La magnitud de la violación sistemática, selectiva, extendida en el tiempo e impune de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones en Colombia a través de las prácticas y procesos históricos de exterminio, pone de manifiesto la grave situación humanitaria de los trabajadores […]
La magnitud de la violación sistemática, selectiva, extendida en el tiempo e impune de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones en Colombia a través de las prácticas y procesos históricos de exterminio, pone de manifiesto la grave situación humanitaria de los trabajadores colombianos, que han luchado en medio del establecimiento de una práctica de violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de nuestra democracia.
La mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales, aunque ellas ocurran en el contexto del conflicto. La mayoría de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores colombianos se han realizado en momentos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales y, en este sentido, ellos no son víctimas casuales o colaterales del conflicto armado. La crisis humanitaria del sindicalismo colombiano evidencia, entre otras cosas, la incapacidad histórica del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos. (1)
La historia del sindicalismo colombiano que ha padecido esta política represiva, desde finales del siglo XX el gobierno colombiano mediante varios modelos represivos, que van desde el ejercicio de la represión apoyada predominantemente en el uso de formalidades legales, bajo el amparo de los estados de excepción; hasta el empleo y consecuente institucionalización de civiles a cargo del ejercicio represivo, constituyendo una estrategia paraestatal, que se ha dado a la tarea de cercenar cada expresión social y política, contraria a sus principios de terror.
En la primera mitad del siglo XX la mayoría de las acciones criminales son cometidas abiertamente por funcionarios estatales, desde sus inicios el incipiente movimiento sindical ha padecido esta forma de represión, un ejemplo de ello, lo constituye la represión que sufrió a principios del sigo XX, bajo la dictadura de Melo, la incipiente clase obrera que estaba constituida principalmente por obreros de transporte fluvial, de obras públicas, de la naciente industria de manufacturas, además de la base de artesanos, sufrieron persecuciones y destierros, de tal manera que cualquier iniciativa popular, es fuertemente reprimida por la hegemonía conservadora.
La concepción dogmática de las diversas expresiones sociales y políticas que representan las guerrillas condujo a aplicar una política contrainsurgente homogénea, este reduccionismo llevó a confundir las diferentes expresiones de lucha social con los proyectos de las guerrillas y por tanto, condujo a extender las políticas contrainsurgentes hacia los movimientos sociales con un elevado numero de violaciones a los derechos humanos y un deterioro a un mayor de la legitimidad de las instituciones de la fuerza pública y del Estado en general. Especialmente por el recurso ininterrumpido de los Estados Excepcionales, en los que la vigencia de los derechos es la excepción y su desconocimiento la norma.
Las diferentes expresiones populares fueron reprimidas bajo los parámetros de la DSN, Doctrina de Seguridad Nacional, Con la imposición de la DSN, Doctrina de Seguridad Nacional, por medio de la cual los conflictos internos se han internacionalizado sobre la base de la dicotomía democracia occidental – comunismo internacional, varios de los grandes crímenes de guerra han dejado de exigir una situación previa de conflicto internacional de guerra entre naciones, para trasladarse al equivoco escenario de situaciones de orden público.
Cuando inicia la segunda mitad del siglo pasado se evidencia un modelo represivo basado en una dominación centralizada, institucional, apoyado predominantemente en formalidades legales, que intentan hacerle frente al renacer de las luchas populares en el territorio colombiano. Bajo su imperio la mayor parte de acciones represivas estuvieron a cargo de funcionarios estatales, por otra parte, la limitación de las libertades de expresión, reunión y asociación, en cabeza de tribunales militares, que utilizaban predominantemente la detención y enjuiciamiento de los opositores, combinada con la tortura de los capturados, especialmente, a finales de la década de los sesenta, constituye la respuesta que el estado da al auge de las luchas populares en el país, retomadas en esta época.
Frente a la respuesta del establecimiento, el movimiento sindical adopto una dinámica que los llevo a la conformación de comités de solidaridad, alrededor de conflictos específicos, e intersindicales en torno a movimientos regionales.
