Para deshacerse de gobiernos progresistas o insumisos o nacionalistas, las derechas nativas y el imperialismo han dejado de acudir, sin desecharlos del todo, a los clásicos golpes militares. En tierras latinoamericanas, el último de esta índole fue el perpetrado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Ahora las derechas criollas y el imperialismo prefieren otras […]
Para deshacerse de gobiernos progresistas o insumisos o nacionalistas, las derechas nativas y el imperialismo han dejado de acudir, sin desecharlos del todo, a los clásicos golpes militares. En tierras latinoamericanas, el último de esta índole fue el perpetrado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009.
Ahora las derechas criollas y el imperialismo prefieren otras metodologías para derrocar gobiernos desafectos. Una de éstas son las revueltas aparentemente populares pero en realidad planeadas, organizadas, financiadas y tripuladas por las oligarquías locales y las metrópolis occidentales: Washington, Londres, Bruselas, París, Madrid y Berlín.
Fue el caso de Ucrania y el de las llamadas primaveras árabes, como las vividas en 2011 en Egipto, Túnez, Yemen, Libia y Siria, si bien esta última no logró éxito.
Otro método, probado con éxito es el golpe parlamentario, como el desarrollado en Paraguay para derrocar al presidente Fernando Lugo. Es el mismo procedimiento puesto en práctica con las guarimbas venezolanas. Y también idéntico al golpismo blando todavía en curso en Nicaragua para derrocar al gobierno de Daniel Ortega.
Otra modalidad de derrocamiento es la judicialización del golpe. Se acusa vagamente, sin pruebas o con evidencias falsas o manipuladas, a mandatarios, ex mandatarios, partidos políticos o candidatos populares de actos de corrupción, con el concurso del Poder Judicial, tradicionalmente en manos de la derecha, y del aparato mediático (prensa, radio, televisión y redes sociales reaccionarias) con la finalidad de derrocamiento o para invalidar o proscribir la participación en elecciones de candidatos populares o antiimperialistas. Fue el caso de Dilma Rousseff, presidenta derrocada, de Lula, candidato proscrito, y de Cristina Kirchner, hasta ahora perseguida sin éxito.
Pero ahora está apareciendo una nueva modalidad del golpe judicial. Mauricio Macri está proponiendo la creación de una Corte Penal Latinoamericana (COPLA) para perseguir adversarios, con dedicatoria especial contra Cuba y Venezuela, pero teniendo también en mente, órdenes de Washington, a Correa, Evo y Ortega.
Macri tiene planeado proponer el nuevo método de golpe blando en la Asamblea de Parlamentarios del G-20 que se realizará en Buenos Aires el próximo jueves 1 de noviembre.
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