Como campesinos hemos sido enseñados a trabajar con esmero la tierra, a producir alimentos y comerciar parte de lo producido. Los mayores nos enseñaron a conservar el monte, las aguas de las cañadas y los animales, a respetar la palabra empeñada, a cumplir con los compromisos, a no hacer el mal a nadie y a […]
Como campesinos hemos sido enseñados a trabajar con esmero la tierra, a producir alimentos y comerciar parte de lo producido. Los mayores nos enseñaron a conservar el monte, las aguas de las cañadas y los animales, a respetar la palabra empeñada, a cumplir con los compromisos, a no hacer el mal a nadie y a ayudar al vecino sin esperar recibir nada a cambio.
Nuestras aspiraciones siempre han sido sencillas. Que se respeten nuestros derechos a la tierra y al territorio, que haya educación, salud, carreteras, electrificación, saneamiento básico, crédito, riegos y asistencia técnica; pero, sobre todo, hemos aspirado a que se dignifique nuestra condición de campesinos. Aquello implica que se respeten nuestros derechos. Que se entienda que participar es contar con nuestra decisión. Que no nos maten, ni nos quiten lo que es nuestro, lo logrado con el esfuerzo de toda la familia e incluso a través de varias generaciones. Que nos permitan sembrar lo que queremos y no lo que nos imponen los mercados. Que nos permitan conservar la tierra, el territorio, nuestra economía y cultura. Que no destruyan nuestras montañas con megaproyectos que en lugar de prosperidad solo traen muerte, destrucción y destierro. Que haya paz con justicia social y que no vuelvan ni la guerra, ni sus horrores.
Aunque somos víctimas del conflicto desde las tempranas épocas de la Violencia de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, jamás pensamos que los vejámenes del Cóndor y su cuadrilla de pájaros, cinco décadas después, volviesen a aparecer con nuevos nombres y viejas prácticas en nuestros territorios. Como si estuviéramos condenados a revivir los dolores que padecieron los padres y los abuelos, a finales de los años noventa y los primeros del siglo XXI, un grupo paramilitar, el Bloque Calima de las AUC reeditó con sangre compendios enteros para los anales de la historia de la barbarie, sin que existiera autoridad estatal que lo impidiera.
Fueron pocas las familias que resistieron en sus territorios el terror generado por los paramilitares. Se quedaron porque no tenían donde ir. Se quedaron porque desplazamientos previos, de otros lugares, dejaron como experiencia que en el destierro los sufrimientos son mayores.
Con la desmovilización del Bloque Calima de las AUC en 2004, muchas familias retornaron y otras jamás volvieron. El terror había cumplido su propósito de desarraigar para siempre. De destruir el lazo que une la familia campesina con la tierra. Contamos catorce años desde eso y poco se ha hecho para que las víctimas conozcamos la verdad. La reparación integral está en veremos. La justicia no ha esclarecido quiénes financiaron y apoyaron los paramilitares. Desconocemos cuáles fueron las razones de los asesinatos. Aun no sabemos qué objetivos tenían «los paras» para asesinar, desterrar, violar, desaparecer, robar y torturar. Tememos que las garantías de no repetición sean palabras que se las lleve el viento y que la Violencia se vuelva a ensañar con el territorio y nuestras gentes.
Pese a que el panorama es sombrío, hemos depositado nuestras esperanzas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrita a nombre del Estado colombiano por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos con la antigua insurgencia de las FARC-EP. Esa esperanza nos ha llamado a luchar sin descanso para que a través de la implementación del Acuerdo alcancemos la paz, la justicia social y la reconciliación de la nación colombiana.
En tanto campesinos víctimas del conflicto, impulsamos el SÍ en el plebiscito por la paz el 2 de octubre de 2016, emprendiendo la campaña «por la paz de la nación, el campesinado le pone el corazón» y sumándonos a la campaña nacional «la Paz SI es contigo».
Estamos seguros que la paz con justicia social es el bien más preciado de la sociedad colombiana, siendo así nos encontramos en las palabras del Papa Francisco Primero, quien encomendó a los colombianos cuidar la paz y no dejarla perder por la cizaña. Somos testigos de excepción de las bondades del proceso de paz, que se concreta en las vidas que se han salvado de soldados, guerrilleros y civiles; en la ausencia de combates en muchos territorios de nuestro país; en la significativa reducción de personas atendidas en los hospitales por cuenta del conflicto; en una lenta pero evidente democratización de la sociedad colombiana; en el cumplimiento de la palabra de las FARC-EP hoy convertida en partido que salda sus discusiones a través del sano debate político y democrático. No obstante, no deja de preocuparnos la lentitud del Estado en el cumplimiento de su parte en el tratado de paz. Nos inquieta también la dilación y la falta de voluntad política en torno a la implementación normativa y práctica del Acuerdo Final, por ello alertamos a los organismos internacionales competentes de hacer veeduría que la sostenibilidad de la paz en Colombia puede correr riesgos, si quienes detentan en la actualidad el poder del gobierno nacional mantienen la actitud de hacer trizas el Acuerdo Final y/o desmontan el carácter integral de sus componentes.
«La paz es la victoria del pueblo colombiano», dijo el presidente Santos en Octubre de 2012. Estamos seguros que la paz con justicia social, más temprano que tarde, harán cesar la horrible noche.