Finalizando los 70`s, ante la inminencia de la instauración del modelo neoliberal en el país, y ante la respuesta que se le dio a esta posibilidad por parte del movimiento popular, colombiano (2), el movimiento sindical reconoció la necesidad de unirse y concretar un lenguaje común, que posibilite su adhesión al movimiento de protesta. Buscando este objetivo, bastos sectores que conformaban las centrales y el Sindicalismo Independiente, asistieron a un encuentro de solidaridad y unidad de acción que tuvo lugar en Zipaquira, en donde se crea la Coordinadota de Protesta y Solidaridad.
En la década de los 80`s se configura un modelo de represión donde impera el recurso paraestatal, en este interregno se pueden ubicar dos elementos fundamentales, de un lado el impulso a un proceso de paz con el presidente Betancur y, de otro, el desarrollo de formas extralegales y clandestinas de represión.
Durante el periodo presidencial de Betancur se «modifica el marco político y jurídico de la acción represiva precedente» lo cual implica que el ejercicio represivo no se llevara a cabo por los acostumbrados -hasta el momento- mecanismos institucionales, abiertos, y legales, sino que por el contrario, «en tales años se consolida la represión paraestatal y la guerra sucia», este nuevo accionar va evidenciarse en el aumento de las desapariciones forzadas, amenazas y asesinatos con móvil político y un paulatino retroceso en la cantidad de detenciones oficiales.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación en esta década se registran tan sólo 15 homicidios en el sector sindical, cifra que no se compadece de la grave situación humanitaria que afrontan los líderes en ese momento.
Del registro que tiene en su base de datos la Fiscalía General de la Nación, el sector más victimizado, para ese momento es el magisterio, que desde entonces proyectaba la masacre que pesaría sobre las personas que están a cargo de la educación del futuro del país, los maestros y maestras de Colombia, registran seis homicidios del total de quince, esta conducta afecta básicamente al Sindicato de Educadores de Risaralda SER con el 40% de los asesinatos.
De esta manera del 100% (15 casos) que están relacionados en el ente Investigador, el 60% se encuentra en practica de pruebas, el restante número correspondiente al 33% de los casos, las diligencias se encuentran suspendidas y el restante 7% recibió una sentencia inhibitoria, de esta manera nos enfrentamos a la decepcionante conclusión que en ninguno de estos casos se presenta una sentencia condenatoria.
En cuanto a la identificación de los responsables encontramos, que es una de las falencias más importantes, pues del total de los casos, en ninguno se ha obtenido la individualización de los posibles responsables materiales del homicidio.
De la totalidad de la muestra tan solo esta radicado un caso en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, sometiendo estos crímenes contra la sociedad en general al conocimiento de Fiscales Especializados en un 53%, y de Fiscales Seccionales en un 47%.
Pese a que en su base de datos la Fiscalía no registre la magnitud de la crisis humanitaria que experimentan los sindicalistas colombianos, y su registro del accionar criminal sea deficiente, no se puede negar que los asesinatos y demás crímenes cometidos en este interregno forjan las formas represivas que sobrevendrán.
En este momento el terror paramilitar opera de una forma más abierta y descarada, reivindicando con más frecuencia la creciente cifra de asesinatos y desapariciones, de igual manera, generalizan el empleo de «listas negras».
Las cifras de violación a los derechos humanos muestran las tendencias, tan sólo en el periodo de 1981 a 1982 el número de asesinatos se dobla (de 269 pasa a 525), manteniendo desde este año un aumento sostenido, igual comportamiento muestran las cifras de desaparición forzada. Las amenazas que de 32 en 1981 llegan a 122 en el año siguiente, tendrán un comportamiento irregular y su punto más alto se presentará en 1987 cuando se registran 565 casos. (3)
El nuevo modelo represivo trocaba el encarcelamiento arbitrario de los opositores políticos y su sometimiento a todas las formas de tortura por la desaparición forzada y asesinato para castigar a las diversa manifestaciones del movimiento popular, aunque se generaliza el empleo del recurso paramilitar como un mecanismo muy útil para eludir la deslegitimación jurídica del Estado, garantizando a su vez la impunidad de los victimarios. (4)
Simultáneo a la cabalgata de impunidad y represión por el territorio colombiano reflejada en las cifras anteriores, la ideología neoliberal se afianza, constituyéndose en la principal adversaria de la legislación laboral, de tal manera que con el gobierno Gaviria se expedirá la ley 50 de 1990, las disposiciones contenidas en esta, dificultan enormemente el ejercicio del derecho de negociación, a la par que introduce al máximo la flexibilización y la precariedad, desconociendo flagrantemente los Convenios de la OIT.
