«Ante la imposibilidad del Estado colombiano para vencerme en juicio, se inventaron los cargos de extradición para así evitar mi libertad»

El miércoles pasado, Simón Trinidad, el jefe guerrillero que en los próximos días sería extraditado a Estados Unidos, vestía un buzo verde de lana y un yin azul. No se notaba nervioso y, por el contrario, su tranquilidad daba la impresión de ser la de un hombre que estaba ad portas de recuperar la libertad y no la de alguien que a lo mejor ni siquiera volverá a Colombia.

Su sitio de reclusión, normalmente, es un cuarto de tres por tres metros. En un rincón hay una plancha de cemento y encima un colchón. Allí hay cientos de libros y documentos que el jefe guerrillero cuida y protege con celo. Es que, en realidad, son sus únicos acompañantes desde el 2 de enero pasado, cuando fue detenido en Ecuador.

Los guardias del Inpec lo tratan con respeto (¿o con miedo?) y a la gente que él considera que le da la talla intelectual, la tutea. El miércoles, cuando le concedió a El Espectador esta entrevista -la primera y tal vez la única desde su detención-, Simón Trinidad estuvo concentrado en un pequeño patio de la inexpugnable cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

Leyó una a una las preguntas que este periódico le hizo a través de un cuestionario. Se sentó en un pequeño pupitre unipersonal y se evidenció su molestia porque un guardia del Inpec no se separaba de su lado. «Permítame un poco de privacidad», le dijo. El guardia, al instante, atendió la sugerencia.

Este es, pues, Simón Trinidad: el miembro de una influyente familia del Cesar, el ex gerente de un banco de Valledupar, coterráneo de la fallecida ministra Consuelo Araújo, el guerrillero, el ex negociador de los fallidos diálogos con el Gobierno Pastrana y el hombre al que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia califican de narcotraficante y terrorista.

Ya hubo una respuesta del Secretariado de las Farc en el sentido de que es un chantaje. Ese criterio lo comparto plenamente. Además, sectores de la opinión pública calificaron la posición del Gobierno como un ultimátum. También coincido con esta interpretación. Me llama poderosamente la atención que en el hipotético caso, muy remoto por cierto, de que las Farc liberaran a los prisioneros y esto evitara mi extradición, ¿dónde quedaría la acusación por narcotráfico si entonces los cargos por secuestro quedarían solucionados? No hay certeza, además, de qué haría el Gobierno conmigo si las Farc sueltan a los prisioneros, pues de hecho, de eso no quedó nada escrito en la resolución que dispone mi extradición.

Sí, considero cierta la extradición. Pero ésta no anula nuestra lucha política. No soy ni narcotraficante ni terrorista, y allá, en los tribunales estadounidenses, no sólo demostraré esto, sino que daré la batalla en el campo político. El Gobierno colombiano creyó amilanar mi moral revolucionaria con la extradición, pero ello jamás sucederá.

Las dos acusaciones de los fiscales son falsas, apoyadas en mentiras de un agente de la DEA y otra del FBI. Tampoco soy miembro del Estado Mayor Central de las Farc, como lo señala el indictment. Esto es muy sencillo de probar. Por ejemplo, por el cargo de narcotráfico puedo asegurar que sólo estuve un mes por fuera de la zona de despeje, cuando los diálogos, en febrero de 2000, pero no en Vichada, como se afirma, enviando kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Es un departamento que no conozco. Sobre el secuestro de los tres norteamericanos, la justicia colombiana inició una investigación penal que se encuentra en la fase del juicio y, por lo tanto, la soberanía en el conocimiento de estos hechos le corresponde al Estado colombiano.

Ya lo dijo el Secretariado en un comunicado del 28 de noviembre pasado: esta práctica indigna de la extradición de colombianos interferirá seriamente en las posibilidades de canje. Con mi extradición se cierran todos los caminos.

Sí, es un nuevo capítulo que tendrá consecuencias en la búsqueda de la paz de los colombianos y, en particular, para los sectores democráticos, populares y revolucionarios, que buscan una salida negociada al conflicto armado.

Ante la imposibilidad del Estado para vencerme en juicio, se inventaron los cargos de extradición para así evitar mi libertad, debido a que muchos de los procesos en mi contra están siendo precluidos y fallados a mi favor. Evalúo este montaje más bien como un triunfo jurídico al haber imposibilitado condenas por delitos que se me han querido imputar injustamente y que en este año han sido desvirtuados. Y, como ya lo dije en la segunda pregunta, en Estados Unidos también quedará desenmascarada la farsa en el sentido de que soy narcotraficante y terrorista.

Nadie distinto al Gobierno sabe en este país quiénes son los indultados. ¿Son en realidad de las Farc? ¿Fueron guerrilleros? ¿Bajo qué criterios los escogieron? Lo veo más bien como un acto de Uribe Vélez en campaña reeleccionista.