Traducido para Rebelión por Germán Leyens
Las circunstancias que rodean el caso que viene de largo contra Niall Connolly,
James Monaghan y Martin MacAuley son en muchos sentidos más significativos que el propio caso. Los tres fueron arrestados en 2001 durante el período de conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano. Acusados de entrenar a combatientes de las FARC en el uso de explosivos, los hombres insistieron en que estaban visitando el país para informarse sobre el proceso de paz en Colombia que se desarrollaba en Colombia en esa época. En abril de este año, después de casi tres años esperando su proceso, los tres fueron absueltos y liberados a la espera de una apelación de la Procuraduría General de Colombia.
Este mes, la corte de apelaciones revocó el veredicto original y sentenció a los hombres a 17 años de prisión y a multas de más de medio millón de dólares. El sorprendente veredicto de la corte de apelaciones se basó en especulación infundada en cuanto al propósito de la visita de los tres hombres a Colombia y en la aceptación de evidencia forense y en testimonios totalmente desacreditados. Queda por verse si los tres servirán su sentencia en Colombia, ya que las autoridades colombianas han perdido toda traza de los hombres.
Sería un resultado afortunado para los tres ya que es imposible que activistas de izquierda obtengan justicia en sistemas legales dirigidos por aliados de EE.UU. El caso de los tres irlandeses es similar al de Pacho Cortés en Bolivia, Lori Berenson en Perú y Simón Trinidad, también en Colombia. La propia ley estadounidense parece incluir actualmente numerosas provisiones – detención sin juicio, tribunales especiales, restricciones del apoyo legal – que ya son rutinarias en la legislación antiterrorista en Latinoamérica. Tal vez esta repugnante simbiosis interamericana es evidenciada del modo más claro en la falta de condena de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos ante la práctica de EE.UU. en el campo de torturas de Guantánamo.
Lori Berenson
Será porque el propio EE.UU. siempre ha apoyado en la práctica crímenes e injusticia perpetrados por sus aliados latinoamericanos. En Perú, la ciudadana estadounidense Lori Berenson ha cumplido ahora más de nueve años de una sentencia de veinte años por una presunta colaboración con los rebeldes en Perú. Fue juzgada y condenada bajo una legislación antiterrorista ilegal del antiguo dictador peruano Alberto Fujimori.
Se esperaba que su sentencia fuera declarada ilegal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una apelación después de que la Comisión Interamericana había recomendado que fuera liberada por la ilegalidad de los procesos que la condenaron. En lugar de hacerlo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó el veredicto de los procesos. Berenson continúa injustamente encarcelada. Tal vez tuvo suerte de que por lo menos la procesaran. Miembros del movimiento Tupac Amaru con los que supuestamente se reunió están siendo procesados recién ahora después de más de doce años en prisiones militares.
Pacho Cortés
Durante este mes, en Bolivia, Francisco Cortés, un activista de los trabajadores rurales colombianos, logró reducir el monto de la fianza que podría permitirle la libertad condicional en una audiencia de habeas corpus sobre su detención en una prisión de máxima seguridad. Cortés fue detenido en abril de 2003 acusado de terrorismo bajo la afirmación de que participó en grupos armados en Bolivia. Pueden condenarlo a hasta 30 años de encarcelamiento si lo condenan.
Por ahora las autoridades bolivianas están reuniendo evidencia y testigos de cualquier modo antes de someter a Cortés al mismo tipo de proceso legal politizado como los que revocaron la exoneración de Connolly, MacAuley y Monaghan y confirmaron la convicción de Berenson. Es la naturaleza de la legislación antiterrorista que conduce primero a los arrestos y luego a preocuparse por la evidencia. En países que implementan una legislación semejante – irónicamente, Irlanda es un país semejante – la palabra de un solo policía o informante puede bastar para que encarcelen a la gente por diez años o más.
