Se cumplen 10 años del caso que destapó unos de los peores crímenes del Estado contra el pueblo colombiano, los llamados desde entonces como Falsos Positivos. En febrero de 2008 varios jóvenes del municipio de Soacha desaparecieron desconociéndose su paradero. Fue hasta octubre de ese mismo año, cuando aparecieron como «guerrilleros muertos en combate». Rubiela […]
Se cumplen 10 años del caso que destapó unos de los peores crímenes del Estado contra el pueblo colombiano, los llamados desde entonces como Falsos Positivos. En febrero de 2008 varios jóvenes del municipio de Soacha desaparecieron desconociéndose su paradero. Fue hasta octubre de ese mismo año, cuando aparecieron como «guerrilleros muertos en combate».
Rubiela Giraldo, madre de Diego Armando Marín, narra cómo desapareció su hijo la semana del 6 de febrero de 2008:
«Diego tendría hoy 31 añitos, a él se lo llevaron de 21 años (…) a Diego lo llamaron a las 7:00 a.m. que había un trabajo, se arregló y se fue, y el hermano lo vio salir, ya iba con el reclutador. Él salió con Daniel Martínez, que fue el otro chico que mataron con él». [1]
Igualmente, María Sanabria, madre de Jaime Estiven Valencia Sanabria, dijo que hace 10 años a las 11 del día se llevaron a su niño de 16 años, al cual la Brigada XV del Ejército Nacional engañó, secuestró, asesinó y luego hizo pasar como «guerrillero muerto en combate», en la época de la tristemente célebre política de la Seguridad Democrática, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Lo lamentable es que estos fueron solo dos casos de las 5.265 vidas de jóvenes, hombres y mujeres de procedencia humilde, que terminaron en ejecuciones extrajudiciales, cometidas en Colombia entre los años 2002 y 2010 de acuerdo al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). En 2015, el Centro Nacional de Memoria Histórica y Naciones Unidas registró un porcentaje de impunidad del 95 por ciento en los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. [2]
«Los resultados se miden en litros de sangre»
El presidente Uribe prometió «exterminar la guerrilla en 18 meses». Ospina, su Ministro de Defensa, expidió la Directiva 29 de 2005, donde ofreció 3 millones 800 mil pesos por el cadáver de cada guerrillero. Así se originó la cacería de colombianos humildes e inocentes, por parte de las Fuerzas Militares, para matarlos y presentarlos como «guerrilleros muertos en combate»… matanza nombrada en Colombia, como Falsos Positivos.
En los niveles medios y bajos del Ejército estatal, las órdenes fueron estas:
«Cada comandante de Compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la Sección Segunda [B2: Inteligencia Militar] me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida».
Estas eran las órdenes que daba a sus tropas el teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, en la Brigada XIV del Ejército, con sede en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Las cita el teniente que las recibió, Edgar Iván Flórez Maestre, en una diligencia de queja presentada en Medellín, a la Procuraduría General de la Nación el 15 de diciembre de 2009. El teniente Flórez Maestre estaba siendo procesado por el asesinato en estado de indefensión de un campesino inocente, en la vereda Jabonal Alto, en Yondó, Antioquia, el 8 de julio de 2008.
Este Falso Positivo demuestra cómo perpetraron miles de asesinatos bajo una modalidad siniestra y por la que sus ideólogos y determinadores se niegan a responder.
Impunidad al desnudo
Un informe de la Corte Penal Internacional (CPI) de 2016, afirmó que la Fiscalía sigue recibiendo casos de Falsos Positivos y que, según los datos aportados por parte del gobierno de Colombia, a esa fecha había 817 sentencias condenatorias contra 961 miembros de las Fuerzas Armadas por Falsos Positivos, y para julio de ese año, se investigaban 2.241 casos de asesinatos extrajudiciales, con un total de 4.190 víctimas de estos crímenes. Las condenas únicamente apuntan a miembros de las Fuerzas Militares de rangos bajos y medios, dejando a un lado a generales y altos mandos, quienes son los que orientan que «la guerra se mida en litros de sangre» [3].
En julio de 2017 la Fiscal jefe de la CPI visitó a Colombia y expresó, que:
«Los Falsos Positivos son crímenes de Lesa Humanidad, porque se trata de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos de manera sistemática contra la población civil».
En esa misma visita Fabricio Guariglia, Director de la División de enjuiciamiento de la CPI, manifestó, que:
«Las investigaciones de la Justicia colombiana sobre los Falsos Positivos, apenas llegan hasta los mandos intermedios de la cadena de mando».
Tres casos de enero pasado
Esta práctica sigue vigente como fue denunciado recientemente con la muerte de dos cazadores en Arauca Luis y Miller Díaz López, indígenas de la comunidad de Betoy, que fueron presentados como bajas al ELN por el Ejército, el mes pasado. Y los falsos combates en Valdivia, Antioquia, donde presentaron a una pobladora como cabecilla y a dos mototaxistas como guerrilleros, y anunciaron unas bajas que nunca aparecieron. Y el campesino Miguel Eduardo Parra, quien el 25 de enero fue asesinado por el Ejército, el cual intentó hacerlo pasar por guerrillero, cuando en realidad era líder campesino de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Chitagá (Asojuntas), Santander. [4]
Crecen los Falsos Positivos Judiciales
Hoy en día, muchos inocentes son criminalizados en los noticieros, y seguidamente encarcelados y asesinados. Como son los casos de los Falsos Positivos Judiciales, donde han encarcelado a líderes sociales y estudiantiles acusándolos de pertenecer a la insurgencia, con pruebas falsas o sin ninguna prueba como fue el caso de los 13 estudiantes universitarios en 2015; y los ahora acusados por supuestamente pertenecer al MRP. Los perfiles que tienen los estudiantes de universidad pública, en muchos casos activistas y pensadores críticos, se han vuelto el «chivo expiatorio» perfecto para el Estado.
Estas prácticas se han hecho sistemáticas, y más aún en temporada electoral. Presionan a militares y policías a mostrar un resultado positivo en bajas y capturas. Inclusive, en otro caso, se llegó al punto de encarcelar a varios líderes campesinos en el Sur de Bolívar solamente con el argumento de «promover marchas contra el gobierno». Esto es claramente terror de Estado para impedir la movilización de la población. Después de 8 meses en prisión, «el juez Primero penal del Circuito de Cartagena, ordenó la libertad inmediata de Milena Quiroz y 5 líderes que habían sido retenidos en el Sur de Bolívar, debido a que no existió una investigación seria por parte de la Fiscalía, que los testimonios eran contradictorios y que este caso es asociado con los mal llamados «Falsos Positivos Judiciales»». [5]
No hay nada más peligroso que militares y policía buscando «resultados positivos», bajo presión de sus superiores jerárquicos. Aunque la mayor parte de las muertes por Falsos Positivos se presentaron durante la época de Seguridad Democrática de Uribe, esta modalidad operativa persiste y se ha convertido en política de Estado.
Las grandes empresas de comunicación se han encargado de ser jueces, y exigir castigo, «mano dura» y persecución militar a la criminalidad, a la insurgencia e incluso a la protesta social o cualquier tipo de oposición política… pero se torna muda ante la impunidad de los crímenes estatales, como los Falsos Positivos. ¿Hasta cuándo?
Notas
[1] http://periodismopublico.com/Se-cum…
[2] http://pacifista.co/la-larga-espera…
[3] https://colombiaplural.com/la-impun…
[4] Revista Insurreccion 618 / Artículo: Reaparece el fantasma de los falsos positivos http://eln-voces.com/index.php/voce…
[5] http://www.contagioradio.com/48792-…
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22745