Los primeros cinco años de la década del noventa, van a establecer una marcada victimización sobre el sector agrario, ya que se van a encaminar esfuerzos para implantar una guerra contra los trabajadores agrícolas agrupados en Sintrainagro en al zona bananera de Urabá. Finalizando este quinquenio se presentará uno de los picos más altos en cuanto a homicidios, el año 1996 es testigo del mayor número de masacres que tienen como objetivo primordialmente la población rural, pero también en este año se presenta el mayor índice de asesinatos de trabajadores en el país, ese año fueron asesinados 284 sindicalistas.
Con la entrada y el despliege de la estrategia paramilitar en el año inmediatamente anterior, en el año 1997 seremos testigos de la generalización del fenómeno del desplazamiento forzado de sindicalistas, como instrumento importante de la estrategia de guerra.
«En el período que va de 1998 al 2000, la violación de los derechos humanos de los sindicalistas estuvo marcada por el auge de las intimidaciones, amenazas, violaciones a los derechos de asociación sindical y asesinatos de altos dirigentes sindicales. El paro nacional estatal, realizado entre el 7 y 26 de octubre de 1998, presentó como balance final 9 sindicalistas asesinados, permanentes choques con la fuerza pública, intimidación a las marchas de los trabajadores y aumento de la represión.» (5)
El banco de datos de la Fiscalía General de la Nación para la década de los noventas reporta un total de 304 agresiones, entre las que se cuentan los primeros reportes de Desplazamiento Forzado, el número creciente de amenazas y homicidios, el aumento en relación a la década anterior es protuberante, encontrándose que en el número de registros sobre agresiones a sindicalistas que reporta la Fiscalía, el 70.5% (214) corresponde a casos de asesinatos, el 18% corresponde a 54 casos de amenazas y 15% correspondiente a las cifras de desapariciones Forzadas.
En este periodo la más grave vicitimización afecta a la Unión Sindical Obrera que cuenta con el 16% de la totalidad de agresiones sobre el sector sindical en la década del noventa; por su parte, el magisterio cuenta con el 15% de las agresiones, en este interregno, encontramos que al interior del magisterio, la organización sindical mas victimizada es el Sindicato de Educadores de Risaralda SER, que cuenta con el 6% del total de las agresiones; las constantes acciones criminales en contra de SINTRAINAGRO arrojan como resultado que de 304 agresiones el 11.5% sean cometidas sobre sus miembros.
Del total de agresiones el 7% es cometido sobe mujeres, registrándose por parte de la Fiscalía tan solo un caso de violación, ANA LUISA ARCILA OSPINA afiliada al Sindicato de Educadores de Risaralda SER, fue ultrajada, violada y asesinada el 1 de mayo de 1994.
De esta manera del 100% (304 casos) que están relacionados en el ente Investigador, el 37% se encuentra en practica de pruebas, el restante número correspondiente al 35.5% de los casos las diligencias se encuentran suspendidas y el restante 13% recibió una sentencia inhibitoria, de esta manera nos enfrentamos a la decepcionante conclusión que tan solo en el 1.4% de los casos se presenta una sentencia condenatoria.
De la totalidad de la muestra tan solo esta radicado 5.5% (16 casos) en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, sometiendo estos crímenes contra la sociedad en general al conocimiento de Fiscales Especializados en un 22%, y de Fiscales Seccionales en un 25%.
Estas cifras son contrastadas con las aportadas por la Comisión Interinstitucional para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores que ha tenido entre sus objetivos unificar la información estadística relacionada con las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas, según estos datos entre 1991 y el 2000 se presentaron 820 víctimas de homicidio. Según la Central Unitaria de Trabajadores -C.U.T., en el 2001 fueron asesinados 192 sindicalistas, y en el 2002, la mencionada organización sindical reporta 148 crímenes contra la vida de los sindicalistas. Si se toma como base la información de la Comisión Interinstitucional citada y se le agregan los datos referidos del 2001, 2002 y de lo que va transcurrido del 2004, el acumulado resulta superior a 1270 muertes violentas de dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados. Situación reconocida por el defensor del pueblo en resolución del 23 de julio de 2002, mediante la resolución defensorial No 23.