La ley de la «perspectiva desastrosa» de Denning
En 1980, durante una apelación de 6 irlandeses en el Reino Unido contra sus condenas por un devastador atentado con bombas en Birmingham, el importante juez británico
Lord Denning declaró: «Si los seis hombres ganan, significará que la policía fue culpable de perjurio, que fue culpable de violencia y amenazas, que las confesiones fueron involuntarias y que fueron admitidas incorrectamente como evidencia y que las condenas fueron erróneas. Esto significaría que el Secretario del Interior tendría que recomendar que se les perdonara o que enviar el caso a la Corte de Apelaciones. Es una perspectiva tan desastrosa que cualquiera persona sensata diría: ‘No puede ser correcto que estas acciones vayan más lejos'»
Subsiguientemente, los seis hombres ganaron realmente su apelación y fueron realmente liberados, confirmando paradójicamente lo que Denning había dicho. Desde entonces, pocos han tenido mucha confianza en el sistema de justicia en el Reino Unido en casos de terrorismo. Recientemente, los lores de la ley británicos decidieron que la actual legislación antiterrorista británica no se ajusta a los estándares de derechos humanos europeos que ahora forman parte del derecho británico. Esa decisión reciente confirma que después de más de veinte años desde el proceso de los seis de Birmingham, las personas acusadas de terrorismo en el Reino Unido todavía no pueden esperar que se les haga justicia.
Estados secretos corruptos dentro de un Estado
La experiencia europea, desde Italia y España a Irlanda y el Reino Unido se intensifica en países como Perú, Colombia y Bolivia bajo la nefasta influencia del contagioso desprecio del gobierno de EE.UU. por las normas legales elementales. Cualquiera que ponga en duda el status quo puede hallarse confrontado por acusaciones por terrorismo, especialmente si así sirven propósitos políticos más amplios. Las negativas de justicia en diversos casos como los de Lori Berenson, Pacho Cortés y Simón Trinidad indican de modo muy claro que la interferencia política ha hecho que un proceso debido sustantivo en tales casos se haga imposible.
En todo país en el que han aprobado desacertadas leyes antiterroristas, el resultado final ha sido siempre un debilitamiento de las libertades mismas que supuestamente deben ser protegidas por las nuevas leyes. A menudo, ese debilitamiento va acompañado por una ilegalidad salvaje y la corrupción. Durante el conflicto irlandés, a algún nivel secreto como indicó una investigación pública reciente, el gobierno británico fue cómplice en escuadrones de la muerte responsables por asesinatos como los de los defensores de los derechos humanos Rosemary Nelson y Pat Finucane. Agentes de seguridad británicos y políticos unionistas por igual eran íntimos de paramilitares protestantes narcotraficantes como Johnny Adair.
Por lo tanto no puede sorprender que Tony Blair y sus colegas del gobierno británico se encuentren entre los apoyos más sólidos del presidente Álvaro Uribe. Desde sus días como gobernador del departamento de Antioquia, Uribe ha esta implicado en las narco-actividades asesinas de sus aliados paramilitares en Colombia. Del mismo modo, es sólo natural que gobiernos de EE.UU., con su prolongado historial de explotación de las posibilidades de acción clandestina de la droga en el sudeste asiático, Afganistán y Centroamérica, corrompan el estado de derecho en Colombia y otros sitios.
Colusión de los medios
Es evidentemente el caso respecto a Connolly, Monaghan y MacAuley. No puede ser por accidente que el veredicto que revoca su exoneración haya ocurrido semanas después de una visita a Colombia de George Bush, Desde el día mismo de su arresto, el caso de los tres ha sido un tótem político cuya suerte cambiante mostraba sea embarazo o satisfacción respectivamente de los diversos actores en el proceso de paz irlandés. La exoneración de los hombres en abril fue un embarazo serio para el gobierno británico, especialmente el Primer Ministro Blair y sus aliados unionistas.
