1. Militarización y conflicto social Desde años atrás las comunidades mineras que trabajan artesanalmente la explotación del oro han venido luchando por la posesión efectiva y legal de las reservas auríferas, en tanto el Estado se ha ideado miles de formas para que las comunidades sean desposeídas de este derecho que han conquistado, de hecho, […]
1. Militarización y conflicto social
Desde años atrás las comunidades mineras que trabajan artesanalmente la explotación del oro han venido luchando por la posesión efectiva y legal de las reservas auríferas, en tanto el Estado se ha ideado miles de formas para que las comunidades sean desposeídas de este derecho que han conquistado, de hecho, a través de su trabajo milenario.
La concentración de millones de trabajadores mineros a lo largo y ancho de Colombia en sus diseminadas cuencas auríferas de aluviones y vetas, de las cuales se deriva la subsistencia para más de 8 millones de seres humanos, ha hecho de este conflicto un asunto importante para los destinos de la nación.
La riqueza aurífera es considerada de gran importancia para el soporte económico y eje de acumulación muy pocas veces apreciado en los análisis geopolíticos del país, pues es un recurso abundante y de vital importancia después de petróleo, carbón, gas natural y la biodiversidad.
Grandes luchas sociales se han desarrollado en el país por las comunidades mineras y no mineras para determinar una apropiación comunitaria y unos beneficios regionales económicos y sociales, en últimas, si el recurso ORO sirve para potenciar el desarrollo social y económico para la gente y sus regiones o por el contrario este es apropiado exclusivamente para y por una elite de gobernantes en asocio con las trasnacionales.
Un punto álgido de esta disputa social se dio recientemente. Para 1998 el Estado, a través de un consorcio de abogados representantes de empresas trasnacionales, encargó la elaboración de un nuevo código minero. Misión encabezada por la abogada Maria Fernanda Aramburo, una de las representantes de una trasnacional canadiense.
Esta vez la acción masiva de los mineros agrupados en la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL junto a un centenar de sindicatos, de organizaciones defensoras de derechos humanos, parlamentarios y la población campesina del Sur de Bolívar realizaron un éxodo masivo a la ciudad de Barranca, «capital de la Serranía de San Lucas», para presentar unas propuestas alternativas de explotación minera que colocaron en el centro la gestión, administración y organización de empresas mineras comunitarias con un destino social a sus beneficios y para ello delimitaron una zona que se llamó APORTE MINERO.
El Estado para el mismo año de 1998 y como respuesta lanzó una operación militar conjunta con los paramilitares que contribuiría a mermar la fuerza social de la población minera y campesina de la región, para facilitar el adueñamiento de las inmensas reservas auríferas por las compañías extranjeras.
El éxodo agrominero logró neutralizar la puesta en marcha del nuevo código minero, así como el compromiso del gobierno de Pastrana con una política de protección a la vida de los habitantes de la región y la delimitación de una zona de aporte minero para las comunidades enclavadas en la Serranía de San Lucas. También se acordaron políticas tendientes a favorecer la creación de proyectos mineros comunitarios.
Después del éxodo se mantuvo la arremetida paramilitar en la región que costó la vida de numerosos líderes entre ellos EDGAR QUIROGA y anteriormente de decenas de líderes mineros, en la acción de debilitar el tejido social.
2. Expulsión de mineros y nuevo código de minas
Los primeros cuatro años del presente siglo han sido bastante duros para las poblaciones mineras del país.
Si tomamos el mapa del conflicto social y lo comparamos con el mapa de incursiones, masacres, asesinatos, expulsiones y desplazamientos, como política agenciada por el Estado a través de su ejército legal e ilegal, es fácil observar cómo coinciden las zonas de reservas de minerales auríferos y no auríferos con esta acción, lo cual dice que es un asunto de plantación estratégica destinada a desocupar e imponer el imperio de las poderosas trasnacionales.
