Este cinco de junio un grupo de presos políticos chilenos -todos militantes de organizaciones de izquierda- cumplirán 54 días de huelga de hambre. Exigen que -después de 4 postergaciones- finalmente el Congreso apruebe el proyecto de Ley de Indulto que se encuentra hace meses en manos del Senado.En oficinas de senadores del Partido Socialista y […]
Este cinco de junio un grupo de presos políticos chilenos -todos militantes de organizaciones de izquierda- cumplirán 54 días de huelga de hambre. Exigen que -después de 4 postergaciones- finalmente el Congreso apruebe el proyecto de Ley de Indulto que se encuentra hace meses en manos del Senado.
En oficinas de senadores del Partido Socialista y la Democracia Cristiana se dijo a periodistas que probablemente dicha ley se apruebe el próximo nueve de junio. Se contaría con los 24 votos de legisladores de la Concertación por la Democracia, más los de algunos senadores designados y probablemente de algunos de la derecha. Pero también se insiste en los pasillos del Congreso que la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) no votaría a favor del indulto mientras no se apruebe otro proyecto en relación a derechos humanos que daría espacio a la impunidad de militares acusados de crímenes contra opositores.
En una declaración pública, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) indicó que «Esteban Burgos, Pablo Vargas, Hardy Peña, Jorge Espínola y Jorge Mateluna han bajado 20 kilos en promedio, presentan calambres, mareos, dolores de cabeza, musculares y de huesos, taquicardias esporádicas, pérdida de nociones de tiempo y espacio».
Los presos son monitoreados por médicos de Gendarmería y su estado tiende a agravarse.
Junto con pedir la aprobación del indulto, CODEPU solicitó «a las autoridades pertinentes adoptar las medidas necesarias para terminar con la prisión política en nuestro país».
Los detenidos políticos en huelga de hambre son parte de una treintena de condenados cuyas penas van de 30 años a cadena perpetua, muchos de ellos condenados dos veces por el mismo delito y enjuiciados por instancias militares y civiles. Todos llevan más de una década presos.
Durante estos días senadores socialistas y democristianos hacen gestiones para que se apruebe el indulto. Según se supo, esa tarea la tendría también el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, para conseguir que finalmente el proyecto sea aprobado y se permita una solución al caso de las decenas de presos políticos chilenos.
En un breve comunicado, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) enunció cinco consideraciones frente a este caso: «Los presos políticos han sido procesados con desconocimiento de las normas del debido proceso. Han sido juzgados por la justicia militar, no obstante su condición de civiles y sin el respeto a principios de imparcialidad y derecho de defensa. Han sido erróneamente condenados por ley antiterrorista. Han sufrido durante muchos años un régimen carcelario rígido. Han sido condenados a elevadísimas penas que comprenden como mínimo treinta años y cadenas perpetuas».
En tanto la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos llamó «al Parlamento a actuar con sentido de justicia aprobando el proyecto de ley que permite indultarlos como se les prometió». Añadió que «está claro que el tema de la prisión política no está resuelto en el país».
Muchos legisladores están convencidos de que la situación de la prisión política debe ser superada. Organizaciones sociales y de izquierda insisten en que se trata de jóvenes que realizaron acciones convencidos de una causa de transformación en el país. Aparte de consideraciones judiciales como la expresada por el abogado Alberto Espinoza en el sentido de que los detenidos «han soportado procesos extraordinariamente irregulares: procesados por la Justicia Militar, varias veces condenados por los mismos hechos». Hasta el general Juan Romero, Auditor General del Ejército, señaló que «esta iniciativa (indulto) tiene un propósito desde el punto de vista humanitario que es muy atendible».
Muchas colectividades, en Chile y el exterior, se han movilizado exigiendo la libertad de todas y todos los presos políticos y la aprobación de la Ley de Indulto. Se efectuaron manifestaciones en Suecia, Canadá, México, Francia y en las ciudades chilenas de Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Temuco. A mediados del mes pasado un grupo de jóvenes ocupó temporalmente las embajadas de México, El Salvador y Australia para dar a conocer la situación de los presos políticos e instar a que se apruebe el indulto. También hubo manifestaciones en el diario gubernamental «La Nación» y en el Colegio de Periodistas.
Entre las numerosas organizaciones que están pidiendo el indulto y la libertad de los presos políticos están: Organización de Defensa Popular (ODEP); Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD); Familiares, Amigos y Compañeros de los Miristas Caídos (FAC); Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS); Agrupación Nacional de ex Presos Políticos (ANEXPP); Izquierda Cristiana; Exonerados Políticos; Departamento de Derechos Humanos de Colegios Profesionales de Chile; La Surda; Corporación de Retornados; Retornados del Exilio; Partido Comunista; Frente Patriótico Manuel Rodríguez; Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez; Coordinador por la Libertad; Rescatando Palabra y Memoria; Asamblea del Pueblo; Encuentro por la Libertad de los Presos Políticos; Juventudes Comunistas; Asamblea Nacional por los Derechos Humanos; Comité Kamarikun; PC-Acción Proletaria; Akre; Radio 1° de Mayo; Kamina Libre.