«Las personas detenidas por delitos políticos en Colombia son los opositores del Estado»

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es una organización no gubernamental de derechos humanos que se dedica principalmente a la verificación y trámite de la situación de personas privadas de libertad por delitos políticos, personas a quienes por su condición se les vulneran todos los derechos. La Fundación les presta asesoría jurídica procesal. El pasado mes de noviembre, Yolanda Amaya Herrera, su secretaria general, nos concedió una entrevista en Bogotá, donde pudimos conocer de primera mano sus opiniones acerca de la situación de la justicia en Colombia y otros temas relacionados con los derechos humanos.

La Fundación de Presos Políticos lleva 31 años funcionando en Colombia. En el momento de su creación, ¿cuál era su razón de ser?

Se fundó como una iniciativa de varias personas demócratas en el marco de la represión que se vivía en el país hace 30 años, cuando muchos fueron privados de libertad, sobre todo sindicalistas. La Fundación se crea para acompañarlos y proteger sus derechos.

¿Cómo se ha desarrollado la Fundación desde sus inicios hasta hoy?

Nació en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, en respuesta a la situación de detenciones y vulneraciones masivas que se dio sobre todo en la época del presidente Turbay, la Fundación fue abriendo secciones en diferentes partes del país. En este momento tenemos seis secciones, en Cali, Medellín, Ibagué, Barranquilla, Santander y aquí, en Colina Marca. Contamos con equipos de apoyo en otras regiones del eje cafetalero y en Valle de Upar. Estas son las secciones que desarrollan la labor de defensa de derechos humanos, con especial atención en la protección de las personas privadas de libertad por delitos políticos y también en lo que concierne a la situación carcelaria en general.

¿Cuáles son las líneas de trabajo de la Fundación?

Trabajamos todo lo relacionado con la asistencia carcelaria, es decir, la verificación de los casos de vulneración de derechos humanos que se da en el interior de los centros de reclusión. Por otra parte, apoyamos jurídicamente a gente que no tiene recursos económicos. Esto lo hacemos a través de abogados en todas las regiones del país. Hay muchísimas solicitudes, pero tenemos muy pocos recursos y la situación ha empeorado últimamente debido al aumento de las detenciones. Tenemos también un área internacional que se responsabiliza de las acciones que desarrollamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otro lado, todo el trabajo que se hace con las redes internacionales contra la tortura, con la OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) y el IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims), entre otras. Asimismo, contamos con otra área que es la de interlocución, que se relaciona permanentemente con el Estado para presentar propuestas y con el Congreso para informar a los congresistas y presentar propuestas de ley. Además, tenemos un área de investigación, que es la que desarrolla indagaciones sobre temas específicos de las distintas facetas de nuestro trabajo. Por último, tenemos un área de trámite de quejas mediante la cual las comunidades, universidades, estudiantes, trabajadores… que creen que se les han vulnerado sus derechos presentan una queja y nosotros hacemos todo el trámite con el Estado.

¿Cuántos presos políticos hay hoy en las cárceles de Colombia?

Nosotros tenemos censados alrededor de 6.800 detenidos por razones políticas. Esta cifra significa un aumento con respecto a años anteriores y esto se debe a la enorme represión que se ha acentuado con este gobierno. Mucha población civil, desde sindicalistas hasta defensores de derechos humanos, ha sido privada de libertad.

¿Existe el estatuto de preso político en Colombia?

No. El INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia) no reconoce la categoría de preso político, pero si leemos sus documentos podemos observar cómo aparece dentro de sus estadísticas. El Gobierno no otorga este estatuto porque niega que exista un conflicto armado interno y, además, asegura que las personas privadas de libertad son terroristas. Al ser ésta la posición del Gobierno, todos los entes y ministerios manejan el tema de la misma manera, lo que dificulta nuestro trabajo.

¿Cuáles son los delitos más comunes de los que son acusados los presos políticos?

Hasta ahora mucha gente estaba tipificada bajo el apartado de rebelión pero después del 11 de septiembre, en el marco de la campaña antiterrorista lanzada por el presidente Bush, muchos activistas sociales son acusados de terroristas. Así, en lugar de tener únicamente una acusación por rebelión que está claramente tipificada en el Código Penal, a ésta se le suma la acusación por terrorismo, y la primera se ha venido desvirtuando. De esta forma, la persona privada de libertad sufre una acusación sin fundamento jurídico y su posición es de clara indefensión.

