De acuerdo con la información suministrada por los detenidos del Patio 10 del ERON-Picota de Bogotá, hacia las 9 am del 18 de julio de 2018, el detenido Esneider Quiroz Ospina, fue llevado por varios de sus compañeros de Pabellón al área de sanidad, por quebrantos de salud, sin embargo, fue devuelto a su celda […]
De acuerdo con la información suministrada por los detenidos del Patio 10 del ERON-Picota de Bogotá, hacia las 9 am del 18 de julio de 2018, el detenido Esneider Quiroz Ospina, fue llevado por varios de sus compañeros de Pabellón al área de sanidad, por quebrantos de salud, sin embargo, fue devuelto a su celda sin atención médica adecuada. A las 5 pm y teniendo en cuenta el empeoramiento de su condición física, nuevamente fue trasladado por otros reclusos para que le brindaran asistencia, unas horas más tarde, se tuvo conocimiento de su muerte dentro del Establecimiento. Las causas y hora del deceso se desconocen; sin embargo, el relato de los presos hace pensar en un nuevo caso de negligencia médica y deshumanización del sistema penitenciario.
Los casos se cuentan por doquier. Flaminio Wiches Rodríguez, se encuentra postrado en una silla de ruedas por causa de 5 hernias discales; un juez de tutela ordenó que se le brindara el tratamiento adecuado y ni siquiera así recibe la atención que requiere. Ciro Alexis Solano lleva varios días sufriendo el dolor de varios cálculos renales que no ha podido expulsar de su organismo, pero no le han realizado una resonancia para establecer el tamaño de éstos y la posibilidad de pulverizarlos. Jovanny Salazar es un paciente con VIH, que desde el 15 de junio no recibe los medicamentos ordenados por el profesional tratante. Todos ellos, se encuentra recluidos en La Picota y se suman a la lista de acreencias del Estado con la población reclusa, a la que ha enfrentado al reto diario de sobrevivir a un régimen de muerte y sufrimiento.
Esta es también la cotidianidad en otros establecimientos. Los presos políticos y sociales de la Tramacúa, cumplieron hoy 8 días en huelga de hambre, y entre sus desoídas peticiones, se encuentra la atención médica urgente de la población que requiere intervenciones quirúrgicas, exámenes o consulta por especialistas.
Declarado como está el Estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, las realidades de las y los reclusos en el país, hablan de su vigencia, pero también de la actitud indolente de las autoridades públicas, que aún obligadas a contribuir en su superación; se limitan a trasladarse entre unas y otras la responsabilidad por la crítica situación de esta población, que mientras tanto, sólo tiene la alternativa de resistir.
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