La privatización del sistema de pensiones, proclamado durante los últimos 20 años como una de las máximas realizaciones del modelo económico en beneficio de las personas, comienza a ser visto en su real dimensión cuando uno de sus principales impulsores, el Banco Mundial, reconoce que sus resultados arrojarán a la pobreza a millones de trabajadores. […]
La privatización del sistema de pensiones, proclamado durante los últimos 20 años como una de las máximas realizaciones del modelo económico en beneficio de las personas, comienza a ser visto en su real dimensión cuando uno de sus principales impulsores, el Banco Mundial, reconoce que sus resultados arrojarán a la pobreza a millones de trabajadores.
El «éxito» del sistema privado de previsión social que dio origen a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) instaladas en 1980 por la dictadura, se encuentra objetado por un informe del Banco Mundial (BM), que lo pone en entredicho, lo mismo que a la reforma previsional impulsada para toda América Latina por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante los años noventa, siguiendo los resultados «triunfales» del sistema en Chile. El fantasma de una vejez sumida en la miseria se cierne sobre millones de personas que, de seguir operando el actual sistema previsional, se verán enfrentadas a vivir en la extrema pobreza su ancianidad. Así lo señala el informe «Manteniendo la promesa de seguridad de los ingresos en la vejez en América Latina», elaborado por los funcionarios del Banco Mundial Indermit Gill, Asesor Económico de la Red de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del BM; Juan Yermo, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Truman Packard, Economista Senior de la Oficina Regional del Banco para América Latina y el Caribe. El documento reconoce que el sistema privado de jubilación «no está funcionando bien» en Latinoamérica, donde durante la pasada década el mismo organismo presionó a los gobiernos para su implantación, para lo cual su instauración en Chile sirvió de ejemplo en materia de privatización del sistema de pensiones.
La porfiada realidad
Es la primera vez que el BM realiza una revisión de los resultados de esta reforma previsional, de la que surgen dos conclusiones principales, señala el periodista argentino Maximiliano Montenegro, de Página 12: la primera, es que «la privatización del sistema no está ofreciendo los beneficios que se prometían a los afiliados. Entre las causas se mencionan las ‘excesivas comisiones’ cobradas por las AFP, que se han mantenido desde los primeros días. Y la emergencia de un oligopolio (pocos oferentes para mucha demanda) de un selecto grupo de administradoras con un mercado cautivo». Ejemplo de la concentración del mercado de las AFP en Chile, es la reducción del número de éstas. En 1998 había 13 administradoras: Aporta, Bansander, Cuprum, Fomenta, Habitat, Magister, Planvital, Protección, Provida, Qualitas, Santa María, Summa y Unión. Actualmente están en el mercado sólo siete: Cuprum, Habitat, Planvital, Provida, Santa María y Summa Bansander. Se agrega a lo anterior los riesgos políticos a que se vieron sometidos los ahorros administrados por las AFJP en Argentina, que mantienen en la actualidad al 60% de los fondos previsionales invertidos en bonos públicos en cesación de pagos (default). La segunda conclusión indica que «una gran mayoría de trabajadores está quedando completamente excluida del sistema de seguridad social y previsional, por lo que en el futuro habrá una marea de jubilados sin haberes. Al respecto, se menciona que en Chile alrededor del 50% de los trabajadores están cubiertos por el sistema, pero en el resto de los países el promedio es apenas 20 por ciento». Por optimista que resulte la comparación con el resto de América Latina, expertos previsionales chilenos alertan sobre el hecho de que el 52,4% de personas que cotizan en las AFP representa de todas maneras un bajo nivel respecto al mundo laboral, aun cuando el 62,7% de la población económicamente activa está afiliada a un sistema de pensiones, lo que algunos insisten en atribuir a la informalidad del mercado laboral y no al modelo.