¿Los activistas sindicales y sociales también son acusados de terrorismo o sólo la gente de la insurgencia?

Muchas personas han sido privadas de libertad sin prueba alguna. Muchos sindicalistas están detenidos por terrorismo y por rebelión, sobre todo por terrorismo. Para el Gobierno el delito de rebelión está situado en un segundo plano, ya que aprovecha la coyuntura internacional.

Mirando a las personas que están detenidas, ¿cuántas están sentenciadas y cuántas en proceso de enjuiciamiento?

De las 68.000 personas presas en las cárceles colombianas, la mayor parte son personas sin condena firme. No han tenido ni juicio ni sentencia. Hay alrededor de 2.200 personas condenadas, el resto está en etapa de investigación.

¿Cuánto tiempo puede pasar desde que una persona es presentada ante el juez hasta que se la sentencia?

Hay diferentes situaciones. Cuando sólo es una persona, el juicio es mucho más rápido. Cuando hay varias, los términos se duplican; pueden pasar hasta 18 meses para que se les haga un juicio. Posteriormente, los términos también se pueden duplicar para que haya una condena. Ahora se piensa hacer una reforma en el código relacionada con el juicio oral, que plantea, teóricamente, la agilización del proceso. Nosotros consideramos que para las personas que no tienen recursos económicos para poder aportar pruebas, valoraciones de Medicina Legal, etc., va a ser muy contraproducente.

¿Cuánto tiempo es el legalmente permitido desde que una persona es detenida por la policía o el ejército hasta que pasa a conocimiento del juez, o cuánto es el tiempo que transcurre hasta que el abogado o sus familiares pueden tener acceso a ella?

Se supone que 36 horas es el tiempo máximo para que una persona sea puesta a disposición de la autoridad competente. Ha habido muchas violaciones en este sentido. Por lo menos se informa al juez dentro de las 36 horas, pero las posibilidades de defensa, por lo menos de acercamiento a la familia y al abogado, son bastante restringidas. Entonces es el abogado el que tiene esta posibilidad, ya que no habría lugar para un habeas corpus. En la reforma que se plantea se expone que son 3 días para ser puesta a disposición de la autoridad competente.

¿Cuál es la pena máxima a la que se puede condenar a una persona? ¿Hay pena de muerte en Colombia?

No existe la pena de muerte en el país. La pena máxima estaba en 40 años y, con la reforma del año 2003, se elevó a 60 años.

¿Hay gente con condenas tan largas?

Hay mucha gente sentenciada a 40 años, sobre todo por el delito de secuestro con extorsión u homicidio. Hay muchos casos de detenidos políticos, combatientes, condenados a 30 o 40 años y con otros procesos pendientes.

La mayor parte de la gente que está privada de libertad por motivos políticos, ¿son personas de la insurgencia o, por el contrario, son sindicalistas o campesinos a quienes han imputado como guerrilleros?

Para nosotros un detenido político va desde un sindicalista, un estudiante o un defensor de derechos humanos hasta una persona que se ha alzado en armas contra el Estado. Es una persona que, de una u otra manera, reclama un derecho, y que por reclamar un derecho ha sido privada de libertad. Hace unos años la mayor parte de las personas que estaban en las cárceles colombianas eran personas que estaban detenidas por alzarse en armas. En los últimos tiempos podemos decir que el 60% de las personas detenidas no son combatientes, son sindicalistas, población en general, defensores de derechos humanos y, como en el caso de Arauca, gente de organizaciones sociales y populares a las que aplican el apelativo de terrorista. Esto nos parece muy grave porque mucha gente detenida sin pruebas, sólo por algún testimonio de alguien que dice que esa persona ha estado vinculada o ha colaborado con algún grupo insurgente.

¿Una prueba de ese tipo es suficiente para condenar a alguien en Colombia?

Se supone que debe haber al menos dos indicios graves para condenar. Pero en muchos casos ha habido solamente una prueba, y con esa prueba han llevado el proceso hasta la etapa de juicio y han establecido condenas.

¿Qué opinión te merece el sistema judicial en Colombia? ¿Es lento o rápido? ¿Tiene los medios económicos necesarios? ¿Los jueces realmente investigan las imputaciones? ¿Hay una policía judicial al margen de la policía militar para indagar los cargos?