Prácticamente en las cuencas auríferas del nordeste antioqueño y otras, la población minera ha sido destruida en sus fundamentos sociales y políticos y se ha impuesto el paramilitarismo a sangre y fuego. En regiones como el Chocó se da una escalada militarista y las comunidades negras e indígenas ofrecen una resistencia para detener su expulsión y destrucción. Igual dimensión de resistencia se adelanta por las comunidades en la región del Sur de Bolívar.
Son millones los mineros artesanales que han sido desplazados y asesinados y sus comunidades atrapadas por el terrorismo de Estado. La posesión de hecho de centenares de años ha pasado a nuevos propietarios que representan un interés antinacional. La propiedad minera ha cambiado de dueño y el neoliberalismo se ha encarnado con las cruzadas bárbaras del Estado colombiano.
Como complemento a esta nueva conquista, parecida a la de 1492, en el mes de agosto del año 2001 el gobierno aprobó la Ley 685 o Nuevo Código de Minas, no obstante la oposición de parlamentarios, de organizaciones sociales y de una importante opinión internacional, quienes aseveran que los términos en que ha sido concebido el nuevo Código de Minas es la legalización de la subasta minera, por parte del Estado colombiano a las transnacionales.
El nuevo código equipara a los trabajadores de la producción minera artesanal (mineros artesanales) con las trasnacionales, imponiendo las mismas normas de juego para la contratación minera y el adelanto de los proyectos de explotación minera.
La forma de explotación o de titulación minera es la llamada CONCESIÓN MINERA, una copia casi exacta de la fatídica política petrolera que le concedió territorios y permitió el saqueo de este recurso natural sin beneficios reales para el país.
«Quien tiene más saliva traga más harina», es la filosofía de este nuevo Código Minero. El tamaño de las concesiones depende de las capacidades económicas y operativas de los solicitantes, pues establece un canon «superficiario» de un salario mínimo por hectárea, el adelanto de planeamientos mineros y el estudio de impacto ambiental, lo cual es ventajoso para las grandes empresas mineras y desfavorece a los mineros artesanales, quienes a juicio del código estarían compitiendo en igualdad de condiciones ante la ley.
Con estas condiciones, el código establece un mínimo y un máximo de hectáreas para otorgar en concesiones que van desde media hasta 5 mil hectáreas.
Para el adelanto de los trabajos y operaciones del contrato de concesión establece la flexibilidad de a mayor numero de hectáreas una mayor duración de la concesión. De esta manera las concesiones tendrían una duración de 30 años hacia adelante, siempre y cuando el concesionario cumpla con los tiempos y condiciones de operación que se establece en los contratos, de tal manera que un concesionario puede perder el contrato en dos años si no cumple con la fase de exploración.
3. Las trampas del código
Aparecen como bondades del código el hecho de que le asigna un tratamiento especial a las comunidades indígenas, negras y de minería artesanal, regidos todos porque se pueden otorgar zonas de reserva especial a estas comunidades, pero sujetas al desarrollo de un contrato de concesión minera, es decir, que en un tiempo determinado ante la imposibilidad de su desarrollo perderían este derecho.
Pero va más allá. El código establece como condición de mantener el derecho de zonas de reserva especial, que la comunidad que se beneficia de ella tiene que «permanecer en el territorio asignado». Al desocuparse de población las zonas delimitadas como reserva especial, se pierde el derecho y esta zona puede ser entregada a otros beneficiarios.
La trampa está en que la permanencia en el territorio de las comunidades es frágil porque el terrorismo de Estado militar y paramilitar es precisamente un instrumento para desterrar las poblaciones. Y ya sucedió. A una comunidad llamada «Culo Alzao», del municipio de San Martín de Loba, se le delimitó una zona de reserva especial y el paramilitarismo la desplazó. De inmediato el Ministerio de Minas levantó la zona de reserva y fue entregada a particulares.
El nuevo código habla de trato particular a las zonas de reserva especial por parte del Estado y al concretar esta, se llama es a establecer alianzas estratégicas entre comunidades y trasnacionales para explotar los recursos auríferos de la reserva espacial. Es como «una pelea de tigre con burro amarrao», dicen los mineros de la Serranía de San Lucas para burlarse de estas orientaciones estatales.
