El parlamentario vasco Arnaldo Otegi presentará en los próximos días una querella contra quien resulte responsable de la intervención de sus conversaciones telefónicas. Según pudo saber GARA, la abogada y también parlamentaria Jone Goirizelaia se encontraba ayer redactando los últimos detalles de la misma. Además, el grupo Sozialista Abertzaleak prepara iniciativas parlamentarias en la Cámara […]
El parlamentario vasco Arnaldo Otegi presentará en los próximos días una querella contra quien resulte responsable de la intervención de sus conversaciones telefónicas. Según pudo saber GARA, la abogada y también parlamentaria Jone Goirizelaia se encontraba ayer redactando los últimos detalles de la misma. Además, el grupo Sozialista Abertzaleak prepara iniciativas parlamentarias en la Cámara de Gasteiz.
En principio, la querella irá dirigida contra los responsables del Centro Nacional de Inteligencia y los agentes que, del resultado de las investigaciones, se determine que han participado en la intervención de las conversaciones. Se da el agravante de que, como parlamentario, Arnaldo Otegi tiene la condición de aforado.
En el momento en el que se produjeron los hechos detallados en la «nota informativa» publicada anteayer por «El Mundo», el director del CNI era Jorge Dezcállar. En la actualidad ese puesto lo ocupa Alberto Saiz Cortés.
En el referido documento de los servicios de inteligencia se da cuenta de la intervención de conversaciones de Arnaldo Otegi, del lehendakari Juan José Ibarretxe, del parlamentario catalán y actual presidente de ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, y del parlamentario vasco y secretario de organización de EA, Rafael Larreina.
Además, según han señalado diversos medios, párrafos tachados en otros documentos del CNI remitidos a la Comisión de Investigación del 11-M, recogen otras referencias al espionaje al que es sometido Otegi.
La filtración de documentos del CNI y especialmente los relativos a las investigaciones en las que aparece implicado Arnaldo Otegi han causado un «profundo malestar» en los servicios secretos, según informaba ayer el diario «Abc». El rotativo derechista español, con amplios contactos e influencia en el Ejército, destacaba que en el seno del organismo de espionaje se hablaba de «petición de dimisiones» o «bajas en cadena». Añadía que la indignación detectada en el CNI es algo «sin precedentes».
Las fuentes recogidas por «Abc» afirmaban que «la investigación en la que aparece Otegi es un servicio solicitado por un Gobierno democrático. Si esa filtración origina una investigación judicial auspiciada por el entramado de ETA, ¿quién va a proteger a los agentes implicados en las investigaciones? ¿El Gobierno saliente, el actual, que están metidos en un trifulca?».
El rotativo madrileño añadía que según los medios que habían consultado, en el CNI se estaba produciendo una solicitud en cadena de bajas de servicios que los superiores del centro intentaban frenar a toda costa.
También el diario «El País» recogía un reconocimiento de «fuentes próximas al Centro Nacional de Inteligencia» de que «los dirigentes de la ilegalizada Batasuna están sometidos a vigilancia por parte del servicio secreto». Según estas fuentes, «la vigilancia de dirigentes de Batasuna es legal, de acuerdo con la Ley de Control Judicial del CNI», aprobada en mayo de 2002 en el contexto de la reordenación de los servicios secretos españoles.
De acuerdo con la ley, en el Tribunal Supremo hay un magistrado específicamente encargado del control judicial de las actividades del CNI y a él debe dirigirse el director del espionaje para solicitarle la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.
La solicitud debe estar justificada y acotada en el tiempo. Además, en la ley se especifica que todas las informaciones obtenidas que no guarden relación con el objeto o fines que justificaban las escuchas, debe ser inmediatamente destruida.
En relación con esta ley, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se mostró ayer partidario de que la forma de control judicial del CNI se redefina, puesto que en su opinión es «materialmente imposible que una sola persona controle el volumen de escuchas» que se pueden producir.
Dato colateral pero relevante
El espionaje del CNI ha aportado un dato colateral al lado del escándalo que supone la vigilancia a personas aforadas pero que, al mismo tiempo, resulta relevante para conocer algo más de la política vasca. La «nota informativa» destapa el amplio espectro de relaciones que mantiene Arnaldo Otegi y que incluyen al lehendakari. Después de que las elecciones hayan demostrado el apoyo social de la izquierda abertzale ilegalizada, la foto que ofrece el espionaje español revela que los dirigentes independentistas, lejos de estar poscritos o aislados, mantienen una interlocución directa, y da la impresión que fluida, con buena parte de los protagonistas de la escena política. – Iñaki IRIOND0 Anasagasti denuncia que Dezcállar mintió
El senador del PNV y miembro de la Mesa de la Cámara Alta, Iñaki Anasagasti, considera que la nota del CNI demuestra que su anterior director, Jorge Dezcállar, mintió cuando negó en el Congreso que se estuviera espiando a «partidos políticos democráticos». Anasagasti criticó al Gobierno del PSOE por haber nombrado a Dezcállar embajador ante el Vaticano. –