Yo considero que el sistema judicial, además de ser lento, es muy facilista porque en la mayoría de los casos lo que se utiliza como prueba son testimonios de personas pagadas por la Fiscalía, testigos o desertores, con el fin de poder enjuiciar y condenar a las personas. Esto es mucho más evidente en lo concerniente a los delitos políticos. Por el contrario, en referencia a delitos económicos, se dice que hay alrededor de un millón de procesos para condena en los archivos de los juzgados sin que hayan sido resueltos. Consideramos, en primer lugar, que es una justicia paquidérmica y, por otro lado, que no existen medios para realizar una verdadera investigación. Por eso se plantea la nueva reforma de la justicia, como una manera de darle salida a esta situación. Es tan escandalosa que hay mucha gente que es procesada, juzgada y condenada y posteriormente es declarada inocente.

Cuando una persona es declarada inocente después de haber pasado tiempo en la cárcel, ¿tiene el Estado que indemnizarla?

Se supone que puedes interponer una demanda administrativa por perjuicios y por daños morales y económicos. En varios casos ha habido sentencias que señalan que eso no ha sido una falla de la justicia y que el Estado tiene que investigar dónde estuvo el error. En procesos por rebelión y terrorismo es más difícil acceder a una reparación o indemnización. De todas maneras, han fallado también algunos casos a favor de gente que fue condenada injustamente. Dichas demandas administrativas han durado entre 5 y 6 años. En definitiva, es muy lento el reconocimiento por parte del Estado de que ha habido una vulneración y el que se le otorgue una compensación a la víctima.

¿Se utilizan métodos violentos, torturas o similares para obtener declaraciones por parte de la policía o el ejército?

Sí. De hecho, nuestra Fundación ha publicado un informe, presentado el 15 de octubre, en el que hacemos un análisis del marco de seguridad democrática de este Gobierno. En él se señala cómo la tortura ha aumentado considerablemente, sobre todo hacia poblaciones empobrecidas. Se observa una discriminación hacia la población afroamericana, y también cómo en los centros de reclusión transitorios, como estaciones de policía, la tortura es un método que se sigue empleando. En estos últimos años diversas formas de tortura física se habían abandonado en beneficio de la psicológica, pero hoy ha recobrado importancia y muchos de los detenidos las están sufriendo.

¿Qué tipo de torturas se aplican?

Diferentes tipos. Hace poco nosotros hemos informado de que varios jóvenes negros en el municipio de Charco Azul, en la ciudad de Cali, además de recibir golpes de culata o de filo, fueron amarrados a una malla, los mojaron y les aplicaron electricidad. Ésa es la tortura física más evidente.

¿Y a los combatientes?

A los detenidos políticos, a los combatientes y a otra mucha gente les aplican mucha tortura psicológica. Dentro de las torturas físicas, destacan algunas como la introducción en la boca de balas con las que supuestamente mataron a gente y la obligación de tragárselas, golpes permanentes, bajarlos en el camino durante un traslado para simular su asesinato, el uso de electricidad…

¿Admiten los jueces las declaraciones con esos signos evidentes de tortura?

En algunos casos es difícil demostrar las torturas sufridas, sobre todo cuando las personas vienen de lugares de reclusión transitorios. A éstas se les hace firmar un documento donde aseguran que han recibido un trato correcto. Cuando son presentados ante el juez, podemos decir que la declaración ha sido adquirida bajo coacción, pero el juez no le da validez y no abre ninguna investigación sobre el tema.

Del número de presos políticos, ¿cuál es el porcentaje de mujeres? ¿Se han dado casos de abusos sexuales o violaciones?

El 12% de los presos políticos son mujeres. No conocemos ningún caso de abuso sexual sobre prisioneras políticas en el interior de las cárceles, hay más casos de abuso sexual en el marco del conflicto. Lo que hay es acoso sexual por parte de algunos miembros de la guardia penitenciaria hacia la población de detenidas en general.

¿Es obligatorio que un médico examine a un detenido cuando es presentado ante el juez?

No. Solamente si nosotros, como organismo de derechos humanos, hacemos la solicitud a la Defensoría del Pueblo o a la policía para que ellos intercedan ante Medicina Legal donde harán una valoración médica. Posteriormente sí se le hace cuando el detenido pasa a la cárcel si es una detención de mucha trascendencia. Si es un combatiente raso, no se da ese procedimiento.