El robo y entrega de las reservas auríferas del país es inmenso y todavía no hay conciencia en la nación del gran desbarajuste social que está causando. Las realidades y capacidades de las comunidades mineras, negras e indígenas de adueñarse por derecho de una porción territorial es menor que las compañías trasnacionales y la parte de las zonas auríferas que estas tres comunidades no delimiten y mantengan como zona de reserva especial quedan liberadas al Estado, quien las entrega a los solicitantes. «Blanco es y gallina lo pone». Los aportes mineros desaparecieron.
El nuevo código ofrece la legalización de la minería de hecho y los términos para hacerlos vencen el 31 de diciembre del 2004, lo cual es otra ventana abierta para la «desposesión» de los mineros artesanales, como viene sucediendo en Chocó y Guainía, donde miles de mineros han sido expulsados por ser «mineros ilegales» y a algunos se les ha encarcelado. La nueva legislación dispone y le da atributos a los alcaldes y autoridades militares para expulsar a los mineros ilegales.
4. Zarpazos de las trasnacionales
En virtud de la nueva legislación minera se conoce que la familia de Maria Fernanda Aramburo, la juiciosa trabajadora de las trasnacionales mineras, ha solicitado la «pequeña» porción territorial de 900 mil hectáreas para el adelanto de exploraciones y explotación de las reservas de oro en el sur del departamento de Bolívar. Un área que abarcaría casi la totalidad de la zona de aporte que les fue concedida a los mineros artesanales como fruto de la lucha en el éxodo de Barranca.
Según las fuentes informativas el área solicitada abarcará desde el municipio de Mompós hasta Cantagallo, quedando pequeños espacios por copar. De hecho esta zona es una de las más ricas y promisorias de acuerdo a investigaciones recientes y es la que más aporta beneficios en regalías.
Hasta ahora las zonas de reservas dadas a los mineros artesanales del sur de Bolívar no abarcan 5 mil hectáreas, con una población de más de 50 mil mineros. Una pequeña mancha en el ojo del huracán de las trasnacionales que las tienen como objetivo porque son las hectáreas que tienen una mínima exploración. Aquí ha sido la técnica, la tenacidad y la fe de los mineros las que han abierto trocha, canalizado la tierra en túneles y socavones artesanales los que, arañando la tierra, han logrado un conocimiento de las perspectivas auríferas que hoy quieren ser robadas.
Ya en los municipios de Tiquisio y San Martín de Loba han aparecido varios «rubios» interesados en comprar tierras y entables mineros. Como es natural, la malicia minera se ha negado a hacerlo y claro está, se han puesto en alerta porque sabemos que detrás de esos mansos ofrecimientos vienen los duros requerimientos de los paramilitares.
Otros compradores han ido más lejos y han pedido hacer acuerdos entre empresarios y trasnacionales para explotar los yacimientos auríferos y han ofrecido que la comunidad sería la dueña del 50 por ciento de las acciones y tendrá parte fundamental en la administración.
La más descarada es la Familia Illera Palacios, quien a través de una vieja escritura viene reclamando ser la dueña de 8 mil hectáreas de tierra ubicadas en el corazón de la Serranía de San Lucas, argumentando que fueron cedidas cuando en estas tierras ejercían su dominio los españoles. Estas ocho mil hectáreas están congeladas y aunque las distintas pruebas e investigaciones que se han practicado en 15 años demuestran que esta familia no tiene ningún derecho, el Estado se niega a reconocer esta propiedad a las comunidades artesanales.
Desde ya el presidente Uribe ha anunciado el desarrollo de una operación militar con batallones de alta montaña. En un consejo comunitario manifestó que el objetivo de esta operación es generar condiciones para que los yacimientos auríferos estén al servicio del Estado y su desarrollo.
Como ven, una nueva invasión se está programando y sería el golpe mortal a las aspiraciones de los mineros artesanales.
Insurrección es una publicación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia