El vil método del secuestro, violando todas las normas legales venezolanas y del Derecho Internacional y la posterior entrega ilegal al Gobierno Fascista de Colombia, es una «prueba de fuego» que tiene que superar la Revolución Bolivariana de VenezuelaCon profunda indignación tenemos que denunciar el secuestro del dirigente político colombiano Rodrigo Granda Escobar, quien radicado […]
El vil método del secuestro, violando todas las normas legales venezolanas y del Derecho Internacional y la posterior entrega ilegal al Gobierno Fascista de Colombia, es una «prueba de fuego» que tiene que superar la Revolución Bolivariana de Venezuela
Con profunda indignación tenemos que denunciar el secuestro del dirigente político colombiano Rodrigo Granda Escobar, quien radicado en Venezuela, participó activamente en el reciente Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, en el que se reunió con importantes dirigentes del continente y de Europa, entre otros con: el premio Nóbel de literatura, José Saramago, el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con los dirigentes nicaragüenses Tomas Borjes y Daniel Ortega, con el dirigente salvadoreño Shafick Handall y con la Diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela Amarelis Pérez Marcano, miembro del Comité Organizador del Congreso y Fernando Bossi, Coordinador General del evento. En dicho Congreso, inclusive, intervino de manera pública en la ciudad de Maturín, del estado Monagas.
Sorprendentemente, a días de finalizado el Congreso, el día 13 de diciembre a las 03:55 pm., en ocasión de una entrevista periodística que se realizaba en el café de la Clínica Razzeti, en la Ciudad de Caracas, fue raptado por cuatro personas e introducido en la maleta de un vehículo, y durante 14 horas trasladado a la ciudad de Cúcuta. Hoy se encuentra detenido ilegalmente en la cárcel de Máxima seguridad de Cómbita, en el Departamento de Boyacá, Colombia.
Se presume complicidad de agentes de cuerpos policiales de Venezuela. Esto no es de extrañar, si vemos el reciente asesinato del Fiscal Danilo Anderson, en el que participaron como autores materiales del crimen exfuncionarios policiales venezolanos.
El vil método del secuestro, violando todas las normas legales venezolanas y del Derecho Internacional y la posterior entrega ilegal al Gobierno Fascista de Colombia, es una «prueba de fuego» que tiene que superar la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Si el Estado patrocina y auspicia un Congreso Bolivariano de los Pueblos, debe garantizar la seguridad de los dirigentes políticos y populares que en él participan. Y en este caso, garantizar la solidaridad como valor esencial para la liberación de los pueblos. Si no, de qué Revolución estamos hablando.
Este canalla hecho es sumamente grave como precedente, que se repite luego de métodos similares aplicados a exilados vascos que fueron entregados al Gobierno fascista de Aznar. Y el hecho es doblemente grave en el caso de Venezuela, cuando sabemos de las implicaciones del Plan Colombia para el continente y especialmente para una de las reservas estratégicas más grande de petróleo en el mundo, que se encuentra en nuestro país, y que hoy pretende reafirmar su autodeterminación.
La detención, secuestro y entrega del dirigente Granda es una «mala jugada» y un reto que se le hace al pueblo Bolivariano del continente.
Exigimos de la Fiscalía General de la República, de la Defensoría del Pueblo y de los órganos de inteligencia del Estado, la más exhaustiva investigación a objeto de establecer responsabilidades en torno este criminal hecho; y a la cancillería venezolana, que le exija una explicación a las autoridades colombianas, quienes obviamente están implicadas en los hechos denunciados, al señalar que lo detuvieron en Cúcuta, sabiendo sus amigos y familiares en Venezuela, que una hora antes de ir a la entrevista periodística, lo habían dejado cerca de la estación del metro de Bellas Artes, dónde queda la cafetería en la que se realizó el secuestro.
Igualmente, solicitamos a los participantes en el Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblo, y a los partidos políticos y organizaciones populares progresistas, a expresar su repudio frente a estos hechos.
Caracas, 19 de diciembre de 2004