Pese a que Contreras se declaró en rebeldía e intentó eludir con un arma a la policía, fue arrestado y trasladado a tribunales, donde una lluvia de huevos antecedió a la notificación de su condena de 12 años de arresto por el secuestro permanente del mirista Miguel Ángel Sandoval. Fue trasladado entonces al penal Cordillera […]
Pese a que Contreras se declaró en rebeldía e intentó eludir con un arma a la policía, fue arrestado y trasladado a tribunales, donde una lluvia de huevos antecedió a la notificación de su condena de 12 años de arresto por el secuestro permanente del mirista Miguel Ángel Sandoval. Fue trasladado entonces al penal Cordillera y al igual qoe otros tres agentes. Mientras un quinto llegó a Punta Peuco.
Una lluvia de piedras, frutas y huevos, lanzadas por familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, recibió y despidió en el Palacio de Tribunales, al general en retiro y ex director de la Dina, Manuel Contreras, quien fue llevado por policías civiles a ese edificio para notificarse de su condena a 12 años de cárcel por el secuestro permanente del sastre mirista Miguel Angel Sandoval, luego de lo cual quedó en manos de personal de Gendarmería que lo trasladó al penal especial «Cordillera» de Peñalolén.
Así, con más de seis horas de retraso, el ex militar cumplió el trámite que se negó a efectuar en forma voluntaria a primera hora de la mañana lo que llevó al juez a cargo del caso, Alejandro Solís, a declararlo en rebeldía y ordenar su detención a la policía de Investigaciones.
Pero el cumplimiento de esta diligencia fue entorpecida por Contreras, quien se resistió al arresto con un arma de fuego. De acuerdo a fuentes judiciales y de la policía consultadas por La Nación, Contreras era acompañado por familiares que impidieron en un primer momento el acceso de la policía al hogar del condenado, pues alegaban su inocencia.
Ello obligó a la policía a ingresar por la fuerza a la residencia del ex jefe de seguridad de Pinochet. En ese momento, Contreras se encontraba parapetado en su oficina, y ante la presencia de Investigaciones, se abalanzó a un escritorio para abrir un cajón y sacar desde su interior un arma de fuego. Se desató entonces un forcejeo en el que el ex militar habría intentado quitar su arma de servicio a uno de los policías, pero el incidente culminó con su reducción.
Debido a estos hechos, tres hijas de Manuel Contreras fueron detenidas por haber obstruido la acción policial. Una de ellas acusó lesiones, al igual que dos policías, quienes debieron concurrir a constatar heridas. El ex uniformado fue llevado hasta el cuartel del Departamento de Asuntos Internos y Derechos Humanos, a cargo de la operación, en donde se formalizó la denuncia oficial de los hechos.
De acuerdo, al abogado defensor de Contreras, Juan Carlos Manns, los funcionarios de Investigaciones agredieron al general (r) Manuel Contreras y miembros de su grupo familiar. El jurista negó además que su cliente haya atacado a los detectives.
Los incidentes se produjeron cerca de las once de la mañana en la casa de Contreras, ubicada en un condominio militar de La Reina, luego que el rebelde ex militar se negara a asistir hasta el Palacio de Tribunales para, a las ocho de la mañana, ser notificado de su condena por el juez Alejandro Solís, quien debió declararlo «en rebeldía».
Contreras salió desde el recinto «Club de Campo Norte», ubicado en el número 316 de la calle Álvaro Casanova, a bordo de un vehículo de la policía civil que a partir de las nueve de la mañana llegó hasta el lugar en espera de que se cumpliera la orden de detención del ex jefe de la policía política del dictador Augusto Pinochet.
El hecho se asemeja a la situación de 1995, cuando Contreras se atrincheró por el menos un mes en su fundo de la Décima Región ante la notificación de su condena a siste años de cárcel por el crimen del ex canciller Orlando Leterier. Luego se mantuvo otro período en el Hospital Naval de Talcahuano antes de ser ingresado a Punta Peuco.
Sus colaboradores no dieron problemas
Pero la acción de Contreras fue solitaria. A las 8:00 de la mañana, y tal como estaba previsto, llegaron hasta la sede del Poder Judicial los otros cuatro condenados en la histórica sentencia, dictada por el juez Alejandro Solís y luego ratificada en forma unánime por la Segunda Sala en lo Penal de la Corte Suprema, que desplazó a la ley de amnistía al considerar el secuestro como un delito permanente en el caso del mirista Miguel Ángel Sandoval.
Así, comenzaron también a cumplir sus penas el ex jefe del Grupo Halcón de la DINA, brigadier (r) Miguel Krassnoff, condenado a diez años de cárcel; el ex jefe de Villa Grimaldi, brigadiero (r) Marcelo Moren Brito (11 años); el ex jefe del Grupo Vampiro, coronel (r) Fernando Laureani (5 años); y el ex agente Gerardo Godoy (5 años).
Fuertemente custodiados por gendarmes y protegidos por un cerco de Carabineros que mantenía a distancia a casi 200 familiares de víctimas de la dictadura, que gritaban en contra de los ex agentes, Krassnoff, Moren Brito y Laureani, fueron subidos a dos vehículos de Gendarmería para ser trasladados hasta el penal «Cordillera», en la comuna de Peñalolen; mientras que Godoy, el único Carabinero de la lista, fue llevado, en otro carro celular, al penal de Punta Peuco, situado al norte de la capital.
La Segunda Sala en lo Penal, en un dictamen considerado histórico al sentar jurisprudencia en la tramitación de causas referidas a violaciones a los derechos humanos, mantuvo en noviembre del año pasado la sentencia del juez Solís y de la Corte de Apelaciones, en que se acusó a los cinco del crimen de Sandoval Rodríguez.
El Decreto Ley de Amnistía de 1978, que fue dictado bajo el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), plantea la exoneración de responsabilidades penales de todos aquellos agentes del Estado involucrados en atropellos a las garantías constitucionales perpetradas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 marzo de 1978.