¿Los presos políticos están diseminados por diferentes cárceles o existe una en exclusiva para ellos?

La mayoría está en penitenciarías de alta seguridad. Están en muchas cárceles, sobre todo en Valle de Upar y en Combita. Ambas son cárceles nuevas creadas con el convenio con el Buró Federal que procede de Estados Unidos, en lo concerniente a la construcción, al adiestramiento de la guardia y al reglamento interno de estas reclusiones. Incluso gente sindicada está siendo llevada a estas cárceles que se supone que son para condenados. La reglamentación es muy rígida y los derechos de los detenidos son vulnerados diariamente.

¿Cuál es la situación material de la penitenciaría? ¿Cómo son las condiciones en las que se desarrolla la vida de los presos políticos?

Aunque se supone que, según el marco de la ley 65, la protección de los derechos de los detenidos debe estar muy reglamentada, se evidencia que hay un gran hacinamiento. Por ejemplo, en la penitenciaría de mujeres, en el patio 6, el cupo son 40 internas y en este momento hay 96. En una celda de 2 x 1,80 tienen que dormir tres detenidas, no tienen servicio sanitario en el interior y les cierran la puerta hasta el día siguiente, que pueden salir y hacer sus necesidades básicas. Hay muchos casos de tortura psicológica y física. Lo más importante para un detenido es poder tener derecho al expediente, poder ejercer su defensa técnica, poder ver a su familia y a sus hijos… Esto es sumamente dificultoso para los presos políticos que participan en espacios organizativos, como mesas de trabajo y comités de derechos humanos, ya que son considerados peligrosos y trasladados a sitios muy lejanos. Desde Bogotá llevan a un detenido a Valle de Upar. Llevarlo de la Picota a Valle de Upar supone un viaje de 18 horas por tierra y eso significa una tortura para la familia, que además suele disponer de escasos medios económicos. A esto se añade la dificultad de acceso y el acoso del que son objeto por parte de personal irregular.

¿Tienen los presos políticos acceso a la lectura y al estudio?

En la ley 65 están contemplados todos estos derechos e incluso existe la posibilidad de redimir la pena por estudios o trabajo. Hay un asunto bastante complicado, y es que las posibilidades son mínimas, no hay programas educativos continuos, no hay financiación por parte del Estado para que un detenido pueda estudiar en la Universidad. En este momento sólo tenemos dos detenidos que realicen estudios a distancia. Por un lado, la parte económica y, por otro, las limitaciones penitenciarias se convierten en grandes barreras para acceder a los derechos contemplados en la ley. En realidad no hay voluntad política para que esos derechos se hagan realidad. Un ejemplo es el caso de Elías Hernández en Valle de Upar. Él estaba en su último año en la carrera de Administración y no le prestan ninguna colaboración para que pueda hacer sus trabajos y enviarlos a la Universidad. El concepto que se tiene de cárcel no es un concepto de rehabilitación, sino que forma parte del marco de la seguridad: cuidar a esas personas para que estén aquí y no se fuguen. Aunque el INPEC en sus estadísticas refleja otra cosa, nosotros en nuestro trabajo observamos ese criterio.

¿Esto ha mejorado o empeorado con el Gobierno de Uribe?

Hay intenciones por parte de algún miembro del personal penitenciario de abordar el tema de otra forma, pero la situación de hacinamiento y detenciones masivas ha complicado más las condiciones en los centros carcelarios. La comida es muy escasa y la sirven fría. Es muy poco para una persona comer a las tres o cuatro y media de la tarde y aguantar así hasta el día siguiente. A nosotros nos muestran una dieta supuestamente equilibrada, pero en la práctica la realidad es otra. Los servicios médicos son terribles. En la Dorada Caldas había, hace cuatro meses, 1.800 presos y sólo un médico. No pueden tener acceso a una consulta médica automáticamente si caen enfermos, sino que tienen que pedir una consulta ahora y se la dan dentro de tres meses. La salubridad en las cárceles es muy deficiente. Muchas de ellas carecen de agua. Ha habido pronunciamientos de la Procuraduría, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo sobre el tema. Esta última sacó un pronunciamiento sobre el agua; la Procuraduría se pronunció sobre los lugares donde los presos reciben castigos, las celdas de aislamiento; y la Oficina del Alto Comisionado de Colombia ha hecho varias recomendaciones sobre las cárceles. Una misión que vino de la Oficina del Alto Comisionado en el año 2001 publicó un informe bastante interesante sobre la situación humanitaria en los centros de reclusión. Sus propuestas son atractivas, pero en el seguimiento que hemos hecho constatamos que muy pocas de estas recomendaciones se han cumplido.

