Si el proceso de reparación al Instituto Popular de Capacitación (IPC) como víctima de agresiones en el marco del conflicto armado marchó de manera lenta entre 2015 y 2018, para los años próximos, lo que falta de su ejecución puede ser aún más demorado o, quizá, hasta sea congelado. Y ese no es el único […]
Si el proceso de reparación al Instituto Popular de Capacitación (IPC) como víctima de agresiones en el marco del conflicto armado marchó de manera lenta entre 2015 y 2018, para los años próximos, lo que falta de su ejecución puede ser aún más demorado o, quizá, hasta sea congelado. Y ese no es el único caso que corre este riesgo.
La preocupación surge de recientes encuentros entre sujetos de reparación colectiva que ha reconocido hasta la fecha la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad encargada de hacer cumplir, por parte del Gobierno Nacional, el punto 5 del Acuerdo Final con las Farc.
Esa figura ya estaba incluida en la Ley 1448 de 2011, como un adelanto a las incipientes conversaciones que empezaban en La Habana, además de representar un avance ante la normatividad vigente para la época, que pretendía ser más integral que la establecida para el proceso desmovilización de las autodefensas.
Entre los casos emblemáticos que mayor avance presentan en la reparación son los de Redepaz, Afromujeres y el IPC, pero ninguno de ellos llega al 50 por ciento de lo acordado con la Unidad. La ONG antioqueña fue incluida en este listado debido a los ataques y amenazas recibidos entre 1999 y 2001, realizados por paramilitares del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los cuales se cuentan un atentado con explosivos la noche del 29 de agosto de 1999 y el secuestro de cuatro integrantes de la institución, en enero de ese año.
«Como hoy se está cambiando la Unidad, esto se vuelve muy dispendioso, con mucho reproceso. Hay que reconocer que allá hay personas con voluntad de hacer lo que ordena la Ley, pero algunas cabezas o jefes, no», dice Nelly Osorno, vicepresidenta de la Junta Directiva y coordinadora del proyecto de reparación al IPC.