El pasado viernes 29 de junio, Arnobis Zapata, miembro de la comisión política de la Coccam, recibió la noticia del asesinato de uno de sus compañeros de la organización en el corregimiento Juan José, en Puerto Libertador (Córdoba). Al igual que Zapata, este hombre apoyaba la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en la región. Son […]
El pasado viernes 29 de junio, Arnobis Zapata, miembro de la comisión política de la Coccam, recibió la noticia del asesinato de uno de sus compañeros de la organización en el corregimiento Juan José, en Puerto Libertador (Córdoba). Al igual que Zapata, este hombre apoyaba la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en la región.
Son 36 los homicidios cometidos entre 2017 y lo que va corrido de 2018, contra miembros de la Coccam y líderes que apoyan la erradicación manual y voluntaria de coca en el país. Solo en el primer semestre de este año fueron asesinados 16 líderes de esta organización, siendo el Cauca, con 12 líderes muertos, el departamento donde más atacan la sustitución voluntaria de cultivos.
«Los líderes en los territorios le apostaron al programa de sustitución de cultivos de coca y a convencer a la gente de que se metieran al programa, pero nos encontramos con que, donde antes estaban las FARC, hay actores nuevos que anteriormente eran llamados paramilitares», afirma Zapata. «Han llegado a controlar los cultivos de coca por el tema del narcotráfico. Y cuando estos líderes empiezan a impulsar a que se quiten estos cultivos, quedan expuestos y en la mira de estos grupos».
A través de redes sociales, la Coccam denunció la muerte de Jaimer Albeito Idrobo el pasado 26 de junio en Balboa (Cauca) por dos impactos de bala. Y añadió: «Hasta la fecha, el Gobierno no ha tomado ninguna medida de protección para Coccam, ni ha indicado en qué van las investigaciones de nuestros 36 compañeros».
Zapata señala que ahora estos grupos armados no están asesinando a líderes representativos a nivel nacional, ni líderes con esquemas de seguridad, sino a los presidentes de las juntas de acción comunal y líderes con voces representativas entre sus comunidades.
En estas veredas, alejadas en muchos casos del casco urbano y de difícil acceso, es poco probable que lleguen escoltas las 24 horas, según Zapata. «Por eso, prácticamente, cuando nos ponen este esquema de protección personal, nos dicen que mejor nos vayamos del territorio. Ir con escoltas o con carros blindados es exponerse más ante los grupos armados», resalta.
Además, sostiene que la presencia militar no garantiza su seguridad. La Coccam pide que se haga efectivo del decreto de protección colectiva que entró en vigencia en abril de 2018, para que, más allá de los esquemas de seguridad, alcaldes, gobernadores y la Policía se comuniquen con las comunidades constantemente para protegerlas.
«La ONU sostiene que hemos cumplido en un 94% con la erradicación de la coca, pero el Gobierno se está haciendo el de los oídos sordos», sostiene Zapata. Y afirma que los cultivadores de coca sienten que el Gobierno los acompañó hasta que vieron sus fincas libres de coca, pero después les cumplen a medias porque los proyectos productivos para sembrar en esas tierras no están apareciendo.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23246