¿Hay presos menores de edad con acusaciones por terrorismo?

Hay muchos jóvenes que han estado en las filas de la insurgencia y han tenido acusaciones por terrorismo. A través de algunos de ellos que hoy están libres sabemos que han estado en sitios especiales (nosotros no hemos podido verificar esa situación, aunque hemos pedido ser informados). Los menores de edad son dirigidos a Bienestar Familiar. Por ser menores pueden tener un contacto directo con la familia. Muchos de ellos han sido juzgados y condenados, pero gozan de una normativa especial, menos dura. Por otra parte, pasan por una fase de tratamiento y preparación para la vida civil. Eso es lo que dice la norma. Nosotros hemos tenido poco acceso al tema. Hemos trabajado con la Defensoría la situación de los menores en el marco del conflicto y hemos llevado algunos casos como Fundación.

¿Se han dado también casos de torturas sobre menores?

Yo conozco sólo un caso, el de Lino en Popayán, que fue torturado, y en su denuncia se señala que fue golpeado brutalmente en el momento de la detención. Fue una denuncia que posteriormente no prosperó, porque se chantajeó al chico para que se retractara a cambio de concederle el arresto domiciliario. La mayor parte de las denuncias no pasan de ser preliminares. Algunos casos, los menos, son dirigidos al control único y disciplinario de la policía o del INPEC.

¿Cuáles son las instituciones qué más se significan con la violación de los derechos humanos?

En los últimos tiempos lo que ha salido a la luz en distintas regiones son muchas violaciones de derechos humanos por parte de grupos paramilitares. También ha habido situaciones de acoso y amenazas por parte de paramilitares detenidos sobre presos políticos en el interior de los centros de reclusión. Algunos detenidos políticos, alrededor de 108, gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la nueva penitenciaría de Palo Gordo en Santander, Girón.

¿Se debe esto al temor de que pueda ser asesinado dentro de la cárcel algún preso político?

Bajo el pretexto de hacer pruebas de convivencia entre los paramilitares y los detenidos políticos se está exponiendo a estos últimos, lo que provoca el conflicto. No hay ningún criterio y los obligan a compartir la misma cárcel y el mismo patio… No se puede mezclar el agua con el aceite.

En los últimos años se hace más presente la intervención de los Estados Unidos en Colombia. El Plan Colombia es una muestra de esto. En ese contexto, ¿se han dado casos en los que miembros del ejército estadounidense estén involucrados en situaciones de interrogatorios o torturas?

A esos niveles no hemos comprobado la injerencia. Donde sí es notorio es en el adiestramiento de la guardia de prisiones. Se lleva a cabo no por parte de militares, sino por personal especializado de la penitenciaría de Estados Unidos. No conocemos ningún caso en el que personal del ejército norteamericano haya actuado en interrogatorios. Sabemos que hay fuerzas combinadas que están en operativos, por ejemplo en el caso de Arauca, pero torturas evidentes no.

Vuestro trabajo como Fundación que trabaja por los derechos humanos y los presos políticos, ¿es facilitado por las instituciones gubernamentales, policiales y penitenciarias o más bien es cuestionado por éstas?

Nuestro trabajo como organismo de derechos humanos en lo que tiene que ver con el sistema carcelario tiene un supuesto reconocimiento del Estado. Nosotros hacemos interlocución permanente con organismos estatales, con el Ministerio de Justicia, con Vicepresidencia. Por ejemplo, por situaciones de alerta temprana de una persona privada de libertad que consideramos que está en riesgo. Pero hay muchas limitaciones en los últimos años. Antes nosotros ingresábamos en los centros de reclusión, trabajábamos con los detenidos, también con los detenidos políticos y con los comités de derechos humanos carcelarios. Pero en los últimos años los espacios de intervención se nos van cerrando. Es cerrarle la posibilidad a la sociedad civil de poder verificar la protección de los derechos humanos en los centros penitenciarios, pero también de apoyar mejoras en los mismos. Hay una resolución, la 0024, de mayo de este año, en la que se contemplan muchas restricciones. Primero, autorizar que nosotros vamos a citar al detenido; segundo, hacer un proceso si la persona está pendiente de juicio o condenada; tercero, hacer todo el procedimiento ante el INPEC para que nos autorice el ingreso o que la Fiscalía mande la autorización, y después una entrevista de diez minutos con el detenido. Somos conscientes de que hablar de presos políticos en Colombia significa mucho. Nosotros hacemos un trabajo de verificación, exigiendo que los derechos de las personas detenidas por delitos políticos, que son los opositores del Estado, sean respetados, y eso deriva en que el Gobierno y muchas instituciones gubernamentales nos vean con desconfianza.