Consideramos que la Reforma Rural Integral (RRI) permitirá que la familia campesina vuelva a la tierra; que el acuerdo de Participación Política, garantizará la construcción de un verdadero Estado de derecho y plena democracia; que la solución del problema de las drogas ilícitas promoverá el desmonte de las estructura mafiosas, que atentan contra la vida de los hombres y mujeres de la patria y que a través de ésta terminará la persecución contra los cultivadores de coca, marihuana y amapola, naturalmente estos agricultores deben ser incorporados a sistemas de abastecimiento agroalimentario; que la reincorporación efectiva de los antiguos insurgentes, nos llevará a convivir como hermanos de una sola nación en la que las diferencias se salden mediante el diálogo.
Hacemos votos para que el acuerdo sobre víctimas, permita a las generaciones presentes y futuras conocer las causas que originaron el conflicto, las personas que de él se lucraron y beneficiaron y las razones por las cuales las AUC se ensañaron contra millones de campesinos inocentes, a la vista de una aparente normalidad y la inacción de las autoridades que tenían como misión garantizar los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política de Colombia. Queremos saber por qué altas personalidades de la vida pública nacional y departamental, así como empresarios, políticos, terratenientes, militares y policías de alto rango, entre otros, apoyaron la creación y desarrollo de los grupos paramilitares. Queremos saber cuáles fueron las razones de la omisión y la connivencia de muchos sectores gremiales y estatales para que el bloque Calima de las AUC tuviera durante varios años «libertad de acción». Tenemos derecho a que esta historia sea contada, que no se quede en el olvido, a que no se repita la tragedia de cien años de soledad y despojo.
Queremos una Jurisdicción Especial de Paz operando para que todas las personas vinculadas al conflicto se comprometan a reparar a las víctimas y a impedir que tragedias similares vuelvan a ser sobre la nación. Pero también queremos ser tenidos en cuenta cuando se escriba esta historia; por ello le damos la bienvenida a la Comisión de la Verdad a la zona rural del Valle del Cauca. Como organización campesina haremos todo lo que sea posible para contribuir en los propósitos de esta comisión creada como producto del Acuerdo Final.
Verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, no deben ser frases de cajón, sino un conjunto sistemático de acciones coordinadas por el Estado y sus instituciones que contribuyan a una verdadera reconciliación de la población colombiana en lo simbólico, lo político y lo material.
Actos simbólicos como el VI encuentro de víctimas del paramilitarismo, rememoran y conmemoran a quienes perecieron y a quienes se marcharon y no volvieron. Son nuestra forma de visibilizar la resistencia y la reconstrucción del territorio de quienes se quedaron y aquellos que con el tiempo volvieron; son nuestra forma de dignificar a las víctimas y de resistir a la violencia y al olvido; son el ejercicio pacífico del derecho a exigir al Estado y a las instituciones internacionales competentes en la materia, de proteger el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, a que actúen diligentemente, para evitar que la violencia vuelva a infundir miedo, odio, destrucción y miseria en nuestras tierras.
No creemos en el ojo por ojo, diente por diente. Si entendiéramos nos basáramos en ello para hacer justicia, al cabo de un tiempo, nuestra sociedad sería de ciegos. En cambio, exigimos una justicia que contribuya a la restauración de los derechos que nos fueron negados, que aporte en transformar nuestras realidades. Por ello, la reparación integral a las víctimas, debe incluir programas de dotación gratuita de la tierra, proyectos productivos, vivienda y en el desarrollo de los puntos contenidos en el Acuerdo Final de Paz. Como organización hemos emprendido el proceso de constitución de Zonas de Reserva Campesina, como figura colectiva de planificación del territorio, orientada a garantizar la soberanía y el abastecimiento alimentario, al reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales. Llamamos a la institucionalidad a que nos acompañe a cumplir este propósito.
Al igual que otras víctimas del conflicto y la violencia que han tenido que lidiar el dolor de ver a las mejores personas de sus territorios en el destierro, o peor aun, que han tenido que convivir con ver como ajenos se abrogaban el derecho de «apagar el fuego apagado de sus vidas», nos comprometemos a perdonar a quienes actuaron en nuestra contra, siempre que aporten con verdad sobre los hechos acaecidos. Perdonamos porque el perdón es un sosiego contra el odio y la venganza, porque el perdón hace posible reconciliación, el ejercicio de la democracia y el respeto de las diferencias. Estamos seguros de que las sociedades más avanzadas son aquellas que crecen a través del respeto de las diferencias. Aquellas en las que en lugar de uniformidad, promueven la diversidad. Por ello, instamos a quienes participaron en hechos violatorios de nuestros derechos a comprometerse con contar la verdad, pues éste es el fundamento de la memoria.
Memoria que necesitamos viva, como un símbolo de la catástrofe que fue. Memoria que necesitamos viva, como un faro para la lucha por la paz y la justicia social, para que la guerra y la violencia no vuelvan a instalarse en este territorio de campesinos, de trabajo y de paz. Memoria que necesitamos viva para que no caigamos en la indolencia y la insensibilidad.
En nombre de mi organización, en nombre de las víctimas del conflicto social y armado, convoco al Estado a sus autoridades civiles y militares, a los gremios, a los campesinos y a la ciudadanía en general a hacer lo imposible para que el acuerdo de paz no se diluya en el incumplimiento y el olvido.
En nombre de mi pueblo, convoco a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a los países garantes de la paz, a los veedores internacionales, a acompañarnos a sembrar paz, justicia social y reconciliación, para en un futuro cosechar felicidad, prosperidad y democracia.
Porque la mejor garantía de no repetición es la implementación del acuerdo final, convoco a que le pongamos el corazón para que haya paz en nuestra nación.
Tuluá, julio 31 de 2018.
Junta Directiva Municipal
Astracava, subdirectiva Tuluá.
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