Borrando con el codo
La reorganización de los sistemas de pensiones en diversos países de la región, señala el informe del BM, habría mejorado sus respectivas situaciones presupuestarias y según la institución habría logrado sistemas de previsión pública más equitativos y el fomento de los ahorros y las inversiones. No obstante, la cobertura de la seguridad social y las pensiones privadas continuó siendo persistentemente baja en la región en general, y los costos de las reformas en muchos casos fueron más altos de lo previsto. Según Guillermo Perry, uno de los redactores del informe del BM, «la reforma de la seguridad social reconstruyó sistemas que eran muy abultados y poco equitativos. Sin embargo, es prematuro decir que las reformas fueron exitosas, dado que fracasaron en extender la cobertura de la seguridad social a un segmento más amplio de la sociedad y así la pobreza en la vejez sigue siendo una amenaza para los ciudadanos de la región». Se redujo significativamente los sistemas de pensiones públicas basados en regímenes de pago con cargo a los ingresos corrientes para prestaciones claramente definidas, en el cual las pensiones que reciben los ancianos se financian mediante las contribuciones de los trabajadores activos. A la vez se incorporaron cuentas de ahorro individuales obligatorias y planes de jubilación voluntarios en un proceso que se conoce como el «enfoque de pilares múltiples» frente a la reforma del sistema de pensiones. Chile fue pionero en la adopción de este enfoque en 1981 y 12 países de América Latina siguieron sus pasos, sostiene el informe. Los niveles de las prestaciones hoy tienen una relación más directa con los aportes realizados, lo que estimula la participación de los trabajadores en el sistema. No obstante, la persistente baja cobertura continúa siendo un obstáculo para mejorar la equidad y reducir la pobreza entre los ancianos. Los autores mencionan varias razones para las decepcionantes bajas tasas de cobertura. Los trabajadores deben pagar tasas de aportación innecesariamente altas en la mayoría de los países, lo que puede desincentivar la participación en el sistema, en particular de parte de la población joven y los pobres. También constatan que los trabajadores aparentemente no consideran que los fondos de pensiones existentes en los nuevos sistemas sean más atractivos que los medios de ahorro alternativos y si bien la rentabilidad ha sido elevada en la mayoría de los países de la región, también ha sido muy volátil. Por otra parte, debido a sus fuertes inversiones en deuda pública, los fondos aparentan ser más riesgosos. La vuelta en el aire
Juan Yermo, coautor del informe, afirmó que «los fondos de pensiones de muchos países invierten elevados montos en la deuda pública nacional, lo cual los vuelve insuficientemente diversificados y excesivamente expuestos al riesgo político. En gran parte de los países reformadores, las industrias de los fondos de pensiones son oligopolios que no responden a las preferencias de los inversionistas». Una encuesta de diseño especial encargada para la investigación, constató que los aportes a la seguridad social de los trabajadores chilenos de ingresos medios disminuían bruscamente una vez que éstos calificaban para el plan de jubilación mínima, lo que indica que es preferible que los gobiernos aseguren a su población contra la pobreza en la vejez, pero dejen a los trabajadores en libertad para invertir por cuenta propia el resto de sus ahorros. «Lejos de tener falta de previsión cuando se trataba de ahorrar para su pensión, constatamos que los trabajadores deciden racionalmente entre las opciones que tienen disponibles para ahorrar para la jubilación. Los gobiernos deberían tener en cuenta las preferencias de los trabajadores cuando diseñan los sistemas de pensiones», señaló Truman Packard. El estudio sostiene que la seguridad social debe prestar más atención a la función de prevenir la pobreza y menos a la del ahorro previsional obligatorio, función ésta última que puede ser incluso transitoria. Los autores argumentan que América Latina no ha prestado suficiente atención a los pilares «cero» o «uno», cuyo fin primordial es evitar la pobreza en la vejez, o al «pilar tres» (ahorros voluntarios), pero que ha prestado demasiada atención al «pilar dos» (ahorro individual obligatorio en cuentas privadas). Con la fórmula aplicada hasta ahora, se está formando un ejército de trabajadores que no recibirá una