título décimo del Código Penal, cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado, y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario (subrayado nuestro). Reiteramos, lo que se impute tendrá que demostrarse en los estrados judiciales. Que se ponga en conocimiento de la JEP. Lo demás es espectáculo mediático.
Toda Colombia y la comunidad internacional son testigos de nuestro irrestricto cumplimiento de lo acordado. Ha sido el Estado colombiano quién de manera reiterada ha faltado a sus compromisos, tanto por la alteración del contenido de los acuerdos, como por su falta de voluntad en la implementación de los mismos.
Correrá el tiempo y se verá quién miente al país. La verdad nos hace fuertes.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22746