Los supervivientes del genocidio llevado a cabo por las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano en los años 70 y 80, los miles de exilados políticos esparcidos por todo el mundo, tardaron un tiempo en darse cuenta de que no estaban a salvo aún después de abandonar sus respectivos países donde eran perseguidos. Muchos pagaron […]
Los supervivientes del genocidio llevado a cabo por las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano en los años 70 y 80, los miles de exilados políticos esparcidos por todo el mundo, tardaron un tiempo en darse cuenta de que no estaban a salvo aún después de abandonar sus respectivos países donde eran perseguidos. Muchos pagaron con sus vidas desconocer el nuevo peligro que les acechaba; otros lograron salir vivos de atentados terroristas muy lejos de los países de los cuales habían huido.
Ellos no sabían que el 1 de diciembre de 1975 los servicios de Inteligencia de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina, habían dado nacimiento formal, aunque clandestino, a la llamada Operación Cóndor, por la cual ha sido ahora de nuevo desaforado uno de sus principales responsables, Augusto Pinochet.
La Operación Cóndor era una suerte de internacional del terror, cuyo objetivo principal consistía en dotarse de una gran base de datos común de «subversivos», de enemigos a secuestrar, entregar a los torturadores de su país de origen, o abatir allí donde se encontraran.
Tal como describe el juez Baltasar Garzón en la causa que abrió contra Pinochet y que hizo que el dictador tuviera que permanecer 503 días detenido en Londres, fue el coronel Manuel Contreras, entonces director de la Inteligencia chilena, quien convocó a sus homólogos de los otros cuatro países a una reunión en Santiago de Chile. Allí se hizo balance de los «éxitos» obtenidos en las primeras operaciones «solidarias» entre ellos y se formalizó el nacimiento de la Operación Cóndor.
Entre los «éxitos» ya obtenidos se encontraba el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats y su esposa. Prats, que fue comandante en jefe del Ejército hasta pocos días antes del golpe de Pinochet, se había exilado en Buenos Aires. El 30 de setiembre de 1974 el coche en el que volvía a su casa con su esposa, estalló por una bomba accionada por control remoto.
Más de 100 militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno exilados en Argentina fueron asesinados también entre 1974 y 1975, en lo que se llamó Operación Colombo.
A partir de 1976 las operaciones conjuntas de los distintos servicios de Inteligencia y el traspaso de prisioneros entre países se hizo más intenso.
El ex presidente de Bolivia, el general Juan José Torres, fue asesinado en 1976 en Buenos Aires, donde permanecía exilado y se creía seguro; varios argentinos exilados en Bolivia fueron secuestrados a su vez en ese país, torturados y asesinados. Otros exilados argentinos fueron secuestrados y asesinados en Brasil y Paraguay, mientras que exilados paraguayos fueron secuestrados en Buenos Aires y entregados luego a militares de Paraguay, donde fueron asesinados. Decenas de exilados uruguayos fueron asesinados en Argentina y al menos dos en Paraguay.
El ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, cayó muerto el 21 de setiembre de 1976 en Washington junto a su secretaria estadounidense, Ronnie Moffit, mediante un coche bomba.
España fue también escenario de uno de los asesinatos de la Operación Cóndor, el de la argentina Noemí Esther Gianetti de Molfino, miembro de las Madres de Plaza de Mayo, secuestrada a mediados de junio de 1980 junto a otras tres personas en Lima por un comando de militares peruanos y argentinos. Estos armaron una sofisticada operación para achacar su asesinato a exilados en España, en un intento por romper la solidaridad de la población con los más de 100.000 argentinos que se habían refugiado aquí. Las manifestaciones callejeras y las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura argentina que se hacían en España, afectaban la imagen de salvador de la patria del ataque de las hordas comunistas que pretendía dar Videla y sus cómplices. La dictadura no se conformó con contratar agencias de comunicación en España para que lavaran su imagen. También recurrió al asesinato.
Gianetti de Molfino fue encontrada asesinada en un apartamento de la calle Tutor 37 de Madrid el 21 de julio de 1980. Había muerto dos días antes. Entró a España el 18 de julio con documentación falsa. Se presume que sus secuestradores le ofrecieron liberarla si aceptaba un pasaje para viajar a Europa y un pasaporte falso. Aunque extrañada por la oferta, aceptaría, no tenía opción, sin saber que así sus asesinos ultimaban su plan para sostener, como hicieron luego, que se había «fugado» y que en un «ajuste de cuentas» algunos exilados «subversivos» la mataron. A pesar de que el PSOE y el PCE pidieron en su momento informes al Gobierno español sobre «el expansionismo del terrorismo de Estado argentino» y sobre «la impunidad con la que los servicios de seguridad argentinos parecen moverse en nuestro país», nunca se logró encontrar a los asesinos.
Aunque Garzón no logró extraditar a Pinochet a España para responder por los crímenes, el juez Guzmán posiblemente logre interrogarlo y procesarlo.
Por su edad no iría a la cárcel, pero al menos sentirá que la sombra de sus víctimas lo perseguirán hasta su muerte.
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Roberto Montoya es coautor, junto a Daniel Pereyra, del libro «El caso Pinochet y la impunidad en América Latina»