renta, pues sólo algunos tienen posibilidades de cotizar en una AFP, consignan los investigadores. «El gobierno desempeña un papel primordial en prevenir la pobreza en la vejez. No se puede considerar que los sistemas de seguridad social y pensiones privadas sean exitosos si sólo uno de cada cinco trabajadores participa en ellos, como sucede en varios países que han emprendido reformas. Los gobiernos de la región deben prestar más atención a este déficit de cobertura si desean seguir mejorando el papel que desempeña la seguridad social en la prevención de la pobreza», indicó Indermit Gill. Tras constatar las amenazas y perjuicios que acarrea el sistema privado de pensiones, el Banco Mundial sugiere «reconstruir» el sistema público de seguridad social para «prevenir la pobreza en la vejez». El sistema de capitalización individual con aportes obligatorios debería ser eliminado gradualmente y, en cambio, debería alentarse un tercer pilar del sistema, basado en los aportes voluntarios a las cuentas de capitalización personalizadas. Sin embargo, esta propuesta, admite el informe, no sería fácil de implementar. Maximiliano Montenegro llama la atención sobre lo contradictoria que resulta la advertencia de hoy ante las dificultades, comparada con las soluciones simples para problemas complejos promovidas en los noventa por el FMI y el Banco Mundial. Ahora, el informe insiste en que hay que «reconstruir» el sistema público para universalizar la cobertura a los millones de trabajadores-futuros jubilados marginados de la seguridad social. El régimen de capitalización privado, en tanto, quedaría acotado al aporte voluntario de los trabajadores con mayor capacidad contributiva.
El anuncio del mito
En 1997, el abogado chileno Franyo Zapatta, publicó el libro «Mitos y Realidades del Sistema Privado de Fondos de Pensiones en Chile (AFP)», en que develó lo que se ocultaba tras la privatización del sistema de pensiones. En la investigación del profesional fueron reveladas varias de las secuelas que hoy critica el Banco Mundial. Zapatta afirmó que el 50% de los afiliados sólo obtendría pensiones mínimas al jubilarse y que cerca de 3 millones de personas no accederían a beneficios previsionales, por no cotizar regularmente. Denunció que las comisiones cobradas por las AFP a los imponentes son establecidas libremente por cada una -según la ley- «para retribuir la gestión administrativa; en el monto de éstas no se negocia, ni puede influir la voluntad o el acuerdo previo con el afiliado, quien -simplemente-, debe adherir al contrato correspondiente. El monto de las comisiones adicionales fluctúa entre el 2,84% y el 3,7% del ingreso imponible mensual del afiliado. Tras ingresar los dineros a la cuenta individual del afiliado, son girados y traspasados en favor de la AFP; y una parte, la misma AFP la destina a pagar a una aseguradora la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia del afiliado. Compañías que están relacionadas con los propietarios de las AFP». El resto se invierte en las más variadas operaciones bursátiles. Cuando el 13 de noviembre de 1980 la Junta Militar dictó el Decreto Ley Nº3.500, que creó las AFP, se impuso el sueño dorado de poderosos grupos financieros: dar un «destino útil» a la enorme fuente de recursos frescos provenientes de los aportes de los trabajadores a la previsión social. Se inyectó al mercado inicialmente cerca de US$350 millones de dólares de 1980. Los fondos fueron una inyección de recursos para el mercado de capitales. Fue una imposición forzada para la que se aprovechó la inexistencia de libertades públicas, sin prensa libre, con el parlamento clausurado, los partidos políticos en «receso», un movimiento sindical sin garantía alguna para actuar en defensa de los intereses de los trabajadores y una ola de terror que arrebató la vida de miles de chilenos y arrojó al exilio a miles más. Los grupos financieros no advirtieron los riesgos que implicaba en el orden social y financiero el nuevo sistema previsional. En su afán de obtener ganancias en forma abundante y rápida, no realizaron un estudio acabado sobre los aspectos matemáticos que relacionan seguros y riesgos, sostiene Franyo Zapatta en su libro. En medio de la polémica y la frustración de los afectados por el sistema privado de pensiones, flotan ignoradas las palabras del artículo 25: 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho… a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».