Una indicación vívida de la manipulación del caso por los servicios de seguridad británico e irlandés fue dada en un artículo del London Observer el 19 de diciembre. El artículo acusa a otro irlandés, Paul Damery, de ayudar a los tres a escapar de Colombia vía Venezuela. Damery, señala el artículo, sin evidencia alguna, es un «prófugo de la justicia» por asesinar a un policía irlandés en 1996. Así, sobre la base de una especulación total, el artículo del Observer vinculó a Connolly, Monaghan y MacAuley a un presunto miembro del IRA, supuestamente implicado en el asesinato de un policía irlandés. Lo lindo de esta calumnia desde el punto de vista del Observer es que es poco probable que el periódico llegue jamás a enfrentar un juicio por difamación.
Es verdad que existe una conexión entre Paul Damery y Niall Connolly. Ambos son hombres con prolongados y honorables historiales de trabajo comunitario en la base en Centroamérica. Se conocieron en Honduras a fines de los años 80 cuando trabajaron con refugiados salvadoreños en sistemas de capacitación para el desarrollo comunitario financiado por importantes agencias de ayuda como OXFAM y Servicios Católicos de Ayuda. Subsiguientemente trabajaron con financiamiento del gobierno irlandés en El Salvador a comienzos de los años 90, ayudando a refugiados a reconstruir sus vidas y comunidades en el este del país. Connolly es carpintero y Damery electricista.
Damery trabajó posteriormente durante casi seis años con APSO, el programa de cooperación técnica del gobierno irlandés, en Managua, donde vivió con Karla, su mujer nicaragüense, y sus dos jóvenes hijos. Después de que el Huracán Match devastara el país en 1998, Damery trabajó desinteresadamente con muchos otros trabajadores de la ayuda extranjera para suministrar ayuda humanitaria a comunidades afectadas en el norte de Nicaragua. Visitó Irlanda por lo menos una vez antes de dejar de trabajar para APSO cuando su contrato expiró en 1999. Si el supuesto caso en su contra tuviera algún mérito, ¿por qué no fue arrestado? De vuelta con su familia en Managua, Damery inauguró un popular bar irlandés que sigue prosperando.
Todo esto constituye información que cualquier periodista que se respete en un medio con buenos recursos como el Observer podría descubrir con unos pocos llamados telefónicos. Es cierto que fantásticos cuentos de tenebrosas intrigas se leen mejor que aburridos hechos de todos los días. Pero se tendría derecho a esperar que un importante medio noticioso como el Observer hiciera algo más que servir de receptáculo a las filtraciones de los servicios de seguridad imperiales.
Este tipo de reportaje se colude con los aspectos más perniciosos de la legislación contraterrorista. Los individuos se convierten en espejismos. No pueden encontrar empleo. Pierden amigos. Sus familias son estigmatizadas. Su reputación es destruida. Todo eso en nombre de la «libertad» o la «democracia».
La perspectiva verdaderamente desastrosa
Si se habla del aspecto más amplio de la legislación contra el terror, lo que no se informa es tan vergonzoso como lo que se conoce. Los hechos muestran repetidamente que tanto los tribunales como los medios dominantes están dispuestos a ajustar su juicio a los caprichos políticos prevalecientes. La manera en la que se maneja la legislación contraterrorista en los tribunales y como es cubierta por los medios da una medida clara de la hipocresía de tantos políticos y periodistas sobre las libertades que dicen defender.
Es igual en casos destacados como los de las víctimas de la tortura en Guantánamo, como cuando se trata de Berenson y Cortés, o de Simón Trinidad y los tres irlandeses en Colombia. Y es incomparablemente peor en los muchos miles de casos anónimos que nunca llegan a aparecer en las noticias. En países que descartan por completo la vigencia del estado de derecho (el peor ejemplo actual en Latinoamérica es Haití bajo la ONU), la violencia estatal y la ilegalidad revelan el status quo como lo que es: se funda sobre la mendacidad cínica y la brutalidad sádica.
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toni solo es un activista que vive en Centroamérica. Su sitio en la red es www.tonisolo.net.