¿Tienen las embajadas europeas conocimiento real de la situación de Colombia? ¿Tenéis reuniones con ellas?

Nosotros pensamos que el Estado ha sido muy hábil en el tema de los derechos humanos. Sobre el papel, Colombia es casi un modelo en cuanto a la normativa de los derechos humanos. Ha firmado muchos tratados y convenios internacionales y nuestra Constitución es muy avanzada. Las personas que no vivan aquí pueden considerar que hay un desarrollo, no solamente de la normatividad, sino que hay una voluntad de trabajar el tema de derechos humanos. Eso ha calado en muchas embajadas que consideran que hay un esfuerzo por parte del Estado de desarrollar políticas de protección de los derechos humanos. Es cierto que entre las embajadas las hay más sensibles a la interlocución social que otras. Entre las europeas hay un buen porcentaje que es sensible a la situación. Algunas se interesan por los temas de los derechos humanos y participan de las discusiones que nosotros hacemos y otras vienen participando en el G24 (Grupo de los 24) y están pendientes de hacer un seguimiento de las recomendaciones a las que se ha llegado en esta materia.

¿La embajada española forma parte de esas embajadas con las que tienen buena interlocución?

Son muy parcos en el tema. Han participado en algunas discusiones y en algunas reuniones sobre temas específicos, pero están a mucha distancia de otros países europeos. Esperamos que con el cambio de Gobierno eso cambie también. Hay muchas quejas a la embajada por parte de todos los colombianos. A nosotros, como responsables de derechos humanos, nos es prácticamente imposible sacar un visado para ir a España a participar en algún evento.

¿Se ha notado en algo la presencia en Colombia de una persona como Yago Pico de Coaña, que tiene fama de progresista?

Recientemente estuve en la coordinación de las organizaciones de derechos humanos, que es desde donde se hace el trabajo de interlocución con las embajadas, y se notaba mejor talante y mejores modos. De todas formas, el Gobierno del Partido Popular marcaba una línea de apoyo total a Uribe. Esperamos que ahora con el nuevo Gobierno se envíe a un embajador que tenga entre sus prioridades la situación de los derechos humano.

¿Puede vuestra Fundación desarrollar su trabajo con normalidad o, por el contrario, es acosada y amenazada?

Hemos sufrido muchas situaciones. Tenemos compañeros desaparecidos, algunos han sido asesinados, otros amenazados o privados de libertad… La Fundación ha vivido muchas situaciones de inseguridad para el desarrollo de su trabajo. Consideramos que hablar de que hay un conflicto armado interno y de que existen personas detenidas por esta situación nos coloca en el punto de mira del Gobierno y provoca un clima permanente de inseguridad que sufrimos todos los miembros y quizás sea más acuciante para nosotros como Junta Directiva. Hemos exigido al Estado que proteja y reconozca nuestro trabajo. Ahora estamos bajo planes de protección. Andamos siempre exiliados en nuestro país. Pero seguimos creyendo que el trabajo de los defensores de derechos humanos en Colombia es, hoy más que nunca, válido y que el insistir en el respeto de estos derechos como un Estado social de Derecho que somos debe ser un papel a desempeñar por cualquier ciudadano, no sólo por nosotros. Por todo ello muchos entendemos que el apoyo internacional es fundamental. El reconocimiento de nuestro trabajo, no tanto por parte de nuestros gobiernos sino de la gente con la que trabajamos, y el apoyo internacional, han sido fundamentales para poder mantenernos. El trabajo de los defensores de derechos humanos ha sido y es muy importante al permitir evitar muchas situaciones en este país.