Que no hay conflicto interno sino amenaza terrorista. No hay conflicto y sin embargo se militariza la vida nacional. Se quiere otorgar perdón y olvido al terrorismo paramilitar. No hay conflicto y, no obstante, se quiere hacer de la seguridad democrática una nueva doctrina en favor de la violación de la soberanía de los Estados […]
Que no hay conflicto interno sino amenaza terrorista. No hay conflicto y sin embargo se militariza la vida nacional. Se quiere otorgar perdón y olvido al terrorismo paramilitar. No hay conflicto y, no obstante, se quiere hacer de la seguridad democrática una nueva doctrina en favor de la violación de la soberanía de los Estados vecinos y de todos aquellos que, de una u otra forma, puedan proporcionar asilo o albergue a quienes el gobierno colombiano pueda calificar de terroristas. Tras la crisis de las relaciones con Venezuela, en vía de superación con los buenos oficios de Cuba, Brasil y otros países, queda claro que la doctrina de la seguridad democrática, como doctrina extraterritorial, ha fracasado. No solo no contó con otro apoyo distinto al que le dieron los Estados Unidos, sino que Uribe tuvo que viajar a Venezuela y aclarar su posición ante Chávez. El incidente quedó cerrado. Pero no el fondo de la situación que puso de manifiesto algo que hemos advertido como el peligro real para Colombia y América del Sur: la utilización del régimen uribista, de los recursos militaristas del Estado y del para-estado, del territorio nacional, como una base operacional para la desestabilización de los países vecinos y una fuente de presión para enturbiar las relaciones históricas, pacíficas y de cooperación. En síntesis, la perversa pretensión imperialista de convertir a Colombia en una especie de Israel contra el resto de los pueblos hermanos, actitud a la que una franja de la oligarquía colombiana se ha prestado históricamente.
Han quedado a la luz, en América Latina, dos políticas que ciertamente no coinciden: la que representa el alineamiento incondicional o seguidista con Washington (economía de libre mercado: ALCA, TLC; reformismo en los moldes del neoinstitucionalismo de la globalización, OEA, políticas financiadas por el BID, BM y patrocinadas por el FMI; proyecto político-militar: Plan Colombia, Plan Patriota, militarización, contrainsurgencia); y la que refuerza los ángulos autonomistas frente al imperialismo y su estrategia integral (propuestas y proyectos de integración suramericana, subregional y latinoamericana: Comunidad Sudamericana de Naciones, CSN, alianza CAN – Mercosur, Petroamérica, ALBA). Los años que vienen verán que camino se impone. La clave de lo nuevo en esta dinámica es el papel de las masas populares, el crecimiento de su disposición de lucha y de acción movilizada y organizada, así como sus nuevos niveles de conciencia.
La oligarquía colombiana ha tomado el viejo rumbo de colaborar con la peor política sanguinaria y guerrerista de Washington. A cambio del respaldo para la reelección de Uribe, a través de un gasto público desbordado, con la aprobación del FMI. Este compromiso condena a Colombia al aislamiento y al recelo de los vecinos continentales, por cuatro años más. Porque, en verdad, el secuestro de Granda y la crisis de las relaciones de Colombia y Venezuela, pusieron de presente el peligro de regímenes retrógrados y militaristas como el de Uribe, ya no solo como anomalías en la región, sino como factores perturbadores activos de la paz, la soberanía, la convivencia pacífica, la unidad y la integración de América Latina.