Por otro lado, en términos relativos, la Escuela Nacional Sindical señala que entre enero de 1.991 y diciembre de 2001 fueron asesinados 1.841 dirigentes y trabajadores sindicalizados, lo que supone un promedio de 184 homicidios por año. Aunque la evolución de los homicidios en el tiempo presenta variaciones intermitentes, según algunos analistas, las tasas de estancamiento y decrecimiento de la población obrera afiliada a los sindicatos, aumenta las dimensiones del fenómeno. De acuerdo con la Escuela Nacional Sindical, Colombia presenta una de las tasas más bajas de cobertura sindical de América Latina, pues apenas llega al 7% de la población trabajadora y abarca cerca de 900.000 afiliados, mayoritariamente inscritos en la CUT. Si se considera esa base de población sindicalizada, la tasa de homicidios promedio de sindicalistas sería de 183.2 por cada 100.000 de ellos; índice que supera aún las altas tasas de homicidio registradas en Colombia (tasas en promedio de 75.5 por cada 100.000 habitantes).
En el siguiente recuadro se aprecia en forma discriminada las violaciones de derechos humanos al sector sindical, durante los últimos años:
| Total asesinatos año 1999 | 83 (6) |
| Total asesinatos año 2000 | 135 (7) |
En el contexto general de los cambios y superposiciones entre conflictos laborales y guerra, el año 2001 presenta un aumento de la violencia contra dirigentes sindicales, pues en ese año se reporta el mayor índice de homicidios de dirigentes con 199 casos. Paralelamente, en ese año se aprecia la instrumentalización de los actores armados por parte de administraciones municipales para crear contextos de represión favorables a la aplicación de la Ley 617 -referida al ajuste fiscal de las entidades territoriales-, y el aumento de la violaciones a los derechos humanos de sindicalistas ubicados en los grandes centros urbanos del país (Bogotá, Cali, Barrancabermeja, Bucaramanga y Medellín), como consecuencia del proceso de urbanización del conflicto armado.
Estadísticas de violación a los Derechos Humanos de los Sindicalistas en el año 2001
| Total Amenazas | 352 |
| Total Desplazamiento de sindicalistas con sus familias | 40 |
| Total Atentados | 30 |
| Total Desapariciones Forzadas | 69 |
| Total Hostigamientos | 22 |
| Total Torturas | 3 |
| Total Asesinatos | 192 |
| Total Secuestros | 83 (8) |
Información aproximada dada por la base de datos de la Central General de Trabajadores Democráticos CGTD:
| Total Asesinatos | 7 |
| Total Amenazas | 25 |
| Total violaciones a los Derechos Humanos de los Sindicalistas en el año 2001 | 851 |
Estadísticas de violación a los Derechos Humanos de los Sindicalistas en el año 2002
| Total Asesinatos a 31 de diciembre de 2002 | 148 |
| Total Agresión | 12 |
| Total Detenidos injustamente | 28 |
| Total Desaparecidos | 12 |
| Total Atentados contra la vida | 20 |
| Total Hostigamientos | 6 |
| Total Amenazas | 98 |
| Total Allanamientos | 6 |
| Total violaciones a los Derechos Humanos de los Sindicalistas en el año 2002 | 350 (9) |
Estadísticas de violación a los Derechos Humanos de sindicalistas, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
Estadísticas de violación a los Derechos Humanos de los Sindicalistas en el año 2003
| Total Asesinatos | 94 |
| Total Agresión | 65 |
| Total Detenidos injustamente | 28 |
| Total Desaparecidos | 4 |
| Total Atentados contra la vida | 19 |
| Hostigamientos | 32 |
| Total Amenazas | 156 |
| Total Allanamientos | 23 |
| Total violaciones a los Derechos Humanos de los Sindicalistas en el 2003 | 421 |
Información aproximada dada por la base de datos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT:
| Total Asesinatos: | 72 |
La información del banco de datos en derechos humanos de la ENS muestra que en Colombia, entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2003, fueron asesinados 90 sindicalistas, 295 fueron víctimas de amenazas de muerte, 20 sufrieron atentados contra su integridad personal, 6 fueron desaparecidos y 6 más fueron secuestrados. A este preocupante panorama se suman los 42 sindicalistas detenidos, los 12 allanamientos a residencias de dirigentes sindicales y los 55 casos de hostigamientos a dirigentes y a sus familias.
