En el transcurso de los últimos dos años, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) ha realizado diferentes recorridos por el área de influencia del proyecto de explotación aurífera en la cuenca del río Nechí, jurisdicción de los municipios de El Bagre, Nechí, Caucasia y Zaragoza, desarrollado por la […]
En el transcurso de los últimos dos años, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) ha realizado diferentes recorridos por el área de influencia del proyecto de explotación aurífera en la cuenca del río Nechí, jurisdicción de los municipios de El Bagre, Nechí, Caucasia y Zaragoza, desarrollado por la empresa Mineros S.A., interactuando con diferentes comunidades, tales como las de Sabalito, El Pital, Guachí, La Esperanza, Cargueros, Bijagual, La Ye, La Concha y Colorado. En los diálogos sostenidos con estas comunidades, ellas han expresado profundos malestares por los daños y las afectaciones que la actividad extractiva de Mineros S.A. les ha causado; en términos generales, por la destrucción de ecosistemas fundamentales para la subsistencia de las personas asentadas en esos territorios, en la medida que ellos prestaban importantes beneficios ambientales, que se han perdido por obra de la operación de las dragas que la empresa ha situado en el cauce del río, así como por la destrucción de bosques para la actividad económica de la empresa.
La imposibilidad de desarrollar actividades agrícolas y de pesca, por ejemplo, ha colocado a los habitantes en situaciones de extrema precariedad socioeconómica. Dichos daños no han sido compensados, y las acciones de responsabilidad social empresarial son valoradas en términos negativos, pues las mismas no tienen la vocación de valorar y compensar los daños y afectaciones a las comunidades asentadas, desde mediados del siglo XX, en el territorio. No se observan procesos de debida diligencia por parte de la empresa para prevenir estos daños, ni tampoco para resarcir los mismos; tampoco se observa una actividad efectiva de fiscalización por parte de las autoridades ambientales y mineras, presentándose estas afectaciones por la falta de control y vigilancia estatal, acciones que deberían desarrollarse con la participación efectiva de las comunidades situadas en el área de influencia del proyecto de explotación aurífera que desarrolla Mineros S.A. en la cuenca del Río Nechí.
Todo lo anterior fue constatado en un lamentable acontecimiento generado por actuaciones ilegales de la empresa Mineros S.A. durante el mes de mayo de 2018, en el que las comunidades ribereñas al río Nechí fueron víctimas de prácticas ecocidas por parte de esta empresa. En recorridos realizados con estas comunidades, desde el mismo día en que comenzaron a suceder los daños, por los complejos de humedales y ciénagas del río Nechí, en las zonas de El Pital, la Esperanza, la quebrada San Pedro, los humedales El Socorro, Matesalsa, Moncholos y San Pumoso, entre otros; se pudo observar una alta mortandad de peces y otras especies, así como cambios drásticos en el aspecto y composición de las aguas que conforman estos ecosistemas.
Todo esto se presentó debido a la ruptura de un jarillón ubicado en un caño de desvío de aguas construido ilegalmente por la empresa Mineros S.A., en la zona de El Pital, Ciénaga San Pumoso, en inmediaciones de la finca La Constancia; el cual funcionaba como mecanismo de represamiento y decantación de las aguas afectadas por el proceso de dragado, derivado del proyecto minero de explotación aurífera en la cuenca del río Nechí, que actualmente opera dicha empresa. Dichas aguas, de acuerdo con lo señalado por las comunidades afectadas en ese momento, se encontraron altamente contaminadas y en estado de putrefacción.
En los recorridos realizados en la zona se observaron especies de peces muertos, tales como el bocachico, el bagre rayado, la doncella y el jetudo; el aspecto y olor del agua era de putrefacción por la cantidad de peces que murieron y por las aguas descompuestas que se estaban vertiendo desde el punto de ruptura del jarillón construido por Mineros S.A.
La respuesta institucional ante las denuncias fue tardía e inoportuna. No obstante que funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia- y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- realizaron recorridos en la zona afectada, verificando las drásticas afectaciones a los humedales del río Nechí, así como identificando que el jarillón afectado tenía deficiencias en su construcción, faltándole un mayor fortalecimiento, evidenciándose cinco puntos de ruptura en partes diferentes; el resultado fue de impunidad a favor de la empresa Mineros S.A.
A pesar de que Corantioquia había solicitado la suspensión de la licencia ambiental, solicitud respaldada por varias organizaciones sociales, debido a la flagrante violación a la normativa ambiental y minera, la ANLA determinó no sancionar a la empresa Mineros S.A., no obstante haber señalado, en la Resolución 00857 de junio de 2018, que la obra construida por la empresa Mineros S.A. no contaba con autorización, es decir que era ilegal. En lugar de sancionarla, la ANLA determinó, contra toda lógica, que Mineros S.A. debía atender los daños y afectaciones presentes, pues según las «verificaciones» de dicha entidad, no era posible establecer la ocurrencia de un ecocidio, ni la responsabilidad de la empresa en los cambios que se presentaban en los humedales.
Mineros S.A. viene ofreciendo arreglos a las comunidades afectadas por los daños ocasionados, bajo la figura de la responsabilidad social empresarial, pero sin reconocimiento de los daños, con la amenaza latente de nuevas afectaciones por su operación, que terminarían generando el desplazamiento forzado de las comunidades, y la desaparición de la exuberante biodiversidad que albergaban estos territorios.
De todo esto no quedan más que preguntas: ¿cuál es el papel de las autoridades ambientales? ¿Se detendrá en algún momento la destrucción de los ecosistemas de humedal que son fundamentales para la humanidad? ¿Vale más el oro que la vida misma?
Juan Esteban Jaramillo Giraldo, Observatorio de Derechos Humanos IPC