¿Y quiénes se benefician con la nueva ley de explotación de la juventud? Obvio. Los empresarios que están representados en el Gobierno de la ultraderecha neoliberal. Cuyo líder Sebastián Piñera cuando era dueño de Chilevisión, para pagar menos impuestos al Estado y así ahorrar unos pesos más, «obligó» a Jaime de Aguirre, empleado suyo en […]
¿Y quiénes se benefician con la nueva ley de explotación de la juventud? Obvio. Los empresarios que están representados en el Gobierno de la ultraderecha neoliberal. Cuyo líder Sebastián Piñera cuando era dueño de Chilevisión, para pagar menos impuestos al Estado y así ahorrar unos pesos más, «obligó» a Jaime de Aguirre, empleado suyo en el 2009, a que el bono de desempeño que le dio se lo boleteara (tres boletas truchas por $15 millones cada una) a Soquimich de Julio Ponce Lerou, el intocable magnate financista del PPD. Hechos que caen en el olvido, debido al frenesí mediático programado.
Un comentario pertinente con respecto al llamado escándalo de TVN y a la danza de millones: es cómico ver y escuchar la apasionada defensa que Fernando Paulsen hizo del guatón De Aguirre (así lo llamábamos en los SSCC de Concepción por allá por los 60) en su programa de radio La Clave. ¡De Aguirre habría aceptado cándidamente la «petición» de Piñera de devolverle el cheque oficial a Chilevisión para luego girar boletas ideológicamente falsas a SQM! Era parte de la defensa que Paulsen hacía de su amigo de Aguirre.
Digresión que se justifica puesto que los «ejecutivos» se distribuyen millones con contratos faranduleros estilo hollywoodense. Es el Chile de las redes de corrupción y del tráfico de influencias. Y son compinches ideológicamente afines con aquellos que desde el Estado promueven leyes laborales cuyo objetivo es explotar a los jóvenes trabajadores.
Esto no es digresión. Lo extraño es que hace solo dos meses Miguel Crispi, el jefe de la bancada de Revolución Democrática, le decía a El Mercurio que «no habían leído bien el plan perfecto con el que llegó Piñera«. Parece que siguen analfabetos políticos. Ni se esperaban el ataque frontal del ministro del Trabajo Monckeberg, que había hecho amago de pelearse con Bárbara Figueroa de la CUT por el salario mínimo. Y he aquí que el neoliberal Monckeberg ataca con la DC y la ultra derecha oficialista unidas en la cámara, descolocan a la «izquierda» institucional y logran que la ley de explotación juvenil sea aprobada.
¡Bingo! ¡Ni la vieron venir! No estaba en el Tarot.
Así se precariza legalmente a los jóvenes. Se crean precedentes al quitarles derechos y dejarlos a la merced del empresariado. Y las organizaciones sindicales y estudiantiles, que podrían movilizarse juntas para obligar el retiro de la ley, ni chistaron. Así, la lucha por un salario mínimo decente pasa a un segundo plano cuando habría que unificar las luchas y las demandas dispersas.
Compare entonces los emolumentos monumentales de los altos ejecutivos de TV (entre 10 a 14 millones mensuales para los «genios» de la manipulación) con los escuálidos salarios de los jóvenes proletarios (aunque no les guste el apelativo cabe aplicarlo).
Vale la pregunta: ¿y el Frente Amplio en todo ésto? ¿A qué juega? La mayoría de ellos y ellas vinculados al movimiento estudiantil. Queda claro que si para algo sirven las instituciones es para normalizar. Léase: domesticar los impulsos de transformación social y moderar los discursos y propuestas.
En Nicaragua la juventud movilizada en las calles y trincheras improvisadas se pelea y muere enfrentando a la oligarquía familiar de los Ortega, de las FFAA y empresarios afines. Y, en Chile, en plena democracia de los acuerdos, de la corrupción, de la impunidad de los crímenes de cuello y corbata y de los sueldos astronómicos de los empresarios, la juventud no libra la lucha por sus derechos. Otro «cabe recordar»: en Francia las movilizaciones estudiantiles del 2006 contra el CPE, un proyecto de ley para precarizar a la juventud estudiantil y trabajadora, movilizó federaciones estudiantiles y centrales sindicales en manifestaciones de tres millones de personas. El gobierno francés de Jacques Chirac retiró la ley.
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