De este último periodo, hay tres asuntos que merecen destacarse: En primer lugar, los aumentos vertiginosos de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres sindicalizadas.
En segundo lugar, del total de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, el 432 por ciento, fueron cometidas contra dirigentes sindicales, miembros de juntas directivas, comités ejecutivos y subdirectivas de las centrales sindicales.
Los trabajadores afiliados a la CUT siguen siendo las mayores víctimas de las violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad. Del total de sindicalistas asesinados, 84 estaban afiliados a esta central y 294 (99%) de los amenazados pertenecen a ella. Es necesario señalar, además, que todos los miembros de las subdirectivas de la CUT en los departamentos de Valle, Arauca, Caldas y Risaralda, recibieron amenazas de muerte y como consecuencia de ellas muchos tuvieron que desplazarse y exiliarse. (10)
El sello de las políticas de paz -o de seguridad- nos presenta como constante histórica, un aumento escandaloso de la represión al derecho de asociación sindical, la calificación de cualquier protesta sindical como ilegal, los hostigamientos de la fuerza pública a todo movimiento de protesta y el aumento de las amenazas a trabajadores sindicalizados en momentos clave de resolución de conflictos laborales. El aumento de las detenciones, los allanamientos y hostigamientos por parte de la fuerza pública a las organizaciones sindicales en el contexto de la estrategia de guerra del gobierno de Álvaro Uribe. La actual política gubernamental con los sindicatos de TELECOM, SINTRAEMCALI, ECOPETROL, SINALTRAINAL y el Seguro Social evidencian la existencia, tal como lo recordó el periódico El Tiempo en su edición del 1° de mayo (2003), de «un Estado que dialoga con más facilidad con los grupos armados que con las organizaciones legítimas del trabajo y que tiende a criminalizar la protesta social».
Se puede afirmar entonces que las detenciones «legales», las retenciones arbitrarias, los allanamientos y los hostigamientos por parte de organismos estatales, se constituyen en elementos violatorios de la libertad individual y contribuyen a la generalización de una cultura antisindical que continúa señalando a las organizaciones sindicales como organizaciones colaterales a la subversión y como un estorbo para el progreso económico de las empresas.
En lo que va corrido del año 2004 se cuentan 28 asesinatos de sindicalistas, según datos de la base de datos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
Según la Base de Datos de la Escuela Nacional Sindical, en lo corrido del año se cuentan 2 secuestros, 143 amenazas de muerte, 2 victimas de allanamiento y 2 detenciones. Al mismo tiempo, en el contexto de conflictos laborales, la situación de seguridad personal de los sindicalistas colombianos y de sus familias ha empeorado, los espacios de concertación siguen cerrados, las amenazas contra los directivos de SINALTRAINAL, en el contexto de la huelga de hambre decretada por esta organización el 15 de marzo de 2004, el agravamiento de la situación del magisterio en diversas regiones del país y la declaratoria de ilegalidad de la Huelga de la USO; confirman, que el gobierno de AUV, carece de voluntad política y garantías para proteger el ejercicio de la libertad sindical, en materia de derechos humanos el gobierno aun no asume su función constitucional y legal de investigar seriamente, identificar y sancionar a tiempo con penas proporcionadas a los responsables de la comisión de estos crímenes. El aumento de las detenciones, los allanamientos, y hostigamientos por parte de la Fuerza Pública, evidencia la política antisindical del gobierno Uribe, pese a que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos han insistido en el hecho de que reformas como el estatuto Antiterrorista y el marco normativo de la política de seguridad democrática, es un instrumento útil para limitar el ejercicio pleno de los derechos de libertad sindical.
El nivel de impunidad alcanza un 99%, en este periodo los casos de homicidios a sindicalistas se evidencia una constante determinación procesal por parte de la Fiscalía General de la Nación a que las investigaciones queden en Preliminares, sean Suspendidas, Archivadas o resueltas con Preclusión de la Investigación, ello sin contar los casos en que no existe investigación penal, especialmente.
La continua y progresiva victimización de activistas sumados al deterioro de los derechos laborales y al cierre de los espacios de concertación, hace explícita la postura antisindicalista del gobierno Uribe.
A esta impunidad casi absoluta, le ayuda el hecho de que el gobierno colombiano no toma medidas inmediatas para que las investigaciones cubran la totalidad de los hechos violentos, insistiendo en señalar que la violencia sindical es una consecuencia del estado de guerra que vive el país, y no el resultado de una violencia selectiva y discriminada contra los trabajadores y sus organizaciones.
De igual manera, se ha establecido que a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos (Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rigth Watch y la OIT) y de los organismos del ministerio publico de la nación de fortalecer la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalia General de la Nación, como entidad idónea para seguir los casos por violación a los Derechos Humanos de los sindicalistas colombianos, solo se presenta que de la totalidad de la muestra están radicados en esta dependencia el 13% de las Investigaciones, agravado por la situación que hoy en día el debilitamiento de la Unidad Nacional de DDHH y DIH, es constante y escalonado, clarificando la intención del Estado colombiano para el presente caso en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez y el Fiscal General Luis Camilo Osorio en trazar la impunidad en los casos de violaciones a los Derechos Humanos de los colombianos como objetivo central de su administración.
Se concluye de la misma manera que frente a los asesinatos de sindicalistas en Colombia, existe una clara tendencia a realizarlos de manera selectiva y con la doble acción de eliminar físicamente al líder sindical y debilitar de manera gradual la organización de los trabajadores, entiendo que estos crímenes responden a reprimir el libre ejercicio de la Libertad sindical y no es como se ha tratado de establecer por parte del gobierno nacional y el sector privado, que la muerte de sindicalistas responde a la existencia de un conflicto armado en el país, ya que si sumamos el porcentaje de Dirigentes sindicales asesinados (32%) y de activistas (31,5%)(figura sindical que se enmarca como el afiliado que por su interés y creencia en la defensa de los derechos de lo trabajadores, realiza actividades propias de la dirigencia sindical, y se encuentra atento y con disposición de seguir las directrices del sindicato) encontramos que en un 63.5% se esta atacando la libertad de asociación y la identidad de aquellos sindicatos que tienen poder de presión ante el Estado y algunas empresas privadas, registrándose los asesinatos en los periodos de negociación o cuando existe tensión entre el empleador y el sindicato.
Notas (1) «Cuando lo imposible jurídicamente se hace posible políticamente». Informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos en el año 2003.
(2) Son varios elementos los que se combinan para que las políticas neoliberales se retarden un poco en el país; por un lado la posición de algunos industriales, las sendas movilizaciones que tenían como consigna la oposición al modelo, como el paro de 1977, las crecientes movilizaciones campesinas, la posibilidad inminente que los movimientos guerrilleros se fortalecieran con la posibilidad de un golpe de estado.
(3) Datos estadísticos generales de violación de derechos humanos en Colombia de 1978 a 1987 en la revista Solidaridad 100, p. 40. Aunque no hace una discriminación por sectores sociales, las cifras marcan la tendencia para la década de los ochentas.
(4) Comisión Intercongregacional de justicia y paz. «Cambio de Etiquetas». Vol 5, No. 4, 1992, p.8.
(5) Cuando lo imposible jurídicamente se hace posible políticamente. Informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos en el año 2003.
(6) Información aproximada dada por la base de datos de la oficina de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
(7) Información aproximada dada por la base de datos de la oficina de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
(8) Información aproximada dada por la base de datos de la oficina de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
(9)Información aproximada dada por la base de datos de la oficina de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. E información obtenida por CCAJAR, La escuela Nacional Sindical en su informe establece para el año 2002 un total de 184 asesinatos.
(10)Datos que son tomados del ultimo informe realizado por la Escuela Nacional Sindical. Gentileza de Edgar Páez, Dirección Nacional de SINALTRAINAL (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos) – Colombia.